El PP derogará el “Decreto Ábalos”, que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.,Esta derogación tiene como objetivo garantizar “la libertad de elección del usuario” e incrementar “las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad”, según el programa electoral de
Agencia EFE
Tiempo de lectura: 1′ 08 abr 2019 – 13:56 Actualizado 13:57
El PP derogará el “Decreto Ábalos”, que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.
Esta derogación tiene como objetivo garantizar “la libertad de elección del usuario” e incrementar “las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad”, según el programa electoral del PP que ha trascendido este lunes.
El Partido Popular se refiere al real decreto del Ministerio de Fomento por el que se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de VTC, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre y que pretendía garantizar un equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis, dada la conflictividad registrada por entonces, según publicó el BOE un día antes.
Esta nueva normativa facultaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, en los que se incluyen Uber y Cabify, con un régimen transitorio de cuatro años.
El PP ha incluido en el punto 315 de su programa electoral derogar este decreto, con el fin de poner “al ciudadanos y su libertad de elección como eje”.
La derogación de este decreto se enmarca en el “modelo de ciudad abierto” que propone el PP en su programa, en el que “se aprovechen todas las posibilidades que brinda la tecnología para transformar los municipios en mejores lugares para vivir”.
Este real decreto se aprobó a raíz de las movilizaciones que emprendió el sector del taxi que pretendían limitar la actividad de las VTC.
Los pasados 4 y 5 de abril se desarrollaron en Pamplona las XII Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia en la que hubo una primera mesa redonda bajo el título Los principios de buena regulación en el transporte urbano: taxis y VTC. Las jornadas fueron inauguradas por el vicepresidente económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, que en su intervención hizo alusión a la preocupación mostrada por AITAN (Asociación Independiente de Taxistas Autopatronos de Navarra) en cuanto a la regulación de las VTC. La asociación había enviado una carta a los miembros del Ejecutivo foral pidiendo que se legislara como habían prometido, bajo documento firmado, durante la modificación de la Ley Foral del Taxi en el mes de noviembre. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el jueves pasado. Ayerdi reconoció que todos los grupos políticos del arco parlamentario, “por unanimidad”, trasladaron su apoyo al taxi “en cuanto a servicio público” y explicó la posición actual del Gobierno de Navarra: “Nos parece que lo más prudente antes de tomar decisiones que pudieran tener una conflictividad jurídica, es esperar a ver cómo evoluciona el proceso jurídico en torno a la solicitud de las 100 licencias que tenemos en tribunales, cómo se activa o no esa licencia de 30 VTCs que está concedida y cómo se desarrollan los acontecimientos en el resto del estado”. El representante del Gobierno de Navarra manifestó, asimismo, en referencia a las 100 licencias a las que dio luz verde el Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que “deberán denegarlas ya que la solicitud fue presentada bien avanzada el año 2016, fuera de esa ventana temporal entre los años 2013 a 2015”. MESA REDONDA Con posterioridad tuvo lugar la primera de las mesas redondas, que contó con la participación de Rafael Allendesalazar, abogado de Uber; Alejandro Requejo, vicepresidente ejecutivo de Compass Lexecon; Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la CNMC; José Luis de Alcaraz, presidente del Consejo de Competencia de Andalucía; y Salvador Milá Solsona, director del Área de Presidencia de la AMB (Área Metropolitana de Barcelona). En la mesa no hubo ningún representante del taxi, aunque en cuanto se hizo pública la celebración de las jornadas, los siguientes miembros se inscribieron para escuchar y dar voz al gremio: Kiko Asín, presidente de AITAN, de Teletaxi San Fermín y vocal de ANTAXI; Eneko Petrina, vocal de Teletaxi San Fermín; Enrique Oroz, vocal de Teletaxi San Fermín, Jon Iturriaga, abogado de AITAN y Teletaxi San Fermín; César Méndez, responsable de Comunicación de Teletaxi San Fermín; Jesús Fernández y Santiago Simón, representantes de ANTAXI y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid; Manuel Andoni Ruiz, representante de ANTAXI y de la Federación Cántabra del Taxi; Javier Vallilengua, representante de ANTAXI y de la Asociación de Taxistas de La Rioja; e Iñaki Pardo, representante de ANTAXI y de la Federación Vasca del Taxi. La posición de la CNCM en cuanto a regulación de taxis y VTC quedó meridianamente clara. López abogó por una regulación “pensando en el beneficio de los consumidores y usuarios” sin tener en cuenta para nada la situación de desamparo a la que se somete al trabajador, ya sea conductor de un taxi o de una VTC. Joaquín López, durante su intervención, expresó que el actual Decreto-Ley “limita la capacidad de competir” y abordó las recomendaciones que, desde la CNCM, se plantean, como “evitar discriminaciones en materia de horarios y calendario” o “desarrollar una normativa para que las VTC puedan seguir prestando servicios urbanos en el futuro”. Más contundente, por poner otro ejemplo, se mostró José Luis de Alcaraz, que finalizó su intervención dejando escapar que en Andalucía (donde actualmente están negociando la nueva normativa) lo que se intenta “es liberalizar el sector o mejor, modernizar el sector”. Mención aparte merece Rafael Allendesalazar, que basó toda su ponencia en las sentencias de los tribunales a los que acusó de “tener aversión a la desregulación”. El abogado defendió la posición de UBER en el mercado haciendo referencia a una frase atribuible a Travis Kalanick que aprendió cuando entró a trabajar para la multinacional estadounidense: “Innovators shouldn’t have to ask for permission or forgiveness” (los innovadores no tendrían que pedir permiso ni perdón). “En algunos sectores es prácticamente imposible pedir permiso”, continuó para, justificar que “ante una regulación restrictiva” plataformas como UBER tienen que entrar sin tener en cuenta la legislación. El único representante que defendió la posición del taxi fue Salvador Milá, que basó su exposición en la razón “social del taxi” y en torno a la movilidad sostenible y el transporte urbano más eficiente. RESPUESTA DEL SECTOR Con posterioridad a las intervenciones, fue el turno de palabra para los asistentes. Los representantes de ANTAXI señalaron que “echaban en falta a representantes del taxi en la mesa” y arguyeron que el principal problema que es que “se pone a un mismo nivel a un taxi que a una VTC”. Jesús Fernández afirmó que “en el ámbito de la competencia los taxis compiten entre ellos y en España hay 67.000 licencias y cientos de radioemisoras, mientras que las VTC pertenecen a cuatro grupos empresariales que trabajan únicamente para dos aplicaciones. Ponernos en el mismo plano es, cuanto menos, preocupante”. Además, respondió al representante de UBER: “Se ha hablado de incumplir las normas y no pedir perdón. Eso es fácil cuando eres una multinacional con 60.000 millones de dólares. Yo soy Jesús Fernández y me cuido mucho de cumplir la normativa”. Javier Vallilengua, por su parte, lanzó varias preguntas a los presentes: “¿Me pueden decir en qué beneficia al usuario unas tarifas dinámicas cuando hay, por ejemplo, un evento? ¿En qué defiende la CNMC al autónomo o al trabajador del taxi cuando consigan quitarnos de en medio? ¿En qué defiende la Competencia al trabajador de estas VTCs cuando está obligado a trabajar de martes a domingo, 12 horas, y a partir de la decimosegunda se les paga a 3 euros la hora? ¿En qué defiende la Competencia a la Hacienda pública cuando le devuelven a Cabify un millón de euros?”. Recogiendo el testigo de su compañero, Santiago Simón acusó a la CNMC de servir de “ariete a las VTC para entrar en todas las instituciones, en contenciosos y regulaciones” y criticó las aplicaciones de UBER y Cabify: “Cuando te las descargas, liberan de toda responsabilidad a las compañías en caso de cualquier accidente o incidente. Esto no es defender a los usuarios”. Por último y, ante el “consejo” de José Luis de Alcaraz de aprovechar la situación para que el “taxi se modernice”, César Méndez reprochó al legislador de “repetir como un mantra esta mentira” y puso de ejemplo al taxi de Pamplona: “Desde 2005 hay un sistema de geolocalización de flotas; funcionamos además de con la concertación telefónica con la aplicación PideTaxi que se encuentra en más de 70 ciudades; un tercio de la flota es ECO; estamos por encima de la legislación en cuanto a taxis para personas con movilidad reducida; hay vehículos cardioprotegidos; se puede pagar tanto con tarjeta como en efectivo y tenemos una comunicación vía web, Facebook y Twitter”. “¿Me puede decir qué es para usted la modernidad?”, concluyó
Uno de los mayores tenedores de licencias VTC vende sus permisos a Cabify a cambio de entrar en el accionariado
Pelotazo de Cabify y Rosauro Varo con las VTC: venta de licencias por 30 millones
Operación trascendental de Cabify en el mundo de las VTC. Para reforzar su apuesta en el sector, la compañía de movilidad ha alcanzado un acuerdo con GAT Inversiones por el que Cabify integra el 100% de Vector Ronda Teleport en su estructura y, además, refuerza su accionariado con GAT Inversiones, una compañía comprometida con la movilidad y la tecnología.
Con esta operación, Cabify “redobla su firme compromiso a largo plazo por encontrar soluciones de movilidad en España”. Esta apuesta pasa, según la compañía dirigida por Juan de Antonio Rubio, por integrar distintas alternativas, desde las VTC a los taxis, así como otras fórmulas de movilidad urbana.
Ambas compañías han explicado en un comunicado que “esta integración significa un nuevo impulso a la actividad del sector VTC y, especialmente en Barcelona, representa el punto de partida a la recuperación de una forma paulatina de gran parte de los empleos perdidos tras el decreto de la Generalitat para restringir la actividad de las VTC”.
Varo suma una inversión total de 37 millones de euros en Cabify
El objetivo de esta alianza es que Cabify controle las licencias de Vector Ronda, del mismo modo que hace con las de Prestige and Limousine, la empresa adquirida al exjefe del taxi José Antonio Parrondo.
Vector Ronda Teleport, como compañía dedicada a la creación y gestión de flotas de vehículos de transporte con conductor (VTC), es uno de los actores principales del sector con más de 2.000 licencias de alquiler de vehículo con conductor a nivel nacional.
La clave de este acuerdo es que GAT Inversiones se convierte en un accionista relevante de Cabify, que ya opera en 12 países y 130 ciudades, donde Varo suma una inversión total de 37 millones de euros.
Rosauro Varo, un hombre clave en las VTC
Rosauro Varo, ligado a Cabify desde mucho antes de este acuerdo, es uno de los nombres propios que controla el mercado de las VTC. Conocido por vender su participación en Pepephone a MásMóvil por 158 millones, Varo entró en Vector Ronda como vicepresidente hace ya más de un año.
Allí comparte puesto en el consejo de administración con dos directivos de Cabify, entre los que está Juan Ignacio García Braschi, jefe de finanzas, además de Juan de Antonio Rubio, fundador de la compañía.
Mario Silveyra, director de Cabify en España, en el Adda. Foto: RAFA MOLINA
1/04/2019 –
ALICANTE. La compañía española de VTC Cabify ha decidido mantener su actividad en la Comunitat Valenciana pese a la entrada en vigor, este martes, del decreto del Consell para regular su actividad con diversas limitaciones. Así lo ha avanzado la firma en un comunicado este lunes en el que, si bien no explicita su decisión de mantener la actividad, señala que “está operando con normalidad” y que “trabaja ya para analizar el texto publicado y también para adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos por la normativa autonómica”.
La aprobación del decreto, que se ha publicado este lunes en el DOGV tras ser aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell, ha dejado en el aire la llegada de Uber a Alicante, donde iba a operar desde el pasado febrero. De momento, la compañía norteamericana no se ha pronunciado sobre su futuro en València, donde lleva implantada tres meses. Sin embargo, Cabify sí apuesta por mantener su negocio en las dos capitales donde opera desde 2018, pese a lamentar las restricciones que a su juicio supone el citado decreto.
El comunicado esgrime que la empresa tiene más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana, y lamenta que la Generalitat ceda al “sector más radical del taxi” en su normativa, que según la empresa “pone en peligro 500 empleos en el sector” en la Comunitat. No obstante, avanza que “seguirá primando el compromiso con sus usuarios, sus colaboradores y con las ciudades de la región”.
La compañía expresa en el comunicado su deseo de que “en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y la VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular”. Para ello, asegura, “la compañía sigue dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías”. El comunicado termina lamentando de nuevo una “normativa perjudicial para la movilidad de los ciudadanos” que “traerá a sus ciudades menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación”.
Cabify, asegura, “continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en València y Alicante”. Cabify cuenta con 500 vehículos operativos en la Comunitat, de los que 30 prestan servicio en Alicante.
El motivo es que este viernes se aprueba el decreto ley de la Generalitat Valenciana que obliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación, según UNAUTO
Archivo / Getty Images
Uber y Cabify dejarán de operar en Valencia cuando entre el vigor el nuevo decreto ley de la Generalitat que regula las licencias VTC y que está previsto que se apruebe el viernes. El motivo, según explica Ricardo González, portavoz de UNAUTO, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor, en la Comunitat Valenciana, es que el decreto ley de la Generalitat Valencianaobliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación.
Fuentes de Uber y Cabify, han confirmado a Cadena SER que efectivamente dejarán de operar en la ciudad cuando entre en vigor el decreto ley de la Generalitat, si se aprueba el viernes.
El portavoz de UNATO, insiste que este ‘decreto a la catalana’, atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española que permite la libertad de empresa y las normas de la Unión Europea donde se permite la unidad de mercado.
Precisamente este jueves se han presentado los resultados de una encuesta de opinión que revela cómo valoran los españoles al sector de las VTC y los últimos cambios en la regulación de las VTC. Según UNAUTO, el 67% de los españoles piensa que las autoridades no deberían limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify.
Además, el 82% considera que las compañías como Uber y Cabify tienen un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo y para el 76% estas aplicaciones tienen un impacto positivo en la movilidad urbana.
El 81% de los ciudadanos cree que las autoridades deberían liberalizar el sector,igualando las condiciones para que tanto el taxi como los VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones. Además, aseguran que un 60%, cree que la regulación del conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC debería corresponder al Gobierno central.
Un 77% de los ciudadanos valora negativamente la regulación aprobada recientemente por la Generalitat de Cataluña, mientras que un 64% está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de no acceder a las demandas del sector del taxi.
Imagen de la reunión mantenida este martes entre el sector del taxi y el consejero de Fomento. /VICENTE VICÉNS / AGM
La Consejería pide una regulación estatal para vigilar que las compañías de VTC no prestan más del 20% de sus servicios fuera de la comunidad donde tienen su licencia
La aparición de Cabify en la Región ha levantado ampollas y no solo entre el sector del taxi, sino también entre algunas de las empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC) que ya operan desde hace décadas en la Región. Una de ellas es Limusin CC, que tiene una flota de 18 vehículos y cuyo gerente, Roque Martínez, se reunió este martes por la mañana con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, y el presidente de Radio Taxi Murcia, Sergio Navarro García. En dicho encuentro, que se desarrolló en la Consejería y cuyo objetivo era sentar las bases para «conciliar ambas actividades con el fin de que coexistan y puedan convivir», ambos sectores mostraron al titular de Fomento su preocupación por el aterrizaje de «compañías de VTC de otras comunidades» en la Región.
Para frenar la «competencia desleal entre comunidades», según palabras del consejero, la Administración regional pide una regulación estatal para que los VTC con licencia de otros territorios no puedan hacer más del 20% de sus trayectos fuera de los mismos, tal cual establece la ley nacional que regula este tipo de transporte turístico. «Esta Consejería apuesta por que la regulación de taxis y VTC sea nacional», pues, según explicó, «al ser Murcia una región uniprovincial, juega con desventaja ante la posibilidad de que otras compañías puedan venir a operar aquí». Fomento asegura que en los próximos meses mantendrá reuniones con los taxis y empresas de conductores de distintas comarcas de la Región para «intentar que sus intereses estén reflejados en esa regulación nacional. Sobre todo cuando solo hay cuatro comunidades que ya han regulado el sector y cada una lo ha hecho de forma distinta».
Además, incidió en que esta exigencia no es solo del Gobierno regional, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha pedido que se regule este tema a nivel nacional», y mientras que las autoridades competentes se disponen a disponer esa normativa, el consejero aseguró que el Gobierno regional irá «preparando las reivindicaciones de las empresas murcianas».
Novedades normativas
En la reunión, el consejero informó a los representantes del sector del taxi y de los VTC murcianos de las dos novedades normativas estatales que afectan a su actividad. La primera de ellas, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el próximo día 1 de abril, establece un registro electrónico nacional en el que figurarán «todas las matrículas y servicios que estos vehículos realizan en cualquier comunidad autónoma». Esto permitirá a la Consejería de Fomento controlar cuántos VTC de otros territorios operan en la Región.
La segunda de ellas, que ya ha empezado a implantarse pero que será de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de agosto, estipula que «todos los servicios públicos de transporte con y sin conductor deberán llevar una matrícula azul con letras en blanco para permitir una mejoría de su identificación», además de la pegatina reglamentaria que los distingue como tal.
A nivel regional, Valverde confirmó que la Consejería va a realizar «un equipo de formación» para acercar ambas normativas a los cuerpos de «policía municipal y a las empresas de taxi y VTC, para que sepan cómo aplicar estas novedades a su actividad». Aunque no se detalló cómo ni cuándo, Fomento también pretende realizar actividades formativas para que estas empresas de transporte puedan adaptar sus servicios «a la era digital que estamos viviendo».
Sobre los procedimientos llevados a cabo desde la Administración hacia los VTC, el consejero confirmó que, a día de hoy, «se han retirado 30 licencias» y se han interpuesto «más de 15 denuncias» a estos coches por presuntas irregularidades. En este sentido, Valverde dijo que la intención de la Consejería es «coordinar a los servicios municipales de policía para que la vigilancia sobre los VTC sea efectiva y se realice de forma conjunta entre la Administración regional y las locales».
Aparte de la regulación nacional, el consejero dijo que en la Región ya se han regulado hasta ocho puntos al respecto de la actividad «en función de lo que nos permite la ley». Por ejemplo, explicó que este tipo de vehículos «tienen que tener una hoja de ruta, un contrato previo, no pueden aparcar en la vía pública y tienen que llevar el distintivo», entre otros requisitos. «Realmente el 80% de las medidas que regulan la situación ya las tenemos en funcionamiento», dijo.
Tanto Sergio Navarro como Roque Martínez manifestaron su satisfacción por la reunión mantenida con el consejero y por el hecho de que las exigencias sean conjuntas. Sin embargo, el gerente de Limusin CC manifestó que también tienen «otras preocupaciones, además de los conductores de otras comunidades, como la gente que practica el transporte de viajeros sin licencia de VTC ni de taxi, de forma ilegal».
Las pernoctaciones de visitantes extranjeros crecen siete puntos en tres años gracias a la mejora de la conectividad aérea
Llegada de un avión de British Airways mientras el pasaje de otra compañía toma tierra en Manises. germán caballero
El turismo internacional ya representa el 65 por ciento del total de visitantes que recibe la ciudad, según datos facilitados ayer por la concejala Sandra Gómez sobre el ejercicio 2018. La primera teniente de alcalde se mostró ayer «razonablemente satisfecha» con el balance del pasado año, en el que las nuevas conexiones aéreas fueron determinantes para confirmar esta tendencia positiva.
La concejala Sandra Gómez explicó que en 2015, cuando llegaron al equipo de gobierno, las pernoctaciones internacionales representaban el 58 por ciento del total, mientras que el pasado año la cifra se elevó al 65 por ciento. «Eso no significa que el turismo nacional se ha reducido, ya que también ha aumentado en número de visitantes, pero el internacional ha crecido más y representa ya mayor porcentaje sobre el total», explicó la edil socialista. En total este aumento de los turistas extranjeros es del 36 % de 2015 a 2018.
Gómez responsabiliza de este crecimiento al aumento de conexiones aéreas internacionales. «De 2015 a 2018 València ha aumentado la conectividad aérea con 90 nuevos aeropuertos, de los que 11 son ‘hub’, es decir, aeropuertos que permiten conexiones intercontinentales.
Según la concejala de Turismo en València se está consiguiendo el objetivo de desestacionalizar el sector. «Ya no somos turismo de sol y playa porque en los meses en lo que más creció el tráfico aéreo fueron los de enero, febrero y diciembre», según explicó.
A través del aeropuerto de València llegaron el año pasado a la ciudad 7,76 millones de pasajeros, mientras que se ofertaron un total de 9 millones de plazas, frente a las seis que había disponibles en 2015.
València oferta hoy en día un 47,5 por ciento más de plazas que en 2015, de las el 60 % corresponde a vuelos internacionales. «Nos hemos conectado con los principales aeropuertos de Europa y sobre todo con aquellos que dan la posibilidad de conectar con grandes rutas como Heathrow, París o Frankfurt. De las 760.000 plazas que se ofrecían en el pasado con destinos internacionales se ha pasado a 1,3 millones, lo que supone un crecimiento del 70 por ciento. Así se espera que la británica de Heathrow se convierta en una de las más importantes con British Airways para 2019.
Otra de las claves del crecimiento aéreo internacional se debe también a que la ciudad ha conseguido mantener todos los vuelos estacionales de verano, otoño e invierno durante toda la temporada, lo que ofrece esa posibilidad de crecimiento continuo además de desestacionalizar las visitas al «cap i casal».
Imagen de archivo de un taxi y un VTC del mismo modelo en un semáforo de la capita malagueñal. / SUR
Fomento pone en marcha un registro para verificar que todos los servicios de VTC son precontratados y que el 80% de sus carreras se realizan dentro de su comunidad autónoma
La actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) estará más controlada a partir del próximo 1 de abril. Ese día está previsto que entre en funcionamiento la web en la que las empresas que operan a través de plataformas como Uber y Cabify deberán registrar todos los servicios que realicen. Este Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor está impulsado por el Ministerio de Fomento, cumpliendo así una de las reivindicaciones de los taxistas.
De este modo, esta herramienta de control permitirá tanto a los ayuntamientos como a las administraciones autonómicas consultar y verificar que todos los servicios que presten hayan sido precontratados (no pueden captar clientes en la vía pública) y que se cumpla la regla de habitualidad 80/20, que establece que un VTC puede trabajar en otra comunidad autónoma diferente a donde se encuentre domiciliada la autorización siempre que no supere el 20% de su facturación por trimeste. Se cumple así una de las reivindicaciones de los taxistas, que llevan tiempo denunciando casos de malas praxispor parte de algunos de estos coches.
Aunque la creación de este registro fue un compromiso adquirido por el Gobierno el pasado verano, no ha sido hasta ahora cuando ha concluido la tramitación para su puesta en marcha. El último paso se ha dado este jueves con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución dictada el pasado día 15 por la Dirección General de Transporte Terrestre por la que se anuncia que el sistema informático de gestión de este registro estará operativo a partir del 1 de abril. Tal y como explica Fomento, con esta medida se pretende «garantizar una competencia leal» entre el taxi y los VTC, facilitando el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de los coches de arrendamiento con conductor. A partir de ahora, estos deberán comunicar previamente al registro los datos relativos a cualquier servicio que sea demandado. Para agilizar al máximo la implementación de esta medida se han habilitado dos formas de acceso: una a través de una aplicación web disponible en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.
Más de 100.000 personas ha usado la app en Barcelona en dos semanas
Juan de Antonio, fundador y consejero delegado de Cabify, en Barcelona. / FERRAN NADEU
El fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, ha defendido este miércoles en Barcelona que el modelo que usan en la ciudad es “100% legal” al haber optado por operar “como una empresa de VTC como las de los hoteles o las teles”. Además, ha afirmado que más de 100.000 personas han usado Cabify en Barcelona desde su retorno, hace poco más de dos semanas.
De Antonio, en una intervención en el Fòrum Europa, ha defendido que la misión de su compañía es ofrecer “una alternativa de movilidad sostenible”, y que lo que buscan con su vuelta a Barcelona es dar servicio a ciudadanos que buscan “servicios complementarios” al transporte actual.PUBLICIDAD
Por ello, según De Antonio, la compañía decidió, tras abandonar –como Uber- la ciudad por el decreto aprobado para limitar la operativa de las VTC, “adaptarse a la normativa” catalana operando “como una empresa de VTC” como las que tienen los hoteles o televisiones, donde el usuario firma un contrato y después puede usar el servicio. “Ni hay vacío legal ni se está usando”, ha remarcado De Antonio. “Si en algún momento se cuestiona nuestro modelo actual en Barcelona, se estará cuestionando el modelo de las VTC de hoteles o teles”, ha remarcado, aunque ha añadido que se trata de un “modelo temporal” ya que para la empresa lo habitual sería hacerlo con el modelo de plataforma de agencia de viajes.
De Antonio ha explicado que cumplen con la obligación de la precontratación de 15 minutos, pues el usuario, desde que entra en la app y firma el contrato, tiene que esperar ese periodo de tiempo para el primer viaje. A partir de ahí, entienden que el cliente ya ha aceptado trabajar con ellos y que por tanto no es necesario esperar ese tiempo. “La Generalitat nos ha hecho un requerimiento de información; y
nosotros responderemos como hacemos siempre porque no es una excepción, normalmente se nos hace un requerimiento en todos los mercados”, ha destacado.
Además, ha llamado a las administraciones y al sector del taxi a dialogar, pues según De Antonio “hay espacio para todos” y se deben “encontrar fórmulas regulatorias” acordes con la movilidad del futuro, que para De Antonio debe incluir el coche compartido. “Queremos trabajar con el taxi. Ya tenemos países donde los taxis están integrados en nuestra aplicación”, ha remarcado.
De hecho, De Antonio ha remarcado que “Cabify es bueno también para los propios taxistas”. “El taxi es una liado de Cabify”, ha demarcado el directivo, que ha afirmado que entorno al 50% de los servicios que prestan son completados por taxistas”. También ha asegurado que la facturación del taxi ha crecido pese a su presencia.
El fundador de la firma ha remarcado que pagan “todos los impuestos de la operativa local en España”, que ha cifrado en unos 40 millones de euros. “La propiedad intelectual también está en España”, ha agregado.
Sobre la posible salida a bolsa, De Antonio ha asegura que en su “hoja de ruta está la salida a bolsa”, pues les gustaría que cualquier persona pudiese participar en su empresa. “Nos gustaría hacerlo en España, pero también está claro que en la situación de incertidumbre regulatoria actual, no parece el mejor momento”, ha completado.
El Ministerio de Defensa ofrece en su portal de empleo interno para militares puestos de trabajo de “conductor de turismo”, mientras el Gobierno del PSOE se inhibe en el conflicto del taxi y las VTC
El Gobierno de Pedro Sánchez se quitó de encima el conflicto entre VTCs y taxis en medio de la huelgas del sector en Madrid, argumentando que el problema era competencia del gobierno autonómico. Ahora, el propio Gobierno ofrece puestos de trabajo como conductores en empresas de licencias VTC a los militares que se ven forzados por ley a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad.
El ministro de Fomento,José Luis Ábalos,se inhibió durante la crisis del taxiadvirtiendo que si el sector tenía problemas era “responsabilidad” de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ángel Garrido.
Sin embargo, el Gobierno no tiene tantos reparos a la hora de ofrecer a los militares ofertas para trabajar como conductor de transporte privado de viajeros. Según ha podido comprobar OKDIARIO, en el portal de empleo interno del Ministerio de Defensa pueden encontrarse la oferta de diez puestos de “conductor de turismo”.
Todas las ofertas corresponden a puestos localizados en la Comunidad de Madrid. El nombre de la empresa de VTC que los solicita no aparece en la oferta, ya que para conocerla es necesario tener el permiso de seguridad que habilita para consultarla.
Las condiciones laborales de la oferta incluyen un sueldo de entre 15.000 y 18.000 euros brutos anuales, jornada completa y contrato indefinido. Se requiere tener más de 23 años, licencia de conducción con un mínimo de dos años de antigüedad y al menos ocho puntos en el carnet de conducir. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 31 de marzo.
Estas ofertas están específicamente dirigidas a militares que se encuentren inscritos en el programa ‘Sapromil’ (Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales de Personal Militar).
Esta iniciativa surgió para facilitar la salida de militares profesionales de la escala de Tropa y Marinería -soldados, cabos…- , ya que la Ley de Carrera Militar aprobada por el gobierno de Zapatero en 2007 establece que cuando lleguen a los 45 años de edad deberán abandonar la vida castrense. El Gobierno entiende que llegados a ese punto, sus capacidades físicas para la profesión disminuyen.
El colectivo de afectados por esta medida, formado por decenas de miles de soldados, se ha movilizado en los últimos años para solicitar al Gobierno que busque soluciones. Y una de las propuestas ha sido la creación de esta bolsa de trabajo.
Sin embargo, en los últimos años se han generalizado las críticas entre el personal militar hacia el proyecto. Denuncian, entre otras cosas, que una parte importante de las ofertas buscan candidatos sin apenas cualificación o con sueldos muy inferiores al que perciben en su puesto de las Fuerzas Armadas.
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