El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña niega las cautelares a una empresa de VTC que solicitó paralizar el reglamento del AMB
Cristian Reche
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), habla con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), y la de L’Hospitalet del Llobregat, Núria Marín (2 d), en presencia del responsable de Digitalización de Seat, Fabian Simmer (i), durante el Smart
Barcelona, 21 de junio de 2019 (04:55 CET)
Llegan las primeras resoluciones judiciales sobre el polémico reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La sala del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC) ha desestimado paralizar inmediatamente el nuevo reglamento impulsado por Ada Colau, que pretende que los vehículos de Cabify se precontraten con una hora de antelación y no solo con 15 minutos, como impuso la Generalitat.
En una sentencia dictada por la sala de lo contencioso administrativo del TSJC el pasado 18 de junio, a la que ha accedido Economía Digital, se hace oídos sordos a las reclamaciones de una empresa de transporte VTC, Luxury VTC, que pretendía que la nueva normativa no viera la luz.
En la documentación consultada se acuerda que no hay motivos para llevar a cabo una suspensión cautelar del reglamento del AMB. Los juzgados, no obstante, sí deciden incoar expediente de medidas cautelares y disponer que la demanda se tramite por cauce ordinario.
La empresa Luxury VTC, que pedía “suspender la eficacia jurídica del reglamento”, se apoyaba en la falta de competencia del AMB para regular el sector de las VTC, la vulneración del derecho de libertad de empresa y del principio de no discriminación.
La noticia supone una primera victoria también para el taxi, que sabe que la guerra todavía no ha terminado. El sector, que forzó a la administración a dar a luz a este reglamento, es consciente de que esta es la primera solicitud de paralización de muchas que llegarán a los tribunales catalanes.
El reglamento del AMB fue aprobado con los votos del partido de Colau junto con el PSC y la CUP para parar los pies a Cabify. La compañía española de transporte sigue operando en Barcelona desde que cambió su modelo de negocio: dejó de ser una plataforma que pone en contacto a chóferes y pasajeros para convertirse en una empresa de viajes, asumiendo las licencias y los vehículos de las empresas intermediarias.
Competencia espera el turno para ir a por Colau
Este medio ya adelantó que el organismo de Competencia de Cataluña, la ACCO, ultimaba otra impugnación ante los tribunales. Su solicitud todavía no se ha llevado a cabo, ya que desde el organismo consideran que queda todavía margen para preparar la documentación y presentarla.
La ACCO, según ha publicado en diferentes informes, considera el reglamento de Colau contrario a competencia. El organismo presidido por Marcel Coderch ha dado en otras ocasiones un tirón de orejas a Colau por otros aspectos relativos a la movilidad, como la política respecto a las bicicletes y coches compartidos.
En su opinión, al igual que sucede con el real decreto de la Generalitat, que impone un margen de 15 minutos para contratar un servicio de Cabify, se atenta contra derechos constitucionales, como el de libertad de empresa.
Otro organismo que también ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos es Unauto, la patronal de las VTC en España. El área legal de la patronal, con José Andrés Diez Herrera al frente, fue quien logró el pasado año que los tribunales tumbaran el primer reglamento de Colau, en el que no se bloqueaba a Uber a Cabify utilizando el tiempo de espera, sino exigiendo una licencia extra para circular por Barcelona y el resto de ciudades del área metropolitana.
Siete personas han resultado heridas leves y una grave al colisionar un autobús de la EMT contra un vehículo VTC en la confluencia de la calle de Narváez con Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Los efectivos del Samur han acudido al lugar del accidente y han atendido a siete pasajeros del autobús con heridas leves.
El peor parado es el conductor del coche VTC que ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado grave. El vehículo de la empresa Cabify iba con al menos un ocupante además del conductor.
Según fuentes municipales, al menos seis de los ocupantes del autobús de la EMT han sido hospitalizados en el Gregorio Marañón y al Hospital Beata María de Jesús.
Varios testigos han señalado que el coche VTC ha colisionado con el autobús cuando este se ha parado. En la zona ahora mismo hay retenciones al estar cortadas varias calles.
El departamento del Gobierno dedicado a la obra pública va a cambiar de nombre en la nueva legislatura y, en gran parte, de estrategia. El Ministerio de Fomento pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como avanzó el pasado viernes la secretaria general de Transporte, María José Rallo, durante la asamblea general de la asociación del transporte Astic celebrada en Granada.
El ministerio que lidera José Luis Ábalos, en estos momentos como titular en funciones, viene de intentar equilibrar la fuerte inversión en nuevas líneas de ferrocarril con la atención a las carreteras y la conservación de infraestructuras en unos Presupuestos Generales que fueron devueltos por el Congreso. El siguiente paso en esta materia del futuro Gobierno de Pedro Sánchez será atender el desarrollo de una movilidad sostenible, eficiente y segura.
Sobre la mesa del próximo ministro o ministra (se especula con la permanencia de Ábalos) se agolpan temas urgentes como la creación de un modelo de financiación de las infraestructuras que acabe con los agravios territoriales de la implantación de los peajes en autopistas; una solución definitiva a la batalla entre los taxis y las VTC; la liberalización del transporte de pasajeros en tren; el impacto del Brexit sobre las dos mayores aerolíneas españolas, Iberia y Vueling, o el avance en la estrategia de cielos único europeo, entre otros muchos asuntos. Tal agenda, sobre la que sobrevuela la lucha contra el cambio climático, podría merecer también el incremento de secretarías de Estado, que desde la crisis se concentran en una única figura.
Desde la citada Astic se ha aplaudido la decisión de poner el transporte en el centro de la estrategia de un ministerio muy enfocado hacia la creación de infraestructuras, pero que no ha dejado de ser regulador de sectores como el aeroportuario o del transporte colectivo por carretera y el ferrocarril.
“Somos conscientes de que ahora el mundo va por otro lado: las inversiones son necesarias y habrá que seguir haciéndolas, pero estamos abordando el reto de alinear las prioridades del ministerio a los grandes retos internacionales”, apuntó Rallo. La cohesión social y el transporte de mercancías serán dos ejes de trabajo para la nueva cartera de Transporte.
La semilla de lo que hoy es el Ministerio de Fomento viene de 1832, cuando se crea la secretaría de Despacho de Fomento General del Reino. Posteriormente, el departamento ha ido variando de nombre, pasando por Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y todo tipo de combinaciones entre la idea de la movilidad, el urbanismo y la inversión pública. La designación de Ministerio de Fomento viene de 1996, cuando el popular Rafael Arias Salgado tomó la cartera de manos del socialista Josep Borrell, hasta entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y Medioambiente.
Cabify, la ‘startup’ española más exitosa y cuestionada a la vez de los últimos años, se juega su futuro en los tres próximos meses. Es la fecha que internamente se han marcado para cerrar una nueva ronda de financiación de hasta 300 millones que le ayude a seguir en la batalla. El problema es que coincide justo con su situación de negocio más delicada: su principal socio de referencia, la japonesa Rakuten, baraja abandonar el barco, los números en Latinoamérica, su gran esperanza para expandirse, son preocupantes, y el panorama regulatorio en España es más adverso que nunca. De convertirse en una compañía valorada en 2.000 o 3.000 millones de euros (y más) y hacer frente cara a cara a dos gitantes como Uber y la china Didi, Cabify se arriesga ahora a quedarse en tierra de nadie.
Según confirman a Teknautas fuentes conocedoras de las negociaciones de Cabify con inversores, la ‘startup’ ha mantenido reuniones en las últimas semanas con fondos ubicados en Reino Unido y Francia. La cifra sobre la mesa es la conocida: entre 150 y 300 millones. Pero ahora se añade una variable adicional que puede condicionar esta nueva ronda y el futuro de la empresa. Rakuten, socio y accionista de referencia desde finales de 2015 (inversor también en Glovo), baraja desinvertir de Cabify por dos motivos: la empresa está huyendo poco a poco del negocio de los coches de alquiler con conductor y, además, las sombras sobre el negocio de Cabify son demasiado alargadas como para mantener su apuesta durante más tiempo.Cabify se dispara en el pie: por qué el troleo a la Generalitat le puede costar muy caroManuel Ángel Méndez
“Es una opción sobre la mesa: en Japón no funciona Cabify y en España tampoco ha cuajado Rakuten TV. No tiene sentido que mantengan su inversión, han cumplido una etapa. Es cierto que si Cabify fuera como un tiro sería diferente, pero no nos engañemos. Cabify no va mal, pero ya no crece como antes. Es un caramelo, pero ha tocado techo. Crecer más allá de los 2.000 millones de valoración a los que podría llegar tras la nueva ronda va a ser muy complicado, por no decir imposible”, explica a Teknautas un inversor conocedor de la situación que pide el anonimato por tratarse de negociaciones confidenciales. Consultados al respecto, directivos de Rakuten y portavoces de Cabify no han ofrecido ninguna respuesta sobre su posible salida del accionariado de Cabify.
Un conductor de Cabify limpia su vehículo en Barcelona. (EFE)
La firma japonesa tenía hasta ahora tres inversiones clave en el sector: 350 millones de dólares en Careem, líder en los países árabes, y 600 millones en Lyft, el rival de Uber en EEUU. De lo primero se deshizo hace tres meses, cuando Uber compró Careem por 3.100 millones de dólares; de lo segundo se libró hace solo unas semanas, con la salida a bolsa de Lyft, en la que Rakuten se embolsó casi 1.000 millones por la venta de acciones. Ahora todos los ojos apuntan a Cabify. Desde el núcleo duro del accionarido niegan de forma extraoficial que Rakuten esté pensando irse, pero fuera de las presiones corporativas reconocen que es una opción. “El problema para Cabify si esto ocurre es cómo le explican a los nuevos inversores que Rakuten esté barajando irse. No envía una buena señal. Por un lado tiene lógica, por otro, viendo los retos de la ‘startup’, sobre todo en Latinoamérica, es un argumento difícil de vender”, explican otros inversores consultados.
Sangría en Brasil, irrelevancia en México
“Brasil es la gallina de los huevos de oro del sector: quien se lo quede, gana”. Así explicaba una fuente interna de Cabify a este diario en enero de 2018 lo que estaba en juego en Latinoamérica. En ese momento Cabify contaba con menos de un 5% de cuota de usuarios activos semanales, Uber casi el 90%, según datos privados de la consultora App Annie a los que ha tenido acceso Teknautas. Año y medio después, Cabify ha desaparecido del mapa y 99 Taxi, comprada por Didi el año pasado, se ha hecho con casi el 30% del mercado, Uber con el resto. No hay hueco para más (puedes ver los datos en los gráficos debajo – cifras en usuarios activos semanales).
“Uber y Didi invierten muchísimo dinero en regalar viajes para penetrar el mercado a costa de pérdidas”, explicaba hace un año otra fuente interna. La ‘startup’ española, sin embargo, no tiene el mismo dinero ni recursos para igualar esa estrategia. Es una guerra desigual. En México, el segundo gran mercado en Latinoamérica después de Brasil, la cosa no pinta mejor. Durante los tres últimos años Cabify y su socio local Easy Taxi controlaban el 15% del mercado. Uber todo lo demás. Eso fue hasta finales de 2018 con la entrada del gigante chino Didi, que en apenas seis meses se ha merendado el 25% de cuota, relegando a Cabify y Easy Taxi a menos del 10%.
“Es cierto, en Latinoamérica no vamos com un cohete. Brasil y México están prácticamente perdidos y eso es un palo. Pero hemos conseguido hacernos hueco en otros mercados clave como Argentina o Chile. Hay que mentalizarse: no somos Uber ni Didi, estamos en otra liga. Pero eso no resta mérito a la compañía, sigue siendo un negociazo que vale miles de millones de euros”, explica otra fuente interna conocedora de la estrategia y cifras de la empresa.
Si bien la situación en los dos grandes mercados de Latinomérica es comprometida, Cabify ha logrado colarse como segunda alternativa en otros territorios, aunque con suerte desigual. El más notable es Argentina, donde ha pasado de apenas el 10% de cuota en usuarios activos semanales en 2018 a más del 25% ahora. En Perú la evolución es también al alza, con una cuota del 15% a comienzos del 2018 frente a más del 30% actual en detrimento de Uber. En Chile, Colombia y Ecuador, Cabify maneja entre el 15% y el 30%. Pero siempre se repite el mismo patrón: Uber es el gigante. Y lo peor: Didi acaba de estrenarse por todo lo alto en Chile y Colombia, y pronto lo hará en Perú y Chile. Y en todos esos países tendrá algo que no tiene su rival español: los bolsillos llenos de dinero fresco para hundir a la compentencia a base de descuentos para los viajeros y mejores condiciones salariales para los conductores.
Oficialmente, Cabify no se pronuncia sobre la salud de su negocio en Latinoamérica. “Solo daremos un dato: el 85% del total de viajes de Cabify a nivel mundial, en los 12 países en los que operamos, se realiza en Latam”, señala un portavoz. Algo poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un mercado potencial total de 640 millones de personas frente a solo 48 millones en España. El verdadero dato relevante, cuánto ingresa Cabify allí respecto a España, y cuál es su margen, es un misterio.
Bloqueo regulatorio en España
Troleo. Trampa legal. Resquicio. Son algunas de las palabras que se han usado para definir la vuelta de Cabify a Barcelona tras el decreto ley que obligaba a cualquier cliente a reservar un coche con 15 minutos de antelación. La ‘startup’ se inventó una forma de saltársela y así comenzó un pulso entre la Generalitat, que ya le ha multado con 50.000 euros por solo tres días de infracciones, y la compañía, que ya cuenta con más de 300 coches en la calle. Fuentes internas consultadas aseguran que en los próximos meses pondrán en marcha sus 1.300 licencias en la Ciudad Condal (adquiridas al Grupo Auro y Vector Ronda).
Protestas de taxistas en México DF contra Cabify, Uber y Didi. (Reuters)
“El problema de esta estrategia es que como la Generalitat cumpla su amenaza de sancionar por todos los viajes, es dinero que se va directamente al balance de la compañía. A 1.000 euros por viaje irregular, eso es totalmente insostenible”, señalan fuentes del sector consultadas. Lo mismo ocurre en Valencia: el ayuntamiento allí copió la regulación de Barcelona y Cabify su treta legal. “Ahora mismo sabemos que hay unos 200 coches operando, son la mitad de lo que había justo antes de aprobarse el decreto. Vigilaremos muy de cerca si esa cifra sube y exigiremos al Ayuntamiento que imponga sanciones”, explica a Teknautas Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del taxi de Valencia.
Esta es la encrucijada a la que se enfrenta la firma española para convencer a los inversores de obtener una nueva ronda de financiación millonaria. A su favor tiene una gran baza: la empresa ya es rentable trimestralmente, una proeza comparado con las pérdidas millonarias de Uber y Didi. Sin embargo, su rentabilidad en realidad es una medida de su escala: la liga mundial se la disputan Uber y Didi. Cabify, de momento, busca desesperadamente una salida: ¿venta al mejor postor? ¿Salida a Bolsa en 2020? Cada vez queda menos para conocer el desenlace.
El número de licencias VTC se dispara en la región de Andalucía, donde operan ambas plataformas y han incrementado el número de v
Barcelona, 10 de junio de 2019 (04:55 CET)
Uber y Cabify siguen expandiéndose en España. Las plataformas de movilidad han encontrado un nuevo punto en el que explotar sus servicios con más intensidad más allá de Madrid, la zona que más licencias VTC (permisos que necesitan las plataformas para prestar su servicio) están activadas.
La información del Ministerio de Fomento, que recoge mes a mes en qué zonas y en qué modo evoluciona el número de vehículos VTC, revela que el sur de España es la zona que más crece de toda la geografía nacional en lo que va de año.
Comparando una comunidad autónoma y otra se observa más claramente el cambio. Desde febrero, mes en el que entró en vigor el decreto anti-Uber de Cataluña, 317 vehículos VTC dejaron Cataluña (Barcelona, sobretodo), mientras que otras 306 se incorporaron a Andalucía.
Fuentes del sector matizan que el trasvase no corresponde a un movimiento de las empresas, que mueven los vehículos de una región a otra — el ratio de territorialidad impide que se haga en más de un 20% — , sino a la activación de nuevos permisos que se han ido introduciendo en el mercado, mientras que las licencias en Cataluña se han ido desactivando.
La región es ya la segunda zona de España con más licencias VTC, con 2.294 licencias activas, el 15,47% del total de ellas (14.827). Números que se concentran en pocas ciudades, como Málaga, donde operan más de la mitad de coches VTC que hay en toda Andalucía.
No es casualidad que en Andalucía tanto Uber como Cabify hayan ido aterrizando desde su nacimiento. La compañía española entró en 2016 en Málaga y Sevilla, mientras que la californiana no llegó hasta 2018, con su aterrizaje en Sevilla y Córdoba y con el lanzamiento en Granada para este año.
No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más permisos VTC atesora. Concentra ya 7.662 licencias, más de la mitad de las que hay en toda España (51,76%).
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales “dignas y acordes a la legislación vigente”. La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar “una queja por las condiciones laborales abusivas”.
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque “supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo”.
Y prosigue: “A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia”.
Por ello, añade la magistrada, “entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente”, explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
EP
02/06/2019 11:19
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público ‘online’ que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro ‘online’ cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
Nuevas regulaciones
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su “restrictivo decreto ‘antiVTC'”.
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone “una restricción incompatible con la inmediatez” de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su “compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto” y sigue “a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos”. “Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad”, aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia “con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura”. “Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional”.
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa “no se adapta al decreto”.
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana “altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios”. Señaló que la regulación es “contraria al interés general” porque supone “una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía”. “Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad”, afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su “convencimiento” de que la situación será “transitoria” y “el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Asimismo, trasladó su deseo de “encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección”.
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat “haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi” que “lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio”.
“València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía”, subrayó. A su juicio, “añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi”.
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
Los VTC, vehículos de transporte con conductor, como Uber, Cabify o Lyft, han agravado la congestión de tráfico en la ciudad de San Francisco entre 2010 y 2016. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Kentucky y la Autoridad del Transporte del Condado de San Francisco, ambas en California (EE.UU.), concluye que este tipo de servicios son el principal factor de empeoramiento de la circulación de la ciudad: no solo aumentan la cantidad de tiempo ‘perdido’ en el coche por atascos y congestión, sobre todo en horas punta, sino que además ralentizan la velocidad de circulación.
Desde que aparecieron, estas compañías se han hecho muy populares y han revolucionado el transporte urbano. En algunas ciudades, como en San Francisco, ya generan 12 veces más carreras que los taxis. Y en otras, como en Nueva York, ‘reino’ del taxi amarillo, ya han igualado la cantidad de trayectos que realizan.
Una imagen de la aplp de Uber. (Andrew Harrer / Bloomberg)
Las empresas de VTC suelen presentarse como una solución al problema de los atascos en áreas urbanas; como promotores del uso del transporte público, puesto que en teoría resuelven el llamado último kilómetro que conecta al usuario desde el transporte público a casa o al trabajo; y como una opción para reducir el número de coches privados. Sin embargo, los estudios que se han ido realizando desde 2015 han llegado a conclusiones contradictorias sobre los supuestos beneficios de estas empresas.
Para averiguar qué papel desempeña esta opción de transporte en la circulación viaria, Gregory Erhardt, investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Kentucky, realizó un estudio, que recoge esta semana Science Advances, en colaboración con los servicios de transporte públicos metropolitanos de San Francisco. Usan analíticas de tráfico proporcionadas por la consultoría de movilidad Inrix -nutridas con una cantidad ingente de datos, lo que es uno de los puntos fuertes de este trabajo- y diseñan un modelo de simulación que les ayuda a establecer los posibles escenarios que se hubieran dado en la ciudad si no hubieran aparecido los VTC.
Tras analizar todos los datos, concluyen que en lugar de reducir la congestión de tráfico en una ciudad con tanta densidad de vehículos y de población como San Francisco (es la cuarta más poblada de California y la 13ª de Estados Unidos), son de hecho el principal factor que contribuye a aumentar los atascos.
En concreto, vieron que son responsables del 62% del tiempo extra que los conductores pasan en el vehículo a diario debido a lentitud en la circulación y de un descenso del 13% de la velocidad media. Además, cuando más congestión provocaban era en las horas punta, cuando la ciudad ya de por sí está bastante congestionada.
Un coche de Uber circulando cerca de la Sagrada Familia. (Mané Espinosa)
Sin los VTC, el tiempo perdido en el coche ‘solo’ hubiera aumentado un 22% y los conductores en San Francisco apenas hubieran ido un 4% más lentos de media, según el modelo de simulación que desarrollaron.
Los autores apuntan algunos motivos por los que los VTC acaban agravando el problema de tráfico de las grandes ciudades. Para empezar, dicen, muchos conductores se desplazan desde fuera a la ciudad para trabajar y se pasan mucho rato conduciendo por sus calles sin nadie en el asiento de atrás. Cuando recogen a un cliente o lo dejan en un destino, alteran el fluir del tráfico, como también ocurre en las ciudades que usan mucho el taxi.
Además, convienen, como también apuntan algunos estudios previos, que hasta el 60% de los trayectos que realizan estas empresas han reemplazado recorridos que antes se hubieran hecho a pie, en autobús o metro, o en bici, tres opciones que no añaden vehículos a las carreteras.
“Es necesario regular este tipo de servicios de forma que supongan una mejora en la movilidad sostenible de la ciudad en su conjunto y no que vayan en detrimento, como ha ocurrido en San Francisco”, advierte Sergi Saurí, director del Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
“El experimento de San Francisco de demuestra que un sistema aparentemente ventajoso puede acabar perjudicando a la ciudad si no se regula bien”
“Se trata de optimizar el servicio para reducir el ratio de vehículos-km. Por ejemplo, mientras que no tengan clientes, que estén esperando en un lugar, para así evitar vehículos circulando vacíos por la ciudad y problemas adicionales de congestión”, puntualiza.
Al transporte de personas se suma que recientemente estas empresas ofrecen también otros servicios, como el reparto de comida a domicilio (Uber eats) o de productos comprados a través de la web (Amazon prime). En este sentido, uno de los mayores retos de las ciudades, apunta Paco Gasparín, investigador del CENIT, es el aumento de vehículos como furgonetas debido al comercio electrónico, que cada vez irá más en aumento.
Uber aterriza en Asturias con su aplicación de comida a domicilio Uber Eats (Uber / EP)
“La única forma de encarar el problema es con medidas tales como las microplataformas de distribución urbanas, el uso de vehículos eléctricos, con el objetivo de no aumentar el número de vehículos por km en la ciudad”, considera Saurí, que apostilla que “no podemos dejar la movilidad de la ciudad en manos del mercado. El experimento de San Francisco de demuestra que un sistema aparentemente ventajoso puede acabar perjudicando a la ciudad si no se regula bien”.
Barcelona, 20 may (EFE).- Más de 2.000 taxistas de toda España interpondrán una querella contra Uber y Cabify, entre otras empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales.
Los demandantes son taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y están representados por el exjuez y abogado Elpidio Silva.
Estas demandas se interpondrán de forma individual contra Uber y Cabify, las principales plataformas de intermediación que operan en España, pero también contra “un entramado de sociedades que manejan la mayoría de las VTC en todo el territorio nacional”, ha explicado a Efe Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.
Los taxistas darán así un paso más en su particular batalla contra el sector de los VTC, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite el pasado abril una demanda colectiva contra Uber, Cabify y otras tres empresas por competencia desleal.
En este caso, las demandas, de ser finalmente admitidas a trámite, no tendrán un recorrido civil, sino penal, pues los taxistas atribuyen a las compañías VTC delitos como la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores.
Además, “todos estos delitos se están produciendo de forma continuada”, ha destacado Álvarez.
El abogado Elpidio José Silva, acompañado de miembros de la Plataforma Integral del Taxi y Élite Taxi Barcelona, tiene previsto presentar en Barcelona esta nueva acción judicial contra las plataformas de alquiler de vehículos con conductor el próximo jueves 23. EFE
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