El sector exige a la Conselleria y a la Policía Local que actúen contra las VTC que operan de forma ilegal y reclama protección para 7.000 familias.
Las principales asociaciones del taxi en la Comunidad Valenciana han convocado una manifestación para el próximo 4 de noviembre, con el objetivo de denunciar la inacción de la Conselleria ante las infracciones de las VTC y reivindicar la defensa del servicio público del taxi.
El Taxi de Valencia se movilizará el 4 de noviembre para protestar contra la “dejación de funciones” de la Conselleria de Transportes y exigir medidas efectivas que frenen la competencia desleal de las multinacionales de VTC. El comunicado, firmado conjuntamente por las principales asociaciones del sector —entre ellas Federación Sindical del TaxiValencia y Provincia, ATCV, USOCV, UCATA y Caracol VLC—, llama a los taxistas a salir a la calle bajo el lema:
“El taxi de Valencia en lucha por el servicio público del taxi”.
Entre las reivindicaciones, el sector exige que las VTC dejen de realizar servicios urbanos, que la Conselleria y la Policía Local actúen con firmeza para impedirlo y que se inicien expedientes sancionadores contra las empresas que incumplen la ley.
Las asociaciones advierten de que más de 7.000 familias dependen directamente del taxi en la provincia de Valencia y denuncian que las plataformas tecnológicas están “poniendo en riesgo el futuro del sector con modelos de transporte abusivos, inseguros y sin control”.
“Que dejen de jugar con el presente y el futuro de 7.000 familias”, reclaman en el texto, donde defienden un modelo de taxi regulado, profesional y transparente, frente a un sistema privado “basado en algoritmos que multiplican precios en momentos de necesidad del usuario”.
La movilización del 4 de noviembre busca defender el taxi como servicio de interés público y se enmarca en la lucha conjunta de los profesionales del taxi de toda la Comunidad Valenciana.
Fuente: «Federación Sindical del Taxi Valencia y Provincia»
Detenido en Valencia un conductor de VTC acusado de abusar de una turista menor de edad.
📰 Resumen:
Un conductor de una empresa de VTC ha sido detenido en Valencia acusado de abusos sexuales a una turista estadounidense de 17 años durante un trayecto nocturno. Según la denuncia, la joven —que viajaba en el asiento del copiloto tras salir de una discoteca— relató que el conductor le tocó los pechos durante el viaje.
El Juzgado de Instrucción nº4 de Valencia autorizó una prueba preconstituida para registrar el testimonio de la menor con todas las garantías legales, ante la posibilidad de que no pueda comparecer en el juicio. Tras declarar, el acusado quedó en libertad con obligación de presentarse ante la justicia cuando sea citado. La investigación continúa abierta para determinar si los hechos podrían constituir un delito de agresión sexual.
La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel al acusado, que actuó con un cúter y atropelló a la víctima.
📰 Resumen:
La Audiencia Provincial de Alicante celebra este lunes el juicio contra un hombre acusado de intentar asesinar a un taxista en Elda en septiembre de 2023. La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, aunque reconoce una eximente incompleta por alteración psíquica, ya que el acusado presentaba un deterioro mental en el momento de los hechos.
El ataque se produjo durante un trayecto en taxi por un camino rural, cuando el pasajero sacó un cúter y agredió al conductor, causándole cortes graves en el cuello y la cara. Después, el agresor le atropelló intencionadamente tras apoderarse del vehículo.
El taxista tardó 462 días en recuperarse de las lesiones físicas y psicológicas. La defensa argumenta que el acusado sufría alucinaciones y trastornos mentales, mientras que la Fiscalía sostiene que era consciente de sus actos. El tribunal deberá determinar el grado de responsabilidad penal y si la alteración mental reduce su culpabilidad.
La CTACV denuncia un “ataque sin precedentes” al taxi y alerta de una privatización encubierta del sector.
📰 Resumen:
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana (CTACV) ha emitido un duro comunicado en el que alerta de un “ataque sin precedentes al servicio público del taxi”. La organización acusa a la Conselleria de promover un modelo que podría conducir a una privatización encubierta del sector en beneficio de multinacionales y empresas de VTC.
Entre las señales que denuncian figuran la reducción de tarifas, la falta de inspecciones, la concesión irregular de licencias VTC y la acumulación de taxis en manos de grandes grupos empresariales. La CTACV critica además la falta de transparencia y la exclusión del diálogo con la administración.
La Confederación también rechaza la creación de MOVVA, una nueva asociación que integra taxis y VTC, a la que tacha de “trampa empresarial” destinada a fomentar la desregulación y la concentración del sector.
En un tono de movilización y advertencia, la CTACV insta a los taxistas a “prepararse para luchar” ante lo que consideran una ofensiva contra el modelo público de transporte, advirtiendo de que, si se impone la privatización, “serán los ciudadanos quienes paguen la factura”.
Se instalarán un centenar de puntos de control por toda la ciudad y se regulará el paso de vehículos con los diferentes etiquetas de la DGT en función de los niveles diarios de contaminación en el aire
Mapa con los puntos de control para el acceso a las cinco áreas en las que se dividirá Valencia ABC
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) serán una realidad en Valencia a lo largo de 2023. El Ayuntamiento de la ciudad todavía no ha puesto fecha a las restricciones para los vehículos más contaminantes, a la espera de que se elabore la ordenanza municipal que debe regular la implantación de este nuevo modelo de movilidad urbana.
Esas limitaciones se aplicarán en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, en base a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar los gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. De hecho, la norma aprobada en mayo de 2021 establece que debían ponerse en marcha «antes de» este año, algo que no se cumplido en prácticamente ningún territorio, salvo en los que ya tenían activas estas zonas.
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Valencia se dividirá en cinco áreas diferentes y se instalarán 93 puntos de control con 274 cámaras que leerán automáticamente la matrícula de cada vehículo que acceda a ellas. Así se establece en los pliegos del contrato, consultado por ABC, que el consistorio valenciano adjudicó en noviembre por 10,8 millones de euros de fondos europeos con los suministros de gestión necesarios para su implantación.
Cinco sectores
Mapa con las cinco áreas en las que se dividirá Valencia para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones ABC
· Área Norte 1: Delimitada por el antiguo cauce del río Turia (marginal izquierda), la Ronda Norte y el litoral marítimo, excepto el recinto de la Politécnica.
• Área Norte 2: Corresponde al recinto de la Universidad Politécnica de Valencia.
• Área Centro: Delimitada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro.
· Área Sur 1: Delimitada por el cauce antiguo del Turia (marginal derecha), la Avenida del Cid y V-30, excepto el área Centro. Incluye también los Poblados Marítimos situados al sur del antiguo cauce del río Turia (Nazaret y Pinedo).
• Área Sur 2: Comprende los barrios situados entre la Ronda Sur y la V-30.
Multa de 200 euros
El sistema se completará con 52 sensores de medición ambiental -también en parquímetros y autobuses de la EMT-, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, se contempla una campaña para dar a conocer el proyecto a los ciudadanos.
¿Qué vehículos podrán acceder a cada zona? De momento, no se ha detallado qué distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) -de los cuatro existentes- será necesario para circular por cada una de ellas. Lo determinará la ordenanza que se está redactando, en función de la calidad del aire.
A partir del listado completo de las matrículas registradas en la DGT junto con su distintivo ambiental, se elaborará diariamente -en base a los valores registrados de gases y partículas contaminantes- otra lista de vehículos sancionables que podrá ser diferente en cada una de las áreas. Esa información se cargará en los puntos de control.
Además, podrá existir una ‘lista negra’ realizada por la Policía Local de Valencia en la que se incluyan vehículos robados o buscados por haber participado en algún delito. De esta forma, el sistema alertará automáticamente al cuerpo municipal cuando detecte el paso de la matrícula señalada.
En caso de que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de las ZBE, se prevén sanciones. El Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en toda España considera esta conducta como una infracción grave, por lo que la multa económica ascendería a 200 euros.
Cuatro etiquetas de la DGT
Los distintos de la DGT tienen un coste de cinco euros y se pueden adquirir en las oficinas de Correos o en algunos talleres. Cada una de las cuatro etiquetas clasifica a los vehículos en función de su impacto medioambiental. Los más contaminantes no tienen derecho a ningún distintivo.
· 0 emisiones: Eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.
· Eco: Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.
· C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.
· B: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.
VALÈNCIA (EFE). El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza de Movilidad, que regulará los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), que se tendrán que contratar con una hora mínima de antelación desde la reserva hasta la prestación efectiva del servicio.
Los VTC no podrán estacionar en la vía pública y tendrán prohibido aparcar a menos de 300 metros de lugares de concentración de personas usuarias (puertos, estaciones, centros comerciales y de ocio, centros deportivos, centros sanitarios, hoteles de más de 400 plazas y paradas de taxi de más de nueve plazas), han informado fuentes municipales.
Entre los cambios se incluye que se procurará la proporción de una VTC por cada 30 taxis que operan en València y la prohibición de la captación mediante geolocalización.
En este punto ha tomado la palabra Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, quien ha afirmado que con esta norma se evita “la injusticia del intrusismo en el sector del taxi”.
La propuesta ha salido adelante por mayoría, con el apoyo de Compromís, socialistas y Ciudadanos, la abstención del PP, y el voto en contra de Vox.
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