Uber vuelve a las ciudades españolas. Dos años y tres meses después de serprohibido por el juez, la polémica aplicación californiana regresa desde hoy a la calle, de momento sólo en Madrid. Su plan de negocio es menos desafiante que el original de convertir, por encima de la ley, a cualquier conductor en competencia de los taxistas. Pero no ha perdido ambición porque el enfoque, en el fondo, es el mismo: quiere que
la ley haga sitio a su negocio.
A Uber le esperan en la calle tanto usuarios como taxistas, cada uno con intenciones distintas. «Nuestra propuesta es positiva y creemos que los usuarios responderán muy bien», opina Carlos Lloret, responsable de Uber para el Sur de Europa. «¿Los taxis? Es difícil saber qué ocurrirá. Las administraciones están informadas de lo que hacemos y lo que queremos hacer», asegura.
Casi 15 meses después de ser cerrado por el juez a instancias de los taxistas, el gigante tecnológico que prometía cambiar la movilidad en todas las ciudades del mundo se ha adaptado a la legislación española para poder operar. Desde hoy cualquier persona que abra su aplicación en el móvil podrá pedir un coche para moverse por Madrid: lo hará con conductores profesionales y vehículos con licencia. El tiempo de espera será de hasta cinco minutos y la tarifa entre un 30% y hasta un 40% más barata. «Los usuarios pagarán menos por recibir un mejor servicio», dice Lloret.
Es un modelo que la empresa denomina UberX y que se apoya en licencias de alquiler de vehículos con conductor, conocidas como VTC. La empresa no especifica cuántos vehículos compondrán su flota, que ha tratado de construir en los últimos meses y que aspira a ampliar derribando las barreras normativas que la limitan. En capitales hostiles como París, el número de licencias ha crecido hasta más de 12.000 tras un cambio en la normativa y en Londres existen más de 25.000 vehículos.
Madrid, la capital española con más licencias VTC, tiene 1.500 para un parque de taxis de unos 16.000 vehículos. Fuentes del sector calculan que Uber reiniciará su actividad con 400 vehículos y conductores, aunque la empresa no comenta sus datos. Pero, con el apoyo de la CNMC, la empresa espera abrir definitivamente un debate que impulse la liberalización del sector, algo a lo que las patronales del taxi se oponen.
El número de coches disponibles en el nuevo servicio de Uber no será en cualquier caso masivo y la manera en que operarán está sujeta a un marco estricto. La normativa que regula esta actividad impone un tope de vehículos o les impide circular en busca de clientes o estacionarse en lugares como estaciones, ferias o aeropuertos.
Fiscalidad de la empresa
Por lo que respecta a la fiscalidad, Uber mantiene el mismo esquema del resto de multinacionales tecnológicas: con una estructura comercial en España, se traslada la facturación a Holanda para reducir al mínimo la base sobre la que tributar. La plataforma sí ayudará a Hacienda para facilitar los datos de actividad de sus conductores. De hecho ha llegado a un acuerdo con la asociación de trabajadores autónomos UPTA para asesorarles desde el punto de vista fiscal.
El problema es que en los 15 meses en los que ha estado prohibido por su estrategia fallida, todo el mundo del transporte urbano ha evolucionado. Uber ha dejado espacio a otros competidores más pragmáticos como Cabify, que optaron por captar vehículos y conductores con licencias VTC y los usuarios disponen de aplicaciones como Hailo o MyTaxi con las que llamar un taxi, usarlo y pagarlo sirviéndose únicamente del móvil.
Las asociaciones profesionales del taxi tampoco han estado paradas. El cierre de Uber fue una sonora victoria a la que siguió una segunda el pasado mes de noviembre. En el último consejo de ministros de la anterior legislatura el Gobierno, lejos de flexibilizar el marco regulatorio, aprobó una normativa relacionada con los VTC que renovó las barreras a favor del taxi. «Fue una oportunidad perdida porque afianzó el sistema existente y al final, hay unos usuarios que merecen poder elegir como sucede en otros países y en España parece complicado», opina el responsable de Uber.
Pero está por ver si son victorias definitivas. La CNMC ya ha calificado la regulación impulsada por la ministra Ana Pastor como «barreras perjudiciales para la sociedad» y un «impedimento a la libre competencia especialmente gravoso en el momento actual de innovación acelerada en el sector».
El organismo que vela por el buen funcionamiento de los mercados se sitúa así decididamente a favor de abrir el mercado del taxi. De hecho amenazó con recurrir ante los tribunales la ley aprobada por Pastor. «Impide que taxis y vehículos con conductor compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera y una mayor competencia en precios, calidad e innovación».