La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza del Taxi del Ayuntamiento de Madrid que fue publicada finalmente el pasado 22 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad. La asociación representativa de los taxistas ha solicitado, además, medidas cautelarísimas para que se suspendan temporalmente los artículos aprobados por el Consistorio hasta que se pronuncien los tribunales.
Una semana después de su entrada en vigor, la organización presidida por Julio Sanz, al igual que hiciese con el Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid que fue declarado nulo, ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el texto local por considerar que es “una chapuza y un bodrio” y un “desprestigio hacia un sector que no se merece esta Ordenanza”. Sanz, visiblemente enfadado, no ha dudado en afirmar que “el Ayuntamiento de Madrid es el enemigo del taxi y se ha pasado por el forro de los caprichos lo que ha dicho el TSJM con respecto al Reglamento”.
Precisamente el recurso ha sido interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJM, la misma que anuló el mencionado Reglamento. Con este acción, FPTM cumple su promesa de impugnar la normativa local, tal y como afirmó la semana pasada nada más conocerse el contenido del texto. Las medidas cautelarísimas, en palabras del propio Sanz, se han pedido para evitar que los taxistas madrileños se vean forzados a realizar algunos de los cambios a los que obligan los preceptos aprobados. /TAMBIÉN ES NOTICIA
Barcelona ha multado a 612 coches como los que utiliza Cabify en seis días. El ayuntamiento lleva impuestas 977 sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC) desde principios de años, con la falta de distintivo (31%) como principal causa de castigo.
Lo ha explicado el portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, después de mantener una reunión con la concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. El taxista y activista se ha congratulado por la labor de la Guardia Urbana.
612 multas en seis días
Los policías municipales han impuesto 612 sanciones entre los días 14 y 20 de este mes, y un total de 977 denuncias a VTC desde enero. El incremento de propuestas de multa se explica por el incremento de la actividad económica, según el consistorio.
El 31% de las denuncias interpuestas son por incumplir la obligatoriedad de llevar visible el distintivo que los acredita como vehículo con chófer. Otras infracciones están vinculadas a la vulneración de los días de descanso, captar pasajeros irregularmente con la geolocalización o saltarse los 15 minutos de precontratación.
Más controles en el aeropuerto
El incremento de la actividad sancionadora tiene lugar cuando los Mossos d’Esquadra también se han sumado a los controles para cazar infracciones en el sector de los VTC. Ocurrió hace unos días, como explicó este medio, cuando la policía catalana se desplegó en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para evitar vulneraciones de normativa.
En aquel momento, el cuerpo tildó de “rutinarios” los controles, aunque fuentes del sector del taxi confirmaron que han aumentado las inspecciones, una reivindicación histórica del taxi en los últimos años.
Un nuevo grupo de Telegram ha sembrado la polémica al señalar a taxistas que habrían aceptado trabajar con Uber en Barcelona. Fuentes del mundo del taxi atribuyen a Élite Taxi Barcelona la creación de este grupo, a modo de “lavado de cara” por haber aceptado reunirse con la empresa estadounidense para negociar su vuelta a la ciudad. No obstante, Élite Taxi ha negado que este canal de Telegram sea uno de sus canales oficiales. Este miércoles han vuelto a participar en una nueva reunión con Uber.
La posible vuelta de Uber a Barcelona continúa dividiendo al mundo del taxi. La polémica ha llegado a un nuevo nivel tras conocerse la creación de un grupo en la red social Telegram que tiene el objetivo de señalar a taxistas que hayan aceptado trabajar con la empresa estadounidense en la ciudad.
Este grupo de reciente creación tenía ayer por la mañana más de 300 miembros y se llama Traidores Taxi, aunque al principio se denominó Traidores Taxi Barcelona. La descripción pone que es un “canal exclusivo para mostrar a los nuevos traidores del taxi”. Fuentes del sector aseguran a elcierredigital.com que este grupo ha sido creado por Élite Taxi Barcelona. Sería algo especialmente llamativo, ya que esta asociación sindical aceptó reunirse con Uber el viernes pasado de cara a su posible vuelta a Barcelona.
No obstante, nuestras fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por las tensiones que han surgido en el sector a raíz de las conversaciones con Uber, declaran que precisamente, fueron éstas la causa de la creación de este grupo. Sería como un “lavado de cara” de Élite Taxi Barcelona ante las múltiples acusaciones que les tildan de traidores, recibidas del mundo del taxi y el “cambio en el discurso” del sindicato.
Estas fuentes aseguran que el grupo fue promocionado desde uno de los canales oficiales de Élite Taxi Barcelona. En concreto, habrían informado de él a través de un mensaje en el canal de difusión de noticias del sindicato, llamado Elite Taxi Bcn News.
Élite Taxi Barcelona lo niega
Por su parte, Élite Taxi Barcelona ha querido aclarar que el grupo “no pertenece a la asociación”. “Todas las posibles acciones que se hagan desde nuestra asociación siempre irán firmadas y difundidas por nuestros canales oficiales”, ha señalado en un comunicado. También ha añadido que «los grupos de trabajo que se están preparando para posibles medidas de presión contra Uber estarán supervisados y controlados” por miembros del sindicato “y no se permitirá bajo ningún concepto la violencia contra el amarillo y negro”./EL CIERRE DIGITAL
Bruselas quiere prohibir a conductores de Uber aceptar reservas por teléfono
Bruselas —1 de marzo de 2021 12:19h
Bruselas, 1 mar (EFE).- El Gobierno de la región de Bruselas (centro de Bélgica) quiere aplicar a los conductores de Uber las mismas reglas que a los servicios de alquiler de coche con conductor, en particular, la prohibición de aceptar la recogida de pasajeros sobre la marcha con teléfonos inteligentes.
En la práctica, esto supone impedir los fundamentos mismos del servicio de que ofrece Uber, que permite a los usuarios reservar un traslado en coche a través de una aplicación móvil y a los conductores aceptarlo de forma inmediata también con sus teléfonos.Publicidad
El gobierno de la región bruselense, dónde se encuentra la capital y la única del país dónde opera Uber, quiere en concreto aplicar desde este lunes a la empresa la regulaciones sobre el alquiler de vehículos con conductor que datan de 1995, según publica el diario “La Libre Belgique” y recogen varios medios belgas.
Estas estipulan que todas las reservas deben hacerse al menos tres horas antes del traslado y prohíben utilizar los servicios de geolocalización de un teléfono móvil, con lo que al aplicarlas se impediría de facto a los 2.000 conductores de Uber en la región prestar el servicio.
El ministro presidente de la región de Bruselas, el socialista Rudi Vervoort, explicó en una entrevista con la radio pública RTBF que el problema es el uso del teléfono durante los trayectos, es decir, aceptar viajes sobre la marcha.
“Es el sistema en sí mismo lo que es condenable. La cuestión es saber qué futuro queremos dar al transporte de personas en Bruselas. La competencia puesta en marcha por Uber no es soportable a largo plazo”, dijo.
Si no se respeta la prohibición, los conductores se arriesgan a ver confiscado su vehículo, a ser objeto de actuaciones judiciales, a una sanción administrativa o incluso a la retirada temporal o definitiva de su autorización para prestar un servicio de alquiler de vehículos con conductor.
Por su parte, Uber Bélgica ha considerado “incomprensible” que se tomen medidas contra sus conductores sobre la base de una regulación que esta siendo examinada por el tribunal constitucional belga, según un representante de la empresa citado por medios locales.
“Llamamos al ministro-presidente a respetar el trabajo de la corte constitucional y a esperar la decisión”, dijo.
En 2019, un tribunal belga determinó que UberX respetaba la legislación de transporte de personas de la región de Bruselas puesto que no presta un servicio de taxis; sino que conecta a conductores individuales que tienen licencias de alquiler de vehículos con chófer (VTC) con usuarios.
Rechazó asimismo que los conductores fuesen empleados de la empresa estadounidense.
La corte desestimó así las demandas presentadas por la Federación Belga de Taxi (FeBet), que -como otras asociaciones del sector en Europa- considera que Uber ejerce una competencia desleal y recurrió esta sentencia en 2020 ante la corte de apelación belga.
El pasado mes de enero, este tribunal decidió plantear dos cuestiones prejudiciales al Constitucional belga sobre la cuestión, pero mientras este se pronuncia Uber puede seguir operando.
El TSXG desestima los recursos presentados por los operadores de VTC en Galicia
El TSXG desestima los recursos presentados por los operadores de VTC contra el decreto 103/2018
Empresas como Unauto y Ares Capital habían recurrido este decreto que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia y el alto tribunal los ha desestimado
GALICIA. YO TAXI.- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima todos los recursos presentados contra el Decreto 103/2018 que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia y que tenían como objetivo final la anulación parcial de la ley autonómica 4/2013, por parte de los grandes operadores de las VTC, como son, Ares Capital y la patronal de las VTC, Unauto.
El TSX de Galicia ha dictado este miércoles 23 de diciembre la última de las sentencias que resuelven el recurso presentado por Unauto contra el citado Decreto 103/2018, que desarrolla la Ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia. Sentencias que respaldan las posturas defendidas por la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, y la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (FEGA TAXI), en su defensa de la legalidad y adecuación de dicho reglamento a la normativa estatal y europea.
Esta última sentencia viene a confirmar, en línea con todas las dictadas anteriormente, que el alto tribunal considera probada y justificada la necesidad y proporcionalidad de los requisitos que se exigen para desarrollar esta actividad económica, así como su motivación, disponiendo que “nos hallamos ante una actividad sometida a intervención administrativa en atención a su trascendencia para los intereses generales y de los usuarios del servicio”.
El desempeño de la actividad del taxi requiere la superación de pruebas de destreza y habilidad en la conducción y de un profundo conocimiento del callejero, requisito que no se exige a los conductores de VTC. De esta forma la normativa gallega garantiza que el servicio se preste con unos elevados estándares de calidad.
La Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (FEGATAXI), ha mostrado su satisfacción porque la norma haya sido ratificada en su integridad por el TSX, que pone de manifiesto la relevancia del sector del taxi en Galicia, y asegura la prestación de un servicio público y profesional al ciudadano, en el marco de la libertad de empresa.
Imagen de archivo Conselleria de Movilidad, sector taxi./ EPDAEl pasado día 24 de Octubre entró en vigor una modificación de la normativa de instalación de taxímetros, que en la práctica está permitiendo a las marcas de fabricantes de vehículos, limitar todavía más los modelos de vehículos que se pueden poner como taxis en función de las necesidades de ventas de un modelo u otro que tenga la respectiva marca. El resultado es que cientos de taxistas en la Comunitat Valenciana no pueden obtener el certificado de un vehículo (en algunos caso incluso ya lo han comprado), sin poder trabajar o en el mejor de los casos poniendo un vehículo de menor categoría del elegido. Con la difícil situación que está viviendo el sector, esto parece organizado para acabar con el Servicio Público de Taxi, reduciendo la calidad del servicio al usuario, restringiendo vehículos de mayor calidad, seguridad, amplitud y comodidad, limitando al sector en su capacidad de competir frente a otros sectores de Transporte, lo que es una clara vulneración de la Ley de defensa de la competencia. Desde la Confederación afirman que llevan “semanas insistiendo a los responsables de ITV y a los fabricantes de vehículos que nos ayuden con los certificados de homologación para, como mínimo, seguir poniendo los mismos vehículos que se ponían hasta ahora, sin obtener una respuesta clara por parte de nadie”. “Lo más indignante, es que nos llegan noticias de otras comunidades que no están teniendo este problema, y llevan años poniendo toda la gama de modelos de vehículo de cada marca, ya que sí que les permiten pasar ITV con un certificado genérico de cada modelo de vehículo, de un servicio técnico autorizado, porque como toda norma es susceptible de interpretación”.
El 75% de las VTC inspeccionadas en septiembre y octubre por Transportes han sido denunciadas
Imagen de archivo de una campaña de control de VTC de la Comunidad de Madrid. – COMUNIDAD DE MADRID – Archivo Los profesionales de la Consejería han interpuesto 576 denuncias en este tiempo, ya que varios acumulaban más de una infracción MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) – El 75% de los vehículos de transporte con conductor (VTC) inspeccionados por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en los meses de septiembre y octubre han sido denunciadas. Según han explicado a E …
El servicio de inspección del Consell detecta esta práctica irregular en 15 casos
Eugenio Rodríguez Sant Jordi 01.09.2020 | 20:08Manifestación de taxistas en Ibiza contra la competencia que ejercen las VTC, en una imagen de archivo. VICENT MARÍ
El servicio de inspección del Consell de Ibiza ha constatado que conductores de vehículos de transporte con conductor (VTC) de la Península falsifican las tarjetas de embarque de los viajes de ida y vuelta de la isla para operar de forma irregular.
La institución ha interceptado a 15 vehículos con los papeles falsos (las fechas de los viajes), lo cual ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. La ley permite que las VTC de toda España operen en otra comunidad autónoma un total 18 días cada tres meses. Sin embargo, muchas de las VTC que se desplazan de la Península aprovechan los meses de temporada para hacer caja saltándose el periodo legal de funcionamiento regulado por ley, según informa el Consell.
El Consell impone una sanción de 401 euros por cada día que se sobrepase el 20% trimestral al que las llamadas VTC deslocalizadas tienen derecho a operar en la isla, los 18 días cada tres meses.
«Poner en conocimiento de la Fiscalía estas irregularidades supone un paso más en la lucha iniciada por el Consell contra el transporte ilegal, ya que si esta denuncia prospera la vía legal se convertirá en una herramienta más contra el intrusismo en el sector y un aval más para esta lucha», explicó ayer el vicepresidente segundo, Javier Torres, a través de una nota de prensa. La institución entiende que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental tal como recogen los artículos 390 al 394 del Código Penal. «La vía judicial demuestra nuestro compromiso para erradicar las conductas irregulares e ilegales en el sector y supone combatir el intrusismo de una forma más eficiente», agregó el conseller.
En los billetes fraudulentos analizados por los inspectores de Transportes del Consell aparecen tanto fechas de llegada y salida falsas: el día de salida cumple con el plazo máximo de 18 días que marca la normativa, pero los inspectores han descubierto que las VTC circulan un periodo superior por la isla. También aparecen en los papeles localizadores y números de billete e incluso incorporan la imagen corporativa y los logotipos de la compañía.
El servicio de Inspección de Transportes Terrestres del Consell ya detectó el año pasado que algunos vehículos de transporte con conductor podrían estar falsificando la documentación para superar el plazo máximo fijado por ley y así trabajar en la isla más tiempo del permitido.
La Guardia Civil y Tráfico impusieron propuestas de sanción por valor de 7.000 euros
Imagen de la parada de taxis del aeropuerto de Jerez durante una jornada de paros. / PASCUAL
MANUEL MOUREJerez, 16 Octubre, 2019 – 22:00h
La Guardia Civil, en colaboración con la inspección de Tráfico, han multado a cuatro vehículos de Uber por no cumplir las normas en el entorno del aeropuerto de Jerez. Según se informó desde la Asociación Jerezana del Teletaxi, “las multas sumaron una cuantía de 7.000 euros”.
Los expedientes abiertos, impuestos a comienzos de esta semana, versaron sobre “la carencia de hojas de ruta, tal y como marca la normativa, así como por captar clientes en zonas de influencia”. Cabe destacar que estos vehículos no pueden apostarse a menos de 300 metros de lugares donde confluyan numerosas personas, especialmente en lugares turísticos. Es por ello que el presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Luis Gonzaga González, destacó a este medio que “un vehículo Uber no puede estar a la espera de captar clientes a menos de 300 metros del aeropuerto, así como en otros enclaves tales como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre”.
La actuación de la Guardia Civil ha dejado satisfecho al colectivo de taxistas que lamenta “el escaso número de agentes de que dispone la Policía Local para atendernos. Es completamente cierto que cada vez que solicitamos su asistencia nos ayudan, pero carecen de medios y lo entendemos”, destacó González.
En Jerez, de media, operan entre cuatro y media docena de vehículos del tipo Uber, “casi todos ellos en el entorno del aeropuerto”. Normalmente lo hacen con personas que llegan de otros países y que conocen este servicio. Pese a todo, cada vez son más las personas que valoran más los precios del taxi”.
La tensión entre Uber y los taxistas es evidente. No en vano, el pasado mes de agosto ya se produjeron incidentes con denuncias en la estación de trenes de la ciudad.
A este respecto el presidente del Teletaxi apunta que “nosotros nos movemos con una tarifas absolutamente claras y fiables. Un servicio al aeropuerto se sabe cuánto cuesta de antemano. Es una tarifa cerrada, pero es que los VTC operan con tarifas dinámicas”.
¿A qué se refiere con tarifas dinámicas”. Luis Gonzaga González asegura lo siguiente: “Estos operadores son capaces de saber qué nivel de carga de batería tiene tu móvil. Si baja del 15% el servicio le va a costar el doble al cliente. Igual sucede si el día es lluvioso o si hay gran intensidad de tráfico. Contra más desesperado está el cliente más caro le va a salir el servicio. Nosotros somos sin duda mucho más baratos”.
De otro lado cabe destacar que la junta directiva de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), que aglutina a 32 organizaciones de la comunidad autónoma, entre ellas la de Jerez, ha acordado convocar concentraciones de protesta el próximo 8 de noviembre ante delegaciones de la Consejería de Fomento de la Junta en las ocho provincias por la falta de medidas para “poner orden” en relación a la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC).
“Parece que pretenden diluir estos contactos sin terminar de adoptar medidas ante la evidente mala praxis” que, a su juicio, está protagonizando el sector de los VTC. Por eso, la dirección de la FAAT ha decidido convocar una serie de movilizaciones, entre las que figuran las referidas concentraciones “pacíficas”, el próximo 8 de noviembre, a las 11,00 horas, para expresar su protesta ante las sedes de las delegaciones de Fomento de la Junta o “administraciones análogas” en el caso de ausencia de éstas, en las ocho capitales de provincia andaluzas y en las ciudades de Jerez, Algeciras y Marbella (Málaga).
El presidente de la FAAT, Miguel Ruano, ha puntualizado que su federación asume ya que los VTC, que han multiplicado su presencia en ciudades andaluzas en los últimos cinco años, “están ahí y no se van a ir”, pero entiende que “lo mínimo” es que en el ejercicio de su actividad se garantice una “armonía” con el sector del taxi y dichos vehículos de alquiler con conductor “no campen a sus anchas incumpliendo la legalidad vigente sin que la administración haga nada“.
Unas “12.000 personas viven del sector del taxi” en Andalucía, y este sector está compitiendo con otro, en alusión al de los VTC, “sobre el que todo el mundo mira para otro lado como si hubiera un miedo sospechoso por parte de la administración”.
OKDIARIO accede en exclusiva a la querella interpuesta por 2.000 taxistas contra Castellanos, Rosauro Varo, Goñi, Ortigüela y los gestores de las dos plataformas de movilidad. En ella se les acusa de múltiples delitos. La Fiscalía de la Audiencia analiza el texto en una fase preliminar.
Querella-Taxi-ECONOMIA-interior
El Ministerio Fiscal se encuentra actualmente analizando la querella interpuesta hace dos meses en la Audiencia Nacional, en la que un grupo de taxistas se querelló contra Uber, Cabify, sus responsables legales y los responsables de otra multitud de empresas de flotas de VTC (con nombres como Jaime Castellanos o Rosauro Varo) por varios delitos entre los que se incluyen estafa,administración desleal, delitos contra los derechosde los trabajadoresy la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.
La querella formaba parte de una ofensiva judicial que se completaba con una demanda civil por daños y perjuicios contra los mismos actores. Ambas fueron redactadas por el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva y presentadas bajo el liderazgo del líder taxista Tito Álvarez, que afirmaba tener el aval de más de 2.000 taxistas. A finales de junio el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional incoó diligencias penales y trasladó los hechos contenidos en la querella a la Fiscalía “para que informe sobre los mismos y, en su caso, solicite las diligencias de prueba cuya práctica considere necesaria para investigar los delitos objeto de imputación”.
La querella se presentó junto con varias periciales que comprobarían la “trama corporativa patológica” con múltiples delitos
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la querella, que ha permanecido secreta hasta el momento. En la misma se acusa a los querellados de haber construido una “trama corporativa patológica” con múltiples delitos y se alude a unos informes periciales (de Juan Lloret Villota, Manuel Tolbaños Rodríguez, Sergi Cutillas Márquez y el detective Jordi Galván Durán) que garantizarían que “la especulación en torno a las autorizaciones de VTC ha sido en los últimos años tan exorbitantemente (sic.) pronunciada en España que las mismas han alcanzado un incremento superior a mil ochocientas veces su valor originario”.
Taxis sin serlo
De las varias acusaciones de delitos que el exjuez Silva achaca a las empresas de VTC y a Uber y Cabify destaca que “hacían creer que cumplían los requisitos administrativos atinentes a la explotación de sus autorizaciones ‘como si fueran de Taxi'” y también que “han manipulado muy significativamente la libre formación de los precios de las autorizaciones en el seno del mercado uvetecista” aunque no explica cómo sospecha que pudo hacerse esta manipulación.
La querella señala que Jaime Castellanos está implicado en el caso en su calidad de propietario de Moove Cars, empresa que acumula licencias VTC. Sin embargo no concreta qué acciones habría realizado el directivo que fueran susceptibles de un ilícito penal. Por su parte, otros personajes prominentes del sector de VTC como Rosauro Varo también son mencionados en la querella sin que quede claro exactamente qué acciones llevaron a cabo, sino más bien por ser propietarios de la empresa de VTC a la que se acusa, en este caso Vector Ronda Teleport.
Según asegura el texto, “todo el castillo de naipes edificado por los uvetecistas querellados partiría de la siguiente premisa, tan ilícita como atractiva para su propósito criminal: en las ciudades españolas ya no se requiere licencia de taxi para prestar servicio de taxi”. Según indica, utilizar las licencias de VTC para hacer servicios urbanos homologables al taxi constituye en sí mismo un delito.
En este mismo texto, con una terminología poco habitual en los escritos penales, el abogado Silva califica de “chapuza legal” la economía colaborativa, a pesar de que ni Uber ni Cabify se definen como tal y sí encajarían en esta definición otras plataformas como Blablacar o Amovens.
El texto da por hecho el “propósito criminal” de los querellados, tanto Uber y Cabify como los tenedores de VTC
El uso de calificativos es muy común en este texto legal del exjuez, que asegura que “para escenificar, a nivel de marketing corporativo, esta falsa economía colaborativa, se disfrazó a muchos conductores como si de transportistas autónomos se tratase, ocultando así a los verdaderos partícipes en la trama delictiva (i), disminuyendo ostensiblemente los costes laborales (ii), estafando a los usuarios (iii), e instrumentalizando esta inmensa ventaja competitiva para arrasar ilícitamente al Taxi (iv)”.
Fuentes del mercado consultadas por este periódico aseguran que en los servicios jurídicos de Uber y de Cabify no hay gran preocupación por el recorrido que pueda tener esta querella en la Audiencia Nacional, pues están convencidos que no será aceptada debido a la escasa o nula argumentación jurídica de los delitos que presenta.
Los querellados
Estas son todas las personas incluídas en la querella contra el sector VTC.
Nicolás Guardans Bonet,Pedro del Corro García, Mark Walch David, José Luis López Schumer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos (todos ellos de Moove Cars).
Hugo Arévalo Álvarez-Arenas, Alexander Dentzel Zaryn, Marcos Fernandez Bernabé, Feliz Ruiz Hernandez, Bernardo Hernandez González, Miguel Ángel Peña Pérez, Felix Ruiz Ruiz Hernandez (Cibeles Comfort Cars).
José Maria Goñi Allet, Ángel Gutiérrez Alonso (Prestige and Limousine SL).
Juan Ignacio García Braschi (Vector y Tibus).
José Parrondo Rojo, Víctor Manuel López Menéndez, Nicolás Guardans Bonet, Manuel – Maria Puga Fernández, Rafael García Tapia Gonzalez Camino
Juan de Antonio Rubio (según la querella, en Vector), Juan Ortigüela Tellería (Ares Capital), Ramón Ortiguela Tellería.
Por último, se incluyen querellados de Uber tanto en España como en Países Bajos, la sede europea del gigante tecnológico:
Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty, Allendes Salazar Corcho, Cristina Moral Betere, Don Juan José Montero, Don Simon John Breakwell, Zachary de Kievit, Sujoy Kumar Haldar, Nial Fraser Was, Julien Pierre Jacques Cordonnier, Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty y Sébastien Serge Dupont, al que el abogado Elpidio Silva incluye en dos ocasiones con diferentes cargos.
Fuentes oficiales de Uber y Cabify han preferido no pronunciarse sobre esta querella.
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Vehículos de alquiler con conductor (VTC), en la avenida Diagonal / TWITTER
Manifestación de taxistas en Ibiza contra la competencia que ejercen las VTC, en una imagen de archivo. VICENT MARÍ
