Reino Unido amenaza a Uber con una multa de 1.184 millones por una deuda fiscal

La Hacienda británica decidirá si la considera una tecnológica intermediaria o una empresa de transporte, en cuyo caso tendrá que considerar como trabajadores a los conductores y abonar los impuestos correspondientes, que ahora no paga.

Visitantes de la feria VivaTech en París entran en las oficinas de Uber en París, el pasado jueves. CHARLES PLATIAU REUTERS

La empresa estadounidense de transporte Uber está siendo investigada por una posible deuda con la Hacienda británica (HMRC) que podría rondar los 1.184 millones de euros, según ha informado el diario The Times. De esta forma, Reino Unido vuelve a plantear si los conductores de la multinacional son empleados fijos de la compañía o si por el contrario trabajan como autónomos.

De confirmarse, la diferencia para Uber, y por extensión para sus usuarios, podría ser abismal. Si finalmente el organismo considera que la función de la plataforma es mayor que la de actuar como un mero intermediario digital entre sus 60.000 conductores y los pasajeros podría verse obligada a pagar el 20% de IVA que marca la ley. Un sobreprecio que, si llega a producirse, podría terminar afectando directamente a las tarifas aplicadas al consumidor, aunque Uber no ha querido hacer comentarios al respecto.PUBLICIDAD

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“El HMRC se asegurará siempre de que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pague todos los impuestos que marque la ley británica sin conformarse con menos”, ha reconocido un portavoz del organismo en declaraciones recogidas por The Times. Mientras, Uber sostiene que “cumple y seguirá cumpliendo con las obligaciones impositivas de los países en los que opera”.

Desde la empresa estadounidense aseguran que sus conductores, como ocurre con los tradicionales taxis negros, no llegan a los alrededor de 95.000 euros anuales a partir de los cuales se comenzaría a pagar impuestos, pero lo que está planteando el HMRC es si Uber debería ser considerada impositivamente como una compañía de transporte en sí misma.

Este anuncio se enmarca dentro de la intención del Gobierno británico de empezar a endurecer su posición con respecto a las compañías digitales estadounidenses que operan en el país sin apenas pagar impuestos, agarrándose a unos resquicios legales que el Reino Unido está dispuesto a eliminar.

Uber ya ha tenido problemas en las islas en el pasado, e incluso estuvo a punto de perder su licencia para operar en Londres, y si finalmente esta sanción se confirma podría suponer la primera gran multa para un gigante tecnológico en el país gobernado por Theresa May.PUBLICIDAD

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De hecho fue en la capital donde Uber, valorada en cerca de 70.000 millones de euros, podría haber empezado a perder esta batalla después de que los tribunales, auspiciados por la demanda presentada por dos de sus conductores, obligasen a la compañía a reconocerlos como trabajadores de la empresa, asegurándoles vacaciones pagadas y salario mínimo.

Además, Uber es consciente de que si recibe una sanción de este tipo en el Reino Unido otros países podrían seguir su ejemplo. Su salida a la Bolsa americana a principios de este mes ha sido mucho más tibia de lo esperado, y en los documentos publicados para ella se ven obligados a admitir que las autoridades británicas podrían “pedirnos que paguemos el IVA (20%) del total de los viajes tanto de forma retroactiva como proactiva”. De hecho ya hay un magistrado trabajando sobre el caso, y con intención de hacer oficial el proceso esta misma semana, que asegura que la Hacienda británica podría pedir unos 296 millones de euros por cada uno de los cuatro años anteriores, alcanzando ese total que podría rondar los 1.184 millones.

Publicado por El Mundo.

Más de 2.000 taxistas ultiman una querella contra Uber y Cabify.

Barcelona, 20 may (EFE).- Más de 2.000 taxistas de toda España interpondrán una querella contra Uber y Cabify, entre otras empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales.

Los demandantes son taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y están representados por el exjuez y abogado Elpidio Silva.

Estas demandas se interpondrán de forma individual contra Uber y Cabify, las principales plataformas de intermediación que operan en España, pero también contra “un entramado de sociedades que manejan la mayoría de las VTC en todo el territorio nacional”, ha explicado a Efe Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.

Los taxistas darán así un paso más en su particular batalla contra el sector de los VTC, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite el pasado abril una demanda colectiva contra Uber, Cabify y otras tres empresas por competencia desleal.

En este caso, las demandas, de ser finalmente admitidas a trámite, no tendrán un recorrido civil, sino penal, pues los taxistas atribuyen a las compañías VTC delitos como la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores.

Además, “todos estos delitos se están produciendo de forma continuada”, ha destacado Álvarez.

El abogado Elpidio José Silva, acompañado de miembros de la Plataforma Integral del Taxi y Élite Taxi Barcelona, tiene previsto presentar en Barcelona esta nueva acción judicial contra las plataformas de alquiler de vehículos con conductor el próximo jueves 23. EFE

Publicado por La vanguardia.

Un juzgado de Barcelona dicta que Cabify operaba hasta enero a través de un “grupo patológico de empresas”

Una sentencia falla contra el entramado de empresas que explotaban la aplicación antes del decreto de la Generalitat y les condena a indemnizar a un trabajador despedido de manera improcedente

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Un vehículo VTC circula por plaza de Catalunya de Barcelona.

Un vehículo VTC circula por plaza de Catalunya de Barcelona. / FERRAN NADEU

La aplicación de transporte Cabify operaba en Barcelona hasta el 31 de enero, fecha en la que decidió abandonar la ciudad tras el decreto de la Generalitat, a través de un “grupo patológico de empresas“. Así lo ha dictaminado el juzgado de lo social número 2 de la capital catalana, en una sentencia que falla a favor de un trabajador que denunció al entramado de compañías para las que trabajaba por despido improcedente.

El magistrado ha determinado, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que las tres empresas que explotaban la aplicación de Cabify (Vector Ronda Teleport S.L., Moove Cars Sustainaple Transports S.L., y Maxi Mobility Spain S.L) deberán abonar un total de 6.251 euros a su antiguo empleado en concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Maxi Mobility Spain es la compañía que explota la marca Cabify en España y Vector Ronda y Moove Cars dos empresas participadas por la primera que prestaban el servicio de chóferes y vehículos para explotar el servicio.

Un “grupo patológico de empresas” es aquel entramado de empresas que mantienen una apariencia externa unitaria, confunden sus respectivos medios de producción y mantienen una dirección unitaria, pese a formalmente ser empresas no relacionadas. Ello no es sancionable directamente, pero sí dictamina la responsabilidad conjunta de las diferentes empresas en los procesos en las que estas se ven envueltas, como, por ejemplo, reestructuraciones de plantilla.PUBLICIDAD

Despedido tras ir a Inspección de Trabajo

La denuncia surge a raíz de la denuncia de un trabajador de Vector Ronda impugnando su despido el pasado 27 de febrero del 2018, un día después de que este se personara en Inspección de Trabajo alegando diversos incumplimientos laborales. El demandante, asesorado por el bufete Col·lectiu Ronda, alegó, entre otros, un exceso de jornada, ya que afirmaba trabajar 12 horas diarias para la empresa, con una hora de descanso para comer. La empresa, tras ser contactada por Inspección para requerir información al respecto, procedió a despedir al trabajador.

Ello ha sido interpretado por el magistrado como una represalia y ha condenando a Vector Ronda ha readmitir al trabajador y, junto las otras dos que formaban un “grupo patológico”, a repartirse para abonar los 6.251 euros de indemnización.

Publicado por el Periódico.

La Audiencia tumba la querella de la VTC contra el taxi por organización criminal

No acepta la competencia para estudiar la denuncia que presentaron las empresas del sector en plena crisis de la ‘guerra del taxi’.JESÚS MARTÍNEZ, GEMA HUESCAJueves, 07 Marzo 2019, 14:10Actualizado: 07/03/2019, 14:49

Taxistas en la Castellana

Paro de taxistas en el Paseo de la Castellana/ EFE

La Audiencia Nacional no estudiará la querella interpuesta por las empresas del sector de la VTC contra los taxistas por organización criminal y otros delitos relacionados con las férreas protestas que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el país. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, no admite a trámite la denuncia al entender que este órgano carece de competencia para estudiar su contenido. 

La presentación de la querella, adelantada por este diario, se trató del primer movimiento judicial que los empresarios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) tomaron contra el sector del taxi a principios de febrero. Los denunciantes consideraron que la actuación de dicho sector era constitutiva de los delitos de organización criminal, además de desórdenes públicos y coacciones, entre otros y así lo plasmaron en su escrito, que entró en dicho juzgado el pasado 1 de febrero. 

No obstante, el magistrado instructor adopta el criterio de la Fiscalía y expone en un auto con fecha de este miércoles que no es procedente aceptar su competencia, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Cabe destacar que este juzgado es el mismo que instruye causas de gran calado en la Audiencia Nacional tales como el caso Tándem, relacionado con las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, o las tramas Lezo y Púnica, entre otros.

Fotografía de taxistas quemando contenedores en Fitur.

Mira tambiénLa VTC lleva a los taxistas a la Audiencia Nacional por organización criminalPUBLICIDAD

La interposición de la querella se enmarca en los altercados que tuvieron lugar durante esos días. Solo en la capital madrileña la cifra de coches atacados fue de 150 según reportó Unauto, patronal de sector y firmante de la querella. De hecho, los incidentes en cuestión derivaron en la salida de Uber y Cabify de Barcelona si bien esta última ha reculado y ha anunciado que volverá a operar en la ciudad condal. Eso sí, en su retorno advirtieron que sólo cumpliría con la precontratación de 15 minutos en el primer servicio al cliente. Los siguientes se podrán ejecutar de manera instantánea.

Pero no solo en Cataluña ha habido cambios legales en torno a esta cuestión. El Gobierno madrileño también modificó la normativa del taxi equiparando en cierto modo sus condiciones a las de la VTC. De esta manera, los taxistas de Madrid podrán realizar trayectos contratados previamente y con un precio cerrado, similares a los que ofrecen los vehículos de alquiler con conductor para plataformas como Uber y Cabify, y ofrecer también ‘carreras’ compartidas por varios viajeros. 

El conflicto sigue vigente

Los términos de esta nueva regulación se conocieron apenas días después de que el sector pusiera fin al paro indefinido que secundaron durante 16 días tras el referéndum convocado por el sector que terminó con un un 53,9% a favor de desconvocar la huelga. Su decisión vino influida por la negativa de la Comunidad de Madrid a regular las VTC apelando a que la tramitación ordinaria podría tardar años en salir; movimiento que fue entendido como un “insulto” y un “desprecio” a los taxistas de la Comunidad.

Conviene recordar que la presentación de la querella por parte de las VTC ante la Audiencia Nacional se produjo el mismo día en que se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que descartaba que Cabify fuera competencia desleal frente al taxi, al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores. Se trata de un capítulo de la guerra que ganó la startup española aunque todavía cabe recurso contra el Tribunal Supremo.

Publicado por Información.

FACUA presenta una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde opera

FACUA-Consumidores en Accion ha presentado una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas en las que opera en España al entender que la empresa vulnera tanto la legislación de defensa de los consumidores como la que regula a las agencias de viajes.

En los últimos meses, la asociación ha planteado a Cabify la existencia de una serie de irregularidades en sus condiciones contractuales para que procediera a corregirlas. La empresa ha rectificado algunas de ellas esta semana, pero ha mantenido las que FACUA entiende de mayor envergadura, por lo que ha procedido a interponer denuncias ante los organismos competentes en el control del cumplimiento de la legislación a la que está sometida.

FACUA considera que las condiciones contractuales de la filial española de Cabify (Maxi Mobility Spain SL) sitúan a los usuarios en una situación absoluta indefensión en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados, como que los transportistas se retrasen o no lleguen, cargos superiores a los ofertados, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes.

Las denuncias por el posible incumplimiento de la normativa de protección al consumidor han sido remitidas este viernes a las autoridades de consumo de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Asimismo, FACUA ha interpuesto otra denuncia ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, donde Maxi Mobility Spain SL tiene su sede social. En la actualidad, Cabify opera en España en A Coruña, Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Una “agencia de viajes” que se desestiende de sus responsabilidades

En sus “condiciones generales de uso”, la empresa advierte de que opera en España como “agencia de viajes” al estar registrada como tal. Sin embargo, FACUA denuncia que en esas mismas condiciones la compañía afirma que sólo “actúa en calidad de intermediario” y que su actividad está sometida, entre otras normas, a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Lssice).

FACUA señala en sus denuncias que si estuviera regida por la Lssice, Cabify podría intentar acogerse al régimen de reponsablidad específico que recoge esta normativa para no tener que responder ante los usuarios por cualquier clase de daño o perjuicio sufrido en la prestación de los servicios que oferta. Pero lo cierto es que las características de los servicios de este tipo de plataformas impiden que puedan considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, como puso de manifiesto la sentencia contra Uber dictada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Aparenta que es un mero intermediario

Cabify pretende aparentar que es un mero intermediario, obviando sus obligaciones como agencia de viajes y como si no hiciese otra cosa que poner en contacto a un usuario con una empresa para que contrate sus servicios. Pero lo cierto es que cuando se solicita un transporte a través de la app de Cabify, toda la contratación y pago se lleva a cabo de forma directa con esta empresa, sin que ni siquiera se informe de cuál es la titular de la licencia de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) para la que trabaja el profesional que llevará a cabo el servicio. Resulta obvio, advierte la asociación, que sin la plataforma de contratación de Cabify, los consumidores no podrían o tendrían muchas dificultades para contratar de forma directa con las licenciatarias de VTC que prestan sus servicios a través de Maxi Mobility Spain SL.

En el apartado 8 de sus condiciones contractuales, dedicado al “régimen de garantías y de responsabilidad”, la empresa afirma que “la prestación final del servicio de transporte quedará a discreción del tercero transportista” y que “el usuario renuncia y exonera a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista”.

Legislación de consumo y agencias de viajes

FACUA considera que con estas prácticas, la multinacional vulnera en España tanto la normativa de consumo como la que regula las obligaciones de las agencias de viajes. Así, el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 22 que éstas “vienen obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las condiciones y características estipuladas”. La asociación argumenta en su denuncia que Cabify no puede por tanto desentenderse de sus responsabilidades con los usuarios si se produce cualquier irregularidad en la prestación de los servicios.

En lo que se refiere a la legislación de defensa de los consumidores, tanto la ley estatal como las autonómicas plantean como infracciones la aplicacíon de cláusulas abusivas en los contratos. Y el intento de Cabify de exonerarse de cualquier responsabilidad ante incumplimientos de las condiciones de los servicios contratados a través de ella podría constituir una cláusula abusiva por causar “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes”, argumenta FACUA en sus denuncias.

Publicado por Facua.

El sector del taxi anuncia demandas y querellas contra Uber, Cabify y el Gobierno para defenderse de las VTC .

La Plataforma Integral del Taxi ha anunciado que presentará una demanda civil y una querella criminal contra Uber y Cabify, así como una demanda por daños patrimoniales contra la Administración central para defender los derechos de los taxistas en el conflicto por el uso de las licencias de VTC, que podría derivar en indemnizaciones millonarias para los taxistas. El coordinador de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha adelantado este martes esta batería de medidas ante la justicia española durante una conferencia de prensa para explicar la estrategia del sector ante la expansión de operadores como Uber y Cabify, que actúan con las licencias de los vehículos de transporte con conductor, los VTC. La primera de las actuaciones que emprenderán los taxistas es la interposición de una demanda civil contra Uber y Cabify por competencia desleal, a la que seguirá una querella criminal contra “los responsables de la trama” que pretende, según Álvarez, acabar con el sector del taxi. La querella criminal se presentaría por los posibles delitos de manipulación para alterar el precio de las cosas, estafa masiva, fraude de ley y blanqueo de capitales. “Hay pruebas de que se está montando una trama y que hay personas que están impulsando que se liquide un sector protegido por directivas europeas. Nos quieren quitar del medio, pero no nos dejaremos”, ha dicho Álvarez. Para un poco más adelante, el sector llama a los taxistas a unirse para presentar demandas por daños patrimoniales contra la administración central, a la que acusan de “mirar para otro lado” durante años, permitiendo la actual situación, pese a existir una directiva de la Comisión Europea de 2006 que “preserva” el sector. Según el abogado que ultima la demanda, Elpidio José Silva, “desde hace 9 años el Estado español sólo ha hecho que incumplir frontalmente las directivas comunitarias que dicen que si quieres hacer de taxi debes tener una licencia de taxi y que preservan el sector de la liberalización”. Si estas demandas fueran aceptadas por los tribunales, Álvarez y Elpidio José Silva han asegurado que la administración española se enfrentaría al pago de indemnizaciones millonarias, que podrían llegar a un cómputo total de más de 25.000 millones de euros. Según ellos, esta cantidad saldría de multiplicar las 70.000 licencias de taxi que existen en España por unos 400.000 euros de indemnización por cabeza para compensarlos por el dinero que han dejado de ganar durante los últimos años en que han tenido que competir con los VTC. En principio, las demandas y querellas deberán presentarse de manera individual por los taxistas ante la justicia española aunque la Plataforma Integral del Taxi (PIT) está coordinando las iniciativas y el asesoramiento legal necesario, que corre a cargo del exmagistrado Elpidio José Silva. En estos momentos, forman parte de la Plataforma unos 1.500 taxistas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras ciudades, aunque se espera que este número crezca en las próximas semanas y meses.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3536926/0/taxi-demanda-vtc-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

Golpe a Uber: la UE admite sanciones millonarias y penas de prisión contra la multinacional.

El Tribunal de Luxemburgo avala la normativa francesa contra la multinacional

El veredicto supone otro mazazo contra el modelo de negocio de la compañía

uber
Un conductor de Uber. Archivo/REUTERS

El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado este martes a favor de la posibilidad de prohibir y sancionar penalmente algunos de los servicios de transporte ofrecidos por la multinacional estadounidense Uber. El veredicto supone el segundo mazazo judicial contra el modelo de negocio de la compañía en poco más de tres meses. El pasado mes de diciembre, el mismo Tribunal sentenció, a raíz de una denuncia de taxistas españoles, que UberPop es una empresa de transporte, sujeta a la normativa de ese sector, y una mera aplicación tecnológica como defendía la compañía.

La nueva sentencia llega a raíz de la legislación aprobada en Francia en 2014 que contempla sanciones de hasta 300.000 euros y penas de prisión de dos años para las empresas que organicen sin licencia de transporte un sistema de conexión entre conductores y viajeros. La norma se aprobó solo cuatro meses después de que Uber empezará a ofrecer sus servicios en Francia y la multinacional estadounidense fue enjuiciada poco después por un tribunal de Lille.

Uber ha invocado en su defensa la nulidad de la norma francesa, por considerar que el Gobierno francés no puede adoptar una norma sobre los servicios digitales sin notificarla previamente a la Comisión Europea.

El gobierno francés, en efecto, obvió la notificación a Bruselas. Pero el Tribunal de Justicia europea ha fallado hoy que esa notificación no era necesaria porque la norma no atañe a un servicio de la sociedad de la información sino, más bien, a un servicio de transporte.

El caso ha llegado a Luxemburgo tras una consulta prejudicial del Tribunal de primera instancia de Lille, que será el encargado de resolver la denuncia contra Uber. Pero la sentencia de este martes marca el camino hacia un veredicto contrario a los intereses de la compañía, que se expone a una sanción millonaria por sus servicios conocidos como UberPop (que operaba con conductores no profesionales)

Publicado por Cinco Días.

EL SUPREMO ADMITE UN NUEVO RECURSO DE CASACIÓN POR SOLICITUDES MASIVAS DE VTC EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

EL SUPREMO ADMITE UN NUEVO RECURSO DE CASACIÓN POR SOLICITUDES MASIVAS DE VTC EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El Tribunal Supremo admite el Recurso de Casación interpuesto por el bufete de José María Baño León, paralizando la concesión de 50 VTC solicitadas en Alicante en Julio de 2015.

En ese mismo Auto, el Tribunal Supremo no admite el Recurso de Casación interpuesto por la abogacía de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, por ser solicitudes anteriores a la publicación del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (Rott) en Noviembre de 2015 y existir jurisprudencia al respecto.

Esto quiere decir que si no se hubiera contratado a este prestigioso bufete de abogados, ya se hubieran concedido cientos de VTC en la Comunidad Valenciana, ya que todos los argumentos del Estado para no conceder las VTC solicitadas con anterioridad a la publicación del Rott en 2015, ya no sirven.

En este momento, el Recurso de Casación interpuesto por el bufete de José María Baño León es el único en toda España que ha conseguido paralizar VTC solicitadas con anterioridad al Rott de 2015.

Esta decisión del Supremo demuestra que el trabajo iniciado por la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana junto al resto de asociaciones que han colaborado para poder pagar los honorarios del prestigioso bufete está dando sus frutos, por lo que debemos seguir haciendo un esfuerzo para seguir defendiendo al sector.

En unos meses sabremos si finalmente el Supremo nos da la razón y deniega definitivamente las solicitudes masivas por parte de una sola persona o entidad o por el contrario se dan las cerca de 1700 VTC solicitadas entre 2013 y 2015 en la Comunidad Valenciana.

Esta semana esperamos conocer también el Informe del Consejo Jurídico Consultivo sobre la posibilidad de crear una Licencia Urbana de VTC, tal como lleva pidiendo la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) en toda España desde hace meses.

Diga lo que diga el Supremo, y diga lo que diga el Consejo Jurídico, la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana seguirá luchando con todas las armas a su alcance, sin escatimar esfuerzos personales ni económicos para que vuelva el equilibrio (1VTC/30 Taxis) entre los dos sectores.

En Valencia a 14 de Junio de 2018                                        La Junta Directiva

QUERELLA CRIMINAL Y DEMANDA CIVIL EN DEFENSA DEL TAXI DE ESPAÑA.

QUERELLA CRIMINAL Y DEMANDA CIVIL EN DEFENSA DEL TAXI DE ESPAÑA.

Elpidio Silva comparecerá ante los taxistas de la ciudad de Valencia el próximo martes 27 de febrero a las 5 de la tarde en la sala “EVENTS” de Manises, calle maestro Guerrero 12 en el polígono del aeropuerto.

No faltes e infórmate sobre la acción judicial a la que más de 700 compañeros de diferentes lugares de nuestro país ya se han sumado.

ACCESO FACIL DESPUES HOTEL AZAFATA, 3° A LA IZQDA. Y 2° IZQDA.h Calle Maestro Guerrero 12 (SENTIDO CONTRARIO)

ESTACIONAMIENTO CALLES ADYACENTES.

AFORO LIMITADO-TE ESPERAMOS

El sector del taxi, en manos de Elpidio Silva para tumbar a Uber y Cabify

Miércoles 31 de enero de 2018

Este miércoles se ha celebrado en la sede de la Unión General de Trabajadores una reunión para informar de los siguientes pasos que seguirá la plataforma que tumbó a UberPop en los tribunales y que ha hecho que Estrasburgo obligue a esa ‘app’ a registrarse como empresa de transporte.

Por Javier López Macías:

El sector del taxi sigue su curso contra empresas VTC. El último paso ha sido una asamblea celebrada en la sede de UGT Madrid con más de 700 asistentes. La conclusión ha sido clara: los taxistas madrileños han mostrado apoyo total a la querella criminal y la demanda civil que va a impulsar la Plataforma Integral del Taxi. Es la misma plataforma que propició el fin de UberPop y que provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligase a Uber a registrarse como empresa de transportes.

Esta vez, el juez inhabilitado Elpidio Silva será quien les ayude a demostrar “del todo” que apps como Cabify o la anterior mencionada son competencia desleal para el sector. Y, es que, fuentes de la Unión de Autónomos Trabajadores de los Servicios para la Movilidad y el Consumo (Uniatramc) explican a Madridiario que el daño para los taxistas es “irreparable”.

Según exponen las mismas fuentes, la plataforma, “que ya está constituida”, está buscando demandantes porque “cuantos más sean, menor será el coste“. Además, a parte de la reunión de este miércoles, la semana que viene la plataforma visitará Sevilla para recabar todos los apoyos posibles porque se “trata de un problema global” y así quieren combatirlo.

Publicado por Madridiario.