El presidente ha decidido abrir una segunda consulta pública
Las conclusiones preliminares -conocidas este viernes- del informe de la CNMC sobre la llamada economía colaborativa -que afecta a empresas como Uber, BlaBlaCar o AirBnB-, fueron rechazadas por la mayoría de consejo del multirregulador en su reunión de finales de febrero. El presidente, José María Marín, decidió hacer públicas sus conclusiones a favor de la desregulación total de sectores como el del taxi y abrir una segunda consulta ciudadana sobre sus primeras conclusiones.
El informe sobre la economía colaborativa ha profundizado un poco más en la división que existe en la CNMC entre su presidente, José María Marín Quemada, y parte del consejo del regulador. Según explican fuentes conocedoras de la situación, la mayoría del consejo se negó a dar su visto bueno en la reunión de febrero a las conclusiones del informe, que recomienda evitar cualquier prohibición al uso de la llamada economía colaborativa en sectores como el del taxi o el turismo. En definitiva, liberalizar al máximo estos dos sectores y no poner barreras a su uso.
«El informe no se llegó a votar. Hubo bastante deliberación interna sobre el tema y una mayoría de consejeros se mostró en contra de las conclusiones del estudio y, en consecuencia, no se votó», explican estas fuentes. Un portavoz del consejo ha explicado que «el informe se subió al pleno solo para que los consejeros conocieran cómo iban los trabajos. No se votó nada y solo tres consejeros de diez opinaron sobre el tema. Lo que se decidió fue abrir una segunda consulta pública para enriquecer aún más el texto».
José María Marín, presidente de la CNMC, decidió en noviembre de 2014 iniciar un informe sobre la economía colaborativa ante el auge de este tipo de consumo basado en compartir servicios. Competencia abrió una primera consulta pública, como han hecho en otros países de nuestro entorno -Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Holanda…- e incluso la propia Comisión Europea, que acabó en enero de 2015. Algo más de un año después, en la reunión del consejo de finales de febrero, se elevó al pleno el informe con las primeras conclusiones.
En esa reunión, los consejeros críticos fueron mayoría. «Es un tema delicado. Se planteron dudas sobre el rigor del estudio y sobre si no estaban sesgadas las conclusiones«, aseguran fuentes conocedoras del debate. «Un informe que regula una actividad como ésta tiene que ser muy riguroso y parece que éste está orientado hacia la máxima liberalización. Por ejemplo, habla de la total liberalización del taxi, eliminando las tarifas reguladas, pero solo hay un país en el mundo que lo haya hecho así. No se puede eliminar las tarifas reguladas totalmente», explican.
No hay diferencias
De acuerdo con un portavoz de la CNMC, no hay diferencias de fondo en el pleno. «El informe va en la misma línea de otras resoluciones que ha tomado el consejo por unanimidad. Por ejemplo, el consejo sin fisuras decidió impugnar las ordenanzas municipales de los ayuntamientos deCórdoba y Málaga por restringir la competencia en el sector del uso compartido del coche. Y es el mismo argumento por el que se impugnó una resolución de la Comunidad de Madrid queprohibía alquilar viviendas para uso turístico por menos de cinco días. Y también se impugnó una norma del Gobierno de Canarias que prohibía el alquiler de viviendas en zonas de interés turístico. No hay división porque la línea general es que no se le puede poner puertas al campo«, asegura.
Entre los críticos se asegura que lo que ha llegado a la opinión pública es que Competencia quiere liberalizar estos dos sectores y que pide el fin de las tarifas del taxi. «Y eso no es así. Se han dado a conocer unas conclusiones que quedan como fijas pero en realidad no han sido apoyadas por el consejo. El informe es poco riguroso y, por ejemplo, no están añadidas las alegaciones de muchas asociaciones profesionales del sector«, explican.
Consejo dividido
El rechazo del pleno a este informe es un capítulo más de las diferencias que existen en el seno de Competencia desde hace tiempo. Esas diferencias se traducen en votos particulares del bando crítico -liderados por la vicepresidenta, María Fernández- a los informes que presenta el bando del presidente. La propia vicepresidenta emitió un voto particular contra el informe sobre el mercado mayorista de carburantes elaborado por el regulador.
Otros dos consejeros, Fernando Torremocha y Benigno Valdés, dos de los cinco consejeros que forman la Sala de Competencia -presidida por Marín Quemada-, emitieron votos particulares contra la resolución del organismo de multar a las grandes petroleras por pactar precios. En la otra Sala, la de Regulación -que preside María Fernández-, los más críticos son los consejerosEduardo García Matilla y Diego Rodríguez.