Un grupo de asistentes al MWC fotografía ayer un stand en la primera jornada del congreso.
CARLOS SEGOVIA
26/02/2019 02:38
La organización del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ha decidido vetar a Cabify en sus conferencias tecnológicas por su choque con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento que dirige Ada Colau. La considerada mayor startup española queda así fuera, en insólita decisión, de un panel que tiene lugar hoy precisamente para explicar cómo han crecido «las startup en España».
Fuentes oficiales de GSMA, la empresa organizadora del evento, confirman a EL MUNDO el veto y que éste se produce «por temas políticos» y evitar herir sensibilidades. «En la GSMA trabajamos duro para asegurarnos de ofrecer una gran experiencia a nuestros más de 107.000 asistentes durante la semana que asisten al MWC de Barcelona. No somos una organización política, por lo que no está en nuestro ánimo involucrarnos en temas políticos», justifican en la organización.
Cabify, al igual que Uber, anunció el pasado mes su salida de Cataluña tras la nueva legislación de la Generalitat que, en su opinión, cedía ante el sector del taxi y restringía decisivamente su negocio en contraste con la Comunidad de Madrid y otros países del mundo en los que opera.
Un portavoz de Cabify niega a este diario que la empresa fuera a realizar una intervención política en el MWC, sino que se iba a ceñir al tema de la conferencia. Se titula From Zero to Hero: Fastest-Growing Startups in Spain (de partir de cero a convertirse en héroe, las startups de más rápido crecimiento en España) y Cabify iba a ser claro protagonista al ser la primera empresa del país en convertirse en unicornio, apelativo reservado a las tecnológicas que pasan a valer más de mil millones de dólares.
«Estamos sorprendidos de que en un panel sobre este tema quede fuera la mayor startup de España», agrega. La organización espera una presencia de mil inversores de todo el mundo en esto tipo de empresas a lo largo del evento.
La directora de Regulación de Cabify y directiva del Barcelona, Marta Plana, fue invitada el pasado enero a participar en el citado panel junto a Andrés Saborido, el responsable en España de Wayra, filial de Telefónica. De hecho, fue Wayra la encargada de cursar las invitaciones, pero se le instó a eliminar a Plana del panel.
El director de las conferencias en GSMA, Pere Durán, consideró que en este evento que patrocinan, entre otros, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, podía ser contraproducente la presencia de Cabify. En consecuencia, no sólo no permite a Cabify prestar servicio de transporte en Cataluña como antes, sino que tampoco se le permite intervenir en el mayor evento tecnológico internacional del momento.
«Todos entendemos que la tecnología puede tener un efecto polarizador en algunos sectores, y los debates son obviamente muy complejos. En cualquier caso, siempre ponemos por delante los intereses y requerimientos de nuestros asistentes. Cuando la tecnología trasciende a la política, nosotros, como organizadores del evento, no podemos involucrarnos en tanto en cuanto va en detrimento de ofrecer el mejor evento posible», agregan las citadas fuentes de GSMA para explicar el veto.
Sí son aceptados junto a Saborido, Fernando Saiz (Tappx), Diana Piemari (Housers), Jason Harmon (Typeform) y se ha unido Mariano de Beer, director comercial digital de Telefónica. Entre los patrocinadores de las conferencias destaca Banco Sabadell y también participan el propio Estado y Telefónica, entre otros.
Al igual que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, al llegar a la edad de jubilación, tienen derecho a recibir unas pensiones que, en la mayoría de los casos, son sensiblemente inferiores a las que reciben los trabajadores asalariados.
POR PRODESPACHOS17/02/2019
Getty ImagesEducation Images
En el momento en el que un trabajador autónomo llega a su jubilación surgen diferentes dudas debido a las modalidades de jubilación a las que puede optar.
Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cálculo de las pensiones, las condiciones de jubilación del autónomo se calculan en base a las mismas normas genéricas que afectan a todos los trabajadores.CONTENIDO RELACIONADODESCARGA GRATIS LA GUÍA JURÍDICA Y FISCAL 2019
Durante el 2019 la edad ordinaria de jubilación es: de 65 años, si se tienen cotizados 36 años y 9 meses o más; y si se tiene cotizados menos de 65 años y 9 meses, con 65 años y 8 meses.
Es de aplicación a los trabajadores autónomos, en los mismo términos y condiciones previstos para los trabajadores del Régimen General, el acceso a la jubilación anticipada por razón de actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa; en caso de discapacidad; o por voluntad de interesado.
No tienen derecho a la jubilación parcial, aunque está prevista tal posibilidad, pero no se ha producido el desarrollo reglamentario que la prevé.
Cuantía: La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala establecida para el Régimen General, en función exclusivamente de los años de cotización efectiva del beneficiario. La cuantía a percibir como pensión se abona mensualmente con dos pagas extraordinarias.
Ante la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia, deben distinguirse dos supuestos diferentes:
a) Acogerse a la llamada jubilación activa.
b) Cumplimentar la pensión de jubilación con los ingresos generados por una actividad por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.
Base reguladora: Su cálculo se efectúa del mismo modo que en el Régimen General. Sí existen lagunas, en períodos en que no existió obligación de cotizar, éstas no se completan como en el Régimen General, sino que tales meses quedan en descubierto y, sin embargo, sí se computan como divisor.
Carencia: El periodo mínimo de carencia requerido es de 15 años de cotización, 2 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante. No se aplica la escala de abono de años, según edad cumplida en 1-1-1967, a efectos del cómputo de los años de cotización.
EL CONSEJO DE LOS EXPERTOS
RAFAEL RUIZ
Socio Director en Castellana Consultores
Seamos conscientes de la realidad presente y del futuro poco halagüeño que tenemos los autónomos a la hora de hablar de la jubilación. Los factores determinantes son:
– La necesidad o hábito de cotizar en el Régimen de Autónomos cuotas mínimas.
– La reforma del sistema de pensiones de 2013.
– Por último, seamos realistas, la ineludible bajada que sufrirán las pensiones por razones puramente demográficas y porque España (78,7%) tiene la tasa de reemplazo más alta de toda la UE (46,3%).
Todo ello implica que debamos pensar en buscar complementos que nos ayuden a mantener un razonable nivel de bienestar a partir del día que nos jubilemos.
Pero no olvidemos que los autónomos tenemos una ventaja respecto de los demás. Trabajemos en consolidar nuestros negocios y su fondo de comercio para venderlos el día que nos jubilemos y obtener un merecido premio a nuestros años de actividad.
Es “nuestro as en la manga”.
RAQUEL MARTÍNEZ PALLAS
PUBLICIDAD – SIGUE LEYENDO DEBAJ
Graduada Social
En general, la jubilación del autónomo es más reducida que la de un asalariado, por lo que aun siendo joven debes pensar y tomar medidas.
Para obtener una mejor jubilación hemos de tener en cuenta las modificaciones que se han realizado en el Sistema Nacional de Planes de Pensiones:
El aumento de la base de cotización se debe adelantar a partir de los 42 años para disfrutar de un mayor importe en la pensión.
Aumentar las bases hasta alcanzar una cuota de 500 a 600 euros mensuales permitirá llegar a una pensión media.
A pesar de jubilarse, el autónomo puede seguir ostentando la titularidad del negocio y mantener las funciones propias del propietario.
Te puedes jubilar anticipadamente a partir de los 63 años, siempre que hayas cotizado un mínimo de 35 años.
Puedes extender tu edad de jubilación, aumentando la cantidad a cobrar posteriormente, a razón de un 2% por cada año trabajado adicional.
DAVID CHACÓN
Abogado y Socio de Economis
Parece que algo se mueve en favor de un colectivo reiteradamente castigado por todos los gobiernos desde la instauración de la etapa democrática más larga de nuestro país.
Mucho se ha tardado en obtener un sistema de jubilación anticipada para los autónomos, sin embargo en los últimos años estamos viviendo un renacer de sus derechos y en la actualidad y desde el año 2013 ya se permite el acceso de este castigado colectivo a la prestación de jubilación de forma anticipada, si bien con estrictos requisitos, pues para acceder a ésta se requiere un mínimo de 35 años cotizados, tener una edad que sea como máximo dos años inferior a la edad de jubilación legal que le corresponda, así como que el importe de la pensión a percibir sea superior a la mínima que en virtud de su situación familiar. En definitiva, un presente de lucha para un futuro incierto.
EUROPA PRESS 17.02.2019 – 12:58H Uber y Cabify no dan servicio en Barcelona desde el 1 de febrero por las “restricciones” del Govern al VTC. Un cohe con licencia VTC circulando por Madrid. RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS El Ministerio de Fomento prevé poner en marcha el próximo 1 de marzo el registro online al que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, estarán obligados a notificar todos los trayectos de transporte que realicen, según informan fuentes oficiales. Con este registro, Fomento busca garantizar que los servicios de las VTC cumplen con los requisitos que tienen fijados por ley, esto es, que son contratados previamente y no recogen a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos como estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones. Además, también vigilará que este tipo de transporte cumple con el porcentaje de viajes que pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la que ha obtenido su licencia. No obstante, el registro, que durante este mes de febrero está en pruebas, tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros meses. Así, será a partir del 2 de mayo cuando permita iniciar procedimientos sancionadores en el caso de que detecte eventuales infracciones por parte de las VTCs, según detallaron dichas fuentes. Instrumento de control de las VTC El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su obtención. Con este Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, se pretendió evitar una burbuja de compraventa de licencias VTC ante las miles que concederán estos años los tribunales como consecuencia del vacío legal registrado en el sector entre los años 2013 y 2015. Asimismo, también se buscaba habilitar un instrumento de control de la actividad del sector de VTC en un intento de atajar el conflicto abierto con el gremio del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal. Tras los trabajos y pruebas pertinentes, el Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José Luis Ábalos, baraja poner finalmente este registro en marcha el próximo 1 de marzo. A partir de esa fecha, las firmas como Uber y Cabify tendrán que dar cuenta de todos y cada uno de los servicios que realicen. Regulación de las CC AA Este instrumento online constituye una de las vías que la Administración central tiene para actuar en el ámbito del sector de los VTC, tal como el titular de Fomento indicó en una reciente comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó, también por Decreto Ley, habilitar a los gobiernos regionales para que regulen el sector. El registro se pondrá en marcha mientras que los distintos gobiernos autonómicos están haciendo uso de estas competencias de diferente forma. Así, en Cataluña, el Govern ha aprobado una regulación que obliga a contratar las VTC con una antelación mínima de quince minutos. Esta medida, ante la que Uber y Cabify han dejado de operar en Barcelona, está siendo analizada por otras regiones como el País Vasco, Valencia y Aragón, mientras que, por contra, en Madrid, el Ejecutivo regional rechaza implantarla.
La instructora, siguiendo un informe de la Fiscalía, considera que en este momento no hay indicios “suficientes, contundentes y claros” para continuar las actuaciones contra dos taxistas
Un bombero ante los vehículos de Cabify quemados. / M.G.
No hay “indicios suficientes, contundes y claros” para atribuir a dos taxistas su participación en el incendio de los nueve coches de la empresa Cabify en la madrugada del 2 de mayo de 2017, durante la Feria de Abril. Este es el principal argumento que ha llevado a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, a archivar una de las piezas de la macrocausa de la mafia del taxi, en concreto, la que investigó el incendio de los nueve vehículos de esta VTC.
La magistrada ha dictado un auto, con fecha 29 de enero y al que tuvo acceso este periódico, en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa, una decisión en la que la juez ha valorado el informe realizado por la Fiscalía de Sevilla en el que señala que “en este momento y estado de las investigaciones, concurriendo elementos indiciarios para la imputación pretendida a persona concreta de la autoría de tales hechos, no se estiman suficientes para mantener una acusación”.PUBLICIDAD
Dice la juez que hay indicios para situar a dos taxistas –J. J. F. B. y F. B. H., este último fue detenido por la Guardia Civil como presunto participante en la quema de los vehículos– el “día antes” de los hechos en la gasolinera de Castilblanco de los Arroyos, llevándose uno de ellos una “garrafa de combustible” y conversando largo tiempo entre ellos e incluso uno de los taxistas, precisa la juez, había estado en el aparcamiento de la villa rural de Castilblanco viendo los vehículos de Cabify y hablando con los conductores.
También hay indicios, prosigue la juez, para situar a ambos taxistas en esta localidad sevillana, uno de ellos, J. J. F. B. durante “toda la noche” y F. B. H. “en la franja horaria en la que tiene lugar el incendio”. Sobre este último taxista, la instructora apunta que está “acreditado” que es “partícipe activo en el conflicto contra los VTC y miembro de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), estando incurso en la investigación seguida contra la misma por las actuaciones para mantener el monopolio de uso de la parada del aeropuerto”.
La juez recuerda en el auto que las investigaciones se iniciaron sobre las “sospechas” de que una persona que se había identificado como taxista, estuvo haciendo preguntas en las instalaciones de la villa rural de Castilblanco, siendo la misma persona que fue vista el 1 de mayo de 2017 comprando una garrafa de combustible en la estación de servicio del pueblo.
LA JUEZ DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD A REABRIR LA CAUSA SI SE PRACTICARAN NUEVAS DILIGENCIAS
El informe de la investigación del incendio concluye precisamente afirmando que el fuego fue “intencionado” y que se utilizaron agentes aceleradores y que comenzaron en las ruedas delanteras de cada vehículo, propagándose fácilmente a los motores. Además se colocó un candado en la cancela de hierro de acceso al recinto “en un intento de dificultar tanto la entrada de posibles vehículos de extinción de incendios, como la salida de alguno de los vehículos para evitar los daños”.
La magistrada explica a continuación que las investigaciones se centraron en el estudio de los teléfonos móviles de los dos taxistas sospechosos, las llamadas que hicieron y su posicionamiento, lo que situó a F. B. H. esa noche en Sevilla y en localidades muy cercanas, “probablemente prestando servicios en la Feria, salvo entre las 01:28 y las 2:33 horas, en que se le sitúa en Castilblanco de los Arroyos y de nuevo de vuelta a Sevilla, coincidiendo con la franja horaria en la que se comete el incendio”.
Sobre la participación de este taxista en el conflicto del sector con las empresas de VTC, la instructora señala que hay conversaciones grabadas en las que se dirige a estas empresas denominándolas “cucarachas”, cambiando además información sobre dónde estarían estacionados estos vehículos en la Feria y en ese contexto, continúa la magistrada, pronuncia frases del tenor “ya huele a carbón tío”, “a mí me vas a hablar de barbacoas, si a mí me gusta más una barbacoa que a un tonto un lápiz”.
La juez considera además “significativo” que este taxista, que es miembro de Solidaridad del Taxi –la asociación investigada en otra pieza junto a sus líderes–, en una conversación con otro taxista que le comenta que una vez le pincharon la rueda del coche en el aeropuerto, le respondiera que “ya no le iban a hacer nada más allí, lo que permite claramente relacionar estas acciones cuando menos, con la actividad desarrollada por la AHST en relación al monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla”, que se investiga en otra pieza en la que también está imputado F. B. H.
LAS CLAVES DEL AUTO
1 Los indicios no son suficientes La juez, coincidiendo con el fiscal, no aprecia indicios “suficientes, contundentes y claros” para actuar contra dos taxistas
2 Uno compró una garrafa de gasolinaEntre los indicios, señala la instructora que un taxista compró una garrafa de gasolina un día antes del incendio
3 Los teléfonos móviles los sitúan en la villa rural Uno de los taxistas estuvo toda la noche en Castilblanco y el otro en la franja horaria en la que se produjo el suceso
4 Participación en el conflicto con las VTC Un taxista es “partícipe activo” en el conflicto y miembro de la Asociación Hispalense de Solidaridad
5 Insultos a los VTC en los pinchazos telefónicos En las grabaciones, uno de los taxistas se refiere a los VTC como “cucarachas” y afirma que “ya huele a carbón”
6 Las “carencias” de la investigación La defensa pidió anular las escuchas por las “sobresalientes carencias” que había en las pesquisas
Para la juez, no deja tampoco muchas dudas la interpretación igualmente de la conversación que mantiene el 6 de mayo de 2018 con otro taxista, en la que llama “cucarachas cabronas”, “hijos de puta” y “putos perros” a los Cabify y llega a decir “más, más van a salir ardiendo”.
Pero a pesar de todos estos indicios, la juez, de acuerdo con la Fiscalía, concluye que “no concurren suficientes indicios, contundentes, claros, para imputar a los mismos la autoría del delito de dañosintencionados con incendio en el modo pretendido, por lo que sin perjuicio y pendiente de lo que pueda adicionarse a esta investigación en resultas de nuevas diligencias que se practiquen, procede en este momento procesal acordar el sobreseimiento provisional y archivo provisional de las actuaciones”.
EL TAXISTA DETENIDO INSULTÓ A LOS VEHÍCULOS VTC EN LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS PRACTICADAS
La debilidad de los indicios ya fue denunciada por la defensa del taxista F. B. H., quien en julio del año pasado pidió a la juez que anulara las escuchas telefónicas que le fueron practicadas a él y a sus familiares debido a las “sobresalientes carencias” de las que a su juicio adolecía la investigación realizada por la Guardia Civil.
En un escrito, la defensa de este taxista reclamó entonces la expulsión de las grabaciones realizadas a los teléfonos móviles y de las transcripciones de dichas conversaciones. El taxista consideraba, no obstante, que esas escuchas son inútiles a efectos incriminatorios, y solicitaba la exclusión del proceso por las “sobresalientes carencias”.
El sospechoso sostenía en su escrito que después de varios atestados policiales y más de un año de investigación todavía persistían numerosas incógnitas en torno a la quema de los nueve vehículos de Cabify, y así estimaba que no se había esclarecido el papel que tuvo en los hechos el taxista a quien desde un primer momento se identificaba como el principal sospechoso.
Para esto ha quedado la segunda cadena de Atresmedia: para hacer buenas las tesis del independentismo y la izquierda más radical, para enriquecer a algún contertulio ya trasnochado (como Cristina Almeida), para arremeter contra PP, Vox y curiosamente también contra Ciudadanos -y eso que el director general de Atresmedia Televisión es militante de la formación de Albert Rivera– y sobre todo para hacer aún más millonarios al matrimonio compuesto por Antonio García Ferreras y Ana Pastor (Parte de la plantilla de TVE pierde la paciencia: pintadas contra Fortes y peticiones de dimisión por editorializar a favor de Évole y laSexta).
Lo hacía con la excusa de justificar una noticia falsa que el portal de Pastor ‘Newtral‘ había sacado a la luz y que aseguraba que los presidentes gallego y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, no asistirían a la manifestación convocada el domingo por PP y Cs contra Pedro Sánchez.
Ferreras ponía así a disposición de Pastor varios minutos del programa para justificar su falsa noticia y el error de bulto informativo y de paso promocionar la empresa de la que su mujer es la única accionista y beneficiaria.
Todo ello consigue la autorización de Atresmediapor culpa de la permisiva colaboración de Javier Bardají y la del consejero delegado de Atresmedia Televisión, Silvio González.
“Uber y Cabify se van de Barcelona”. Éste el el titular que reza en las cabeceras de los principales medios. Pero tal como ha sido en este larga batalla legal por la prevalencia del espíritu de la ley, la prensa informa con inexactitudes, porque el titular debiera ser: “Uber y Cabify se retiran porque ya no pueden operar como taxis”. Ésta es la realidad.
En el comunicado de Cabify, la empresa declara que se retira por las “restricciones a los VTC”. Tales restricciones son inexistentes, porque el decreto de la Generalitat de Cataluña lo que hace es hacer prevalecer la normativa vigente para los VTC.
Las autorizaciones (que no son licencias) de los VTC existen desde hace décadas y desde hace décadas que han convivido con el taxi con normalidad, en armonía. Ha sido a partir de la irrupción de Uber y de Cabify y su sistemática vulneración de la legislación que regula los VTC que se ha desatado el conflicto, porque desde entonces comenzó un período de robo del trabajo del taxi al operar los VTC, bajo la tutela de Uber y de Cabify, como taxis.
Ahora, al reordenarse el sistema jurídico, Uber y Cabify anuncian que se van. ¿Por qué se van? ¿Es que no pueden funcionar dentro del marco legal establecido para los VTC o es que hay algo que no estamos entendiendo? ¿Es el transporte de pasajeros el verdadero negocio de Uber y de Cabify o el negocio siempre fue otro? ¿Cuál ha sido el objetivo de quienes han liderado esta ofensiva contra la legalidad que regula el taxi? ¿Estamos en presencia de una gran estafa? Más bien parece esto último.
Lo explico. Unos pocos llamados “empresarios”, que más bien son “especuladores”, adquirieron la titularidad de miles de “autorizaciones” de VTC a 32 euros cada una. Es decir, por cada mil autorizaciones pagaron 32.000 euros. Éstas han de renovarse cada dos años, siempre que se cumplan determinados requisitos, entre éstos, que se haya estado usando efectivamente para el fin que se otorgó, cual es el transporte de pasajeros tras una previa contratación, generalmente, con doce horas de antelación.
Pues bien, basta con buscar a gente en el paro, les planteo que capitalicen el paro, luego con este respaldo que se endeuden con el banco y así les traspaso una autorización VTC a 60.000 euros, con la promesa de que le pondré un coche de renting y una aplicación que le estará dando servicios de transporte a diestra y a siniestra. El ingenuo cae y luego otro y otro y, así, mágicamente, hasta vender las mil autorizaciones para que, en cuestión de un breve tiempo los 32.000 euros se conviertan en 60 millones de euros. Sí, lo he escrito bien, 60 millones de euros a partir de 32.000 euros de inversión, en lo que, a todas luces, huele a una gran estafa.
Todo lo demás, la publicidad en las redes y en la prensa, los discursos sobre economía colaborativa, las acusaciones contra los taxistas tildándolos de ser un monopolio (lo que no es cierto), de ser una mafia (otra mentira, porque las regulaciones las impone la autoridad administrativa), toda esa parafernalia utilizada como una gran pantalla, como un gran velo para ocultar el objetivo real: el de la gran estafa de transformar 32.000 euros en 60 millones de euros, engañando a unos miles de incautos que creyeron que trabajar como taxis sin ser taxis resultaba posible.
Pero este tinglado ha sido preparado con paciencia y sutileza. Antes de llegar a este escenario, no debemos olvidar que, a partir del 1 de enero de 2016, se eliminó el permiso de conducción de la clase BTP (licencia B para transporte de pasajeros). En su momento, se arguyó que se hacía porque en el resto de Europa este permiso no existía y, de este modo, se igualaba la legislación española a la europea. No obstante, lo cierto es que con la eliminación del BTP se hizo posible que cualquier persona en posesión de una licencia B pudiera transportar pasajeros, lo que significó que Uber y Cabify tuvieron la masa crítica para contar con un ejército de conductores para transportar sus pasajeros, sin importar su preparación, ni su experiencia y mucho menos la seguridad para sus usuarios.
Esto se entiende ahora porque, al parecer, el objetivo principal fue el transformar 32.000 euros en 60 millones de euros. Todo indicaría que nunca el objetivo principal fue el transporte de pasajeros ni mejorar la movilidad. No. Esta podría ser una estafa meticulosamente preparada, con muchos cómplices de por medio, que la Justicia deberá investigar.
Concentración de taxistas, en la calle Colón de València. germán caballero
La crisis por la llegada de Uber y la competencia que esta plataforma y Cabify están realizando al taxi, no solo está llevando a este colectivo tradicional a exigir una regulación restrictiva para las licencias de alquiler de coche con conductor (VTC). El taxi también busca adaptarse a las nuevas demandas del mercado que, en medio de este debate entre el servicio clásico y las nuevas plataformas digitales, pide mejoras en un sector al que le ha costado tradicionalmente ir introduciendo cambios.
En este contexto, las organizaciones del taxi han reclamado a la Conselleria de Transporte poder ofrecer a los clientes precios cerrados cuando la contratación del vehículo se realice por vía telemática. Es decir, a través de las app como MyTaxi que llevan tiempo funcionando pero que, a diferencia de Uber o Cabify, no permiten conocer el coste del servicio antes de pedirlo ya que el taxi funciona con un sistema de tarifas.
Según explica Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la C. Valenciana, se trata de un debate que lleva años asentado en el sector. La última ley del taxi ya introdujo esta posibilidad, pero todo quedó pendiente de un desarrollo reglamentario que nunca se ha ejecutado. El pasado martes se le volvió a recordar a la conselleria.
La contratación vía móvil es una de las tres posibilidades que tiene un taxi (las otras son a mano alzada en la calle y en paradas habilitadas), pero es la única en la que compite con los gigantes tecnológicos.
La Generalitat valenciana acaba de lanzar un primer borrador del decreto que regulará la actividad de Uber o Cabify en la autonomía. Y en línea con lo aprobado por el Govern catalán, fija un tiempo de espera mínimo de 15 desde la petición de un Uber hasta la recogida, aunque da poderes a cada municipio para que amplíe esa franja horaria, como hará Barcelona.
Cuenta atrás electoral
En estos momentos, el taxi se debate sobre cómo proceder, un dilema ligado a los tiempos electorales. La cuestión es si acepta lo que ofrece la conselleria y se garantiza una restricción a las VTC antes de que se agote esta legislatura; o si mantiene la presión con movilizaciones con el riesgo de verse perjudicado si el nuevo Consell es menos favorable. Se da la circunstancia de que en València, donde ya operan Uber y Cabify, el ayuntamiento se ha mostrado claramente sensible a las demandas del taxi. Sin ir más lejos, ayer, el alcalde Joan Ribó insistió: «El taxi es un servicio público al que queremos dar la máxima protección sin que las nuevas plataformas invadan sus competencias».
Las organizaciones del taxi, sin embargo, no quieren dejar que la decisión dependa de cada municipio. Ciudades como Alicante o Benidorm, donde Uber prevé desembarcar, tienen otro signo político, y el taxi tiene muy presente la negativa del PP en Madrid a restringir la actividad de las VTC.
Así la cosas, su expectativa, al menos de momento, pasa por lograr del Consell una posición como la de País Vasco o Baleares, donde en todo el territorio autonómico se fija un mínimo de una hora entre la petición y la recogida del servicio.
El ministro británico anuncia que para el próximo año pondrá en marcha esta experiencia para flexibilizar el sector
El anuncio del ministro ha puesto en alerta al sector enfermero británico.
LUN 16 OCTUBRE 2017. 11.40H
REDACCIÓN
La externalización laboral que han producido aplicaciones como Uber está próxima a irrumpir en Sanidad. Así se desprende del anuncio que la semana pasada hacía Jeremy Hunt, ministro británico que aseguraba en la conferencia del Partido Conservador que para el próximo año se pondrá en marcha un programa piloto a través de una oferta de trabajo flexible basada en apps para su personal.
Se trata de una app para enfermeros que funcionará junto a una bolsa de empleo de manera que ayuden al cuidado de sus propias familias, según el ministro. Para Hunt, los modelos de enfermería son arcaicos y no permiten al gremio cuidar de su familia y los contratos son inflexibles para el personal, además de que conducen “a pagas exorbitantes por las horas extras”, algo que complica la situación del ya recortado NHS (sistema nacional británico de salud).
El anuncio del ministro británico, que también había presentado recientemente una nuevaapp para poder relacionarse con los médicos, ha puesto en pie de guerra al sector, que considera que es más beneficioso conceder al personal la subida de sueldo que necesita más que invertir en nuevos modelos. “Tener a nuestro personal sobreexplotado y mal pagado, avisado en el último minuto por medio de una aplicación de que no son necesarios es una idea terrible y el comienzo de una pendiente resbaladiza”, ha lamentado el sindicato GMB por medio de su responsable de servicios públicos.
Parche, no solución
Por su parte, desde la Asociación Británica de Médicos aseguran que las nuevas tecnologías no resolverán el problema, que radica en que “no hay suficientes consultas disponibles con médicos y enfermeras porque no hay suficientes médicos y enfermeras disponibles para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros pacientes”.
Este tipo de soluciones ya han sido puestas en duda por expertos británicos en digitalización, señalando que aunque es posible que mejoren la flexibilidad, acabarán creando puestos de trabajo con condiciones más precarias, frente a las opiniones de quienes defienden que estas plataformas digitales ofrecen una alternativa más barata.
Los sindicatos, a su vez, critican que el cuerpo de enfermería del NHS tiene actualmente un déficit de 24.000 empleados pese a que era el mayor importador de la UE antes del Brexit y que sus enfermeros llevan años con el sueldo congelado. De ahí las suspicacias ante lo que se ha llamado la ‘uberización’ de la enfermería británica. Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
Pese a que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid son los que están soportando el envite del sector del taxi por la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo cierto es que a ambos ejecutivos regionales no les ha quedado otra que lidiar con un conflicto que les ha caído de más arriba, del Gobierno central.
Y además, que les vino impuesto en unas condiciones con las que ni estas dos ni el resto de comunidades autónomas estaban de acuerdo. El decreto-ley del Ministerio de Fomento aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros y convalidado un mes después por el Congreso de los Diputados, que establece el marco general de funcionamiento de los VTC y que delega en las autonomías su regulación, fue redactado de espaldas a los ejecutivos regionales. Fuentes parlamentarias socialistas admiten que «de haberles enseñado el decreto tal y como se aprobó, no hubiese salido adelante. Se hubiesen empezado a introducir cambios y la norma no se habría aprobado».
Fomento, añaden, se limitó a mantener reuniones con las comunidades en las que les ofreció detalles del decreto, pero nunca llegó a mostrarles un borrador. El departamento que dirige José Luis Ábalos priorizó sacarlo adelante ante la presión que estaba ejerciendo el sector del taxi a lograr un documento de mayor consenso que tal vez hubiera evitado conflictos y movilizaciones como los que se han vivido las dos últimas semanas en Madrid y Barcelona.
Las comunidades autónomas nunca quisieron hacerse cargo de regular el sector de los VTC. Y no sólo las gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Murcia). En una reunión convocada por el Ministerio de Fomento a primeros de octubre, después de que el decreto hubiese sido aprobado ya por el Consejo de Ministros, hasta once regiones reprocharon al departamento de Ábalos su forma de proceder por no haberles consultado los puntos cruciales de una norma que ahora deben aplicar ellos. Entre las autonomías que criticaron la gestión estaban el País Vasco, Cataluña, Canarias, Aragón, en la que Gobierna el PSOE, y Cantabria, en la que los socialistas son el aliado en el que se apoya el Partido Regionalista de Cantabria. Otros territorios, como la Comunidad Valenciana, también de gobierno socialista, prefirieron no cargar las tintas en este encuentro. Sin embargo, públicamente habían reconocido con anterioridad su poco entusiasmo por tener que regular el sector.
A la sensación que tenían de que Fomento les traspasaba las competencias sobre las VTC para quitarse de encima el problema, las autonomías sumaron después como argumento para rechazar su gestión las dudas que les generaba el decreto de Fomento sobre quién debería hacerse cargo de las posibles indemnizaciones a que podrían tener Uber o Cabify si los tribunales les dan la razón en sus reclamaciones. Su patronal, Unauto, ya prepara la artillería legal después de que haya advertido en los últimos meses de que cualquier cambio legal que consideren que limite su actividad será recurrido ante la Justicia. Y entienden que la precontratación de sus servicios con hasta una hora de antelación introducida por la Generalitat de Cataluña lo es.
Por eso, podrían reclamar hasta un máximo de 1.000 millones de euros en el que caso de Cataluña. Una cantidad que, según advierte Unauto, se puede disparar si el decreto-ley de la Generalitat les obliga a cerrar y tienen que afrontar indemnizaciones a conductores, empresas de «leasing» o cancelar contratos. Aunque Ábalos ha asegurado que, de haberlas, las afrontaría el Estado porque las normas autonómicas emanan del decreto de Fomento, lo cierto es que la normativa estatal no recoge nada por escrito. Por ello, los nacionalistas catalanes han exigido que, durante el trámite de enmiendas al que se está sometiendo el decreto en el Congreso, se reconozca tal circunstancia por escrito.
En un sector hiperregulado permitimos que entren unos competidores a los que se les exigen muchos menos requisitos y se quedan con el mercado. Es el neoliberalismo, libertad para las grandes empresas, cadenas para el empleadoJavier Gallego
No es sólo la defensa del mundo del taxi lo que se juega en la huelga de taxistas, es la protección de los trabajadores frente las empresas tecnológicas que los explotan. No se trata de negarse a las nuevas plataformas digitales (que el taxi también utiliza, por cierto), se trata de ponerles límites para que no abusen del trabajador, primero, y del cliente, después, cuando se han hecho con el pastel. Es la misma lucha de los empleados de Amazon o los riders por contratos justos y de los vecinos contra el alquiler turístico que les expulsa de sus barrios. Es la resistencia contra la “uberización” de nuestras vidas.
La comparativa no deja lugar a dudas. Los conductores de VTC trabajan unas 60 horas semanales y son mileuristas, aunque facturan para su empresa entre 3.500 y 4.000 euros. La mayoría de taxistas trabajan el mismo tiempo y facturan unos 2.500 euros para sí mismos. Sólo unos pocos empresarios acumulan todas las licencias VTC. La mayor parte del taxi (más del 60%) tiene su propia licencia, que además es un salvavidas. Los taxistas gozan de un sistema fiscal ventajoso, los conductores de VTC, no. Pero sus empresas, sí. Tienen IVA reducido y en el caso de Uber tributan la mayor parte fuera.
Es lo de siempre. Imponer un sistema de trabajadores precarios al servicio de unos pocos multimillonarios. Cómo se consigue. Muy fácil. En un sector hiperregulado, la Administración permite que entren unos competidores a los que se les exigen muchos menos requisitos, les damos más licencias de las que la ley marca y la demanda aguanta, les permitimos libertad de precios y salarios, revientan a la competencia y se quedan con el mercado. Es el neoliberalismo, amigo, libertad para las grandes empresas, cadenas para el empleado.
En el taxi también hay explotadores y especuladores que se enriquecen con las licencias. Los taxistas no tienen razón en todo. Evidentemente tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y empezar a ofrecer un mejor servicio al cliente, más cómodo y fiable, pero no puede ser a costa de que siempre paguen los mismos, los curritos. Por eso, la guerra de los taxistas nunca debe ser contra los chóferes de VTC y agredirles deslegitima su protesta. Lo realmente subversivo sería que ambos se unieran para exigir unas condiciones que nos protejan a todos, incluido al consumidor.
Hay que reírse de estos nuevos futuristas a los que se les llena la boca con la palabra “modernidad” en defensa de las nuevas plataformas. Lo que quieren estos taxidermistas es disecar al trabajador para uberizarle. No es nada moderna la explotación. Lo moderno es la igualdad, condición sin la que no puede haber libertad: eso es lo que mide el progreso de una sociedad y la responsabilidad de asegurarla es de los poderes públicos, que no lo están haciendo.
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