Diego Moreno Jiménez, alías Anchoa o Mario, era uno de los más hábiles en dar palizas, romper huesos, someter a vejaciones durante días a sus víctimas (generalmente integrantes de mafias rivales) y hasta sacar ojos. Diego Moreno Jiménez es uno de los delincuentes más buscado por Europol en toda Europa y esta mañana el Ministerio del Interior ha lanzado un aviso asegurando que podría estar en España.
Diego Moreno formaba parte de la banda de ‘Casper‘, el mayor criminal de España que en la década de los 90 dio un golpe nunca visto hasta entonces. En la cerrada madrugada del 2 de enero de 1997, Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, Diego Moreno Jiménez, alias ‘El Anchoa’ o ‘Mario’, Erick Ferrer Pérez (hombre de confianza del capo valenciano) y Jesús Rodríguez Galán alias ‘El Patas‘, perforaron como si fueran mantequilla paredes, muros blindados y corazas de cajas fuertes del edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Valencia. Inutilizaron todos los sistemas de grabación y alarma para llevarse un codiciado tesoro: más de 100 kilos de cocaína y 50 de piperonal de las instalaciones estatales destinadas a custodiar la droga incautada a las bandas de narcotraficantes, según constaba en el escrito de acusación.
Diego Moreno, el líder de la trama valenciana, está en busca y captura desde entonces. La Fiscalía lo incluyó en su día en su calificación como «procesado rebelde», mientras las Fuerzas de Seguridad lo tienen incluido en su lista de fugitivos más buscados. El ministerio público pone sobre su cabeza una petición de pena de 39 años de cárcel.
La ristra de delitos de los que les acusa el fiscal incluyen media docena de secuestros y tráfico de drogas. Tanto el líder de la mafia valenciana como su lugarteniente y ‘El Patas’ apoyaron a ‘Cásper’ en uno de los golpes más viscerales de la organización criminal: el secuestro de otro narco en Algeciras para ‘volcarle’ 211 kilos de cocaína, además de reclamarle una deuda de 450.000 euros. Al sujeto, que consta en la causa como testigo protegido, le hicieron mil y una perrerías. Entre ellas, cortarle el dedo pulgar de un pie con un machete.
Ahora, el Ministerio de Interior pide de nuevo colaboración ciudadana para localizar a Diego Moreno, del que se cree que podría estar de nuevo en España.
La Federación Sindical del Taxi, ha mantenido una reunión con responsables de la Policía Nacional para trasladar la inquietud sobre los últimos actos vandálicos y robos contra Taxis en Valencia las últimas semanas, además poder conocer de primera mano la realidad sobre la noticia de una detención relacionada con todo esto.
Nos comunican que efectivamente ha existido una detención de un joven de 18 años con antecedentes policiales, que estaba intentando forzar un taxi estacionado en la zona de Primado Reig y que se le imputan otros 19 actos similares denunciados en el último mes, en la misma zona, con el mismo “modus operandi” y en la misma franja horaria.
Les hemos trasladado que posteriormente a la noticia de esta detención se ha dado algún caso más similar a este, además de otros muchos en otras zonas de Valencia, cosa que se han tomado nota para seguir con las investigaciones.
Indicaciones importantes de la Policía Nacional:
Denunciar con urgencia cualquier acto vandálico o robo, en las dependencias de Policía Nacional.
Descargar la APP “Alert Cops” (esta APP puede ser muy efectiva en caso de que nos sintamos amenazados, ya que incorpora un servicio de geolocalización a través de nuestro Smartphone) que agiliza el tiempo de reacción de los Cuerpos de Seguridad en comparación a hacerlo por otro medio.
Rosauro Varo, Zaryn Dentzel, Félix Ruiz, Bernardo Hernández, Hugo Arévalo… son algunos de los inversores y emprendedores tecnológicos que amasan una fortuna en licencias de Uber y Cabify
De izq. a dcha.: Félix Ruiz (exTuenti), Bernardo Hernández (exGoogle), Rosauro Varo (exPepephone) y Zaryn Dentzel (exTuenti). (Montaje: Enrique Villarino)
Decretazo. Rescate. Ley anti Uber. Blindaje al taxi… Se le ha llamado de todo. El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales del mes pasado ha generado un cisma en el sector que aún colea. Algunas asociaciones mayoritarias del taxi (cómo Élite, en Barcelona) cargan contra otras (Fedetaxi, en Madrid) por aliarse con las “cucarachas” de las VTC. Y en este bando, Cabify y Uber también han acabado enfrentándose al pedir el primero que las cosas se queden como están y el segundo todo lo contrario, la plena liberalización. No está claro qué bando saldrá más beneficiado a largo plazo, si el taxi o las VTC, pero sí quién ha salido ganando de inmediato con la polémica normativa del Gobierno: una lista muy selecta de inversores millonarios.
Durante los últimos dos años se ha producido una auténtica orgía financiera de creación de sociedades, compras, ventas y cambios accionariales con un solo objetivo: posicionarse mejor que nadie en la gestión de licencias VTC para operar con Uber y Cabify. Empresarios e inversores vieron en esta actividad un filón millonario. Y no se equivocaron. El sector ha quedado ahora repartido entre cuatro grandes empresas con un puñado de accionistas de lujo, aunque todo empezó con un hombre: Juan Ortigüela Tellería.
Cuenta atrás para el Gobierno: Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC
Fomento ha esperado tanto a resolver el conflicto del taxi que ahora se encuentra con un problema: 30.000 licencias VTC que podrían entrar en vigor por una carambola judicial
Este empresario malagueño del transporte fue el primer ‘visionario’ en hacer caja. Presidente y propietario de Ares Capital junto a su hermano Ramón, llegó a acumular un total de 4.000 licencias VTC con un valor de entre 50.000 y 60.000 euros cada una que vendió a comienzos de este año al fondo King Street Capital. Es decir, entre 200 y 240 millones ingresados de un plumazo, el mayor ‘pelotazo’ hasta la fecha. Sirvió para que King Street entrara a funcionar a través de la empresa Moove Cars, que ya se ha convertido en el mayor operador de permisos VTC en España y ha espoleado al resto a mover ficha y configurar el actual puzle de sociedades.
Es un entramado en el que compiten desde exjefes del taxi a los fundadores de Tuenti y a los que el Gobierno ha acabado protegiendo de rebote con su decreto ley, saltándose incluso al Supremo y a su esperada sentencia liberalizadora que ahora quedaría sin efecto.
No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado
“No lo voy a negar, estábamos acojonados. Si hubiera habido liberalización el valor de las licencias se habría desplomado. También es verdad que contábamos desde hace meses con que el Gobierno aprobara esa ley. Se había comprometido a proteger al taxi y la única forma era con una normativa que, de paso, protegía nuestra inversión. Todos contentos”, explica a Teknautas uno de los directivos clave del sector que exige anonimato para hablar. Y tan contentos: solo el valor estimado total de esas licencias VTC ronda los 450 millones de euros. ¿De dónde sale la cifra?
Juan Ortigüela y su negocio de las licencias VTC. (EC)
Existen en total de 10.000 permisos en manos de los que ahora son los cuatro mayores operadores: Moove Cars (5.000 VTC), Auro New Transport Concept (antes Gestaxi, con 2.500), Vector Ronda (1.500) y Cibeles (1.000). La mayoría aún no están operativos a la espera de flecos administrativos, pero lo estarán a lo largo del año. El valor de cada permiso en Madrid y Barcelona puede llegar a los 60.000 euros. En otras comunidades las diferencias son abismales: desde Asturias o Galicia, donde una licencia VTC puede costar solo 5.000 euros hasta los 200.000 de Ibiza.
“Fuera de Madrid y Barcelona nosotros trabajamos con una media de valor cercano a los 30.000 euros por título”, asegura un inversor del sector. El dato lo corroboran otras fuentes consultadas. A nivel agregado, por tanto, se estima que la mitad de las 10.000 licencias en juego valen ahora esos 60.000 euros, mientras que el resto, de media, rondaría los 30.000. O lo que es lo mismo: las cuatro compañías que ahora controlan los Uber o Cabify en los que viajas se reparten un pastel que, solo en licencias, asciende a 450 millones de euros.
Banqueros y los exTuenti, a por las VTC
Moove Cars ha sido el último operador en consolidarse y aspira de hecho a ser el gigante de las VTC. Su gran baza: 5.000 permisos (4.000 comprados a Ortigüela y 1.000 a través de otras transacciones) que operará casi de forma exclusiva con Uber. Detrás de la empresa se encuentran hasta nueve accionistas, entre ellos algunas de las principales fortunas de nuestro país, como su presidente Jaime Castellanos, presidente en España del banco de inversión Lazard, expresidente de Recoletos y Vocento y cuñado del fallecido Emilio Botín.
Junto a Castellanos, otros empresarios de negocios tradicionales y ajenos al mundillo tecnológico han entrado en Moove. Destaca Juan María Riberas Mera, consejero delegado del gigante del acero Gonvarri (entre los 100 más ricos de España) y Pedro del Corro y Álvaro Garteiz, directivos del fondo de inversión Torreal, propiedad de la familia Abelló. Con este músculo financiero y el apoyo del fondo King Street Capital, Moove espera llegar en los dos próximos años al 20% de cuota de mercado y a unos 10.000 empleados.
La competencia directa, curiosamente, les llega de algunas de las ‘fortunas tecnológicas’ más destacadas del país: Zaryn Dentzel (fundador de Tuenti), Félix Ruiz (fundador de Tuenti y presidente de Jobandtalent), Hugo Arévalo (inversor en Tuenti, Hawkers o Cabify) y Bernardo Hernández (exGoogle, exYahoo, antiguo presidente ejecutivo de Tuenti y cofundador de Idealista). Estos inversores y emprendedores se han asociado durante el último año al exjefe del taxi, José Antonio Parrondo. Presidente de la Asociación Gremial del taxi de Madrid entre 2007 y 2009, Parrondo fue desde entonces solicitando y adquiriendo permisos VTC hasta conseguir unos pocos cientos que le sirvieron para atraer inversión y seguir creciendo.
El exministro de Energía, Turismo e Industria, José Manuel Soria, conversa el fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, en un encuentro en 2014. (EFE)
Considerado entre los taxistas como un “traidor” y un “especulador”por saltar de dirigente del taxi al enemigo, a empresario de las VTC, Parrondo participa ahora en múltiples sociedades que poseen y gestionan permisos para operar con Uber y Cabify. La mayor es Auro New Transport Concept (antes Gestaxi), que posee 2.500 licencias. En ella Parrondo es presidente y consejero delegado pero, según fuentes conocedoras del reparto accionarial, no es el principal dueño. Félix Ruiz y Hugo Arévalo cuentan con el 15% cada uno, Zaryn Dentzel el 12% y el resto de socios participaciones inferiores.
Cibeles, con 1.000 licencias VTC en su poder, es la otra sociedad en la que Parrondo figura como presidente. En ella también participan, además de Félix Ruiz, Hugo Arévalo y Zaryn Dentzel, Bernardo Hernández y el inversor Aquilino Peña a través del fondo Kibo Ventures. Igual que ocurre en Auro, Félix y Hugo son los dos principales socios. Consultados por este periódico, algunos accionistas de Auro y Cibeles prefieren no hablar ni que nadie les vincule a esta actividad.
Bernardo Hernández, expresidente ejecutivo de Tuenti y cofundador de Idealista, también invierte en el negocio de las VTC. (Foto: Pablo López Learte)
“Invertí en licencias VTC como podía haber invertido en pisos en París. En serio, prefiero no comentar nada del tema“, señala uno de los inversores contactados. “Vimos un negocio muy bueno, con unas rentabilidades altas y decidimos probar. La idea es seguir en ello a largo plazo”, explica Félix Ruiz a Teknautas, quien niega tener una de las participaciones más amplias en Auro y Cibeles o que ambas dispongan de hasta 3.500 permisos. Otros accionistas de ambas sociedades consultados confirman, sin embargo, tanto el reparto accionarial como el dato de licencias VTC.
De vender Pepephone a aliarse con Cabify
El cuarto jugador en discordia no es menos poderoso: Vector Ronda. Constituida en 2015 como filial de Cabify (participada a su vez por el fondo Seaya Ventures, con Beatriz González al frente, hija del presidente del BBVA), recibió una potente inyección de capital a finales de 2017 procedente de GAT Inversiones. El fondo, controlado por el exdueño de Pepephone, Rosauro Varo, y su socio Pablo Ferré, aportó en total 30 millones de euros y Cabify 20. Se creaba así otro de los competidores de referencia que aspira a dominar el sector de las VTC en España.
Junto a Varo y Ferré, socios mayoritarios, Juan de Antonio (fundador de Cabify) y Juan Ignacio García (director financiero de Cabify) son los otros dos accionistas indirectos clave en Vector a través de Cabify. La compañía cuenta ahora mismo con 1.500 licencias que pondrá paulatinamente en marcha este año con una ventaja: el 75% de las mismas son para operar en Madrid y Barcelona, las ciudades con mayor demanda. Moove Cars está justo en el otro extremo, la mayoría de sus licencias son para operar en otras CC.AA. con menor tirón y, por tanto, tienen menos valor.
Rosauro Varo y su mujer Amaia Salamanca. (Gtres)
En total, y según datos de Registro Mercantil y facilitados por hasta 10 fuentes consultadas, 26 accionistas controlan el total de estas cuatro sociedades cuyas 10.000 licencias suman de forma agregada un valor de 450 millones de euros. A ellas hay que añadir múltiples empresarios que poseen pequeñas cantidades de licencias listas para vender y operar. Uno de ellos es Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de las empresas de VTC, que cuenta con 250 permisos valorados en más de 12 millones de euros.
Todos ellos son, en definitiva, los verdaderos ganadores del ‘decretazo’ del Gobierno, que ha protegido no solo el valor de los permisos, también la actividad diaria que genera una enorme rentabilidad.
“Por cada coche que operamos obtenemos limpios cada mes entre 1.000 y 1.500 euros. Eso es una vez descuentas todos los gastos: sueldos a conductores, comisiones a Uber y Cabify, seguros… todo. No está nada mal”, dice uno de los inversores consultados. Otro, perteneciente a una compañía rival, coincide: “Esos son exactamente los números que barajamos, una rentabilidad media de unos 1.250 euros en Madrid y Barcelona. En otras comunidades la cifra baja mucho pero, por poner una media, creo que estaría entre los 700 y 800 euros”.
¿Por qué nos tenemos que justificar? Somos inversores que nos estamos jugando el patrimonio. Es lógico que un Gobierno quiera apoyarnos
Traducido: para una firma como Vector Ronda, con 1.500 licencias, el 75% de las cuales se ubica en Madrid y Barcelona, esto significa una rentabilidad neta de unos 20 millones de euros anuales. De forma agregada, se estima que los cuatro operadores de VTC generarán muy pronto unos beneficios netos anuales de más de 115 millones de euros. ¿Negocio redondo? “A ver, sí, es jugoso, pero tampoco nos ha tocado la lotería. Si tienes en cuenta que las licencias nos han costado entre 50.000 y 60.000 euros cada una, al final estás hablando de un margen anual de entre un 20% y un 25%. No está mal, pero tampoco es para volverse loco dada la incertidumbre jurídica”, explica uno de los inversores consultados.
Protesta del taxi contra Uber y Cabify el pasado noviembre. (Reuters)
Esta misma fuente señala a quien de verdad cree que ha dado un “pelotazo” y “especulado” con las licencias VTC, igual que ocurrió en su momento con el taxi: Juan Ortigüela y José Antonio Parrondo. “Ellos han obtenido licencias al precio administrativo, 32 euros, y las han vendido luego a 50.000 y 60.000 euros. Son especuladores natos y han manchado al resto del sector. Ahora todo el mundo cree que los que hemos entrado más tarde hacemos lo mismo. No es cierto. Hemos comprado a esos precios tan elevados y ahora buscamos obtener una rentabilidad. Y crear empleo. ¿Por qué nos tenemos que justificar? Somos inversores profesionales que nos estamos jugando el patrimonio en esto. Es lógico que el Gobierno quiera apoyarnos”.
¿Tanto como para saltarse al Supremo ante una más que posible sentencia liberalizadora? “Esa liberalización solo interesaría a Uber. A nadie más. Van diciendo que si eso ocurre bajarían los precios hasta un 30% y ganaría el consumidor. Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los sueldos de los conductores? ¿También los bajarán un 30%? ¿Y la seguridad de los coches?”, señala un inversor. “El Gobierno tenía que proteger al taxi y resulta que la mejor forma de hacerlo nos beneficiaba a nosotros también”, explica otro accionista consultado. “Nos arriesgamos, y ganamos”.
Fue sorprendido por la Policía cuando forzaba un vehículo con una palanca en el distrito de Exposició
Ep/Ed | València 07.05.2018 | 11:01
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Exposició de València a un joven de 18 años, de origen español, cuando intentaba robar en el interior de un taxi estacionado en la calle. Al acusado se le imputan otros 19 hechos más, todos ellos ocurridos en ese distrito y en similares circunstancias, según han informado fuentes policiales de la Jefatura Superior de Policía de València.
Los hechos se produjeron a las dos de la madrugada, cuando los agentes que realizaban labores de prevención observaron a un joven en actitud vigilante caminando entre los vehículos estacionados en la vía pública.
El joven, que no dejaba de mirar hacia las ventanas de los vehículos, se paró al lado de la ventanilla de un taxi y sacó de la bandolera que portaba una palanca con la que, al parecer, fracturó la ventanilla. En ese momento, los agentes le dieron el alto ty el joven se dio a la fuga, siendo alcanzado a los pocos metros por los policías.
Los agentes lo cachearon y le intervinieron en el interior de la bandolera un destornillador, una linterna, un mechero y los guantes que llevaba puestos, por lo que fue detenido como presunto autor de un robo con fuerza en interior de un vehículo.
Una vez en dependencias policiales, los agentes comprobaron que en el último mes se habían producido varios robos con fuerza en la misma zona, todos ellos a vehículos taxi y en la misma franja horaria (últimas horas del día y primeras de la madrugada), por lo que, atendiendo al “modus operandi”, se le imputan otros 19 hechos más.
Los robos se producían todos en la misma zona y en una franja horaria muy determinada, entre las últimas horas del día y las primeras de la madrugada, en el interior de taxis en los que el ladrón fracturaba la ventanilla del conductor o apalancaba la propia puerta para llevarse los objetos del interior. El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.
Los precarios digitales están en el centro de la polémica.Las ocupaciones surgidas a raíz de lo que en un principio se llamó economía colaborativa han degenerado en un nuevo estamento de trabajadores sin derecho a reclamar nada a su empresa simplemente porque esta no le considera un empleado.Las inspecciones de trabajo de Valencia y de Madrid han anunciado multasa la compañía de reparto de comidasDeliveroo por falseamiento de la figura del autónomo. Y las de Barcelona y Zaragoza se preparan para hacer lo mismo. Pero el debate en torno a la depauperación de las relaciones laborales subió un escalón esta semana después de que se hiciera público que Glovo obligará a sus nuevos repartidores a pagar una tarifa de dos euros cada 15 días.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
Marita Rancé, directora de Legal de Glovo, niega que se haya producido ningún cambio importante. Sí admite en cambio que en un continuo proceso “de prueba y error” han decidido que, al igual que las tiendas que distribuyen sus mercancías a través de su empresa, los ciclomensajeros también deberán contribuir a financiar “con un precio simbólico” la plataforma tecnológica. “Es una medida de negocio que tiene todo el sentido para todos aquellos players que obtengan ingresos gracias a nuestra plataforma”, se justifica Rancé en conversación telefónica con este periódico. La empresa asegura que nueve de cada diez glovers dicen estar satisfechos con su relación laboral.Una visión diametralmente opuesta tienen en UGT, sindicato que ha denunciado a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats por hacer uso de una “relación laboral encubierta”, es decir, disfrazar de autónomos lo que en realidad son empleados de toda la vida. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, explica la decisión de Glovo no solo como una medida para ingresar más, sino sobre todo como un intento de buscar fórmulas con las que argumentar que son meros intermediarios y no empleadores. “Es la misma estrategia de otras plataformas digitales, que tratan de resituarse tras verse acorraladas por las inspecciones de trabajo”, asegura Pino.Glovo no está sola. UGT denuncia que Ubereats también se queda con un 10% de los 20 céntimos que paga a sus repartidores por kilómetro recorrido. A esta cantidad hay que quitar el 21% de IVA y el pago de autónomos, insiste el sindicato. “Además, también le cobran 90 euros por la mochila. Es decir, las plataformas aducen que no tienen nada que ver con los repartidores, pero estos tienen que ponerlo todo”, ironiza Pino.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
Marita Rancé, directora de Legal de Glovo, niega que se haya producido ningún cambio importante. Sí admite en cambio que en un continuo proceso “de prueba y error” han decidido que, al igual que las tiendas que distribuyen sus mercancías a través de su empresa, los ciclomensajeros también deberán contribuir a financiar “con un precio simbólico” la plataforma tecnológica. “Es una medida de negocio que tiene todo el sentido para todos aquellos players que obtengan ingresos gracias a nuestra plataforma”, se justifica Rancé en conversación telefónica con este periódico. La empresa asegura que nueve de cada diez glovers dicen estar satisfechos con su relación laboral.Una visión diametralmente opuesta tienen en UGT, sindicato que ha denunciado a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats por hacer uso de una “relación laboral encubierta”, es decir, disfrazar de autónomos lo que en realidad son empleados de toda la vida. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, explica la decisión de Glovo no solo como una medida para ingresar más, sino sobre todo como un intento de buscar fórmulas con las que argumentar que son meros intermediarios y no empleadores. “Es la misma estrategia de otras plataformas digitales, que tratan de resituarse tras verse acorraladas por las inspecciones de trabajo”, asegura Pino.Glovo no está sola. UGT denuncia que Ubereats también se queda con un 10% de los 20 céntimos que paga a sus repartidores por kilómetro recorrido. A esta cantidad hay que quitar el 21% de IVA y el pago de autónomos, insiste el sindicato. “Además, también le cobran 90 euros por la mochila. Es decir, las plataformas aducen que no tienen nada que ver con los repartidores, pero estos tienen que ponerlo todo”, ironiza Pino.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
Marita Rancé, directora de Legal de Glovo, niega que se haya producido ningún cambio importante. Sí admite en cambio que en un continuo proceso “de prueba y error” han decidido que, al igual que las tiendas que distribuyen sus mercancías a través de su empresa, los ciclomensajeros también deberán contribuir a financiar “con un precio simbólico” la plataforma tecnológica. “Es una medida de negocio que tiene todo el sentido para todos aquellos players que obtengan ingresos gracias a nuestra plataforma”, se justifica Rancé en conversación telefónica con este periódico. La empresa asegura que nueve de cada diez glovers dicen estar satisfechos con su relación laboral.Una visión diametralmente opuesta tienen en UGT, sindicato que ha denunciado a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats por hacer uso de una “relación laboral encubierta”, es decir, disfrazar de autónomos lo que en realidad son empleados de toda la vida. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, explica la decisión de Glovo no solo como una medida para ingresar más, sino sobre todo como un intento de buscar fórmulas con las que argumentar que son meros intermediarios y no empleadores. “Es la misma estrategia de otras plataformas digitales, que tratan de resituarse tras verse acorraladas por las inspecciones de trabajo”, asegura Pino.Glovo no está sola. UGT denuncia que Ubereats también se queda con un 10% de los 20 céntimos que paga a sus repartidores por kilómetro recorrido. A esta cantidad hay que quitar el 21% de IVA y el pago de autónomos, insiste el sindicato. “Además, también le cobran 90 euros por la mochila. Es decir, las plataformas aducen que no tienen nada que ver con los repartidores, pero estos tienen que ponerlo todo”, ironiza Pino.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
Marita Rancé, directora de Legal de Glovo, niega que se haya producido ningún cambio importante. Sí admite en cambio que en un continuo proceso “de prueba y error” han decidido que, al igual que las tiendas que distribuyen sus mercancías a través de su empresa, los ciclomensajeros también deberán contribuir a financiar “con un precio simbólico” la plataforma tecnológica. “Es una medida de negocio que tiene todo el sentido para todos aquellos players que obtengan ingresos gracias a nuestra plataforma”, se justifica Rancé en conversación telefónica con este periódico. La empresa asegura que nueve de cada diez glovers dicen estar satisfechos con su relación laboral.Una visión diametralmente opuesta tienen en UGT, sindicato que ha denunciado a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats por hacer uso de una “relación laboral encubierta”, es decir, disfrazar de autónomos lo que en realidad son empleados de toda la vida. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, explica la decisión de Glovo no solo como una medida para ingresar más, sino sobre todo como un intento de buscar fórmulas con las que argumentar que son meros intermediarios y no empleadores. “Es la misma estrategia de otras plataformas digitales, que tratan de resituarse tras verse acorraladas por las inspecciones de trabajo”, asegura Pino.Glovo no está sola. UGT denuncia que Ubereats también se queda con un 10% de los 20 céntimos que paga a sus repartidores por kilómetro recorrido. A esta cantidad hay que quitar el 21% de IVA y el pago de autónomos, insiste el sindicato. “Además, también le cobran 90 euros por la mochila. Es decir, las plataformas aducen que no tienen nada que ver con los repartidores, pero estos tienen que ponerlo todo”, ironiza Pino.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
La Moción del Ayuntamiento de Valencia insta al Gobierno Autonómico y al Gobierno de España a utilizar todos los medios necesarios para devolver el equilibrio entre taxis y VTC.
Los principales Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de toda España han presentado mociones similares de apoyo al Servicio Publico del Taxi.
La sociedad necesita de actos valientes como este, que refuercen los derechos de los ciudadanos a un Transporte de garantías contra un Transporte fraudulento y sin garantías.
Finalmente los representantes de cada comunidad tienen que solucionar lo que el Gobierno de España no ha querido o no ha sabido solucionar.
El pasado día 22 de Febrero de 2018 se ha aprobado una declaración institucional de apoyo al sector del Taxi en el Ayuntamiento de Valencia, con la suma de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Dicha Moción trae como puntos principales, instar al Gobierno Autonómico y al Gobierno de España a:
Devolver el equilibrio de 1 VTC por cada 30 Taxis que marca el Reglamento de la Ley de los Transportes Terrestres (Rott).
Creación de una autorización específica de VTC para poder hacer servicios urbanos (con origen y destino dentro de la Comunidad Autónoma)
Establecer un tiempo mínimo de 2 horas en la contratación de los servicios de VTC para eliminar la inmediatez en este tipo de servicios.
Reforzar la inspección y sanción para detectar y eliminar las prácticas de intrusismo y captación ilegal de clientes en áreas de influencia del Taxi.
Modificar el Rott en cuanto a los servicios de VTC con respecto al origen, destino y recorrido de los servicios urbanos que prestan.
Planes de ayuda al sector del Taxi para permitir y fomentar su profesionalización y su viabilidad (prejubilaciones, adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos eléctricos, reconocimiento de enfermedades profesionales, etc).
El Ayuntamiento de Valencia se suma así a decenas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de toda España que ya han presentado mociones de apoyo al Servicio Publico del Taxi, sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana, los Ayuntamientos de Castellón, Alicante, Elche, y Orihuela han aprobado en los últimos meses mociones similares.
Ahora solo falta de los Gobiernos Autonómico y Nacional recojan estas propuestas y las lleven a cabo para conseguir el Transporte discrecional de garantías que los ciudadanos se merecen, dejando de beneficiar intereses económicos de multinacionales que se llevan la riqueza fuera de nuestro País.
BRAVO POR ESTE AYUNTAMIENTO QUE DEMUESTRA ESTAR CON SUS CIUDADANOS VELANDO POR EL TRANSPORTE DE CALIDAD QUE VALENCIA SE MERECE
Desde la Federación Sindical del taxi de Valencia y provincia queremos felicitar a los organizadores de la manifestación en contra de la precariedad en las pensiones y jubilaciones , por el éxito de afluencia que como no puede ser de otra manera demuestra que la sociedad valenciana junto con numerosos colectivos está sensibilizada y dispuesta a defender nuestro estatus social y a no permitir que nuestros mayores y jubilados se vean abocados a la pobreza por la mala gestión de los gobiernos que no dudan en utilizar el dinero destinado a las pensiones para otros menesteres dado su fracaso en las políticas económicas de este país.
Una vez más el sector del taxi se suma a estas movilizaciones haciendo acto de presencia y apoyo a nuestras reivindicaciones para no perder todas las mejoras sociales conseguidas y por conseguir.
Muchas felicidades compañeros y seguiremos luchando por defender nuestros derechos sociales y a nuestros mayores.
LA CONFEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA INSTA A LOS DIRIGENTES DEL VALENCIA CF QUE SE POSICIONEN AL LADO DEL SERVICIO PUBLICO DEL TAXI DE VALENCIA Y NO AL LADO DE UNA EMPRESA DE DUDOSA LEGALIDAD
El Valencia C.F ha hecho público un acuerdo de colaboración con la “Empresa de Transporte” Cabify, empresa denunciada por competencia desleal y fraude y que no tributa en nuestro país.
La Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana representa a más de 3000 Taxis y ejercerá todo tipo de medidas en contra de la decisión de los dirigentes del Valencia C.F si no rectifica.
El Valencia C.F es el principal equipo de futbol de la ciudad y el Taxi es el Servicio Público de la ciudad. A que iluminado se le ocurre enfrentar a estas dos entidades por muchos ingresos que esto pueda suponer.
El Valencia C.F ha hecho público un acuerdo de colaboración con la “Empresa de Transporte” Cabify.
La Confederación, que representa a la mayoría de taxistas de la Comunidad Valenciana, (muchos de estos taxistas aficionados del Valencia C.F) ejercerá todo tipo de medidas a su alcance para que los dirigentes actuales del Valencia C.F rectifiquen este acuerdo que va en contra de un Servicio Público que lleva años llevando y recogiendo a la afición del Valencia al campo de futbol de Mestalla.
El Taxi estará siempre con el Valencia C.F y con el Levante U.D, como equipos de futbol de nuestra ciudad, pero desde luego el Taxi no estará con los actuales dirigentes del Valencia C.F si no cambian su postura.
¿Porque el Taxi y no Cabify?
El Taxi paga todos sus impuestos en España y Cabify tributa la mayor parte de sus impuestos fuera de España.
El Taxi es el Servicio Público de la ciudad y da de comer a más de 4000 familias en Valencia, mientras Cabify es un servicio empresarial que precariza a sus trabajadores para aumentar beneficios, que lleva años dando perdidas en sus balances, algo muy llamativo para una empresa que se vende como eficiente, incluso consiguiendo subvenciones del gobierno por ello.
El Taxi cuenta con autorización de transporte legal, mientras Cabify lleva años jugando con las leyes para intermediar en el transporte.
El Taxi se responsabiliza del servicio que presta, mientras Cabify elude su responsabilidad diciendo que el responsable es el conductor de la VTC sin responder antes las miles de quejas anuales que recibe.
El Taxi tiene tarifas reguladas por la administración haya más o menos demanda, mientras Cabify hace servicios por debajo de costes para captar clientes o cobra 35 € por un servicio que en el Taxi cuesta 4 €. El día que se haga con el mercado y no esté el Taxi, el ciudadano no podrá elegir.
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, en la una reunión de trabajo con representantes de la Federación Sindical del Taxi de València y provincia. Foto: GVA
Alberto Ibáñez agradece el apoyo de este sector “estratégico” para luchar contra la violencia machista.
En la actualidad, un total de 7.426 personas a título personal y 693 entidades se han adherido al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha señalado que la Federación Sindical del Taxi de València y provincia está dispuesta a ceder sus vehículos, voluntariamente, para que sirvan de soporte para difundir las campañas institucionales impulsadas por la Conselleria de Igualdad del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Ibáñez ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de dicha Federación quienes han manifestado su apoyo al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista y han propuesto iniciativas para colaborar con los objetivos de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Alberto Ibáñez ha agradecido el apoyo expuesto a su departamento de este sector “estratégico” para colaborar en la lucha contra la violencia machista y que, a su juicio, demuestra que el Pacte ha conseguido “sumar todas las sensibilidades sociales de toda la sociedad valenciana”.
En este sentido, el secretario autonómico de Igualdad ha señalado que, en la actualidad, un total de 7.426 personas a título individual y 694 entidades se han adherido al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
Adhesiones que, según ha subrayado, evidencian el “respaldo y compromiso social” de los valencianos y valencianas para acabar con el “terrorismo machista”, al tiempo que ha celebrado que el Pacte esté cumpliendo con su objetivo de “socializar y visibilizar la violencia” y además de lograr “unidad de acción, recursos suficientes y sinergias para hacer efectivos los compromisos”.
Tras las continuas agresiones a los servicios públicos (sanidad, educación, servicio de Taxi, dependencia y sobre todo pensiones), se pone de manifiesto una vez más con las vergonzosas declaraciones de la Sra. Bañez y Sra. Villalobos, pidiendo aumentar el cómputo para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral y aumentar la jubilación a los 70 años. Proponiendo falsas soluciones con los impuestos terminales como remedio al déficit de la Seguridad Social, nos indica que estamos en campaña preelectoral y que una vez más pretenden utilizar el gravísimo problema generado por ellos mismos en las pensiones, para manipular electoralmente a 9,5 millones de pensionistas.
Estamos en disposición de decir que las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo, han precarizado y exiliado a los jóvenes con salarios de miseria, provocando unas cotizaciones insuficientes a la Seguridad Social impidiendo las pensiones dignas. Se condena a más de 9 millones de pensionistas a la pobreza. Jóvenes, trabajadores y pensionistas sufrimos las consecuencias de la crisis que el sistema impone a la mayoría social.
Solo se gobierna para una minoría privilegiada que controla el poder económico, bancos, eléctricas, transportes y corporaciones del IBEX 35, empresas en cuyos consejos de Administración están los políticos que han hecho las reformas laborales y de pensiones con el único objeto de favorecer a estas empresas. Desde estos consejos se determina la subida de la luz en más de un 12%, el gas 10% , llevando a la mayoría social y pensionistas al empobrecimiento generalizado.
El IPC actúa sobre nuestras pensiones como un impuesto que el Gobierno del PP impone a los pensionistas de forma inmoral y perversa mientras utiliza este capital para dárselo a los bancos y salvar sus cuentas financieras.
Desde la Coordinadora Estatal Defensa Sistema Público de Pensiones denunciamos las políticas que han llevado a la quiebra a la Seguridad Social a la que esos partidos políticos han lastrado con un déficit de 18.000 millones aúnales, saqueando la Hucha de pensiones y los prestamos endosados a la SS por valor de 25.000 millones (10.000 en 2017 y 15.000 en 2018). Consideramos que debe ser una transferencia a realizar desde los impuestos Generales del Estado a la Seguridad Social, en lugar de lo que están haciendo, endeudarla con préstamos y saqueos continuos, cuyo objeto es provocar su deterioro y favorecimiento de la banca.
TAXISTA, NO DEJES QUE TE ENGAÑEN, TODOS ALGUN DIA SEREMOS JUBILADOS (SI NOS DEJAN), TODOS TENEMOS CONOCIDOS Y FAMILIA JUBILADOS, VAMOS A CONDENAR A NUESTROS MAYORES A LA POBREZA, LO VAS A SEGUIR CONSINTIENDO, DESPIERTA Y LUCHA POR TUS MAYORES, POR TU FUTURO.
En defensa de las pensiones públicas dignas
NO al 0,25%. No a los recortes
El 22 DE FEBRERO TOD@S A LA CALLE.
En Valencia Plaza del Ayuntamiento 11.30 horas.
Esta concentración como es preceptivo ha sido comunicada a la Delegación de Gobierno.
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