Colau asesta un duro golpe a Uber y Cabify: limita el número de licencias
Aplicará a rajatabla el criterio de una licencia VTC por cada 30 de taxi, y exigirá una autorización por cada vehículo.
Ada Colau está a punto de dar el paso definitivo para estrechar el cerco a la actividad de Uber y Cabify en Barcelona. Lo hará con el nuevo reglamento municipal que regulará el transporte discrecional de viajeros en vehículos de menos de nueve plazas. En él se señala que -una vez entre en vigor- sólo podrá haber una licencia de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 de taxi.
De este modo, el Ayuntamiento de la ciudad Condal da un puñetazo en la mesa y abandera la defensa del sector del taxi. Ésta es una de las peticiones históricas del sector, quienes consideran que superar ese umbral supone que Uber y Cabify puedan hacerles la competencia de manera desleal y, sobre todo, desregulada.
Abre la puerta, eso sí, a variar el número de licencias VTC que funcionen por la ciudad, aunque «en ningún caso podrán superar el límite de 1/30», sentencia.
El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, será aprobado el próximo 27 de febrero. En él se considera que las VTC «han dejado de estar dirigidas a determinados tipos de servicios especiales; y se han convertido en un medio más de transporte de vehículo de alquiler con conductor, en clara y evidente coincidencia con los servicios tradicionalmente prestados por el taxi, del que sólo le separa la contratación previa, las características del vehículo y la modalidad de cobro sin taxímetro».
Así que la necesidad de limitar las licencias que puedan utilizar Uber y Cabify viene también motivada por la necesidad de buscar la «sostenibilidad ambiental y económica, y a estos efectos se imponen acciones de restricción del tráfico rodado en las ciudades, especialmente en episodios de fuerte contaminación». Por tanto, no parece lógico llenar las calles de coches que rueden por la ciudad.
La limitación 1/30 es la principal clave de esta normativa que, además, establece la necesidad de una autorización previa para realizar transporte urbano; es decir, los servicios que empiezan o acaban dentro de Barcelona. Así que requiere de una autorización municipal para cada vehículo, y en ella tendrá que estar reflejada también el titular de la misma. Sin ella no podrán trabajar ni Uber ni Cabify en la ciudad Condal, y no exime de tener que solicitar cualquier otra licencia autonómica o nacional que sea exigible para el negocio.
Esos permisos podrán ser explotados directamente por el titular o por los asalariados que tenga contratados en régimen laboral. Será la AMB (Área Metropolitana de Barcelona, de quien dependen los servicios públicos) quien otorgue las licencias, y se hará en los procesos que se fijen para otorgarlas y, una vez presentadas las solicitudes, «el procedimiento de adjudicación se hará por sorteo entre quienes cumplan los requisitos exigidos».
Dentro de los requisitos que se van a exigir, está el contar con las licencias y autorizaciones pertinenes a nivel autonómico y nacional; así como acreditar la titularidad de la VTC en el momento de solicitar el permiso para operar en Barcelona. Además, deberán acreditarse «el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social; incluyendo las condiciones del centro de trabajo». Se entregará de forma ilimitada, aunque habrá que renovarla anualmente.
Los conductores
Ninguna empresa podrá solicitar licencias para coches futuros, ya que tendrá que acreditar que cuenta con él para pedirla. Además, tendrá que contar «con una póliza de seguros que cubra los riesgos determinados por la ley; y en caso de que haya más de un conductor, reflejar esta circunstancia». Y, por supuesto, cumplir con la normativa medioambiental de la ciudad.
Establece que los servicios tengan que ser concertados con anterioridad, es decir, que no podrán coger clientes a pie de calle. Se creará un registro electrónico de viajes.
La norma establece también todo un catálogo de infracciones. Las divide entre muy graves, graves y leves. Irán desde los 250 euros a los 4.000 euros. Se exige, también, la limitación en la tasa de alcoholemia a la de conductores profesionales, y la prohibición de negarse a atender un servicio cuando lo solicite una persona con problemas de movilidad o que sea ciega.
La reacción de los taxistas
Desde Élite Taxi, su portavoz Tito Álvarez, ha explicado a EL ESPAÑOL que este reglamento es un primer paso, en el que se recoge lo más importante para ellos: la limitación 1/30. Sin embargo, cree que «falta un tiempo mínimo para la contratación que, para nosotros, debería ser de tres horas».
Álvarez asegura estar convencido de que «la CNMC y UNAUTO (patronal de VTC) lo van a impugnar, pero confiamos en el equipo de Colau, porque si no lo vieran claro lo hubieran redactado de otra manera».
Se ha mostrado confiado en que esto sea sólo el primer paso, y en que «otros Ayuntamientos tomen ejemplo» y sigan el mismo camino que Barcelona.
Elite Taxi es, precisamente, la asociación que más ha batallado este tema en la ciudad Condal. Lo ha hecho, además, desde la AMB, en donde cuenta con la mayoría de la representación del sector.
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