Vehículo de la empresa pública berlinesa Berlkönig.
Una potente alternativa pública a Uber arrasa en Berlín
4 de julio de 2019 | Daniel Bellaco
Una empresa pública presta servicios similares a los de Uber y Cabify en Berlín con conductores con licencias otorgadas por la administración.
La empresa de transportes Berlkönig (BVG) lleva seis meses prestando servicio de taxis compartidos que se contratan mediante una aplicación de móvil en función de la ruta que uno desea realizar. La app te señala si alguna furgoneta de la empresa pública pasará cerca con plazas disponibles para ir al mismo destino.
Los furgonetas, que todas son Mercedes Benz, pueden llevar hasta seis pasajeros y que están adaptados para transportar personas en sillas de ruedas.
El portavoz de la empresa pública, Jannes Schwentu, ha detallado a ‘elsaltodiario.com’ que han contratado a 400 conductores para cubrir todas las rutas posibles y poder “ofrecer un servicio complementario al metro, bus y tranvía, pero que haga que se utilicen lo menos posible los vehículos privados para reducir las emisiones de CO2”.
BVG, cuya tarifa es de 1,5 euros por kilómetro, se ha convertido en un contundente alternativa pública a las multinacionales, Uber y Cabify, que también operan en Berlín aunque no de forma mayoritaria. Sus trabajadores tienen su licencia y no son autónomos, ni depende su puesto de trabajo de la valoración de los clientes como ocurre en las VTC.
Además, si contratas varios pasajeros para el mismo trayecto obtienes además un descuento del 50% del precio del viaje.
Elia Carceller, usuaria de BVG, detalla a ‘elsaltodiario.com’: “Me dieron un código promocional cuando empezó el servicio y tenías 10 euros de saldo gratis, así que lo estuve usando un tiempo. Lo único malo que veo es que no te deja justo en la puerta, sino que tiene que ser una furgoneta que pase cerca o justo por allí. Si no, empiezas tú la propia ruta y te cuesta lo mismo que un taxi”.
Según publica el digital, a pesar de que en Berlín el metro funciona 24 horas al día los fines de semana, más de 110.000 personas se han descargado la aplicación valorándola el 97% de ellos con 4 o 5 estrellas.
La aplicación te avisa antes de reservar el coste del trayecto y cuánto tardará el conductor en llegar y vuelve a dar un aviso cuando faltan dos minutos para que pase el vehículo de transporte compartido. Una vez en el lugar de recogida, que siempre es una parada de bus o transporte público, esperan 90 segundos y si no estás, se marchan y te cobran el trayecto aunque no te recojan.
El precio no oscila, es fijo, y no se presta a la especulación o a las fiestas de la ciudad.
¿Llegará este servicio tan potente a las ciudades de España?
Este lunes, Garrett Camp, cofundador de Uber, y su pareja, Eliza Nguyen, compraron una mansión en Beverly Hills por 72 millones de dólares. El semanario estadounidense Variety ha sido el encargado de informar de la que se ha considerado la venta más grande de una casa en el vecindario.
Aunque sorprendentemente esta no ha sido la mayor venta inmobiliaria de lujo en Los Ángeles esta semana, ya que también se ha vendido un castillo de Holmby Hills, concretamente el que alguna vez fue el hogar del productor de televisión Aaron Spelling. El castillo se ha vendido por 120 millones de dólares según ha informado Los Angeles Times, convirtiéndose en el precio más alto en la historia de todo el condado.
Miles de personas viven en las calles mientras se venden estas mansiones por más de 100 millones de dólares
Estas extraordinarias ventas de mega mansiones más grandes que un campo de fútbol, se estan produciendo justo en un momento en que Los Ángeles se enfrenta a una clara desigualdad cada vez mayor. Miles de personas viven en las calles mientras se venden estas mansiones por más de 100 millones de dólares. Asimismo, también ha habido un espectacular aumento de la falta de vivienda.PUBLICIDAD
La compra de la mansión de Beverly Hills, por parte de Camp, se finalizó hace pocas semanas, justo después de que la OPI de Uber enriqueciera aún más a sus ricos inversores y fundadores. Lo que ha provocado una ira entre los activistas y los conductores que han estado protestando por las prácticas laborales de Uber y luchando por tener unas mejores condiciones de trabajo.
“Este tipo está comprando casas lujosas con nuestro dinero duramente ganado”
Karim Bayumi, conductor y organizador de Los Ángeles Uber
“Este tipo está comprando casas lujosas con nuestro dinero, nuestro dinero duramente ganado que nos están quitando injustamente”, declaró Karim Bayumi, un conductor y organizador de Los Ángeles Uber, para el The Guardian. “Es explotación”, añadió. La conductoraNicole Moore, aseguró al diario que “Los conductores están viviendo en sus coches. Estamos luchando por salarios justos. Al menos comparte esa riqueza con las personas que realmente han construido tu empresa”.
En la actualidad Uber continúa perdiendo dinero, por lo que la compra de Camp ha sorprendido llamativamente. “El sistema capitalista que tenemos lo ha recompensado indebidamente con una riqueza extraordinaria y directa”, ha explicado Veena Dubal, profesora de derecho asociada a la Universidad de California en Hastings.
“Los conductores están viviendo en sus coches. Estamos luchando por salarios justos”
Nicole Moore, conductora
Según considera Dubal, 72 millones de dólares ”podrían cambiar la vida de las personas”, ya que mes pasado, las autoridades revelaron que Los Ángeles ha aumentado un 16% en la población sin hogar en los últimos años, habiendo más de 36.000 personas que viven en las calles.
Garrett Camp, posee un patrimonio neto de unos 4,2 millones de dólares y diversas propiedades en Los Ángeles, San Francisco y Manhattan. Según se ha informado, la mansión de 12.000 metros cuadrados con siete habitaciones incluye un gran acuario en un estudio, una discoteca en el sótano, una sala de bronceado, un solárium, un spa, una cancha de tenis, jardines de rosas y mucho más.
Los Ángeles ha aumentado un 16% en la población sin hogar en los últimos años
Cabify, la ‘startup’ española más exitosa y cuestionada a la vez de los últimos años, se juega su futuro en los tres próximos meses. Es la fecha que internamente se han marcado para cerrar una nueva ronda de financiación de hasta 300 millones que le ayude a seguir en la batalla. El problema es que coincide justo con su situación de negocio más delicada: su principal socio de referencia, la japonesa Rakuten, baraja abandonar el barco, los números en Latinoamérica, su gran esperanza para expandirse, son preocupantes, y el panorama regulatorio en España es más adverso que nunca. De convertirse en una compañía valorada en 2.000 o 3.000 millones de euros (y más) y hacer frente cara a cara a dos gitantes como Uber y la china Didi, Cabify se arriesga ahora a quedarse en tierra de nadie.
Según confirman a Teknautas fuentes conocedoras de las negociaciones de Cabify con inversores, la ‘startup’ ha mantenido reuniones en las últimas semanas con fondos ubicados en Reino Unido y Francia. La cifra sobre la mesa es la conocida: entre 150 y 300 millones. Pero ahora se añade una variable adicional que puede condicionar esta nueva ronda y el futuro de la empresa. Rakuten, socio y accionista de referencia desde finales de 2015 (inversor también en Glovo), baraja desinvertir de Cabify por dos motivos: la empresa está huyendo poco a poco del negocio de los coches de alquiler con conductor y, además, las sombras sobre el negocio de Cabify son demasiado alargadas como para mantener su apuesta durante más tiempo.Cabify se dispara en el pie: por qué el troleo a la Generalitat le puede costar muy caroManuel Ángel Méndez
“Es una opción sobre la mesa: en Japón no funciona Cabify y en España tampoco ha cuajado Rakuten TV. No tiene sentido que mantengan su inversión, han cumplido una etapa. Es cierto que si Cabify fuera como un tiro sería diferente, pero no nos engañemos. Cabify no va mal, pero ya no crece como antes. Es un caramelo, pero ha tocado techo. Crecer más allá de los 2.000 millones de valoración a los que podría llegar tras la nueva ronda va a ser muy complicado, por no decir imposible”, explica a Teknautas un inversor conocedor de la situación que pide el anonimato por tratarse de negociaciones confidenciales. Consultados al respecto, directivos de Rakuten y portavoces de Cabify no han ofrecido ninguna respuesta sobre su posible salida del accionariado de Cabify.
Un conductor de Cabify limpia su vehículo en Barcelona. (EFE)
La firma japonesa tenía hasta ahora tres inversiones clave en el sector: 350 millones de dólares en Careem, líder en los países árabes, y 600 millones en Lyft, el rival de Uber en EEUU. De lo primero se deshizo hace tres meses, cuando Uber compró Careem por 3.100 millones de dólares; de lo segundo se libró hace solo unas semanas, con la salida a bolsa de Lyft, en la que Rakuten se embolsó casi 1.000 millones por la venta de acciones. Ahora todos los ojos apuntan a Cabify. Desde el núcleo duro del accionarido niegan de forma extraoficial que Rakuten esté pensando irse, pero fuera de las presiones corporativas reconocen que es una opción. “El problema para Cabify si esto ocurre es cómo le explican a los nuevos inversores que Rakuten esté barajando irse. No envía una buena señal. Por un lado tiene lógica, por otro, viendo los retos de la ‘startup’, sobre todo en Latinoamérica, es un argumento difícil de vender”, explican otros inversores consultados.
Sangría en Brasil, irrelevancia en México
“Brasil es la gallina de los huevos de oro del sector: quien se lo quede, gana”. Así explicaba una fuente interna de Cabify a este diario en enero de 2018 lo que estaba en juego en Latinoamérica. En ese momento Cabify contaba con menos de un 5% de cuota de usuarios activos semanales, Uber casi el 90%, según datos privados de la consultora App Annie a los que ha tenido acceso Teknautas. Año y medio después, Cabify ha desaparecido del mapa y 99 Taxi, comprada por Didi el año pasado, se ha hecho con casi el 30% del mercado, Uber con el resto. No hay hueco para más (puedes ver los datos en los gráficos debajo – cifras en usuarios activos semanales).
“Uber y Didi invierten muchísimo dinero en regalar viajes para penetrar el mercado a costa de pérdidas”, explicaba hace un año otra fuente interna. La ‘startup’ española, sin embargo, no tiene el mismo dinero ni recursos para igualar esa estrategia. Es una guerra desigual. En México, el segundo gran mercado en Latinoamérica después de Brasil, la cosa no pinta mejor. Durante los tres últimos años Cabify y su socio local Easy Taxi controlaban el 15% del mercado. Uber todo lo demás. Eso fue hasta finales de 2018 con la entrada del gigante chino Didi, que en apenas seis meses se ha merendado el 25% de cuota, relegando a Cabify y Easy Taxi a menos del 10%.
“Es cierto, en Latinoamérica no vamos com un cohete. Brasil y México están prácticamente perdidos y eso es un palo. Pero hemos conseguido hacernos hueco en otros mercados clave como Argentina o Chile. Hay que mentalizarse: no somos Uber ni Didi, estamos en otra liga. Pero eso no resta mérito a la compañía, sigue siendo un negociazo que vale miles de millones de euros”, explica otra fuente interna conocedora de la estrategia y cifras de la empresa.
Si bien la situación en los dos grandes mercados de Latinomérica es comprometida, Cabify ha logrado colarse como segunda alternativa en otros territorios, aunque con suerte desigual. El más notable es Argentina, donde ha pasado de apenas el 10% de cuota en usuarios activos semanales en 2018 a más del 25% ahora. En Perú la evolución es también al alza, con una cuota del 15% a comienzos del 2018 frente a más del 30% actual en detrimento de Uber. En Chile, Colombia y Ecuador, Cabify maneja entre el 15% y el 30%. Pero siempre se repite el mismo patrón: Uber es el gigante. Y lo peor: Didi acaba de estrenarse por todo lo alto en Chile y Colombia, y pronto lo hará en Perú y Chile. Y en todos esos países tendrá algo que no tiene su rival español: los bolsillos llenos de dinero fresco para hundir a la compentencia a base de descuentos para los viajeros y mejores condiciones salariales para los conductores.
Oficialmente, Cabify no se pronuncia sobre la salud de su negocio en Latinoamérica. “Solo daremos un dato: el 85% del total de viajes de Cabify a nivel mundial, en los 12 países en los que operamos, se realiza en Latam”, señala un portavoz. Algo poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un mercado potencial total de 640 millones de personas frente a solo 48 millones en España. El verdadero dato relevante, cuánto ingresa Cabify allí respecto a España, y cuál es su margen, es un misterio.
Bloqueo regulatorio en España
Troleo. Trampa legal. Resquicio. Son algunas de las palabras que se han usado para definir la vuelta de Cabify a Barcelona tras el decreto ley que obligaba a cualquier cliente a reservar un coche con 15 minutos de antelación. La ‘startup’ se inventó una forma de saltársela y así comenzó un pulso entre la Generalitat, que ya le ha multado con 50.000 euros por solo tres días de infracciones, y la compañía, que ya cuenta con más de 300 coches en la calle. Fuentes internas consultadas aseguran que en los próximos meses pondrán en marcha sus 1.300 licencias en la Ciudad Condal (adquiridas al Grupo Auro y Vector Ronda).
Protestas de taxistas en México DF contra Cabify, Uber y Didi. (Reuters)
“El problema de esta estrategia es que como la Generalitat cumpla su amenaza de sancionar por todos los viajes, es dinero que se va directamente al balance de la compañía. A 1.000 euros por viaje irregular, eso es totalmente insostenible”, señalan fuentes del sector consultadas. Lo mismo ocurre en Valencia: el ayuntamiento allí copió la regulación de Barcelona y Cabify su treta legal. “Ahora mismo sabemos que hay unos 200 coches operando, son la mitad de lo que había justo antes de aprobarse el decreto. Vigilaremos muy de cerca si esa cifra sube y exigiremos al Ayuntamiento que imponga sanciones”, explica a Teknautas Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del taxi de Valencia.
Esta es la encrucijada a la que se enfrenta la firma española para convencer a los inversores de obtener una nueva ronda de financiación millonaria. A su favor tiene una gran baza: la empresa ya es rentable trimestralmente, una proeza comparado con las pérdidas millonarias de Uber y Didi. Sin embargo, su rentabilidad en realidad es una medida de su escala: la liga mundial se la disputan Uber y Didi. Cabify, de momento, busca desesperadamente una salida: ¿venta al mejor postor? ¿Salida a Bolsa en 2020? Cada vez queda menos para conocer el desenlace.
El número de licencias VTC se dispara en la región de Andalucía, donde operan ambas plataformas y han incrementado el número de v
Barcelona, 10 de junio de 2019 (04:55 CET)
Uber y Cabify siguen expandiéndose en España. Las plataformas de movilidad han encontrado un nuevo punto en el que explotar sus servicios con más intensidad más allá de Madrid, la zona que más licencias VTC (permisos que necesitan las plataformas para prestar su servicio) están activadas.
La información del Ministerio de Fomento, que recoge mes a mes en qué zonas y en qué modo evoluciona el número de vehículos VTC, revela que el sur de España es la zona que más crece de toda la geografía nacional en lo que va de año.
Comparando una comunidad autónoma y otra se observa más claramente el cambio. Desde febrero, mes en el que entró en vigor el decreto anti-Uber de Cataluña, 317 vehículos VTC dejaron Cataluña (Barcelona, sobretodo), mientras que otras 306 se incorporaron a Andalucía.
Fuentes del sector matizan que el trasvase no corresponde a un movimiento de las empresas, que mueven los vehículos de una región a otra — el ratio de territorialidad impide que se haga en más de un 20% — , sino a la activación de nuevos permisos que se han ido introduciendo en el mercado, mientras que las licencias en Cataluña se han ido desactivando.
La región es ya la segunda zona de España con más licencias VTC, con 2.294 licencias activas, el 15,47% del total de ellas (14.827). Números que se concentran en pocas ciudades, como Málaga, donde operan más de la mitad de coches VTC que hay en toda Andalucía.
No es casualidad que en Andalucía tanto Uber como Cabify hayan ido aterrizando desde su nacimiento. La compañía española entró en 2016 en Málaga y Sevilla, mientras que la californiana no llegó hasta 2018, con su aterrizaje en Sevilla y Córdoba y con el lanzamiento en Granada para este año.
No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más permisos VTC atesora. Concentra ya 7.662 licencias, más de la mitad de las que hay en toda España (51,76%).
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales “dignas y acordes a la legislación vigente”. La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar “una queja por las condiciones laborales abusivas”.
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque “supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo”.
Y prosigue: “A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia”.
Por ello, añade la magistrada, “entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente”, explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
EP
02/06/2019 11:19
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público ‘online’ que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro ‘online’ cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
Nuevas regulaciones
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su “restrictivo decreto ‘antiVTC'”.
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone “una restricción incompatible con la inmediatez” de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su “compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto” y sigue “a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos”. “Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad”, aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia “con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura”. “Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional”.
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa “no se adapta al decreto”.
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana “altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios”. Señaló que la regulación es “contraria al interés general” porque supone “una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía”. “Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad”, afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su “convencimiento” de que la situación será “transitoria” y “el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Asimismo, trasladó su deseo de “encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección”.
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat “haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi” que “lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio”.
“València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía”, subrayó. A su juicio, “añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi”.
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha sostenido este jueves que da prioridad a los taxis como servicio público y que Uber no lo es, por lo que “no” está “nada preocupado” por la decisión de la compañía de dejar de operar en la ciudad a partir del próximo 1 de junio.
A preguntas de los periodistas sobre la suspensión de la actividad en Valencia de la plataforma de contacto entre usuarios y vehículos con conductor (VTC) por la obligatoriedad de esperar 15 minutos adicionales en cada servicio, Ribó ha sostenido que su posición es “clara”.
“Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas”, ha agregado.
El alcalde ha precisado: “si Uber no considera conveniente por sus negocios estar en València, hay muchas más alternativas. No estoy nada preocupado por ese tema”, ha finalizado.
Uber se va de Valencia: deja de operar por la nueva ley anti-VTC
El servicio de transporte estadounidense deja de operar en la capital valenciana después de que se aprobara una ley muy similar a la que hizo que se fueran de Barcelona
(Foto: Reuters)
TIEMPO DE LECTURA2′30/05/2019 10:41 – ACTUALIZADO: 30/05/2019 11:44
Tras el controvertido caso de Barcelona se abre un nuevo frente en la guerra de las VTC. La compañía estadounidense Uber, una de las ‘apps’ centrales de los servicios VTC, acaba de anunciar que deja Valenciatras la puesta en marcha de una nueva legislación que obliga a esperar 15 minutos para contratar una VTC.
El mensaje a las autoridades es claro ya que dejan claro que quieren ser un aliado de las ciudades en las que operan, pero “para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa. Una regulación que tenga en cuenta a los millones de usuarios que nos elegís cada día y a los miles de conductores que han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida”.
Por último piden calma a sus usuarios ya que su compromiso con España “permanece intacto”. “Podrás seguir viajando con nosotros en Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y esperamos que pronto otra vez en Valencia”, aseguran al final del comunicado.
Una VTC rueda por Valencia. (Foto: EFE)
Una legislación clavada a la catalana
La guerra en Valencia lleva activa desde hace meses entre los líderes del sector de las VTC, el taxi, la Generalitat y el Ayuntamiento, y solo paró por los comicios electorales que se avecinaban. Ya en marzo, el gobierno comunitario aprobó el Decreto que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación y tanto la patronal de este servicio como las diferentes aplicaciones empezaron a amenzar con marcharse si el plan seguía adelante.
La continuidad de los mismos dirigentes tanto en la comunidad como en la ciudad parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en el adiós de Uber siguiendo con lo ocurrido en Barcelona con una ley casi clavada a la valenciana. La ley levantina entra en vigor justo este jueves (se dieron dos meses de margen tras la aprobación en las Cortes) así que ahora veremos qué pasa finalmente con Cabify y el resto de servicios, pero todo apunta a que la situación seguirá el mismo camino que en Cataluña.
La Hacienda británica decidirá si la considera una tecnológica intermediaria o una empresa de transporte, en cuyo caso tendrá que considerar como trabajadores a los conductores y abonar los impuestos correspondientes, que ahora no paga.
Visitantes de la feria VivaTech en París entran en las oficinas de Uber en París, el pasado jueves. CHARLES PLATIAU REUTERS
La empresa estadounidense de transporte Uber está siendo investigada por una posible deuda con la Hacienda británica (HMRC) que podría rondar los 1.184 millones de euros, según ha informado el diario The Times. De esta forma, Reino Unido vuelve a plantear si los conductores de la multinacional son empleados fijos de la compañía o si por el contrario trabajan como autónomos.
De confirmarse, la diferencia para Uber, y por extensión para sus usuarios, podría ser abismal. Si finalmente el organismo considera que la función de la plataforma es mayor que la de actuar como un mero intermediario digital entre sus 60.000 conductores y los pasajeros podría verse obligada a pagar el 20% de IVA que marca la ley. Un sobreprecio que, si llega a producirse, podría terminar afectando directamente a las tarifas aplicadas al consumidor, aunque Uber no ha querido hacer comentarios al respecto.PUBLICIDAD
“El HMRC se asegurará siempre de que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pague todos los impuestos que marque la ley británica sin conformarse con menos”, ha reconocido un portavoz del organismo en declaraciones recogidas por The Times. Mientras, Uber sostiene que “cumple y seguirá cumpliendo con las obligaciones impositivas de los países en los que opera”.
Desde la empresa estadounidense aseguran que sus conductores, como ocurre con los tradicionales taxis negros, no llegan a los alrededor de 95.000 euros anuales a partir de los cuales se comenzaría a pagar impuestos, pero lo que está planteando el HMRC es si Uber debería ser considerada impositivamente como una compañía de transporte en sí misma.
Este anuncio se enmarca dentro de la intención del Gobierno británico de empezar a endurecer su posición con respecto a las compañías digitales estadounidenses que operan en el país sin apenas pagar impuestos, agarrándose a unos resquicios legales que el Reino Unido está dispuesto a eliminar.
Uber ya ha tenido problemas en las islas en el pasado, e incluso estuvo a punto de perder su licencia para operar en Londres, y si finalmente esta sanción se confirma podría suponer la primera gran multa para un gigante tecnológico en el país gobernado por Theresa May.PUBLICIDAD
De hecho fue en la capital donde Uber, valorada en cerca de 70.000 millones de euros, podría haber empezado a perder esta batalla después de que los tribunales, auspiciados por la demanda presentada por dos de sus conductores, obligasen a la compañía a reconocerlos como trabajadores de la empresa, asegurándoles vacaciones pagadas y salario mínimo.
Además, Uber es consciente de que si recibe una sanción de este tipo en el Reino Unido otros países podrían seguir su ejemplo. Su salida a la Bolsa americana a principios de este mes ha sido mucho más tibia de lo esperado, y en los documentos publicados para ella se ven obligados a admitir que las autoridades británicas podrían “pedirnos que paguemos el IVA (20%) del total de los viajes tanto de forma retroactiva como proactiva”. De hecho ya hay un magistrado trabajando sobre el caso, y con intención de hacer oficial el proceso esta misma semana, que asegura que la Hacienda británica podría pedir unos 296 millones de euros por cada uno de los cuatro años anteriores, alcanzando ese total que podría rondar los 1.184 millones.
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