El nuevo Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch empieza a ser ya una realidad. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, visitó este martes las instalaciones del remodelación servicio de Urgencias recayente a la calle Joaquín Ballester y ha anunciado que el próximo jueves entrará ya en servicio para dar cobertura a cerca de 200.000 vecinos del entorno.PUBLICIDAD
El recinto cuenta con una superficie de 650 metros cuadrados repartidos en dos plantas y estará atendido por 22 facultativos, 27 enfermeros, dos técnicos especialistas en radiodiagnóstico, seis celadores, siete auxiliares de enfermería y siete administrativos. Estos profesionales serán los encargados de atender las cerca de 47.000 urgencias que se registran al año en esta zona.
Paralelamente, según informó la consellera, se están terminando las obras de desamiantado del edificio de rehabilitación, que acabarán en julio, y en los próximos meses empezarán las del pabellón central y el de enfermería, Estos inmuebles se derribarán para poder construir las nuevas instalaciones, mientras que el antiguo edificio de investigación se rehabilitará para albergar el futuro servicio de emergencias sanitarias.
En esta línea, a finales de 2019 -al menos, durante el último trimestre- arrancarán las obras del centro de salud y especialidades, «el de mayor dimensión de toda la Comunitat, con más de 20 especialidades, resonancias magnéticas, TAC, rayos, etc. El 80% de las consultas podrán ser atendidas aquí sin necesidad de desplazarse al nuevo hospital», resumió.
Con todo ello «empieza la ordenación de los espacios, que estamos pendiente de presentarlo al Ayuntamiento de Valencia para que apruebe toda la ordenación», indicó Barceló, quien cree que «vamos a poder culminar todo este espacio, esperemos, esta legislatura».DAMIÁN TORRES
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales «dignas y acordes a la legislación vigente». La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar «una queja por las condiciones laborales abusivas».
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque «supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo».
Y prosigue: «A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia».
Por ello, añade la magistrada, «entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente», explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
Respecto a la ordenanza vigente, está el caso por ejemplo de que ya no se podrá circular por el carril EMT/TAXI. El anterior gobierno municipal del PP incluyó ese permiso, con el fin de favorecer este medio de transporte en situaciones de atascos, un beneficio que desaparecerá.PUBLICIDAD
«Existen estudios técnicos que no recomiendan que los ciclomotores y motocicletas hagan uso del carril bus por el riesgo de incrementar la accidentalidad en número y en gravedad. A su vez, la circulación de estos vehículos por el carril bus supone un perjuicio para el correcto servicio de la EMT y el taxi, por lo que se considera que debe desestimarse la alegación», respondió la concejalía de Movilidad a la enmienda presentada por el propio grupo popular antes de que la ordenanza pasara por el pleno.
Los motoristas no podrán dejar sus vehículos en zonas peatonales si tienen a 50 metros plazas señalizadas
No en vano, en los últimos años no se ha repintado la señal que permitía la circulación de las motos por este carril reservado. El PP denunció incluso que la pintura era borrada a propósito, lo que no fue confirmado por el gobierno municipal.
Esa circunstancia, la circulación por el carril EMT/TAXI será lo primero que cambie para los motoristas, aunque también sucederá algo parecido con los estacionamientos en las aceras. Sobre el papel cambio poco, pero ese matiz es decisivo. Hasta ahora, los motoristas puede dejar sus vehículos en las aceras de más de tres metros de anchura y bajo unas determinadas condiciones.
Las motos deben estar paralelas al bordillo, dejando una distancia mínima de 50 centímetros para permitir la apertura de puertas de los coches estacionados. La novedad menor es que el espacio hasta el paso de peatones más próximo pasa de dos a tres metros, mientras que con un carril ciclista, los usuarios tendrán que dejar un metro, lo que no ocurría hasta ahora.
Pero la incorporación más importante es que sólo estará permitido estacionar cuando no existan plazas de estacionamiento para hacerlo en calzada, ocupadas o no, a una distancia mínima de 50 metros y en «ningún caso si está expresamente prohibido mediante señalización». Para la portavoz de la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial, María José Alonso, se trata de un «artículo trampa», debido a que con la creación de estacionamientos los últimos años, sin ir más lejos los realizados para el anillo ciclista, inutiliza cualquier opción de dejar la moto en la acera en todo el recorrido.
Ya en febrero de 2017, el Consistorio anunció la puesta en marcha de aparcamientos para motos en la calle Colón, lo que «liberaría definitivamente del tráfico y el aparcamiento unas aceras por las que diariamente pasan miles de personas». Esa intención se ha traducido en la ordenanza de manera oficial, con lo que la Policía Local tendrá la potestad de sancionar a cualquiera que deje estacionado su vehículos en esas nuevas condiciones.
Otras novedades de la ordenanza que deberán tener en cuenta los motoristas es que no podrán estacionar en la acera, pese a que cumpla con todos los requisitos, si eso supone hacerlo junto a una zona de carga y descarga, para garantizar el acceso adecuado a las camionetas. Por último, las motos y ciclomotores no podrán acceder con el motor encendido, sino que desde el bordillo tendrán que arrastrarlas hasta el lugar de estacionamiento.
Se mantiene igual la prohibición de estacionar junto a las fachadas, lo que se agrava si obstruye el acceso a un edificio. Sigue también la imposibilidad de encadenar o amarrar vehículos en farolas, árboles o cualquier otro elementos del mobiliario urbano. Las bicicletas sí que podrán hacerlo en todos los casos salvo en el arbolado.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su «restrictivo decreto ‘antiVTC'».
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone «una restricción incompatible con la inmediatez» de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su «compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto» y sigue «a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos». «Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad», aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia «con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura». «Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional».
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa «no se adapta al decreto».
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana «altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios». Señaló que la regulación es «contraria al interés general» porque supone «una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía». «Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad», afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su «convencimiento» de que la situación será «transitoria» y «el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana». Asimismo, trasladó su deseo de «encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección».
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat «haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi» que «lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio».
«València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía», subrayó. A su juicio, «añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi».
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
En protesta por la muerte de un trabajador de la empresa en BarcelonaEFE – 30/05/2019
Momento de la protesta. EFE / Ana EscobarEl colectivo Riders x Drets, junto a Intersindical Valenciana y No + Precarietat, se concentró ayer miércoles ante las oficinas de Glovo en València, que han empapelado con carteles, y quemó varias mochilas de reparto en protesta por la muerte de un trabajador de la empresa en Barcelona.El representante de Riders x Drets Carlos Iglesias, extrabajador de la empresa Glovo, denunció que Glovo se está «enriqueciendo» a costa de los empleados y los está «matando», porque el sistema en sí es «asesino» y porque no aplican la prevención de riesgos laborales.Alrededor de 30 personas acudieron ayer a las puertas de las oficinas de la empresa para manifestar «el mal trato» que sufren los repartidores de estas empresas y recordar que el de Barcelona «no es un caso aislado».Según manifestó, en el mundo las empresas de reparto de comida acumulan 14 muertes. «No son números, son personas, y es lo que estamos recriminando», aseguró.Los participantes en la concentración pidieron explicaciones a Oscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, y al Gobierno que haga cumplir la prevención de riesgos laborales en estas empresas.Para Marco Antonio Llerena, de la Intersindical Valenciana, se trata de un trabajo «absolutamente irregular, que se salta el estatuto de los trabajadores y los convenios laborales».
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha sostenido este jueves que da prioridad a los taxis como servicio público y que Uber no lo es, por lo que «no» está «nada preocupado» por la decisión de la compañía de dejar de operar en la ciudad a partir del próximo 1 de junio.
A preguntas de los periodistas sobre la suspensión de la actividad en Valencia de la plataforma de contacto entre usuarios y vehículos con conductor (VTC) por la obligatoriedad de esperar 15 minutos adicionales en cada servicio, Ribó ha sostenido que su posición es «clara».
«Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas», ha agregado.
El alcalde ha precisado: «si Uber no considera conveniente por sus negocios estar en València, hay muchas más alternativas. No estoy nada preocupado por ese tema», ha finalizado.
Uber se va de Valencia: deja de operar por la nueva ley anti-VTC
El servicio de transporte estadounidense deja de operar en la capital valenciana después de que se aprobara una ley muy similar a la que hizo que se fueran de Barcelona
(Foto: Reuters)
TIEMPO DE LECTURA2′30/05/2019 10:41 – ACTUALIZADO: 30/05/2019 11:44
Tras el controvertido caso de Barcelona se abre un nuevo frente en la guerra de las VTC. La compañía estadounidense Uber, una de las ‘apps’ centrales de los servicios VTC, acaba de anunciar que deja Valenciatras la puesta en marcha de una nueva legislación que obliga a esperar 15 minutos para contratar una VTC.
El mensaje a las autoridades es claro ya que dejan claro que quieren ser un aliado de las ciudades en las que operan, pero «para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa. Una regulación que tenga en cuenta a los millones de usuarios que nos elegís cada día y a los miles de conductores que han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida».
Por último piden calma a sus usuarios ya que su compromiso con España «permanece intacto». «Podrás seguir viajando con nosotros en Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y esperamos que pronto otra vez en Valencia», aseguran al final del comunicado.
Una VTC rueda por Valencia. (Foto: EFE)
Una legislación clavada a la catalana
La guerra en Valencia lleva activa desde hace meses entre los líderes del sector de las VTC, el taxi, la Generalitat y el Ayuntamiento, y solo paró por los comicios electorales que se avecinaban. Ya en marzo, el gobierno comunitario aprobó el Decreto que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación y tanto la patronal de este servicio como las diferentes aplicaciones empezaron a amenzar con marcharse si el plan seguía adelante.
La continuidad de los mismos dirigentes tanto en la comunidad como en la ciudad parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en el adiós de Uber siguiendo con lo ocurrido en Barcelona con una ley casi clavada a la valenciana. La ley levantina entra en vigor justo este jueves (se dieron dos meses de margen tras la aprobación en las Cortes) así que ahora veremos qué pasa finalmente con Cabify y el resto de servicios, pero todo apunta a que la situación seguirá el mismo camino que en Cataluña.
El próximo 8 de junio entrará en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible de València, una norma que revoluciona por completo la antigua norma de circulación y que supondrá avances significativos en materia de desplazamientos peatonales, con bici, los nuevos transportes de movilidad personal (patinetes) y sienta las bases del desarrollo de la movilidad eléctrica en la ciudad o los sistemas de vehículos compartidos.
Tras aprobarse definitivamente en el último Pleno del mes de abril, la ordenanza se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, por lo que en 15 días entra en vigor. Según ha explicado el edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, en un encuentro con representantes del sector del taxi, «hemos calculado que el 8 de junio entra en vigor».
Compromís, con Joan Ribó a la cabeza, mantendrá la Alcaldía de Valencia. Lo hará por la mínima y con un único socio, el PSOE, puesto que su tercer compañero de viaje durante la pasada legislatura, Podemos, se ha despeñado en las urnas. El partido morado no ha alcanzado el mínimo del 5% y se quedará fuera de la corporación del tercer ayuntamiento de España.
El ascenso de la coalición valencianista y de los socialistas ha sido suficiente, sin embargo, para retener un gobierno de izquierdas en Valencia pese a la entrada en el hemiciclo de Vox con dos concejales. La distancia con el bloque de la derecha, no obstante, es mínima debido en buena parte a los buenos resultados del PP, que ha levantado los resultados de las autonómicas y se convierte en la segunda fuerza en el consistorio valenciano. María José Catalá ha resucitado un partido que se había instalado en una tendencia negativa tanto en España como en la Comunidad Valenciana. Con ocho concejales y todos ellos ya limpios de sospechas de corrupción, Catalá se convierte en la líder de la oposición con un margen muy amplio sobre Ciudadanos.
El candidato del partido naranja, Fernando Giner, no ha logrado el sorpasso sobre el PP en la ciudad que vaticinaban los resultados autonómicos y se tendrá que conformar con seis concejales, los mismos que obtuvo en 2015.
Ribó dispondrá así de cuatro años más al frente del Ayuntamiento de Valencia y disipa las dudas sobre el liderazgo que ha ejercido en la ciudad, alimentadas en buena parte por las expectativas que había generado la candidata socialista, Sandra Gómez, en las últimas encuestas electorales. En un escenario de cierto retroceso de Compromís en toda la Comunidad, el alcalde no sólo ha sostenido a la marca en Valencia sino que ha aumentado su fuerza con un concejal más.
Atrás quedan ahora las polémicas del carril bici a las que se había aferrado la oposición en los últimos cuatro años. Aunque por la mínima (en buena medida por la desaparición de Podemos del mapa político en la ciudad), las urnas han avalado el modelo urbano que ha desarrollado en los últimos cuatro años y que ha supuesto una revolución en materia de movilidad con una apuesta decidida por la bicicleta en detrimento del vehículo privado.
Su socia en el próximo gobierno municipal, Sandra Gómez, aunque no ha cumplido con las expectativas que había generado la victoria de Ximo Puig en las autonómicas, da cierto oxígeno a los socialistas en la ciudad de Valencia. Ha sumado dos concejales más a los cinco que logró el partido del puño y la rosa en 2015, pero no ha logrado el objetivo de acercarse a Compromís, que se consolida como la primera fuerza sin matices.
Los servicios de arrendamiento con conductor (VTC) deberán ser contratados con 15 minutos como mínimo de antelación en la Comunitat Valenciana tras la aprobación de un decreto aprobado por el Gobierno Regional que, sin embargo, resulta insuficiente para Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana.
El tiempo de precontratación, en virtud del nuevo texto regulador de las VTC, puede ser ampliable hasta una hora en el caso de los servicios urbanos y el Ayuntamiento de Valencia ya manifestó su intención de ampliar esa precontratación. Sin embargo, esa ampliación del tiempo mínimo de precontratación excluye a los servicios interurbanos, y esto supone que los múltiples servicios de costa que transcurren entre municipios solo podrán tener una contratación mínima de 15 minutos. Algo que para el sector del taxi supone un grave problema.
La Gaceta del Taxi.- La Delegación Permanente de las Cortes Valencianas finalmente convalidó el real decreto que regula las VTC y que introduce una precontratación de 15 minutos para estos vehículos. ¿Qué sensación le deja el texto a nivel personal? ¿Cree que refleja lo que demandaba el taxi o se ha quedado a medio camino?
Fernando del Molino.- Para la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, asociación mayoritaria en el sector, el texto aprobado por el Gobierno es totalmente insuficiente por muchos motivos. Porque aunque en un principio pueda ser beneficioso para el taxi que en una ciudad grande como puede ser Valencia se pueda ampliar el plazo de precontratación, para los municipios de costa y la zona de Alicante este texto no va a servir para regular y controlar las VTC.
G.T.- ¿No se puede ampliar en esa zona el tiempo de precontratación, o es que una hora sigue siendo insuficiente en esos municipios?
F.M.- El decreto otorga 15 minutos de precontratación para todo tipo de servicios, esto es, urbanos e inter urbanos dentro de la comunidad. Pero en la zona de la costa se desempeñan mayoritariamente servicios de carácter interurbano, y en esos servicios no se podrá ampliar la precontratación a una hora, ya que esa ampliación solo afecta a los de carácter urbano.
G.T.- Más allá de la precontratación, ¿qué otras carencias encuentra en el decreto?
F.M.- Encuentro muchas, la verdad. Se han sacado de la manga un artículo que estipula que para servicios contratados por la administración no tendrán que tener esa precontratación. Para esos contratos que hacen para los médicos, fiscalías, etc. Esos pueden ser de carácter inmediato. Ahí ya tenemos un coladero. También dice el decreto que los servicios de emergencia o urgencia tampoco deberán ser obligatoriamente precontratados, es decir, que no deberán respetar el tiempo de precontratación mínimo. Ahora vamos a ver qué es lo que se considera un servicio de urgencia o de emergencia.
G.T.- ¿En qué otros aspectos considera que podía haber regulado mucho más la administración y no lo ha hecho?
F.M.- Siempre hemos insistido en el asunto de la vuelta a la base. Insistimos en que no pueden aparcar si no tienen servicio contratado. El problema es dónde van esos vehículos una vez que finaliza el servicio, porque pueden incluso ponerse a dar vueltas. Si no se estipula que obligatoriamente tienen que ir a un sitio, al final la norma es muy difícil de hacerla cumplir. Hemos hecho hincapié mucho en la obligatoriedad de ir a la base, como se hace en otros países europeos como Alemania, pero no lo hemos conseguido.
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