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Los taxis de Madrid tendrán un nuevo sistema de seguridad con cámara interior y detector de inhibidores

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Los taxis de Madrid tendrán un nuevo sistema de seguridad con cámara interior y detector de inhibidores

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) Securitas Seguridad España, han firmado un acuerdo de colaboración para incrementar la seguridad en el servicio del taxi. A través de este acuerdo, Securitas ofrecerá un sistema de seguridad, que está abierto al conjunto del sector en España, y que permitirá a los taxistas estar conectados con el Securitas Operation Center (SOC) durante sus servicios, cumpliendo con la normativa de Seguridad del Ministerio del Interior.

Este sistema de seguridad funciona a través de una solución escalable en función de las necesidades de cada taxista, que contará con un módulo de comunicación verificado las 24 horas del día. Esto permitirá conocer a los operadores del SOC qué ocurre en el interior del vehículo en caso de incidente, activando la escucha en el momento en el que el conductor active el sistema o con conexión automática y directa en caso de accidente. De esta manera desde el SOC se aplicarán los protocolos correspondientes incluyendo el aviso inmediato a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los servicios de emergencia.

Además, el servicio incorpora un detector de uso de inhibidores para advertir al conductor de que el sistema está comprometido y cuenta con la posibilidad de visualizar la ruta por la que ha circulado el vehículo en caso de ser necesario.

“La propia policía, como entidad competente y responsable de la seguridad, ha dado a conocer la gran vulnerabilidad del colectivo del taxi y le incluye dentro de los parámetros de avisos de grandes centros de alerta; una prueba más de que acuerdos como este son necesarios, y un gran paso para la seguridad del colectivo”, ha asegurado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

“Estamos orgullosos de poder contribuir a incrementar la seguridad en un colectivo expuesto a diario a una variedad de riesgos. Tanto el sistema de protección como los protocolos de actuación han sido diseñados a medida de la actividad del taxi y contribuirán a prevenir estos incidentes mediante la disuasión y a actuar con rapidez para mitigar sus efectos en caso de que se produzcan”, explica Rafael González, gerente de IoT de Securitas Seguridad España

Publicado por Gacetin Madrid.

Cabify pide 26,5 millones a la SEPI para las licencias VTC que compró a Rosauro Varo

Vector Ronda, controlada por Cabify, ha solicitado 26,5 millones al fondo de la SEPI. Es la primera empresa de licencias VTC que pide ayuda al fondo del Gobierno

Una persona utiliza la aplicación de Cabify.

Vector Ronda Teleport, una de las mayores empresas de licencias VTC de España, ha solicitado 26,5 millones de euros del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según fuentes consultadas por Vozpópuli. La ayuda se canalizaría a través de un préstamo participativo de 13,3 millones y otro ordinario de 13,2 millones.

MÁS INFO

Vector Ronda, controlada en sus orígenes por el empresario Rosauro Varo, fue vendida a Cabify a cambio de acciones en el gigante de la movilidad urbana. La cuantía solicitada, 26,5 millones, es casi el mínimo que pueden solicitar las empresas al fondo de la SEPI. Para solicitudes inferiores a 25 millones, las compañías deben optar al fondo de Cofides, pensado para empresas medianas y pequeñas.

Actualmente, Cabify cuenta con 1.700 licencias, el 11,2% de las que hay en España, según datos del Ministerio de Transportes publicados por Cinco Días a finales de marzo. Esas licencias están controladas a través de dos sociedades, Vector Ronda y Prestige and Limousine. Esta última fue adquirida a finales de 2019 por 22,5 millones.

El empresario Rosauro Varo, propietario de GAT Inversiones

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil (2019), firmadas en mayo de 2020, Vector Ronda es la matriz de 20 filiales a través de las cuales explota 322 licencias VTC de forma directa en Barcelona y 1.155 a través de sus filiales en Madrid y Sevilla.

La sociedad tuvo 221 vehículos en propiedad durante 2018 y 600 vehículos en arrendamiento financiero. A las empresas filiales se alquilaron 571 vehículos.

Vector Ronda, al igual que el resto de compañías que explotan licencias VTC, se ha visto afectada por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. El fondo de la SEPI está previsto para aquellas compañías sanas que han visto golpeada su cuenta de resultados a raíz de la pandemia.

De hecho, otra de las grandes del sector, Moove Cars, tuvo que ser ‘rescatada’ por Uber tras el desplome de ingresos que sufrió el año pasado. El gigante norteamericano sacó la chequera y compró el 30% de la gestora de licencias con un compromiso de inversión de 185 millones durante los próximos ocho años.

Publicado por Voz populi.

Los 7 ministros que dicen adiós al Gobierno de Pedro Sánchez


Relevos de calado en el Consejo de Ministros

REDACCIÓN / EPSábado, 10 julio 2021, 17:21

Pedro Sánchez ha acometido este sábado una crisis de Gobierno que afecta a buena parte de su Ejecutivo, aunque durante esta misma semana se ha negociado para que no se vieran afectados cinco de los ministros que forman parte del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Los cambios llevados a cabo hoy por el jefe del Ejecutivo alcanzan a más del 40 por ciento de los ministros socialistas del Gobierno, ya que la cuota de Unidas Podemos se mantendrá como hasta ahora. Sin embargo, Pedro Sánchez matiene el mismo número de Ministerios aunque hace ligeras modificaciones en la estructura, al pasar Función Pública a Hacienda y otorgar la Portavocía a la nueva ministra de Política Territorial.

Eso sí, ha sustituido a algunos independientes, como Arantza González Laya o Pedro Duque y ha tirado de partido para las nuevas carteras, entre ellos José Manuel Albares, tres alcaldesas –las de Puertollano, Gavá y Gandía– y Óscar López.

Así queda el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: los 22 ministerios

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J. LITA

Pedro Sánchez dejará fuera del Ejecutivo a un total de siete ministros, de entre los que destacan la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos han sido dos fieles escuderos durante todo el periplo de Pedro Sánchez, primero por la secretaría general del PSOE y después en la presidencia del Gobierno. Calvo y Ábalos mantuvieron su apoyo al jefe del Ejecutivo incluso cuando éste fue expulsado de la secretaría general y le acompañaron en su carrera para recuperar de nuevo el mando del partido.

Ahora, la vicepresidencia primera la asumirá Nadia Calviño, lo que según fuentes socialistas implica una apuesta de Sánchez por la ortodoxia económica. Aunque al correr puesto, la nueva vicepresidencia segunda será la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la tercera, Teresa Ribera.

El ascenso de Calviño, un claro mensaje a Bruselas y a Podemos

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LUCÍA PALACIOS / MADRID

No obstante la estructura de Gobierno no se verá reducida ya que aunque sale Carmen Calvo, las competencias de Presidencia las asumirá el hasta ahora secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, que asciende a Ministro. Este último ha desempeñado su cargo con eficacia y discreción, cualidades premiadas ahora por Sánchez.

El puesto de Ábalos será ocupado por Raquel Sánchez, la alcaldesa de Gavá, un municipio barcelonés de 47.000 habitantes, que ocupará la cartera de un Ministerio fuertemente inversor, sobre todo en materia de infraestructuras.

Óscar López ocupará el puesto de Redondo

Junto a Calvo y Ábalos, sale también del Gobierno el hasta ahora considerado ‘todopoderoso’ jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, quien llegó con el presidente a la Moncloa en junio de 2018, tras la moción de censura y después de que éste prescindiera de Juan Manuel Serrano, que le había sido fiel desde su desembarco en Ferraz. Aunque posteriormente le compensó con la presidencia de Correos.

Redondo se despide: «A veces en la política hay que saber parar»

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AINHOA MUÑOZ

Redondo, que no cuenta con carnet del PSOE, ha sido el principal asesor de Sánchez y había ido acumulando poder durante estos tres años, diseñando la estrategia que ha llevado a cabo el Gobierno, pero también influyendo en las estrategias electorales del PSOE. No solo sumó a su cargo el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, sino que Sánchez le dió el mando de todos los departamentos que asisten al presidente.

Ahora su cargo será ocupado por Óscar López, que llegará proveniente de la presidencia de Paradores Nacionales, aunque es un hombre de partido, que ha ocupado cargos orgánicos como número dos de José Blanco en la época de Zapatero y como número tres del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba.

Está por ver aún si Óscar López contará con todo el poder que tenía Iván Redondo o si las atribuciones de su cargo se ven rebajadas con la nueva remodelación.

Sánchez ha prescindido además del titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, después de la controvertida concesión de los indultos, cuyo departamento debió argumentar la concesión de la medida de gracia para nueve excargos del Govern que estaban en prisión. Una justificación complicada después del el revés del Tribunal Supremo que se opuso a la concesión de los indultos.

Su puesto será ocupado por la actual presidenta del Senado, Pilar Llop, quien recientemente ha estado envuelta en polémica por anular una votación que el PSOE había perdido en el Senado, la bajada del IVA a las peluquerías al 10 por ciento.

La crisis con Marruecos también ha pasado factura a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien será sustituida por el embajador de España en París, José Manuel Albares. Este fue asesor de Sánchez en materia internacional y cuando llegó al Gobierno le nombró consejero de Asuntos Internacionales, dentro Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde enero de 2020 era embajador en París y ahora regresa a España para ocupar la cartera de Exteriores.

Los otros ministros que salen del Gobierno son la titular de Educación, Isabel Celaá; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.NEWSLETTER

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Fuera del PalauSEMANALUna mirada a la actualidad política con las principales claves para entenderla

  • La quiero

Desde que se constituyó el Gobierno en enero de 2020, Sánchez ha acometido sólo dos cambios en su Ejecutivo, con reajuste mínimo. El primero llegó en enero de 2021, cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones catalanas. Le sustituyó en el cargo la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y se incorporó al Ejecutivo, en la cartera que la canaria dejaba libre, el líder del PSC, Miquel Iceta.

Dos meses después, a mediados de marzo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para ser candidato de su partido en las elecciones autonómicas anticipadas de la Comunidad de Madrid, y su decisión provocó la segunda remodelación, que solo afectó a las carteras de Unidas Podemos, pero alteró la estructura de las vicepresidencias.

Los ministros a los que no les afectará la crisis de Gobierno acometida por Pedro Sánchez

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EP

En concreto, Iglesias fue sustituido en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la hasta entonces secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Y la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la vicepresidencia tercera y el liderazgo de los ‘morados’ dentro de la coalición. Así, ha sido ella la que ahora ha negociado con Sánchez que su amplia remodelación no afectara a las carteras de Unidas Podemos.

Publicado por Las Provincias.

El Gobierno cambia de estrategia y aprobará una norma nacional para restringir la actividad de los VTC

La nueva ley dará cobertura a las limitaciones vigentes en comunidades como Cataluña y Valencia, elevando las sanciones para empresas como Uber y Cabify

Vehículo de Cabify.
Vehículo de Cabify.EFE

El Gobierno ha hecho suyos los argumentos de sus socios parlamentarios de Podemos y los nacionalistas catalanes contra los VTC (vehículos de transporte concertado) que explotan plataformas como Cabify y Uber, y aprobará una normativa nacional que introducirá fuertes restricciones a la actividad de estas empresas, y que dará cobertura a las legislaciones ya vigentes en varias comunidades autónomas, según informan a este diario fuentes parlamentarias.

Hasta ahora, la postura del Ministerio de Transportes había sido la de lavarse las manos y transferir completamente las competencias en esta materia a las comunidades autónomas. De hecho, algunas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón o el País Vasco han aprobado normativas tan restrictivas que han hecho casi imposible el negocio de estos vehículos que operan en fuerte competencia con el taxi.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

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Pero el departamento que dirige José Luis Ábalos está dispuesto a dar un giro de 180 grados en esta materia y aprobar una legislación nacional que sancione la actividad irregular de los VTC, una normativa de mínimos sobre la que las comunidades autónomas puedan, a su vez, introducir restricciones más duras.

Para ello, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos han introducido una enmienda en un proyecto de ley que no tiene nada que ver en principio con el asunto de las VTC, pero que dará amparo a las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas sobre aspectos como el tiempo mínimo de precontratación, limitaciones a la circulación, salidas desde garaje antes de cada viaje, obligación de llevar un registro y una hoja de ruta de cada trayecto, entre otras.

La enmienda, aprobada en el Congreso, se ha incorporado al “proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera” que se va a tramitar en el Senado, y que está previsto que entré en vigor a mediados de octubre tras su paso por el Congreso.

La nueva regulación se aplicaría a toda España, de modo que obligaría a cada una de las comunidades autónomas a aplicarla, si bien el detalle de cada limitación se delega en las autoridades regionales, permitiendo que aquellas más beligerantes contra estas plataformas mantengan sus restricciones actuales, y obligando al resto a ajustarse a la norma nacional.

Enmienda PSOE-Podemos

Así, la enmienda socialista añade un apartado 39 al artículo 140 de la LOTT para considerar “infracción muy grave” a toda una serie de prácticas de los VTC, siguiendo el modelo punitivo ya vigente en comunidades autónomas como Cataluña. De esta forma, se considera infracción muy grave “el inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”, según señala la enmienda del grupo socialista a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

También será sancionable el inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del titular de la autorización sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, aunque no se precisa ese tiempo mínimo, de forma que sean las comunidades autónomas las que lo regulen. Por ejemplo, Cataluña aprobó en enero de 2019 un tiempo mínimo de 15 minutos entre que el cliente pulsaba el botón de llamada en su app hasta que podía subirse al VTC, pero dejó vía libre a ayuntamientos como el de Barcelona y su zona metropolitana para que ampliaran este periodo (el área metropolitana de Barcelona lo intentó fijar en una hora, pero el intento fue paralizado en los tribunales). También el Ayuntamiento de Valencia acaba de aprobar una ordenanza que incluye el establecimiento de un mínimo de una hora.

Asimismo, se considera infracción máxima que el VTC circule para la búsqueda, recogida, o para propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio por la app en el tiempo previsto para la precontratación. O prestar un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a este exigidos por la legislación vigente al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre.

Por último, se sancionará el incumplimiento de las condiciones legales o reglamentariamente establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo, o que este no lleve a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio.

España contaba al cierre del mes de junio con 17.155 licencias de VTC, lo que supone que durante los seis primeros meses de 2021 dichas licencias aumentaron en 364, un 50% más que en todo el año 2020, cuando solo se añadieron 241 licencias debido al parón por la pandemia del coronavirus. Paralelamente, hay cerca de 64.000 licencias de taxi, aunque su concesión por los ayuntamientos está parada desde hace décadas, con el consiguiente mercado negro de venta de las mismas.

Oposición de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha opuesto reiteradamente a todas las normativas, tanto a escala nacional como regional, que han restringido la actividad de las VTC, e incluso ha recurrido en los tribunales las limitaciones a la actividad de los vehículos de alquiler con conductor incorporadas por el Gobierno.

La CNMC señala fundamentalmente tres obstáculos principales a la competencia: los límites cuantitativos a las licencias de VTC (actualmente 30 de taxi por cada una de VTC), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.

La presión del sector del taxi, con grandes movilizaciones que se iniciaron en el verano de 2018, pero que se han prolongado en el tiempo, ha provocado que se aprueben normativas restrictivas sin parangón en toda Europa. La más significativa fue la de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, que motivó que Uber paralizara su actividad (ahora solo actúa como app de taxistas) en la capital catalana.

Publicado por El Pais.

FPTM recurre la nueva Ordenanza del Taxi de Madrid


La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza del Taxi del Ayuntamiento de Madrid que fue publicada finalmente el pasado 22 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad. La asociación representativa de los taxistas ha solicitado, además, medidas cautelarísimas para que se suspendan temporalmente los artículos aprobados por el Consistorio hasta que se pronuncien los tribunales. 

Una semana después de su entrada en vigor, la organización presidida por Julio Sanz, al igual que hiciese con el Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid que fue declarado nulo, ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el texto local por considerar que es “una chapuza y un bodrio” y un “desprestigio hacia un sector que no se merece esta Ordenanza”. Sanz, visiblemente enfadado, no ha dudado en afirmar que “el Ayuntamiento de Madrid es el enemigo del taxi y se ha pasado por el forro de los caprichos lo que ha dicho el TSJM con respecto al Reglamento”.

Precisamente el recurso ha sido interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJM, la misma que anuló el mencionado Reglamento. Con este acción, FPTM cumple su promesa de impugnar la normativa local, tal y como afirmó la semana pasada nada más conocerse el contenido del texto. Las medidas cautelarísimas, en palabras del propio Sanz, se han pedido para evitar que los taxistas madrileños se vean forzados a realizar algunos de los cambios a los que obligan los preceptos aprobados. /TAMBIÉN ES NOTICIA

Publicado por La Gaceta del Taxi.

Barcelona sanciona a 612 coches como los de Cabify en seis días

Vehículos de alquiler con conductor (VTC), en la avenida Diagonal / TWITTERVehículos de alquiler con conductor (VTC), en la avenida Diagonal / TWITTER

Barcelona sanciona a 612 coches como los de Cabify en seis días

Una de cada tres multas del ayuntamiento a vehículos de alquiler con conductor son por no llevar el distintivo identificativo

ARCHIVADO EN: CABIFYMULTATAXIAYUNTAMIENTO DE BARCELONAIGNASI JORRO @IgnasiJorro

29.06.2021 20:55 h.2 min

Barcelona ha multado a 612 coches como los que utiliza Cabify en seis días. El ayuntamiento lleva impuestas 977 sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC) desde principios de años, con la falta de distintivo (31%) como principal causa de castigo. 

Lo ha explicado el portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, después de mantener una reunión con la concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. El taxista y activista se ha congratulado por la labor de la Guardia Urbana. 

612 multas en seis días

Los policías municipales han impuesto 612 sanciones entre los días 14 y 20 de este mes, y un total de 977 denuncias a VTC desde enero. El incremento de propuestas de multa se explica por el incremento de la actividad económica, según el consistorio. 

El 31% de las denuncias interpuestas son por incumplir la obligatoriedad de llevar visible el distintivo que los acredita como vehículo con chófer. Otras infracciones están vinculadas a la vulneración de los días de descanso, captar pasajeros irregularmente con la geolocalización o saltarse los 15 minutos de precontratación. 

Más controles en el aeropuerto

El incremento de la actividad sancionadora tiene lugar cuando los Mossos d’Esquadra también se han sumado a los controles para cazar infracciones en el sector de los VTC. Ocurrió hace unos días, como explicó este medio, cuando la policía catalana se desplegó en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para evitar vulneraciones de normativa. 

En aquel momento, el cuerpo tildó de “rutinarios” los controles, aunque fuentes del sector del taxi confirmaron que han aumentado las inspecciones, una reivindicación histórica del taxi en los últimos años.

Publicado por Crónica Global.

Reforma de las pensiones: a quién afectará y en qué casos

Gobierno y agentes sociales han alcanzado un principio de acuerdo para la reforma de las pensiones este lunes 28 de junio.NOTICIAACTUALIZADA 28/6/2021 A LAS 17:24

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El Gobierno y los agentes sociales se han reunido este lunes 28 de junio para sellar el acuerdo con el primer paquete de medidas para la reforma de pensiones que se recogerá en el “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social”. PUBLICIDAD

Se ha acordado actualizar las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante la revisión de las jubilaciones anticipadas y el establecimiento de mayores incentivos al retraso de la jubilación.

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

En este sentido, el mecanismo de equidad intergeneracional que reemplazará al factor de sostenibilidad deberá definirse en los próximos meses y operará a partir de 2027.

El acuerdo, que se aprobará como anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

CC.OO. y UGT han celebrado la consecución de este acuerdo en un comunicado conjunto destacando que, al suprimir la reforma de 2013, “se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”. La CEOE, por su parte, aún debe dar el visto bueno el texto en sus órganos de dirección.PUBLICIDAD

El acuerdo subraya el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros).

El acuerdo de pensiones incluye también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Según los sindicatos, se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades.

La reforma iguala además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

Jubilación forzosa para mayores de 68 años

Esta reforma de pensiones permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.

Los nuevos convenios colectivos no podrán establecer cláusulas “que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años“.

En un principio, el Gobierno quería impedir que los convenios pudieran forzar la jubilación, pero finalmente se podrá seguir haciendocon limitaciones para los convenios colectivos suscritos a partir de la entrada en vigor de la nueva ley prevista para enero de 2022.

Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándolas “hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada”.

La norma establece una excepción en el caso de actividades donde el peso de la ocupación femenina sea inferior al 15%.

En estos casos de sectores masculinizados, las empresas podrán obligar a jubilar a sus empleados una vez alcanzada la edad legal correspondiente y siempre que contraten de manera indefinida y a tiempo completo a una mujer.

La jubilación anticipada en la reforma de las pensiones

Esta medida se suma a otras incluidas en la reforma para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Entre ella, el endurecimiento de los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de los que deciden jubilarse de forma anticipada, así como los incentivos -en forma de incrementos o pagos a tanto alzado- para demorar el retiro o los cambios en la jubilación activa.

Actualmente, la ley General de la Seguridad Social permite acceder a la jubilación anticipada no imputable al trabajador en seis supuestos: cese del trabajo por despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; cese por despido objetivo; extinción del contrato por resolución judicial derivado de un concurso de acreedores; muerte, jubilación o incapacidad del empleador; extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor; y extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de violencia de género.

La reforma de pensiones añade ahora el supuesto de que se pueda acceder a la jubilación anticipada si el contrato de trabajo se extingue por voluntad del trabajador por las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores en los artículos 40.1 (traslado con cambio de residencia), 41.3 (modificación sustancial de las condiciones de trabajo) y 50 (no abono de los salarios o pagos atrasados continuados, incumplimientos graves del empresario y modificación sustancial de las condiciones de trabajo).

Jubilación demorada y jubilación activa 

En el caso de la jubilación demorada, la reforma contempla que no se cotizará por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.

También ofrece tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% (que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión); una cantidad a tanto alzado (pago único) en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, o una combinación de estas dos medidas. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.

Por otro lado, se exigirá como condición para acceder a la jubilación activa el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

Publicado por el Heraldo.

El acuerdo de pensiones cambia el modelo de financiación por la puerta de atrás

La financiación de la Seguridad Social sufre cambios. El Estado, hasta que en 2027 se ponga en marcha un nuevo factor de sostenibilidad, cubrirá los déficits que genere el sistema

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)

Por Carlos Sánchez29/06/2021 – 05:00 Actualizado: 29/06/2021 – 09:48

Hay un par de datos que reflejan con nitidez la situación financiera de la Seguridad Social. Al comenzar el siglo, y fruto del coste que tuvo para el sistema público de protección social las reconversiones industriales, la Seguridad Social tenía una deuda contraída con el Estado equivalente a 17.169 millones de euros. El año pasado, sin embargo, los préstamos totales alcanzaron los 85.353 millones. Es decir, se ha multiplicado por cinco en apenas dos décadas. Y eso que por medio estuvo el Fondo de Reserva, engordado en los tiempos de bonanza, que llegó a contar con unos 70.000 millones de euros.

Publicado por el Confidencial.

Crean un grupo de Telegram para señalar a los taxistas que acepten trabajar con Uber en Barcelona

Taxis de Barcelona.
Taxis de Barcelona. / Infotaxi.net

ACUSAN A ÉLITE TAXI DE TITO ÁLVAREZ DE CREAR EL CANAL, PERO ESTE SINDICATO LO HA NEGADO Y SE REMITE A SUS CANALES OFICIALES

William Rodríguez

Un nuevo grupo de Telegram ha sembrado la polémica al señalar a taxistas que habrían aceptado trabajar con Uber en Barcelona. Fuentes del mundo del taxi atribuyen a Élite Taxi Barcelona la creación de este grupo, a modo de “lavado de cara” por haber aceptado reunirse con la empresa estadounidense para negociar su vuelta a la ciudad. No obstante, Élite Taxi ha negado que este canal de Telegram sea uno de sus canales oficiales. Este miércoles han vuelto a participar en una nueva reunión con Uber.

La posible vuelta de Uber a Barcelona continúa dividiendo al mundo del taxi. La polémica ha llegado a un nuevo nivel tras conocerse la creación de un grupo en la red social Telegram que tiene el objetivo de señalar a taxistas que hayan aceptado trabajar con la empresa estadounidense en la ciudad.

Este grupo de reciente creación tenía ayer por la mañana más de 300 miembros y se llama Traidores Taxi, aunque al principio se denominó Traidores Taxi Barcelona. La descripción pone que es un “canal exclusivo para mostrar a los nuevos traidores del taxi”. Fuentes del sector aseguran a elcierredigital.com que este grupo ha sido creado por Élite Taxi Barcelona. Sería algo especialmente llamativo, ya que esta asociación sindical aceptó reunirse con Uber el viernes pasado de cara a su posible vuelta a Barcelona.

No obstante, nuestras fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por las tensiones que han surgido en el sector a raíz de las conversaciones con Uber, declaran que precisamente, fueron éstas la causa de la creación de este grupo. Sería como un “lavado de cara” de Élite Taxi Barcelona ante las múltiples acusaciones que les tildan de traidores, recibidas del mundo del taxi y el “cambio en el discurso” del sindicato.

Estas fuentes aseguran que el grupo fue promocionado desde uno de los canales oficiales de Élite Taxi Barcelona. En concreto, habrían informado de él a través de un mensaje en el canal de difusión de noticias del sindicato, llamado Elite Taxi Bcn News.

Élite Taxi Barcelona lo niega

Por su parte, Élite Taxi Barcelona ha querido aclarar que el grupo “no pertenece a la asociación”. “Todas las posibles acciones que se hagan desde nuestra asociación siempre irán firmadas y difundidas por nuestros canales oficiales”, ha señalado en  un comunicado. También ha añadido que «los grupos de trabajo que se están preparando para posibles medidas de presión contra Uber estarán supervisados y controlados” por miembros del sindicato “y no se permitirá bajo ningún concepto la violencia contra el amarillo y negro”./EL CIERRE DIGITAL

Publicado por Infotaxi https://www.infotaxi.net/crean-un-grupo-de-telegram-para-senalar-a-los-taxistas-que-acepten-trabajar-con-uber-en-barcelona-2/

¿Los taxistas no pueden acogerse a la segunda oportunidad?

Se ha dictado el primer auto que obliga a estos profesionales a vender la licencia del taxi para que se les perdonen sus deudas

Nuria Meler

NURIA MELER

Varios taxis en Madrid.
Varios taxis en Madrid. EFE

El Auto de 7 de junio de 2021 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona (disponible aquí) cae como un jarro de agua fría sobre los taxistas, puesto que, de extenderse su postura, veda a este colectivo la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva con sus deudas y a la vez mantener el taxi y la licencia para poder seguir ejerciendo su profesión.

El fallo obliga al profesional a vender su vehículo para pagar la deuda contraída, al tiempo que cuestiona que el taxi y su licencia sean “instrumentos” necesarios para el ejercicio de la profesión.Thanks for watching!PUBLICIDAD 

Antecedentes

El caso parte de la solicitud de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) presentada a finales de 2019 por un taxista que había contraído deudas próximas a los cien mil euros. En junio de 2020 el juzgado consideró que cabía el perdón de su deuda y, simultáneamente, mantener la titularidad tanto del taxi como de la licencia, por ser bienes necesarios para el ejercicio de su profesión. Se concedía así una verdadera segunda oportunidad, que permitía redimir la cantidad debida y a la vez continuar con el ejercicio de su profesión habitual. Sin embargo, la resolución fue impugnada por una entidad bancaria, que consideró que ambos bienes (vehículo y licencia) debían ser “liquidados” (vendidos) y pagar la deuda con lo obtenido por ellos. Esta es la postura que finalmente ha sido aceptada por la Audiencia.

Se da la casualidad de que se trata, además, de una de las personas que más tiempo han pasado hospitalizadas por Covid-19, con una estancia que se prolonga desde el año pasado, sin haber recibido aún el alta.

Obligación de liquidación previa

Uno de los requisitos del BEPI es que el deudor liquide previamente sus bienes. Por ejemplo, si posee una segunda residencia, deberá venderla y pagar con ello la parte de la deuda que cubra ese valor, y el resto, o la parte del resto que no entre en el plan de pagos, será objeto de exoneración. No obstante, la doctrina concursal imperante desde la entrada en vigor de la Ley de segunda oportunidad prevé como excepción a la obligación de liquidar los bienes aquellos que por sus especiales características sean necesarios para el desarrollo de la actividad profesional o empresarial del deudor, que se denominan bienes afectos.

Postura de la Audiencia de Barcelona

En el caso del taxista al que se refiere esta resolución, el tribunal señala que “el conflicto se centra en determinar si el vehículo auto-taxi y la licencia de actividad de taxi, propiedad del concursado, son o no embargables”. La Audiencia Provincial entiende que son bienes embargables, esto es, se pueden liquidar y, por lo tanto, el taxista los debe vender para poder obtener el perdón de sus deudas.

Tanto la administración concursal como el juzgado mercantil consideraron en su día que ambos bienes eran bienes afectos por entender de forma analógica que procedía la aplicación del artículo 606.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo establece así para los bienes (“instrumentos”) necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.

Por el contrario, la Audiencia considera que se trata de bienes embargables, sin entrar en la consideración de bienes afectos, y obliga al taxista a liquidarlos para poder acceder a la exoneración de sus deudas.

Esta resolución se aparta de otros casos de segunda oportunidad en los que los tribunales venían permitiendo el perdón de las deudas de personas físicas sin privarles de la titularidad de bienes necesarios para su actividad, por ejemplo, camiones de camioneros o derechos de traspaso en bares y restaurantes. Y, además, no cabe interponer ningún recurso frente a ella.

De entre los argumentos que aduce la Audiencia para llegar a esa conclusión, destacan dos. En primer lugar, cuestiona que el taxi y su licencia sean “instrumentos” necesarios para el ejercicio de la profesión de taxista, acudiendo incluso a la definición que hace de ese término la Real Academia Española (RAE). En segundo lugar, alude a que la normativa procesal exige que los bienes afectos a la profesión tengan un valor que no guarde relación con la deuda contraída. Explica que en este caso “no son bienes de escaso valor, en relación […] con[el] pasivo reclamado de más de 100.000 euros. Lo cierto que si ese bien fuera realizado podría pagarse la totalidad del pasivo”. Sorprende también que todas las resoluciones que cita para ahondar en sus argumentos son muy anteriores a la Ley de Segunda Oportunidad, que nació en 2015.

Sin una segunda oportunidad

Para la letrada que ha defendido al taxista en concurso, Asunción Regol, es “soprendente” este giro de la Audiencia de Barcelona, tradicionalmente pionera en soluciones prodeudor en materia de segunda oportunidad. La abogada considera que, si esta va a ser la línea a seguir por parte de las resoluciones del tribunal, se están cerrando “de facto” las puertas de la segunda oportunidad para los taxistas.

En cuanto al primer argumento de la Audiencia, Regol señala que esta es la primera sentencia en materia de segunda oportunidad que obliga a liquidar la licencia a los taxistas. Hay otras resoluciones que, en cambio, (por ejemplo, en esta sentencia) indican que el taxi es “instrumento” necesario para la profesión de taxista.

Con respecto al segundo razonamiento, alerta de la inseguridad jurídica que puede acarrear esta resolución: ¿qué ocurriría si la deuda de su cliente fuese, por ejemplo, de 4 millones de euros? ¿Podría considerase que en ese caso el valor del taxi y su licencia sí se cumple el requisito de escasa cuantía frente a la magnitud de la deuda y no le obligarían a venderla?

En resumen, la letrada considera que esta sentencia generará mucha inseguridad jurídica sobre todo porque entiende que supone un giro de 180 grados a la posición mantenida hasta ahora por la jurisprudencia, que hacía prevalecer el mantenimiento de la actividad profesional o empresarial del deudor frente a la necesidad de liquidar los bienes para conseguir el objetivo final de exonerar las deudas.

REQUISITOS DEL BEPI

El BEPI es un procedimiento judicial en el que se nombra a un administrador concursal que lo guía y busca conseguir el perdón de las deudas de personas de buena fe. Se considera que lo son quienes no hayan cometido ciertos delitos económicos ni hayan sido declarados de mala fe, por ejemplo, por ocultar información sobre su situación financiera. El procedimiento comienza con un intento de mediación que, si no prospera, da paso a la solicitud de concurso (consecutivo) en el que, una vez liquidados los bienes del deudor, se solicita el perdón de las deudas. Una vez conseguido, el BEPI no puede volver a solicitarse hasta pasados diez años.

Publicado por 5 días.