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En ciernes la Ley de Transportes del Govern Balear, resulta sorpresivo que tras un anteproyecto, en el que se preveía la creación y adjudicación de licencias estacionales tal que si fuesen ordinarias, en el proyecto finalmente aprobado se deban otorgar preferentemente a aquellos que ya ostentan una licencia ordinaria.

Esto, lejos de cumplir con los más elementales criterios de justicia, choca frontalmente con un justo y equitativo reparto de los recursos públicos, tal y como recoge el artículo 40 de la Constitución Española, para dar más riqueza a los que más tienen.

Desde 1979 ha habido paz social entre titulares y asalariados del taxi, los primeros hacían negocio y los segundos ganaban puntos para, algún día, ser titulares de una licencia, lo cual le otorgaría una seguridad para sí y su familia que no le otorga ser asalariado.

Este estatus se rompe claramente con el proyecto de ley aprobado, pues, por una parte, la creación desmesurada de licencias estacionales cierra la puerta a nuevas licencias ordinarias y por otra parte dan preferencia a quienes ya dispongan de una de ellas.

Este nuevo escenario acaba con las expectativas de aquellos que llevan años trabajando en el sector con la esperanza de tener algún día la seguridad de la que gozan sus patronos. Una seguridad que se ve cercenada por un proyecto de ley que lo único que busca es hacer más rico al que ya tiene a costa y en detrimento del que aún solo es asalariado.

Todo ello se ha comunicado una y otra vez a aquellos que nos gobiernan, sin que haya sido siquiera tomado en consideración. Pedimos que reconsideren su postura y traten de ser justos y equitativos en el reparto de los recursos derivados de un sector del servicio público tan necesario para la economía balear.

¿Qué ha hecho cambiar a nuestros gobernantes?

Fernando Morante Cárdenas,
Secretario de la Asociación de Asalariados del Taxi Isla de Ibiza

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