La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avanzado la decisión del partido de retirar el apoyo, que mantenía hasta la fecha, al tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, conocido como CETA, por sus siglas en inglés.
A través de una conversación en Twitter con un usuario que le reprochaba que apoyar el CETA «no es de izquierdas», Cristina Narbona revelaba la nueva posición del PSOE, declarando que «no lo vamos a apoyar». Otra usuaria respondía a la exministra de Medio Ambiente, inquiriéndole sobre los motivos de ese cambio de posición, al parecerle un «gran error». Narbona respondió que «los acuerdos internacionales tienen que redefinirse para no concentrar más poder en las grandes corporaciones a costa de derechos».
Lo sorprendente de esta conversación tuitera es que tuvo lugar horas después de que el PSOE votase a favor del CETA en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que aprobó el dictamen del Tratado por 28 votos a favor y ocho en contra (los de Unidos Podemos y ERC). El acuerdo aún deberá recibir el visto bueno del Pleno del Congreso y, posteriormente, del Senado.
En defensa de la posición del PSOE en el debate que hubo en comisión, el portavoz Ignacio Sánchez-Amor sostuvo que la postura de su partido sobre el CETA no había variado, después de que Podemos llamase a su formación a dar marcha atrás en este apoyo ahora que ha elegido un nuevo secretario general, Pedro Sánchez, que considera que «el capitalismo neoliberal actual es descarnado y socialmente insostenible».
División interna
Hace unos días la diputada socialista Rocío de Frutos, una de las diputadas que se mantuvo fiel a Sánchez y votó ‘no’ a Mariano Rajoy en la investidura, desveló que existe «una corriente en el partido que no apoya este tratado y los efectos que puede llegar a tener».
El CETA cuenta ya con el visto bueno formal de los Veintiocho y de la Eurocámara, por lo que su aplicación provisional será posible cuando el Gobierno canadiense formalice también su luz verde.
La aplicación definitiva, sin embargo, no se producirá hasta que se haya cumplido el proceso de ratificación de todos los parlamentos nacionales, algo que puede llevar años.
Dos semana tras el ataque terrorista en Manchester, el terror se apoderó de Londres después de que tres individuos arrollasen a la multitud y seguidamente comenzasen a acuchillar a la gente que se encontraba en el Mercado de Borough, dejando 7 muertos y 50 heridos. En esos momentos de pánico se sucedieron escenas de heroísmo, como cuando un taxista intentó detener a los tres terroristas él solo.
Durante esos momentos de pánico un taxista londinense intentó detener a los tres atacantes que portaban cuchillos de hasta 12 pulgadas.
El taxista intentó detener con el coche a los tres individuos que se dirigían hacía la gente del mercado, intentado derribarlos con el taxi pero no pudo porque cambiaron de dirección.
Según afirma el diario Daily Mail, el taxista comenzó a avisar a la gente gritando; “estaba gritando a todo el mundo que se alejase de la zona y corriese hacia la otra dirección.”
El héroe, que no se identificó, continuó con el coche avisando a la gente e intentado detener a los terroristas, hasta que la policía pudo abatirlos.
Poco a poco, Mánchester va recuperando la normalidad, y, en gran parte, varios héroes anónimos han tenido mucho que ver en ello. De una situación tan trágica en ocasiones surgen historias de solidaridad, y eso mismo es lo que ha ocurrido tras el atentado que se hacobrado la vida de 22 personas, entre ellas varios niños y adolescentes
Una de esas historias la ha protagonizadoChris Parker, un mendigo de 33 años que estaba en el vestíbulo de la estación Victoria, muy cerca del Manchester Arena, en el momento de la explosión. Debido al concierto, decidió pasar la noche en esta zona, por si alguno de los asistentes decidía darle una limosna. «Escuché un explosión y al segundo solo se veía humo y se escuchaban gritos», ha contado al diario británico ‘Metro’. «Vi a una niña que no tenía piernas». Gracias a él, varias personas han podido salvar sus vidas debido a su rápida actuación. Eso sí, se lleva en la memoria la imagen de esa niña y la de una mujer de unos 60 años quemurió en sus brazos.
Lo mismo hizo Son Stephen Jones, otro mendigo de Mánchester. Dormía en una calle cercana cuando escuchó la explosión. «Ir a ayudar es puro instinto», ha explicado a la cadena ITV. «Eran todos niños. No paraban de gritar y sangrar», ha dicho.
En el concierto había decenas de niños. Ariana Grande es un ídolo de masas para los adolescentes. En el momento del atentado, varios de ellos huyeron despavoridos, asustados. Y fue ella quien les ayudó. Se trata de Paula Robinson, a la que muchos ya llaman el ‘ángel de Mánchester’. Estaba en la estación Victoria cuando vio salir corriendo a muchos jóvenes. Ella misma se acercó a ellos, los tranquilizó y les llevó a un hotelcercano al estadio. En total, rescató a 50 personas y después publicó su número de teléfono en las redes sociales para que los padres que estuvieran preocupados por sus hijos se pusieran en contacto con ella.
Por último, también varios taxistas ofrecieron sus servicios de manera gratuita a aquellos que lo necesitaban. Trasladaron a heridos a hospitales y a familias enteras que querían huir cuanto antes del lugar. Todos ellos héroes anónimos que han demostrado que, a veces, la generosidad mueve montañas
Victoria de los taxistas españoles en la Unión Europea contra la compañía estadounidense Uber. El abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), Maciej Szpunar, ha dictaminado este jueves que Uber es una empresa de transporte y no meramente una plataforma digital de intermediación, por lo que está obligado a obtener las licencias exigidas por la legislación nacional.
El abogado general sostiene que «Uber no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que el derecho de la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información». Dejar que la empresa norteamericana funcione con total libertad mientras el sector del taxi sigue estando regulado «crea una inseguridad jurídica que genera una zona gris e incita a infringir la ley».
El dictamen se refiere al servicio entre particulares de la compañía estadounidense(Uberpop), que en España está prohibido desde diciembre de 2014. El abogado general avala este veto. Uber opera ahora en nuestro país con licencias de vehículos con chófer (VTC).
LA SENTENCIA FINAL, EN UNOS MESES
La opinión del abogado general todavía no es definitiva, pero el Tribunal de Justicia suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se publicará en los próximos meses.
El litigio que dirime el Tribunal de Luxemburgo enfrenta a Uber contra la Asociación Profesional Élite Taxi de Barcelona. Los taxistas reclaman que se prohíba de forma definitiva a Uberoperar su servicio entre particulares por considerar que se trata de un caso de competencia desleal. Alegan que la empresa estadounidense carece de las licencias y autorizaciones necesarias y da los usuarios la «falsa imagen» de que actúa dentro de la ley.
Por su parte, Uber sostenía que el servicio que presta no es de transporte, sino de plataforma digital de intermediación, para lo que no necesita autorización previa para operar. El caso está siendo tramitado por un juzgado de Barcelona, que ha preguntado al Tribunal de Luxemburgo.
El de los taxistas de Barcelona es el primer caso que examina el TJUE sobre Uber y sobre la economía colaborativa en general.
LOS ARGUMENTOS DEL ABOGADO GENERAL
El abogado general sostiene que los conductores que circulan en el marco de Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la plataforma, y sin ella no tendría sentido. «Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido en el marco de esta plataforma«, indica el dictamen.
En particular, Uber impone a los conductores requisitos previos para el acceso a la actividad y su desarrollo; recompensa económicamente a los conductores que llevan a cabo un número importante de trayectos y les indica los lugares y los momentos en los que pueden contar con un número de carreras importantes o tarifas ventajosas; ejerce un control (indirecto) sobre la calidad de las prestaciones de los conductores; y determina de hecho el precio del servicio.
«Todas estas características excluyen que Uber pueda ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros», señala el abogado general. El transporte «es sin lugar a dudas la prestación principal y la que le confiere su sentido económico«.
Según el fallo, «el servicio ofrecido por Uber no puede calificarse de ‘servicio de la sociedad de la información’: se trata más bien de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo petición». La puesta en contacto de pasajeros y conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes «es un elemento secundario» de su actividad.
De esta interpretación se desprende que la actividad de Uber «no está regulada por el principio de libre prestación de servicios». Al contrario, está sometida a las condiciones exigidas a los transportistas no residentes para poder prestar servicios de transportes en un Estado miembro. En este caso,disponer de las licencias y autorizaciones previstas por el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona, concluye el abogado general
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha dictaminado que Uber es un servicio de transporte y no una plataforma digital que sirve de intermediación, por lo que se le puede exigir licencia y otras autorizaciones para prestar servicio en los Estados miembros.
Las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal europeo, que dictará sentencia más adelante, pero en la mayoría de los casos sus conclusiones coinciden con el fallo definitivo.
El tribunal con sede en Luxemburgo examina el litigio que enfrenta a Uber en los juzgados de Barcelona con la Asociación Profesional Elite Taxi, que agrupa al gremio de taxistas en la Ciudad Condal y acusa a la marca norteamericana de competencia desleal por su servicio ‘UberPop’.
UberPop es un servicio que pone de acuerdo a usuarios particulares que desean compartir trayecto en entornos urbanos, con lo que cualquier persona podría usar su coche para llevar a otros usuarios. Este servicio no es con el que actualmente opera Uber en España ya que lo hace a través de coches VTC (licencia de arrendamiento con conductor) con sus opcinoes UberX y UberOne.
Uber es una compañía de transportes. Y como tal y «a pesar de ser un concepto innovador puede obligarse a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas por el Derecho nacional». El abogado general de la UE, el polaco Maciej Szpunar, así lo cree y así lo ha manifestado en una opinión importantísima sobre la naturaleza de la compañía norteamericana. Como consecuencia, explica el abogado, «en efecto, Uber no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que el Derecho de la Unión garantiza a los servicios de la sociedad de la información». Un triunfo para los taxistas españoles y un precedente que si los magistrados secundan puede suponer un cambio vital para el modelo de negocio en Europa de la compañía californiana.
En 2014, la Asociación Profesional Élite Taxi demandó en Barcelona a Uber asegurando que «la falta de licencias, autorizaciones y credenciales vulnera las normas reguladoras de la competencia en España». El juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, al no saber bien cómo interpretar la legislación europea, remitió al Tribunal de Justicia de la UE una serie de cuestiones. Y entre ella, la más importante: ¿qué es Uber?
Hoy, desde Luxemburgo, dan pistas. La opinión del abogado general no es vinculante, pero según las estadísticas, los magistrados suelen seguir su criterio en el 80% de los casos. En los próximos meses, previsiblemente antes de final de año, se hará pública la sentencia.
El debate abierto era muy interesante. Los taxistas ‘acusaban’ a Uber de ser una empresa de transportes. La empresa lo negaba. Se declaraba intermediaria, prestadora de servicios. Alguien que no posee la flota de coches ni da sueldo a los conductores. Y, por tanto, decía, no necesitaba pedir licencias para operar en las ciudades, como las transportistas. La definición sobre la naturaleza es clave para su presente, su futuro y el de la economía colaborativa.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Maciej Szpunar señala que para empezar debe determinarse, esencialmente, «si las prestaciones ofrecidas por la plataforma Uber se benefician del principio de libre prestación de servicios en tanto que «servicios de la sociedad de la información» o si están incluidas en el ámbito del transporte regulado por el Derecho de los Estados miembros». En el primer caso, las licencias y autorizaciones establecidas por el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona que afectan al funcionamiento de Uber podrían ser incompatibles con el principio de libre prestación de servicios, mientras que, en el segundo caso, los Estados miembros tendrían en principio libertad para regular su actividad.
Servicio mixto
El Abogado General considera en su escrito que, «si bien incumbe al juez nacional determinar y evaluar los hechos, el servicio controvertido es un servicio mixto, una parte del cual se presta por vía electrónica, y, por definición, la otra no.». Es decir, acepta plenamente la interpretación de la directiva que hicieron en la vista del pasado diciembre los abogados de la Comisión Europea, que explicaron que «los servicios de Uber en España no constituyen únicamente un servicio de la sociedad de la información».
El abogado Szpunar desarrolla en su dictamen que un servicio mixto puede estar incluido en el concepto de servicio de la sociedad de la información cuando en dos supuestos. O bien la prestación que no se facilita por vía electrónica «es económicamente independiente de la facilitada mediante esta vía (éste es el caso, concretamente, de las plataformas de intermediación para la compra de billetes de avión o la reserva de hoteles)» o bien el prestador facilita todo el servicio, tanto la parte del servicio prestada por vía electrónica como la que no se presta por esa vía, «o ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones en que se presta esta última parte, de modo que ambas forman un todo indisociable, siempre que el elemento principal (o todos los elementos esenciales de la transacción) se preste por vía electrónica (éste es el caso, por ejemplo, de la venta de bienes en línea)»:
Tras estudiar el caso, el Abogado General afirma que el servicio ofrecido por Uber no cumple ninguno de estos dos requisitos, pues los conductores «no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la plataforma, sin la que no tendría ningún sentido».
Control
Además, Szpunar señala que Uber «controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido en el marco de esta plataforma» y que «impone a los conductores requisitos previos para el acceso a la actividad y su desarrollo». Además, «recompensa económicamente a los conductores que llevan a cabo un número importante de trayectos y les indica los lugares y los momentos en los que pueden contar con un número de carreras importante o tarifas ventajosas (lo que de este modo permite a Uber adaptar su oferta a la fluctuación de la demanda sin ejercer un control formal sobre los conductores)». Por si fuera poco, su análisis incide que la empresa norteamericana «ejerce un control -si bien indirecto-, sobre la calidad de las prestaciones de los conductores, lo que puede llevarles incluso a ser expulsados de la plataforma, y determina de hecho el precio del servicio».
Elementos más que suficientes, en su opinión. Por todo ello, al pensar que «el servicio de puesta en contacto de pasajeros y conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes es un elemento secundario», el abogado propone al Tribunal de Justicia que responda que el «servicio ofrecido por la plataforma Uber debe calificarse de servicio en el ámbito del transporte», una clara victoria parcial para los taxistas.
La consecuencia de esa interpretación es clara. La actividad de Uber «no está regulada por el principio de libre prestación de servicios en el marco de los servicios de la sociedad de la información» y por tanto, «está sometida a las condiciones exigidas a los transportistas no residentes para poder prestar servicios de transportes en un Estado miembro (en este caso, disponer de las licencias y autorizaciones previstas por el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona».
“Estamos haciendo unos 45€ por 15 horas de trabajo”Con las botellas de agua pasó lo mismo: Uber no se hacía cargo de su coste.
Esta información ha sido incluida en el Informativo de Reason Why.
Este mes de mayo Uber ha lanzado una promoción en Madrid: los trayectos que se realicen en el interior de la M30 costarán 5 euros de lunes a viernes, hasta el 2 de junio.
La oferta llega en plena guerra abierta con el sector del taxi y tras la quema de nueve vehículos de Cabify , por lo que el movimiento de Uber se ha entendido como un contraataque. Aunque, según la empresa, el motivo de esta oferta es que estamos en el mes 5 del año y, además, Uber quiere celebrar la festividad de San Isidro (15 de mayo) teniendo un detalle con los usuarios madrileños.
En cualquier caso, Uber se ha olvidado de los conductores.
Un viaje de 12€ se ha traducido automáticamente en uno de 5€
Según fuentes consultadas por Reason Why , están muy molestos con Uber5 , que es como se ha bautizado la tarifa plana de viajes a 5 euros. Y es que Uber les obliga a cobrar 5 euros por el viaje sin abonarles la diferencia correspondiente. Algo que repercute negativamente en aquellos conductores autónomos para los que un viaje de 12€ se ha traducido automáticamente en uno de 5€. Además, Uber les está manteniendo lacomisión en cada viaje, por lo que esos 5 euros “al final son 3,57€” . De hecho la facturación, según nos dicen, ha caído un 65%.
Y podría ser peor, porque aunque oficalmente se ha dicho que la oferta de Uber5 termina el 2 de junio, a los conductores se les ha informado de que podría haber una prórroga.
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“Estamos haciendo unos 45€ por 15 horas de trabajo” , nos cuenta un conductor de Uber, manifestando su indignación con la empresa.
De ahí que muchos conductores de Uber se hayan vuelto en contra de la empresa, optando por quedarse fuera de la M30 , para no tener que hacer viajes sujetos a esta promoción. “Lo malo es que si rechazamos tres Uber5, nos bloquean la aplicación durante 24 horas” , asegura uno de los conductores en declaraciones a Reason Why .
Sin embargo, Uber no cometió este error cuando lanzó la promoción de viajes a 15€ hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En aquella ocasión, los conductores nos cuentan que la empresa sí les pagaba la diferencia. Algo que con Uber5 no está ocurriendo.
En su día los conductores tenían que pagar las botellas de agua
Lo mismo pasó con el agua
Una situación similar es la que se generó en Uber con las botellas de agua que la empresa ofrece a los viajeros. Los conductores de Uber tenían que asumir el coste de esas botellas en caso de que el usuario las demandara.
Por eso lanzaron una campaña derecogida de firmas y, finalmente, la empresa se dio cuenta del error y lo subsanó haciéndose cargo del importe del agua.
Quizá con Uber5 también termine por darse cuenta de que ha cometido un error.
El director ejecutivo de la compañía de transporte asegura que tales prácticas son comunes y se realizan para prevenir fraudes y garantizar la seguridad de las cuentas de usuario.
El director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick.
Danish SiddiquiReuters
La empresa Uber y su director ejecutivo, Travis Kalanick, acaparan nuevamente el foco de atención por supuestas prácticas comerciales maliciosas. Esta vez, la compañía ha sido acusada de espiar usuarios de iPhone mediante su aplicación móvil, y de ocultar esta práctica de Apple. Al parecer, Uber identificó durante 2014 y 2015 los iPhones de sus conductores por medio de una ‘huella’ digital, que permitía que la compañía de transporte rastrear los ‘smartphones’ incluso luego de que la aplicación hubiera sido borrada por completo del dispositivo.
Debido a que los términos de servicio de Apple prohíben esta práctica, Uber procedió a enmascarar el código de su aplicación de la App Store con una técnica denominada‘geovalla’: cada vez que una persona localizada físicamente en la sede de Apple se disponía a ver el código fuente de la ‘app’ de Uber, esta le mostraba un código falso sin la ‘huella’ digital.
Sin embargo, los ingenieros de Apple posteriormente detectaron un comportamiento sospechoso en la aplicación de Uber, que luego suscitó el descubrimiento del esquema de rastreo. La situación escaló hasta la oficina de Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, quien convocó a Kalanick a su despacho para darle un ultimátum: o terminaba esa práctica inmediatamente o su aplicación sería eliminada de App Store.
Según fue expuesto por ‘The New York Times’, la motivación de Uber tras este esquema era prevenir la creación de cuentas falsas de usuarios inescrupulosos que pretendían aprovecharse del sistema de incentivos de la compañía. Por su parte, Uber, que anteriormente había sido acusadade recoger datos personales de usuarios, indicó a TechCrunch que efectivamenteutiliza una forma de ‘huella’ digital, pero que esta es conforme a las reglas de Apple y «no rastrea usuarios individuales si ya han borrado la aplicación»
Las plataformas digitales y la aplicación de Uber han sido vetadas en el país para evitar que se contraten los servicios de la empresa de transporte privado.
La Justicia argentina ha pedido elbloqueo definitivo de todos los servicios de Uber en el país por organizar una «actividad lucrativa sin autorización” y que “no tiene la habilitación correspondiente”, según la resolución.
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Los jueces dictaminaron que Uber no puede operar dentro de la legalidad en el país
El bloqueo supone el fin de las actividades de la empresa de transporte privado en Argentina, donde se vetarán las plataformas digitales y aplicaciones que permitan contratar y utilizar los servicios de Uber. Los jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo confirmaron que no existe la autorización necesaria para que la empresa dirigida por Travis Kalanickpueda operar dentro de la legalidad.
La medida cautelar fue solicitada al Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM), el organismo encargado de arbitrar el bloqueo de la aplicación y del sitio web y fue confirmada este lunes 10 de abril por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa de transporte privado tienediez días para apelar la decisión de la justicia argentina. Uber argumenta que la decisión no tiene fundamento, ya que un fallo de un juez nacional dictaminó que no es un delito conducir un automóvil de la empresa.
El fiscal Martín Lapadú afirmó que está satisfecho con el fallo «que resulta ser el primero que realiza la Cámara Penal y Contravencional con respecto a un bloqueo nacional de una página Web y app”, informó Clarín.
El fiscal pidió que se detuvieran a los directivos de Uber en el país por incumplir la ley
Lapadú, quien presentó la medida cautelar, solicitó en enero de este año el bloqueo de la aplicación y plataformas y la detención de los directivos de Uber por incumplir la ley. En abril de 2016, la justicia ordenó la clausura preventiva de Uber en Argentina hasta que la empresa se adecuara a la legalidad. Uber siguió operando hasta ahora a pesar del fallo.
Los taxistas también celebraron la decísión y explicaron que llevaban tiempo reclamando más control, aunque resaltaron que seguirán alerta porque «esta empresa trucha suele desobedecer las sentencias».
El pasado 28 de marzo, Uber cerró en Dinamarca debido a una nueva ley incompatible con la operativa de Uber.
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el CETA y en breve podrá empezar a aplicarse de forma provisional, cuando Canadá lo ratifique en primavera. Un mero trámite, exento de las dificultades que el acuerdo de libre comercio ha encontrado en la UE para poder entrar en vigor.
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Cuando lo haga, el 95% del tratado producirá efectos y para el resto, habrá que esperar a que los Estados miembros lo ratifiquen y den el visto bueno a aquellas partes del acuerdo que no son competencia exclusiva de la Comisión Europea.
Un proceso que hoy día no está garantizado, entre otras cosas porque aún deben pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE y varios tribunales nacionales sobre la legalidad del CETA. Si un solo país lo rechaza, dejará de aplicarse en su totalidad, pero mientras tanto, estas son sus principales consecuencias.
Eliminación de aranceles
El CETA elimina los aranceles aduaneros de los productos que intercambien la UE y Canadá. La mayoría desaparecerán tan pronto como el tratado entre en vigor y otros lo harán de forma paulatina en tres, cinco y siete años. Bruselas asegura que las empresas europeas se ahorrarán más de 500 millones de euros al año, aumentando su competitividad y abaratando el precio de los bienes.
Las ONG alertan de la liberalización de los productos agrícolas porque Ottawa no cumple los estándares medioambientales de la UE. La Comisión Europea considera infundadas esas críticas, porque “el CETA no cambiará la forma en que la UE regula la seguridad alimentaria, incluidos los transgénicos” y “todas las importaciones desde Canadá tendrán que cumplir las normas europeas” en este ámbito. Algunos productos como la carne de ave o los huevos seguirán teniendo aranceles.
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Liberalización de servicios
Los servicios están liberalizados, a excepción de los audiovisuales, la sanidad y la educación pública y algunos servicios sociales, según un documento elaborado por el Parlamento Europeo. Bruselas asegura que el CETA «protege completamente los servicios públicos». Pero los sindicatos, por la experiencia de otros tratados comerciales similares, temen que si un país decide liberalizar alguno de sus servicios no se pueda revertir la situación.
Acceso a contratos públicos
Tanto las empresas europeas como las canadienses podrán concursar en las licitaciones públicas de cualquier Administración en igualdad de condiciones.
Homologación de títulos
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La UE y Canadá reconocerán las cualidades profesionales de algunas profesiones reguladas, como por ejemplo los arquitectos, ingenieros y contables.
Lo que de momento queda fuera
Durante la aplicación provisional, quedará excluido el capítulo del tratado relativo a las inversiones. Por tanto, los servicios financieros no quedarán cubiertos por ahora.
Tampoco entrarán en vigor los polémicos tribunales de arbitraje, uno de los principales caballos de batalla de las organizaciones contrarias al CETA y al TTIP, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos que no tiene posibilidad de salir adelante mientras Donald Trump sea presidente.
Paul Magnette, ministro presidente de la región belga de Valonia, se opuso al mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Su rechazo al hecho de tener que compensar a las compañías si aprueba leyes que van en contra de sus intereses retrasó la firma del acuerdo entre la UE y Canadá, hasta que obtuvo el compromiso del Gobierno belga de consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad de estos arbitrajes.
La justicia europea no será la única que se pronuncie al respecto. También debe hacerlo el Tribunal Constitucional alemán, y ya ha expresado dudas al respecto.
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