Barcelona ha multado a 612 coches como los que utiliza Cabify en seis días. El ayuntamiento lleva impuestas 977 sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC) desde principios de años, con la falta de distintivo (31%) como principal causa de castigo.
Lo ha explicado el portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, después de mantener una reunión con la concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. El taxista y activista se ha congratulado por la labor de la Guardia Urbana.
612 multas en seis días
Los policías municipales han impuesto 612 sanciones entre los días 14 y 20 de este mes, y un total de 977 denuncias a VTC desde enero. El incremento de propuestas de multa se explica por el incremento de la actividad económica, según el consistorio.
El 31% de las denuncias interpuestas son por incumplir la obligatoriedad de llevar visible el distintivo que los acredita como vehículo con chófer. Otras infracciones están vinculadas a la vulneración de los días de descanso, captar pasajeros irregularmente con la geolocalización o saltarse los 15 minutos de precontratación.
Más controles en el aeropuerto
El incremento de la actividad sancionadora tiene lugar cuando los Mossos d’Esquadra también se han sumado a los controles para cazar infracciones en el sector de los VTC. Ocurrió hace unos días, como explicó este medio, cuando la policía catalana se desplegó en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para evitar vulneraciones de normativa.
En aquel momento, el cuerpo tildó de “rutinarios” los controles, aunque fuentes del sector del taxi confirmaron que han aumentado las inspecciones, una reivindicación histórica del taxi en los últimos años.
Un nuevo grupo de Telegram ha sembrado la polémica al señalar a taxistas que habrían aceptado trabajar con Uber en Barcelona. Fuentes del mundo del taxi atribuyen a Élite Taxi Barcelona la creación de este grupo, a modo de “lavado de cara” por haber aceptado reunirse con la empresa estadounidense para negociar su vuelta a la ciudad. No obstante, Élite Taxi ha negado que este canal de Telegram sea uno de sus canales oficiales. Este miércoles han vuelto a participar en una nueva reunión con Uber.
La posible vuelta de Uber a Barcelona continúa dividiendo al mundo del taxi. La polémica ha llegado a un nuevo nivel tras conocerse la creación de un grupo en la red social Telegram que tiene el objetivo de señalar a taxistas que hayan aceptado trabajar con la empresa estadounidense en la ciudad.
Este grupo de reciente creación tenía ayer por la mañana más de 300 miembros y se llama Traidores Taxi, aunque al principio se denominó Traidores Taxi Barcelona. La descripción pone que es un “canal exclusivo para mostrar a los nuevos traidores del taxi”. Fuentes del sector aseguran a elcierredigital.com que este grupo ha sido creado por Élite Taxi Barcelona. Sería algo especialmente llamativo, ya que esta asociación sindical aceptó reunirse con Uber el viernes pasado de cara a su posible vuelta a Barcelona.
No obstante, nuestras fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por las tensiones que han surgido en el sector a raíz de las conversaciones con Uber, declaran que precisamente, fueron éstas la causa de la creación de este grupo. Sería como un “lavado de cara” de Élite Taxi Barcelona ante las múltiples acusaciones que les tildan de traidores, recibidas del mundo del taxi y el “cambio en el discurso” del sindicato.
Estas fuentes aseguran que el grupo fue promocionado desde uno de los canales oficiales de Élite Taxi Barcelona. En concreto, habrían informado de él a través de un mensaje en el canal de difusión de noticias del sindicato, llamado Elite Taxi Bcn News.
Élite Taxi Barcelona lo niega
Por su parte, Élite Taxi Barcelona ha querido aclarar que el grupo “no pertenece a la asociación”. “Todas las posibles acciones que se hagan desde nuestra asociación siempre irán firmadas y difundidas por nuestros canales oficiales”, ha señalado en un comunicado. También ha añadido que «los grupos de trabajo que se están preparando para posibles medidas de presión contra Uber estarán supervisados y controlados” por miembros del sindicato “y no se permitirá bajo ningún concepto la violencia contra el amarillo y negro”./EL CIERRE DIGITAL
El Auto de 7 de junio de 2021 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona (disponible aquí) cae como un jarro de agua fría sobre los taxistas, puesto que, de extenderse su postura, veda a este colectivo la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva con sus deudas y a la vez mantener el taxi y la licencia para poder seguir ejerciendo su profesión.
El fallo obliga al profesional a vender su vehículo para pagar la deuda contraída, al tiempo que cuestiona que el taxi y su licencia sean “instrumentos” necesarios para el ejercicio de la profesión.Thanks for watching!PUBLICIDAD
Antecedentes
El caso parte de la solicitud de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) presentada a finales de 2019 por un taxista que había contraído deudas próximas a los cien mil euros. En junio de 2020 el juzgado consideró que cabía el perdón de su deuda y, simultáneamente, mantener la titularidad tanto del taxi como de la licencia, por ser bienes necesarios para el ejercicio de su profesión. Se concedía así una verdadera segunda oportunidad, que permitía redimir la cantidad debida y a la vez continuar con el ejercicio de su profesión habitual. Sin embargo, la resolución fue impugnada por una entidad bancaria, que consideró que ambos bienes (vehículo y licencia) debían ser “liquidados” (vendidos) y pagar la deuda con lo obtenido por ellos. Esta es la postura que finalmente ha sido aceptada por la Audiencia.
Se da la casualidad de que se trata, además, de una de las personas que más tiempo han pasado hospitalizadas por Covid-19, con una estancia que se prolonga desde el año pasado, sin haber recibido aún el alta.
Obligación de liquidación previa
Uno de los requisitos del BEPI es que el deudor liquide previamente sus bienes. Por ejemplo, si posee una segunda residencia, deberá venderla y pagar con ello la parte de la deuda que cubra ese valor, y el resto, o la parte del resto que no entre en el plan de pagos, será objeto de exoneración. No obstante, la doctrina concursal imperante desde la entrada en vigor de la Ley de segunda oportunidad prevé como excepción a la obligación de liquidar los bienes aquellos que por sus especiales características sean necesarios para el desarrollo de la actividad profesional o empresarial del deudor, que se denominan bienes afectos.
Postura de la Audiencia de Barcelona
En el caso del taxista al que se refiere esta resolución, el tribunal señala que “el conflicto se centra en determinar si el vehículo auto-taxi y la licencia de actividad de taxi, propiedad del concursado, son o no embargables”. La Audiencia Provincial entiende que son bienes embargables, esto es, se pueden liquidar y, por lo tanto, el taxista los debe vender para poder obtener el perdón de sus deudas.
Tanto la administración concursal como el juzgado mercantil consideraron en su día que ambos bienes eran bienes afectos por entender de forma analógica que procedía la aplicación del artículo 606.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que lo establece así para los bienes (“instrumentos”) necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.
Por el contrario, la Audiencia considera que se trata de bienes embargables, sin entrar en la consideración de bienes afectos, y obliga al taxista a liquidarlos para poder acceder a la exoneración de sus deudas.
Esta resolución se aparta de otros casos de segunda oportunidad en los que los tribunales venían permitiendo el perdón de las deudas de personas físicas sin privarles de la titularidad de bienes necesarios para su actividad, por ejemplo, camiones de camioneros o derechos de traspaso en bares y restaurantes. Y, además, no cabe interponer ningún recurso frente a ella.
De entre los argumentos que aduce la Audiencia para llegar a esa conclusión, destacan dos. En primer lugar, cuestiona que el taxi y su licencia sean “instrumentos” necesarios para el ejercicio de la profesión de taxista, acudiendo incluso a la definición que hace de ese término la Real Academia Española (RAE). En segundo lugar, alude a que la normativa procesal exige que los bienes afectos a la profesión tengan un valor que no guarde relación con la deuda contraída. Explica que en este caso “no son bienes de escaso valor, en relación […] con[el] pasivo reclamado de más de 100.000 euros. Lo cierto que si ese bien fuera realizado podría pagarse la totalidad del pasivo”. Sorprende también que todas las resoluciones que cita para ahondar en sus argumentos son muy anteriores a la Ley de Segunda Oportunidad, que nació en 2015.
Sin una segunda oportunidad
Para la letrada que ha defendido al taxista en concurso, Asunción Regol, es “soprendente” este giro de la Audiencia de Barcelona, tradicionalmente pionera en soluciones prodeudor en materia de segunda oportunidad. La abogada considera que, si esta va a ser la línea a seguir por parte de las resoluciones del tribunal, se están cerrando “de facto” las puertas de la segunda oportunidad para los taxistas.
En cuanto al primer argumento de la Audiencia, Regol señala que esta es la primera sentencia en materia de segunda oportunidad que obliga a liquidar la licencia a los taxistas. Hay otras resoluciones que, en cambio, (por ejemplo, en esta sentencia) indican que el taxi es “instrumento” necesario para la profesión de taxista.
Con respecto al segundo razonamiento, alerta de la inseguridad jurídica que puede acarrear esta resolución: ¿qué ocurriría si la deuda de su cliente fuese, por ejemplo, de 4 millones de euros? ¿Podría considerase que en ese caso el valor del taxi y su licencia sí se cumple el requisito de escasa cuantía frente a la magnitud de la deuda y no le obligarían a venderla?
En resumen, la letrada considera que esta sentencia generará mucha inseguridad jurídica sobre todo porque entiende que supone un giro de 180 grados a la posición mantenida hasta ahora por la jurisprudencia, que hacía prevalecer el mantenimiento de la actividad profesional o empresarial del deudor frente a la necesidad de liquidar los bienes para conseguir el objetivo final de exonerar las deudas.
REQUISITOS DEL BEPI
El BEPI es un procedimiento judicial en el que se nombra a un administrador concursal que lo guía y busca conseguir el perdón de las deudas de personas de buena fe. Se considera que lo son quienes no hayan cometido ciertos delitos económicos ni hayan sido declarados de mala fe, por ejemplo, por ocultar información sobre su situación financiera. El procedimiento comienza con un intento de mediación que, si no prospera, da paso a la solicitud de concurso (consecutivo) en el que, una vez liquidados los bienes del deudor, se solicita el perdón de las deudas. Una vez conseguido, el BEPI no puede volver a solicitarse hasta pasados diez años.
Los taxistas del área metropolitana de Barcelona sacaron ayer los codos y redoblaron su presión sobre sus competidores y las administraciones. Buena parte del gremio tiene a Cabify y Uber en su punto de mira, y confía en que las instituciones se pongan de su parte en ese conflicto que se agravará las próximas semanas. Más de mil vehículos bicolores protagonizaron la mañana de ayer otra marcha lenta por el centro de la ciudad, convocada por las principales asociaciones de profesionales de sector. El Ayuntamiento se comprometió a incrementar los controles de los coches de alquiler de con conductor, los VTC.
Porque aquella tensa calma que trajo la pandemia ya llegó a su fin. Durante meses unos y otros apenas encontraron clientes que disputarse. La caída de la demanda de viajes urbanos dejó todas las recaudaciones tiritando. Los taxistas se aburrían en la parrilla de la estación de Sants y los de Caify por los alrededores. Pero ya arrancó la desescalada, muy pronto bares y restaurantes abrirán hasta medianoche, a muchos franceses les encanta bajar a Barcelona a emborracharse los fines de semana… Y, no hace mucho, los taxistas, que aún están autorregulándose para no hacerse la competencia entre ellos, decidieron incrementar el número de coches en funcionamiento los fines de semana, y los de Cabify se pusieron unos nuevos cartelitos muy luminosos y vistosos ¡Todos quieren recuperarse cuanto antes de un año funesto!
Más de mil taxistas protagonizan otra marcha lenta de protesta por las calles del centro de Barcelona
De modo que, luego de dejar a Uber en jaque, los taxistas más combativos intensificaron sus hostilidades hacia Cabify. Acusan a esta empresa de incumplir de manera sistemática el decreto ley de la Generalitat que restringe la actividad los VTC. Dicen que Cabify no respeta la obligatoria precontratación con quince minutos de antelación, que sus coches circulan por las calles en busca de clientes, que en verdad tratan de funcionar como taxis, igual, aunque sea de una manera ilegal ¡incluso el cartelito luminoso y vistoso, añaden, contraviene el reglamento del taxi metropolitano!Lee también
La comitiva de taxistas encabezada por Alberto Álvarez, alías Tito , fue recibida en Sant Jaume por Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad, y Rosa Alarcón, edil de Movilidad y presidenta del Institut Metropolità del Taxi (Imet). Los concejales presentaron un balance de inspecciones a VTC: en el 2019 se abrieron 106 expedientes, en el 2020 hasta 135 y este año 22. La mayoría por circular por la ciudad en busca de clientes, como si fueran taxis. A los taxistas estos números se les antojaron ridículos. Batlle y Alarcón se comprometieron a mejorar la formación de los agentes a fin de incrementar los controles sobre las VTC ya en julio.
Y Uber permaneció esta vez en un segundo plano, al menos aparentemente. Pero en realidad nadie concitó nunca tanta unanimidad entre los taxistas como la multinacional de San Francisco. Siempre será el enemigo que batir. De modo que mientras discurría la marcha entre la plaza Espanya y la Via Laietana, una protesta que en verdad discurrió mucho más veloz que la anterior a finales de marzo, que trató así de paliar las molestias generadas a fin de no ganarse las antipatías de la ciudadanía, unos cuantos grupos de taxistas de Telegram y WhatsApp continuaron aireando las identidades de compañeros dispuestos a trabajar con la app de Uber y de empresarios que quieren que sus flotas de asalariados también lo hagan. El pasado lunes Uber denunció estas prácticas, y también a Álvarez –a su entender por promoverlas–, ante la Autoritat Catalana de la Competència (Acco).
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contratado los servicios del abogado que frenó a Uber y Cabify para salvar su plan hotelero. La primer edil de la ciudad pagará al letrado y catedrático de Derecho Administrativo José María Baño León para que rescate nuevas licencias en el Tribunal Supremo después de que el TSJC lo anulara por completo en 2019.
Según ha avanzado Crónica Global, se trata de un contrato menor de 12.705 euros para la preparación de los recursos de casación del Ayuntamiento. Estos son necesarios porque el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) fue derribado el año pasado.
FIN AL MERCADO DE VEHÍCULOS VTC
El abogado Baño León es socio fundador del despacho homónimo que vio la luz en 1992. Su gran victoria fue una sentencia del Tribunal Supremo en la que se blindó la proposición de una licencia de taxi por cada 30 vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que utilizan Uber y Cabify, en 2018.
El fallo, histórico porque ponía fin al mercadeo de permisos VTC, blindaba también la obligatoriedad de realizar el 80% de servicios en una única autonomía.
PLAN HOTELERO DE COLAU
Ahora Baño León se enfrenta a un reto complejo. Debe salvar mediante recurso de casación el Peuat, el plan hotelero impulsado por Ada Colau que limita las nuevas aperturas de alojamientos turísticos en Barcelona. El TSJC anuló el instrumento de planeamiento con argumentos hirientes para el Ayuntamiento. Detectó “falta de rigor”.
Los magistrados estimaron varios recursos contenciosos de hoteleros que, cuando se aprobó el Peuat en 2017, se quedaron sin poder abrir nuevos alojamientos. Dos años después, los jueces dejaron aquel cerrojazo en nulidad, ya que carecía de “cantidades precisas y concretas” en indemnizaciones a los hoteleros y una “evaluación económica lógica y ponderada”.
Hubo acuerdo. Después de días de tensión que alertaban de grandes movilizaciones de los taxistas durante la celebración del Mobile World Congress que se celebrará próximamente en Barcelona y que podían haber dejado sin transporte a sus asistentes, las amenazas se difuminan. Y es que la creciente tensión entre las autoridades y los taxistas que empezase hace una semana con el anuncio de que la Generalitat había impuesto una multa al líder del sector Alberto «Tito» Álvarez, han desaparecido tras el acuerdo firmado entre la propia Generalitat, la AMB y los representantes de la Cumbre Catalana del Taxi y que reconoce todas las exigencias de los taxistas.
Según el comunicado oficial hecho público por los representantes del taxi, las dos administraciones se han comprometido a hacer visibles los números de identificación de los vehículos VTC a partir de marzo, además de controlar el tiempo del inicio y finalización del servicio de las VTC mediante el registro electrónico, que también será eficaz para comprobar que las VTC’s que están estacionadas en la vía publica tienen servicio y no están propiciando la captación ilegal de viajeros. La Generalitat además, abrirá expedientes informativos periódicamente solicitando los registros de servicios a las empresas para corroborar que se cumplen los 15 minutos de pre-contratación comparándolos con el registro oficial y obligatorio de la Generalitat de Catalunya.
Los representantes del sector del taxi se han mostrado así muy satisfechos con los acuerdos y plazos a los que se han comprometido con ellos la administración, manifestado además que, al cumplirse con todas las exigencias, dejan de existir motivos para las protestas que ya se estaban organizando para el próximo mes de febrero.
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona entró en vigor en julio, agosto sirvió para informar a las empresas que a partir de septiembre se empezaría a multar.
Además, los datos que nos facilita el Instituto Metropolitano del Taxi, corresponden en la actualidad a más de 10 sanciones diarias a los vehículos VTC por inclumplimiento de la normativa vigente.
A pesar de que estos datos puedan parecer altos, la mayoría de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sobre todo los pertenecientes a la flota de Cabify, incumplen sistemáticamente la Normativa del Área Metropolitana de Barcelona.
El equipo de investigación de Timis Local News ha podido comprobar como en las principales áreas de influencia, como son las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona Josep Tarradellas, la Estación de Sants y los hoteles del centro de la ciudad, están estos vehículos estacionados sin que la Guardia Urbana actúe.
Y es que los taxistas nos advierten que hay una falta de agentes para estas cuestiones en particular, ya que aunque se hicieron en su día unos cursos de preparación a la Urbana, el número fue significativamente bajo.
LA OPERATIVA DE LOS VTC
En el video podemos comprobar los tremendos hechos ocurridos el dia 26 de septiembre en la Avenida de Vallcarca de Barcelona, cuando un vehículo de cabify estacionado en la via publica está siendo contratado con dinero en la mano por unos viandantes.
«Lo preocupante son las declaraciones que hace diciendo que lo que hace es legal por que la urbana no le dice nada, es la gota que a colmado el vaso, la administración tiene la norma en vigor desde mayo y la guardia urbana no aplica la norma dejando a las vtcs operar con total impunidad», indica un portavoz de Élite Taxi Barcelona.
«Creemos necesarias movilizaciones en los proximos dias para exigir que se cumplan las leyes que se consiguieron con el esfuerzo de muchas familias, damos la semana que viene a las administraciones de margen por si creen oportuno reunirse de urgencia con la Guardia Urbana, Mossos, Policia Local de El Prat y las asociaciones del sector».
Dejadez o falta de agentes de la Guardia Urbana para el control de los VTC
COMUNICADO ATC
2 de agosto de 2019
EN AGOSTO, EL PLAN DE DEFENSA JURÍDICA DEL TAXI CONTINUARÁ TRABAJANDO
En este comunicado queremos informar de los últimos movimientos de la piratería en los tribunales y de las acciones que, desde el Plan de Defensa Jurídica del Taxi, de ATC/ Antaxi, hemos emprendido:
Defensa del último reglamento del AMB contra los recursos que se han presentado
En esta ocasión las empresas de la piratería han variado su táctica y, en vez de presentar un único recurso contra el reglamento del AMB, han decidido presentar recursos por separado. El TSJC podria optar por unificarlos en un procedimiento, pero todavía no lo ha hecho. Ya sabemos que ha impuesto medidas cautelares sobre algunos artículos (el de 1 hora), pero, de momento, el reglamento se mantiene en pie y en plena vigencia. Veremos que decide finalmente el juez en cuanto a las diferentes denuncias y, en función de eso, tomaremos la decisión más adecuada para su defensa ante los tribunales.
De momento, lo que sí está claro es que el reglamento es vigente y que ha de ser el IMT quien se encargue hacerlo cumplir en la calle. Para ello dispone de Mossos, Guardia urbana y sus propios inspectores.
Solicitud de la piratería de ampliación del plazo de 4 años
Han solicitado la ampliación de la moratoria (que estableció el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central en septiembre 2018) de 4 a 7 años.
Aunque el RDL ya contempla la posibilidad de ampliar esa moratoria en 2 años (más uno) en concepto de “indemnización por tiempo”, a los piratas esto les parece poco y quieren, como hemos dicho, un plazo inicial de 7 años.
No hay que olvidar, además, que las solicitudes presentadas hasta la fecha son más de 12.000, es decir, prácticamente todas las concedidas a día de hoy.
En consecuencia, ANTAXI ha pedido al Ministerio de Fomento estar presente en cada una de estas solicitudes y poder verificar que cumplan con los requisitos exigibles en el RDL, pero Fomento nos ha negado el derecho a personarnos como parte interesada. En otras palabras, según Fomento l@s taxistas debemos pagar (a costa de una evidente pérdida de nuestros ingresos) esa “indemnización por tiempo” a la piratería, pero, en cambio, nos niegan las posibilidad de comprobar que la documentación presentada sea correcta y verídica. Ante este atropello y la sospecha del “pasteleo” que pueda haber entre despachos, vamos a presentar un recurso de alzada para parar el proceso hasta que podamos estar presentes.
Solicitud de 1.000 nuevas autorizaciones VTC en Catalunya
Recordemos como está actualmente la situación en Catalunya: Hay 4.000 concedidas. De esas, 2.000 están trabajando. 1.000 están “en suspensión” (eso quiere decir que no tienen coche asignado) y las 1.000 restantes están pendientes de “ejecución de sentencia”.
Con esas 4.000 se rebasa claramente el 1/30 y, aún así, recientemente, Vector Ronda ha hecho una petición de 1.000 autorizaciones más en Catalunya. Después de vender todas la que poseía.
Saben que es una petición que no se ajusta a Derecho. Todo el mundo conoce la sentencia del Tribunal Supremo (a instancias de ATC/ANTAXI, que fue la única asociación que no se retiró del proceso) a favor del taxi como servicio público y declarar el 1/30 y el 80/20 como proporciones válidas en el ROTT para preservar el sector del taxi frente a las vtc. Así como los dos decretos del Gobierno central: el conocido como “decreto de la Serna” (que elevó a rango de ley el 1/30 y el 80/20, a partir de abril del 2018). Y el “decreto Ábalos” que, aún concediendo a la piratería esa funesta moratoria, determina que, una vez termine el plazo, las vtcs no podrán realizar servicios urbanos sin permiso de las autonomías o los ayuntamientos.
¿Por qué, a sabiendas de que es una petición no legal, la han hecho? Desde ATC no tenemos ninguna duda: se trata de una provocación, cuyo único objetivo es presionar a la Administración y lanzar una nueva e insidiosa campaña de publicidad para presentarse como mártires y perjudicados. La piratería pretende llevar de nuevo el 1/30 a los juzgados para tratar de tumbarlo de una vez por todas … ¡¡¡ No se lo vamos a permitir !!!
Está claro que el 1/30 es el único obstáculo que impide a la piratería acabar con el taxi, ellos lo tienen muy presente, la administración también y para ATC es del todo imprescindible continuar defendiéndolo, por ello no vamos a dejar de seguir luchando por mantener y recuperar esa proporción, a pesar de que otros se encarguen de decir que es imposible.
Estaremos, pues, muy pendientes de todo este entramado. ¡No os quepa ninguna duda!
Queremos recordar que el Plan de Defensa Jurídica del Taxi que impulsamos desde ATC/ANTAXI no pretende crear lobbies, ni interceder por los intereses particulares de nadie. Su objetivo es defender jurídicamente a tod@s l@s taxistas de este país, defenderlos como colectivo, defender el taxi público y el derecho de la ciudadanía a la movilidad y a unas tarifas reguladas. Estaremos presentes en todos aquellos procesos y actos judiciales en los que sea necesario defender la legalidad y la aplicación del 1/30. Para poder mantener esos objetivos hacemos una aportación mínima y voluntaria de 10 euros por taxista.
Finalmente, solo un deseo: mucha felicidad a tod@s aquell@s que, ahora en agosto, hagáis vuestras merecidas vacaciones y mucha suerte y ánimos a l@s que continuéis trabajando.
La plataforma presenta un recurso para parar el ‘cerrojazo’ de Ada Colau a los VTC, que entra hoy en vigor sin la precontratación de 60 minutos
15.07.2019 11:01 h.5 min
Cabify ha perdido un 53% de clientes en Cataluña por las trabas que le están imponiendo la Generalitat de Cataluña, por un lado, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por el otro. La plataforma ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para desactivar el reglamento de explotación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que entra hoy en vigor en los 36 municipios de la conurbación de Barcelona más la ciudad condal.
En el escrito, al que ha tenido acceso este medio, la tecnológica alerta de que “desde que se encuentra vigente la obligación de que transcurra un intervalo mínimo de precontratación de 15 minutos entre la contratación del servicio ofrecido por Prestige –participada de Cabify— y el inicio del primer trayecto, la capacidad de captación de nuevos usuarios de la compañía ha disminuido un 53%”. Para ilustrarlo, la intermediaria de transporte aporta cifras. En septiembre de 2018, antes de la reglamentación, presentaba 19.184 nuevos usuarios registrados. La cifra alcanzó las 22.479 nuevas altas en diciembre del mismo año. En junio de 2019 el guarismo ha caído a 13.565, con batacazos como el del mes de marzo —tras la aprobación de los 15 minutos por parte del Govern— cuando apenas 6.289 nuevos clientes se registraron en la app en Cataluña.
Caída adicional del 70%
En el escrito presentado ante el TSJC, la plataforma avisa de que si entra en vigor el reglamento del AMB el crecimiento de la base usuarios disminuiría un 17%. Habría también un descenso del 70% en los ingresos de la compañía. Ello es así porque uno de cada cinco usuarios de Cabify, aproximadamente, inician su primer trayecto entre el minuto 15 y el 60 posteriores a su registro en la intermediaria de transporte. Si bien esa precontratación ha sido suspendida cautelarmente por el TSJC, el resto del reglamento sigue en vigor. Precisamente, la cláusula que fija días de descanso obligatorios, aún en vigor, también dañaría la actividad de la operadora. Advierte la app que recortaría un 50% sus ingresos y obligaría a despedir a 43 personas.
Asimismo, Cabify preve un grave impacto sobre la plantila de 71 personas que emplea Prestige; los 23 que están en nómina de Fumages; los 22 que trabajan para VCP; lo 8 de Proinvertia y los 20 de RTB, todas ellas colaboradoras. Su personal, pues, “se vería igualmente en un evidente y grave riesgo de perder sus puestos de trabajo de entrar en vigor el reglamento”, razona la tecnológica.
Reglamento a medias, en vigor
El escrito de Cabify entrado al TSJC viene formado por Ángel Quemada, del bufete Quemada y decando del Colegio barcelonés de Procuradores de los Tribunales. El recurso ha sido dado a conocer el día en el que ha entrado en vigor el reglamento metropolitano de explotación de los VTC que aprobó el Área Metropolitana a cinco días de las elecciones. Si bien la instancia judicial ha desactivado el núcleo de la norma, la obligatoriedad de precontratar con 60 minutos de antelación, las cláusulas menores continúan. Éstas imponen obstáculos menores pero igualmente gravosos para Cabify —Uber se retiró de Barcelona cuando el Govern aprobó el primer límite de precontratar con 15 minutos de antelación en febrero– como la prohibición de geolocalizar; la de captar a pasajeros en la calle, días de descanso obligatorios y turnos acotados para los conductores.
Cabe recordar que el reglamento metropolitano fue una exigencia del colectivo de taxistas al AMB, que preside aún la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los conductores consiguieron que la institución supramunicipal impusiera más trabas a Uber y Cabify tras el decreto del Govern que obligaba a las apps a precontratar con 15 minutos de antelación. Votaron a favor Entesa (Barcelona en Comú), CUP y el PSC. En contra, Ciudadanos y PP. Junts per Catalunya y ERC se abstuvieron.
El TSJC suspende de forma cautelar la precontratación de 60 minutos impuesta por la AMB para los vehículos VTC
Revés a Ada Colau en su guerra contra las compañías de coches que compiten con el taxi, las VTC, representadas en su mayoría por Uber y Cabify. En mayo, a las puertas de las elecciones municipales, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa de la capital catalana, aprobó la norma que fija en una hora el tiempo de precontratación de estos servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido varios artículos de ese reglamento de forma cautelar.
El TSJC también suspende el registro electrónico de la AMB, a través del cual las empresas VTC tienen que comunicar los servicios que tienen previstos prestar acreditando su contratación previa. El tribunal ha actuado tras la petición de las medidas cautelares que ha hecho Luxury VTC. La entrada en vigor de este reglamento estaba prevista para este 15 de julio.
Élite Taxi: “Calma, recurriremos”
Élite Taxi, la organización que ha liderado la lucha contra Uber y Cabify en Barcelona, pide calma al sector y anuncia que sus abogados ya trabajan en el recurso, que tienen que presentar antes de la tarde del jueves. En este sentido, pide “unos días” para analizar la situación y recuerda que “hay muchas más medidas que no han suspendido”.
El reglamento salió adelante con los votos favorables de Barcelona en Comú, PSC y la CUP, las negativas de PP y Cs y las abstenciones de JxCat y ERC, a pesar de la oposición de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Antes, en febrero, la Generalitat ya publicó unas medidas para regular el sector, y fijó en 15 minutos el tiempo obligatorio de precontratación de los VTC, un periodo que podían ampliar los ayuntamientos de la AMB. Así lo hizo Barcelona.
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