La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha alzado la voz en Twitter para denunciar la falta de profesionalidad de algunos taxistas en lo que concierne a su indumentaria a la hora de prestar el servicio. En un tuit del 3 de octubre publica un mosaico de cuatro imágenes donde aparecen taxistas en chándal, en pantalón corto, con camiseta de manga corta e incluso un taxista sin prenda en la parte de arriba.
«El uso de «uniforme» ayudaría a los clientes a identificar fácilmente nuestro servicio, algo que incrementaría la confianza de los usuarios en él. Mejorará nuestra autoestima y evitaría las tan criticadas diferencias de imagen», reza el texto.
Todas las prácticas retratadas están prohibidas en la Ordenanza del Taxi que modificó Ana Botella en 2012. En el apartado D de su artículo 54 se especifica como obligación del conductor «cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante la prestación del servicio, quedando prohibida la utilización de prendas y calzado deportivos y de baño, así como los pantalones cortos, y las camisetas sin mangas». Por desconocimiento o por dejadez, esta indicación, en gran medida, no se tiene en cuenta.
Los nuevos modelos de la marca Citroën que se empiezan a producir en la planta zaragozana de Figueruelas se exportarán por el Puerto de Valenciana. La instalación recibió ayer por la mañana el primer tren cargado de automóviles procedentes de la antigua factoría de General Motor para la producción de Opel y en manos de PSA tras completarse el proceso de compra iniciado en marzo y consumado en agosto.
El convoy, de 550 metros de longitud y que fue operado por la compañía Gefco, trasladó alrededor de 200 vehículos del modelo Citroën C3 Aircross, según un comunicado de Valenciaport. Este convoy es el primero que retoma el trazado ferroviario de Teruel, tras las recientes mejoras operativas introducidas en el mismo.
Desde la instalación portuaria se asegura que la decisión de la planta de Figueruelas va a permitir al Puerto de Valencia diversificar los modelos de automóviles que recibe por tren. En concreto, tras la compra de Opel por parte del grupo PSA, Valenciaport incrementará sustancialmente la presencia de la marca Citroën en el recinto.
Formalmente, la planta confirma que operará tres trenes semanales desde su factoría de Zaragoza hasta el puerto de Valencia. Esta decisión se ha tomado tras la eliminación de diversos «cuellos de botella» de la línea ferroviaria Valencia-Teruel-Zaragoza que ha permitido incrementar su operatividad. Sin embargo, diversas fuentes portuarias señalan que, sin ser una decisión de última hora por los incidentes ocurrido en Barcelona, la inestabilidad de Cataluña está pesando en decisiones de envergadura.
Concretamente, la falta de un horizonte claro desde un punto de vista jurídico se intentan evitar decisiones que tengan de modificarse ante la evolución de los acontecimientos. En todo caso, sin la mejora de la línea la balanza podría no haberse inclinado de forma tan decidida, señalan.
Liderazgo en el motor
Con el inicio del tráfico de estos convoyes, Valencia se afianza como uno de los principales nodos logísticos de España para el tráfico de automóviles y ya dispone de un millón de metros cuadrados al servicio de esta industria, de los que 412.000 metros cuadrados están en Valencia y 560.000 metros cuadrados en el recinto del puerto de Sagunto. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con casi cinco kilómetros de línea de atraque (1.845 metros cuadrados en Valencia y 2.800 metros cuadrados en Sagunto) destinados a esta actividad que permiten la llegada de los grandes buques de mercancías ro-ro, denominación de los cargueros para automoción. De forma habitual, del orden de cinco buques para automóviles ya cargan en el recinto de Valencia y entre dos o tres en el de Sagunto.
En los últimos dos años, Valencia ha escalado posiciones hasta convertirse en el octavo puerto europeo en tráfico de vehículos. En concreto, durante 2016, canalizó 774.708 unidades, cifra que supone un incremento del 12,37% respecto al año anterior. De este modo ha ido acortando distancias con el recinto catalán, que lidera el ranking del Mediterráneo español en esta carga.
En todo caso, esta escalada se prevé que vaya a más hasta hacerse Valencia con el liderato. Para ello será fundamental la puesta en servicio del silo de vehículos del grupo Grimaldi en los próximos meses. Esta nueva zona de deposito para la carga contará con un millón de metros cuadrados para coches y 100.000 metros más de muelle.
El avance de Valencia frente a la instalación de la ciudad condal es una constante desde hace una década. Aunque en materia de contenedores Barcelona dejó de ser relevante hace años, hasta ahora mantenía su liderazgo en la automoción.
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El convoy, de 550 metros de longitud y que fue operado por la compañía Gefco, trasladó alrededor de 200 vehículos del modelo Citroën C3 Aircross, según un comunicado de Valenciaport. Este convoy es el primero que retoma el trazado ferroviario de Teruel, tras las recientes mejoras operativas introducidas en el mismo.
Desde la instalación portuaria se asegura que la decisión de la planta de Figueruelas va a permitir al Puerto de Valencia diversificar los modelos de automóviles que recibe por tren. En concreto, tras la compra de Opel por parte del grupo PSA, Valenciaport incrementará sustancialmente la presencia de la marca Citroën en el recinto.
Formalmente, la planta confirma que operará tres trenes semanales desde su factoría de Zaragoza hasta el puerto de Valencia. Esta decisión se ha tomado tras la eliminación de diversos «cuellos de botella» de la línea ferroviaria Valencia-Teruel-Zaragoza que ha permitido incrementar su operatividad. Sin embargo, diversas fuentes portuarias señalan que, sin ser una decisión de última hora por los incidentes ocurrido en Barcelona, la inestabilidad de Cataluña está pesando en decisiones de envergadura.
Concretamente, la falta de un horizonte claro desde un punto de vista jurídico se intentan evitar decisiones que tengan de modificarse ante la evolución de los acontecimientos. En todo caso, sin la mejora de la línea la balanza podría no haberse inclinado de forma tan decidida, señalan.
Liderazgo en el motor
Con el inicio del tráfico de estos convoyes, Valencia se afianza como uno de los principales nodos logísticos de España para el tráfico de automóviles y ya dispone de un millón de metros cuadrados al servicio de esta industria, de los que 412.000 metros cuadrados están en Valencia y 560.000 metros cuadrados en el recinto del puerto de Sagunto. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con casi cinco kilómetros de línea de atraque (1.845 metros cuadrados en Valencia y 2.800 metros cuadrados en Sagunto) destinados a esta actividad que permiten la llegada de los grandes buques de mercancías ro-ro, denominación de los cargueros para automoción. De forma habitual, del orden de cinco buques para automóviles ya cargan en el recinto de Valencia y entre dos o tres en el de Sagunto.
En los últimos dos años, Valencia ha escalado posiciones hasta convertirse en el octavo puerto europeo en tráfico de vehículos. En concreto, durante 2016, canalizó 774.708 unidades, cifra que supone un incremento del 12,37% respecto al año anterior. De este modo ha ido acortando distancias con el recinto catalán, que lidera el ranking del Mediterráneo español en esta carga.
En todo caso, esta escalada se prevé que vaya a más hasta hacerse Valencia con el liderato. Para ello será fundamental la puesta en servicio del silo de vehículos del grupo Grimaldi en los próximos meses. Esta nueva zona de deposito para la carga contará con un millón de metros cuadrados para coches y 100.000 metros más de muelle.
El avance de Valencia frente a la instalación de la ciudad condal es una constante desde hace una década. Aunque en materia de contenedores Barcelona dejó de ser relevante hace años, hasta ahora mantenía su liderazgo en la automoción
El Puerto de València ha recibido dos visitas inesperadas desde el pasado domingo con motivo de la situación conflictiva que se vive en Cataluña. Dos cruceros, con alrededor de 2.500 pasajeros cada uno de ellos además de su tripulación, han desviado sus rutas para evitar la Ciudad Condal por culpa de los enfrentamientos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los ciudadanos y han elegido como destino la capital del Túria.
La responsable de esta decisión ha sido la compañía alemana Tui Cruises, una filial de la multinacional Tui y la estadounidense Royal Caribbean, que ha entendido que el mejor destino para sus clientes, vista la crisis provocada por la celebración del referéndum del 1-O por la independencia de Cataluña y la huelga general declarada a nivel autonómico, no era precisamente Barcelona.
El primero de estos dos barcos que tomó esta decisión fue el Mein Schiff 3, que debía salir desde Palma de Mallorca y llegar a Barcelona el pasado domingo. Sin embargo, en vistas de la coyuntura conflictiva en Cataluña, con cargas policiales junto a los colegios donde los ciudadanos pretendían votar en un referéndum ilegal, el capitán de la embarcación cambió el destino y acabó tomando tierra en València con sus 293 metros de eslora y más de 2.000 pasajeros a bordo, para continuar más tarde hacia el sur. Durante la tarde de ayer, el Mein Schiff 3 ya había cruzado el Estrecho de Gibraltar y se dirigía hacia Lisboa, previa parada anterior en Alicante.
Pero aquella decisión no fue anecdótica. Tan solo dos días después, ayer martes, otro crucero de la misma compañía tomaba la misma ruta. El Mein Schiff 5, también con más de 2.000 pasajeros en sus entrañas, debía haber llegado a Barcelona el lunes a las 19.00 horas.
Siendo la capital catalana la única parada con una estancia de dos días, pudiendo así los turistas pasar una noche en la Ciudad Condal. Sin embargo, cuando faltaba una hora y cuarto para que atracara, el capitán emitió un comunicado a los pasajeros por megafonía: el barco no haría parada en Barcelona por «la situación política de Cataluña», según revelaron ayer algunos de los viajeros consultados por Levante-EMV. La alternativa escogida era València, adonde el buque llegó sobre las 4.14 de la madrugada de ayer.
Una ruta de 11 días, con sorpresa
Los turistas, en su mayoría alemanes, habían contratado un periplo de once días en los que se incluía paradas en Palma de Mallorca, Ajaccio –en la isla de Córcega–, Roma, La Spezia, Niza-Mónaco, Barcelona e Ibiza, antes de volver a la capital balear, pero el conflicto indepentista catalán les ha hecho conocer, de manera inesperada, València.
Durante toda la mañana de ayer, el Mein Schiff 5 estuvo en el muelle 2 del Puerto de València, mientras muchos de sus pasajeros descubrían la capital del Túria. A las 17.30 horas tenían la hora de embarque para proseguir su marcha hasta Ibiza.
De hecho este cambio no solo afectó a los pasajeros del crucero, sino también a sus trabajadores. De nacionalidades diversas, Felipe fue el único empleado español con el que este redactor pudo hablar. Miembro del personal de entretenimiento, Felipe llevaba desde marzo sin poder ver su familia que vive en Madrid.
«Me ha dado rabia el cambio de destino porque nos avisaron una hora y cuarto antes de llegar al puerto. Yo había quedado con mi madre y hermana, que ya estaban de camino a Barcelona con el AVE», explica el madrileño. Además, Felipe reprobó que «sabiendo que había pasado antes con otra embarcación, no entiendo porque no avisaron con mayor antelación». Aunque a pesar de todo, Felipe bajó del barco y disfrutó de una ciudad que «no era la primera vez que visitaba», dijo el empleado de Tuin.
Nuevas oportunidades en València
Por su parte, hubo otros trabajadores que aprovecharon para conocer València. Es el caso de los músicos de jazz y latino, el cubano Maikel Gómez, la hondureña Ondina Zuñiga y Baro Rey de Praga. «Sabemos que se desvió por problemas en Cataluña, pero no conocemos que pasa allí solo que hay un problema», cuentan los artistas que esperan volver para poder tocar en algún local de la ciudad.
Otros como Salvatore de Nápoles y Marica de Roma, actores del teatro que hacen a bordo, pensaron que venir a València «era mejor porque era más seguro que ir a Barcelona, además es muy bonita», comentaron los italianos. Además mostraron su desacuerdo con la situación en Cataluña, «quieren salir de España pero no de la Unión Europea, no es lógico», dijeron los transalpinos antes de zarpar a las 18.00 horas con destino a Ibiza.
La delegación española declara una cifra de negocios de 1,4 millones y paga 28.000 euros por el impuesto de sociedades.
La filial española de la compañía de transporte de vehículos con conductor, Uber System España, quiere recuperar el tiempo perdido en España. A pesar de que interrumpió su actividad por una orden judicial durante un año y medio, el regreso al mercado en la primavera del año pasado le permitió cosechar unos ingresos de 1.428.54 euros.Toda Esta cifra denegocio se la facturó en realidad a su matriz holandesa, que goza de grandes ventajas fiscales.Es decir, que su actividad se limita a ser una prestadora de servicios de una empresa extranjera.
Esta estrategia corporativa, utilizada por casi todas las filiales de multinacionales que se asientan en Europa, le permitió a la sucursal española de la empresa de transporte pagar solamente 28.395 euros por el impuesto de sociedades durante el año pasado después de ganar 83.401 euros, según figura en las cuentas anuales de la compañía depositadas en el Registro Mercantil correspondiente al ejercicio 2016.
La sucursal española de la conocida empresa de economía colaborativa se dedica en concreto a «ofrecer servicios de marketing local y apoyo en servicios». Es decir, actúa casi como comisionista formando una estructura que permite trasladar de forma legal los ingresos a Holanda. De hecho, la compañía factura el grueso de sus ingresos, 1,4 millones de euros, a Uber Internacional Holding, la matriz que posee el 100% de las acciones de la filial española y que tiene domicilio fiscal en los Países Bajos, un territorio que ofrece una fiscalidad muy ventajosa para los grandes grupos internacional al ofrecer acuerdos ventajosos a los holdings.
Este diario se ha puesto en contacto con Uber System España, que ha rechazado comentar sus cuentas y la estructura corporativa y fiscal de la compañía.
La compañía española se enfrenta a un doble reto. Por un lado trata de recuperar el terreno perdido con sus rivales como Cabify y por otro, hace frente a la presión que recibe desde el sector del taxi —un gremio que ve a estas empresas como intrusos en un sector muy protegido— y los cambios restrictivos que trata de establecer el Gobierno.
La filial española de Uber cuenta en España solo con ocho empleados. Todos fijos y todos hombres. En total, la firma se gasta 679.316 euros en pagar las nóminas y las cotizaciones a la seguridad social de sus ocho trabajadores, tres de los cuales tienen el estatus de altos directivos y el resto está empleado como personal de venta y distribución
El consejero de Fomento y Vivienda , Felipe López, ha informado al Parlamento andaluz de la intención de la Junta de denegar nuevas autorizaciones de VTC «si los ayuntamientos estiman que no son necesarias».
Esta es una de las medidas a adoptar por el Gobierno andaluz para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC). López ha señalado que los esfuerzos de su Consejería «se concentrarán en reducir el riesgo de graves desequilibrios en la ordenación del sector de transporte de viajeros en vehículos turismo”.
Por ello han solicitado a los ayuntamientos un informe municipal para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que «son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto». En caso de que tal informe resultara negativo, ha explicado, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.
López ha advertido de que la situación actual, con una proporción 1/10 en vez de 1/19 como era en 2014, puede ser aún más compleja una vez que los juzgados resuelvan todos los procedimientos pendientes de aquellas VTC que solicitaron ejercer la actividad hasta 2015. ”Ahora -tras sentencias estimatorias- la Consejería se ve obligada a valorar de nuevo las solicitudes, punto en el que hemos acordado introducir el informe municipal sobre la conveniencia de autorizar más VTC», ha aclarado el consejero.
Refuerzo en el control
Asimismo, la Consejería se ha comprometido a reforzar la labor de control de esta actividad a través del Plan Coordinado de Inspección del Transporte de Andalucía con medidas que permitan mejorar la eficacia con los ayuntamientos y la Policía Local para intensificar la labor inspectora en los núcleos urbanos.
Eso sí, desde la Junta se pide al Ministerio de Fomento que adopte cambios, como la exigencia de desarrollo efectivo de la actividad en un plazo de tres meses y la recuperación del requisito del número mínimo de conductores, «de tal manera que se garantice la existencia de una verdadera actividad de transporte”. Ambas reivindicaciones, ha asegurado López, fueron expuestas por el Gobierno andaluz en el último encuentro mantenido con el Ministerio el pasado 12 de septiembre.
Es la propuesta del ministerio de Fomento, que acaba de enviar a las distintas partes interesadas.
El Gobierno dejará en manos de las Comunidades Autónomas la creación de un registro de actividad de viajes de los coches de alquiler con conductor (VTC). Así se recoge en el Real Decreto que prepara para regular el sector, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El documento señala que las Autonomías que «por delegación del Estado hubieran asumido las competencias en materia de autorizaciones […] podrán hacer que los titulares de esas autorizaciones les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente en su territorio».
Se trata de uno de los dos puntos esenciales del Real Decreto que ha sido remitido esta misma mañana a las partes. La parte justificativa del documento reconoce que se ha detectado «un fuerte movimiento especulativo que convierte las autorizaciones (de VTC) en objeto de comercio tan pronto son expedidas por la Administración».
Para poner fin a estas prácticas, el texto señala que las licencias «no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original»; excepto en «supuestos de transmisión por jubilación; incapacidad física o legal del titular; o en favor de los herederos en caso de muerte».
De este modo, el Gobierno pone encima de la mesa su postura en torno a la guerra que mantiene el sector del taxi con las plataformas de VTC como Ubery Cabify. Los implicados han rechazado dar opiniones sobre el contenido hasta que terminen el análisis.
De hecho, los representantes del sector trasladarán su inquietud sobre estas normas a Fomento en las próximas semanas a través de los distintos órganos de consulta en donde están representados.
Por último, el reglamento que prepara el Ejecutivo contempla que los coches de VTC tengan que cumplir «con las condiciones técnicas» que se recogen en la Ley de Transportes. En ella, además, se mantiene el ratio de 1 VTC por cada 30 de taxis.
Más de 10 horas de trabajo, sueldos que algunos meses apenas rozan los 800 euros, despidos sin previo aviso… varios trabajadores de Cabify, y otros que han dejado de serlo, denuncian a Madridiario las condiciones de empleo que exigen varias de las empresas que operan bajo el ‘paraguas’ de la compañía líder del mercado de VTCs.
En 2011, Juan de Antonio creaba una startup española que, seis años más tarde, domina el negocio de los VTC en España. El objetivo era ofrecer vehículos con conductor «que no fueran taxis» para hacer disfrutar al usuario de una experiencia «única». Así nació Cabify.
Con un logo que representa «el cariño» que la empresa pone en cada servicio que realiza, la compañía se ha hecho un hueco en un mercado difícil que cuenta con una competencia feroz por parte de Uber y de los taxis.
La receta de su éxito radica en el servicio que prestan sus conductores. Una botella de agua, elección libre de música, ventanastintadas, precio fijo y un servicio -normalmente- más barato que el prestado por los taxistas son atractivos que cada día reclaman más usuarios y que tienen un precio que no pagan ellos. Esa tarifa va a cargo de los trabajadores, que repiten un mantra común: «Mataríamos por ser taxistas y por tener sus condiciones».
Así de sinceros se muestran varios conductores con los que Madridiario ha contactado para desvelar las condiciones bajo las que desarrollan su actividad. Las principales quejas se concentran en tres ámbitos: horas trabajadas, sueldo y precariedad.
J.L., uno de los extrabajadores de la empresa que no quiere facilitar su nombre completo, explica que «en teoría» se firman ocho horas pero que son un total de 10 y media las que deben estar de servicio. «Nosotros tenemos que tener la aplicación abierta durante, al menos, 12 horas, a las que hay que restarle un descanso de 90 minutos», declara. Completando este tiempo, las empresas que les contratan -a través de las que Cabify oferta su servicio- también les marcan un mínimo de facturación: 3.000 euros.
En este punto, si alcanzan esa cifra, Cabify se queda un porcentaje (19 por ciento). El dinero restante se reparte entre el trabajador (43 por ciento) y la empresa ‘subcontratada’ (57 por ciento). Si la facturación no alcanza tal nivel, el sueldo del trabajador queda reducido a 800 euros. Además, que no cumplan con este objetivo «debilita», según los trabajadores, su posición, pues cada semana se producen despidos «masivos», en los que se vieron afectados tanto J.L. como F.M., otro de los conductores consultados. El motivo fue su «lentitud», algo que ponen en entredicho ya que, según sus cálculos, «estaban cumpliendo con los mínimos».
Otra queja recurrente es la forma en la que les despidieron, con un mal trato incluido por parte de sus superiores. «A mí me echaron sin aviso previo. Un día iba a comenzar mi jornada laboral y no me funcionaba la aplicación. Llamé a mi jefe y me dijo que ya no contaba conmigo. No hacía falta que me avisara con antelación porque estaba en la fase de prueba estipulada en mi contrato y no lo hizo», cuenta uno de ellos.
Por su parte, fuentes de Cabify se desvinculan totalmente de estas acusaciones. La compañía se escuda en su forma de negocio, que sigue un modelo de «agencia de viajes»: no cuenta ni con vehículos propios ni con licencias, sino que «proporciona servicios de terceros a los usuarios a través de la aplicación».
De esta forma, niega que exijan una facturación mínima, que marquen un horario y que tengan una relación con los empleados que vaya más allá «de la prestación del servicio en cada momento». Cualquier otro tipo de relación se canaliza a través de sus empresas, que están sometidas a un control de su actividad. También se exige que cumplan la normativa fiscal, laboral y de transportes, auditándose periódicamente dicho cumplimiento, explican.
Nota: los trabajadores consultados por Madridiario son empleados de empresas que cuentan con licencias VTC y que prestan servicio a través de la app en nombre de la compañía. Esto no quiere decir que todos los trabajadores de Cabify cuenten con estas condiciones, pues pueden variar según la empresa que les contrate o su condición de autónomos.
Una mujer mira un cartel en un local de Gran Vía. B. A.
Los locales de Russafa firman un principio de acuerdo con la plataforma de transporte y pactan con parkings una tarifa de cuatro euros de 21 a 5 horas
Tratan de compensar la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches
Los hosteleros de Russafa se han decidido a dar su propia respuesta a los problemas de aparcamientodespués de que el Ayuntamiento de Valencia prohibiese el aparcamiento nocturno en el carril bus. Fuentes de la Asociación de Ocio y Hostelería de Ruzafa Gran Vía confirmaron ayer que han alcanzado un acuerdo con aparcamientos del distrito para ofrecer 1.200 plazas de 21 horas a 5 horas por cuatro euros, con lo que pretenden mitigar el impacto que, dicen, ha ocasionado la medida municipal a sus negocios.
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Los hosteleros de Russafa van a repartir 150.000 folletos para dar a conocer el acuerdo que se ha materializado con los aparcamientos de la zona y los locales asociados colocarán pegatinas en los accesos para que los clientes sepan de antemano que pueden sellar sus tiques de parking en el interior.
No es la única medida en la que han avanzado los hosteleros de uno de los barrios más populares para el ocio nocturno de Valencia, ya que también están trabajando en un acuerdo con los responsables de la plataforma de coches con conductor Cabify con tarifas especiales para los clientes de los locales suscritos a la asociación.
La medida implicaría un duro golpe para uno de los principales impulsores de la prohibición de aparcar en el carril bus, los taxistas, ya que podrían ver mermados sus ingresos si los hosteleros se alían con una de las plataformas considerada como la competencia. De hecho, el sector del taxi ha tratado de frenar la implantación de este sistema de vehículo con conductor de la misma manera que se hizo con Uber.
Los hosteleros y los locales, especialmente de Russafa y Gran Vía, ya se han movilizado contra la decisión de prohibir el aparcamiento nocturno en la EMT. Además de una recogida de firmas para que se vuelva a permitir el estacionamiento por la noche en el carril reservado para los autobuses, muchos locales distribuyeron panfletos quejándose de las pérdidas que les estaba suponiendo la medida implantada por el Ayuntamiento. Una iniciativa que salió adelante pese a las reticencias que mostraron inicialmente tanto el PSPV como València en Comú en el consistorio por la falta de medidas alternativas para el desplazamiento. Finalmente, los dos partidos dieron su brazo a torcer después de que el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, anunciara acuerdos con aparcamientos para que aplicaran tarifas planas y se reforzaran las líneas nocturnas de autobús. Algo que, sin embargo, no ha terminado de aplacar a los hosteleros.
El Gobierno prevé crear una registro para controlar la contratación de servicios
por África Semprún
Uber y Cabify ya se están movilizando para tratar de frenar el Real Decreto Ley con el que Fomento busca controlar y restringir los servicios de transporte de vehículos con conductor (VTC) en España.
La asociación Unauto, de la que forman parte ambas compañías online, ha solicitado una reunión de urgencia con el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, para expresarle su malestar por una normativa que «infringe los principios de la libre competencia», tratar de convencerle para que la retire y poder participar en la regulación de su sector. Desde Uber ya han confirmado a este diario que asistirán a la reunión «cuando se produzca» y, aunque Cabify no se ha pronunciado, también irá. Las negociaciones con Fomento son el primer paso antes de acudir a Competencia y a la vía judicial para «impugnar el Decreto», que consideran «ilegal», tal y como explicó a este diario Eduardo Martín, presidente de la asociación mayoritaria en el sector de vehículos de turismo con conductor, Unauto.
«Es un escándalo de Decreto. Un atropello. No se puede permitir que un sector como el taxi regule a su competencia para que desaparezca. Las medidas que incluye el texto son un disparate y pro especulación de las licencias de taxi, que se podrán vender libremente», sentenció Eduardo Martín.
Y es que, el Real Decreto, que empieza hoy su tramitación, prohíbe la venta o transmisión de cualquier tipo de las licencias VTC durante dos años desde su otorgamiento. Desde Fomento justifican que las autorizaciones de VTC no se pueden vender para «evitar su uso con fines especulativos», ya que las que se están consiguiendo en los tribunales no se quedan en manos del que las solicitó, si no que salen al libre mercado donde se pueden comprar por unos 20.000 o 45.000 euros dependiendo de la ciudad. La Administración cobra 32 euros por otorgarla tras haber sido obligada vía sentencia judicial, ya que según la Ley de Transporte Terrestre, que está recurrida por Competencia, por cada licencia VTC o vehículos turismo con conductor debe haber 30 de taxi. Actualmente hay una licencia por cada 10 taxis, una cifra que está bajando, ya que en los dos el últimos meses se han otorgado 174 VTC más, la mayoría en Madrid, por lo que ahora hay 6.102 licencia frente a las 5.928 que operaban en junio.
El «catálogo de medidas urgentes» presentada ayer por Fomento para «garantizar la convivencia ordenada entre ambos sectores» también contempla obligar a los conductores de coches VTC a informar al Gobierno de los clientes que les han contratado en tiempo real y antes de prestar el servicio. Así, las administraciones competentes, que en este caso con las Comunidades Autónomas, crearán registros electrónicos públicos en los que «deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación». Con esta medida busca garantizar que este tipo de coches no capten viajeros directamente de la calle o en las estaciones de tren y aeropuertos y que no realicen más del 20 por ciento de su actividad fuera de la Comunidad en la que se otorgó la autorización.
A su vez, el Gobierno ha iniciado la tramitación de una norma para crear matrículas diferenciadas para los vehículos que operen con Uber y Cabify, medida con la que busca «frenar el intrusismo y la piratería».
El Gobierno refuerza el control del sector VTC y obliga a un registro público de sus servicios
Ep / Madrid 01.09.2017 | 18:16
Taxistas protestan contra los VTC.Archivo
Las empresas como Uber y Cabify, de alquiler de vehículos con conductor (VTC), tendrán la obligación de plasmar en un registro público todos los servicios de transporte que contraten y de llevar una matrícula que les diferencia de las de los taxis, según informó el Ministerio de Fomento.
Se trata de medidas que el Gobierno implementará por Real Decreto para reforzar el control a este sector, ante la demandas de intrusismo y competencia desleal manifestadas por el gremio de los taxistas.
Así, las firmas de VTC deberán dar cuenta en un «registro electrónico público» de cada servicio de transporte que les encargue un cliente «de forma previa a su prestación».
Con ello, se pretende garantizar que las empresas cumplan lo establecido en la legislación, esto es, que formalicen el preceptivo contrato para cada servicio con un cliente y que no capten viajeros circulando por las vías públicas o estacionados en puntos de concentración de demanda, como son aeropuertos o estaciones de tren.
También se pretende evitar que las empresas de VTC sobrepasen el límite de servicios de transportefuera de su comunidad autónoma que está permitido por ley, fijado en un 20% de total de sus servicios trimestrales.
Esta medida se suma a la ya anunciada por el Gobierno, que consiste en prohibir que estas compañías vendan las licencias de VTC durante al menos los dos años siguientes a su consecución.
En este caso, el fin de esta incitativa es que las empresas destinen las licencias a prestar servicio y no a venderlas, para evitar así la eventual ‘burbuja’ especulativa que se puede generar con la compraventa de las alrededor de 10.000 licencias VTC que se espera se concedan en los próximos meses por resolución judicial.
Matrículas diferentes
En virtud del Real Decreto, que Fomento tramitará por la vía de urgencia, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna también promoverá un cambio normativo para que los coches de las empresas de VTC lleven una matrícula distintivamente distinta a la de los taxistas.
Con este paquete de iniciativas el Ministerio pretende atajar la ‘guerra abierta’ entre las firmas como Uber o Cabify y el taxi, que en los últimos meses ha conllevado manifestaciones y huelgas del gremio de taxistas e incluso ha provocado altercados entre profesionales de los sectores, como los acontecidos este verano en Málaga.
Fomento confía en que las medidas, pese a que todas ellas se centran en las empresas de VTC, contribuyan así a «garantizar una convivencia ordenada y equilibrada entre los dos sectores», dada su «relevancia para la movilidad ciudadana».
La ‘guerra’ desatada este año entre los dos tipos de empresas deriva de la cascada de licencias de VTC que se están concediendo por vía judicial, fruto de un vacío legal registrado entre 2009 y 2013, que llevarán a superar el ratio de una VTC por cada treinta taxis fijado en la legislación.
Según cálculos de distintos ayuntamientos, en los próximos meses podrían concederse unas 10.000 nuevas licencias al sector del VTC, con lo que se triplicará así el número de autorizaciones que actualmente tiene este sector (unas 5.928), un volumen que, a su vez, ya multiplica por tres a las 2.188 que le correspondería en función del referido ratio legal.
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