El número de licencias VTC se dispara en la región de Andalucía, donde operan ambas plataformas y han incrementado el número de v
Barcelona, 10 de junio de 2019 (04:55 CET)
Uber y Cabify siguen expandiéndose en España. Las plataformas de movilidad han encontrado un nuevo punto en el que explotar sus servicios con más intensidad más allá de Madrid, la zona que más licencias VTC (permisos que necesitan las plataformas para prestar su servicio) están activadas.
La información del Ministerio de Fomento, que recoge mes a mes en qué zonas y en qué modo evoluciona el número de vehículos VTC, revela que el sur de España es la zona que más crece de toda la geografía nacional en lo que va de año.
Comparando una comunidad autónoma y otra se observa más claramente el cambio. Desde febrero, mes en el que entró en vigor el decreto anti-Uber de Cataluña, 317 vehículos VTC dejaron Cataluña (Barcelona, sobretodo), mientras que otras 306 se incorporaron a Andalucía.
Fuentes del sector matizan que el trasvase no corresponde a un movimiento de las empresas, que mueven los vehículos de una región a otra — el ratio de territorialidad impide que se haga en más de un 20% — , sino a la activación de nuevos permisos que se han ido introduciendo en el mercado, mientras que las licencias en Cataluña se han ido desactivando.
La región es ya la segunda zona de España con más licencias VTC, con 2.294 licencias activas, el 15,47% del total de ellas (14.827). Números que se concentran en pocas ciudades, como Málaga, donde operan más de la mitad de coches VTC que hay en toda Andalucía.
No es casualidad que en Andalucía tanto Uber como Cabify hayan ido aterrizando desde su nacimiento. La compañía española entró en 2016 en Málaga y Sevilla, mientras que la californiana no llegó hasta 2018, con su aterrizaje en Sevilla y Córdoba y con el lanzamiento en Granada para este año.
No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más permisos VTC atesora. Concentra ya 7.662 licencias, más de la mitad de las que hay en toda España (51,76%).
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
EP
02/06/2019 11:19
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público ‘online’ que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro ‘online’ cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
Nuevas regulaciones
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su “restrictivo decreto ‘antiVTC'”.
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone “una restricción incompatible con la inmediatez” de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su “compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto” y sigue “a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos”. “Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad”, aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia “con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura”. “Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional”.
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa “no se adapta al decreto”.
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana “altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios”. Señaló que la regulación es “contraria al interés general” porque supone “una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía”. “Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad”, afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su “convencimiento” de que la situación será “transitoria” y “el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”. Asimismo, trasladó su deseo de “encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección”.
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat “haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi” que “lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio”.
“València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía”, subrayó. A su juicio, “añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi”.
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha sostenido este jueves que da prioridad a los taxis como servicio público y que Uber no lo es, por lo que “no” está “nada preocupado” por la decisión de la compañía de dejar de operar en la ciudad a partir del próximo 1 de junio.
A preguntas de los periodistas sobre la suspensión de la actividad en Valencia de la plataforma de contacto entre usuarios y vehículos con conductor (VTC) por la obligatoriedad de esperar 15 minutos adicionales en cada servicio, Ribó ha sostenido que su posición es “clara”.
“Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas”, ha agregado.
El alcalde ha precisado: “si Uber no considera conveniente por sus negocios estar en València, hay muchas más alternativas. No estoy nada preocupado por ese tema”, ha finalizado.
Uber se va de Valencia: deja de operar por la nueva ley anti-VTC
El servicio de transporte estadounidense deja de operar en la capital valenciana después de que se aprobara una ley muy similar a la que hizo que se fueran de Barcelona
(Foto: Reuters)
TIEMPO DE LECTURA2′30/05/2019 10:41 – ACTUALIZADO: 30/05/2019 11:44
Tras el controvertido caso de Barcelona se abre un nuevo frente en la guerra de las VTC. La compañía estadounidense Uber, una de las ‘apps’ centrales de los servicios VTC, acaba de anunciar que deja Valenciatras la puesta en marcha de una nueva legislación que obliga a esperar 15 minutos para contratar una VTC.
El mensaje a las autoridades es claro ya que dejan claro que quieren ser un aliado de las ciudades en las que operan, pero “para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa. Una regulación que tenga en cuenta a los millones de usuarios que nos elegís cada día y a los miles de conductores que han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida”.
Por último piden calma a sus usuarios ya que su compromiso con España “permanece intacto”. “Podrás seguir viajando con nosotros en Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y esperamos que pronto otra vez en Valencia”, aseguran al final del comunicado.
Una VTC rueda por Valencia. (Foto: EFE)
Una legislación clavada a la catalana
La guerra en Valencia lleva activa desde hace meses entre los líderes del sector de las VTC, el taxi, la Generalitat y el Ayuntamiento, y solo paró por los comicios electorales que se avecinaban. Ya en marzo, el gobierno comunitario aprobó el Decreto que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación y tanto la patronal de este servicio como las diferentes aplicaciones empezaron a amenzar con marcharse si el plan seguía adelante.
La continuidad de los mismos dirigentes tanto en la comunidad como en la ciudad parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en el adiós de Uber siguiendo con lo ocurrido en Barcelona con una ley casi clavada a la valenciana. La ley levantina entra en vigor justo este jueves (se dieron dos meses de margen tras la aprobación en las Cortes) así que ahora veremos qué pasa finalmente con Cabify y el resto de servicios, pero todo apunta a que la situación seguirá el mismo camino que en Cataluña.
Este 26 de mayo España vuelve a las urnas. Se celebran elecciones europeas y municipales en todo el país, así como elecciones autonómicas en todas las comunidades, excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, además de en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Uno de los problemas que deberán afrontas los nuevos gobiernos autonómicos y municipales salidos de estos comicios será el conflicto abierto entre el sector de las VTC, con plataformas como Uber y Cabify a la cabeza, y el sector del taxi.
Un asunto en parte sobrevenido sobre estas administraciones después de que el actual Gobierno de España, en funciones tras la celebración de elecciones generales hace un mes, aprobase un real decreto que traslada la competencia sobre la regulación de las VTC a comunidades autónomas y, por posible cesión de estas, de los ayuntamientos. Los Ejecutivos autonómicos tienen cuatro años para asumir la competencia o no hacerlo, lo que supondría que servicios como Uber y Cabify solo podrán realizar trayectos interurbanos.Echamos un vistazo a los programas electorales de gran parte de los principales partidos políticos españoles en busca de medidas en torno a las VTC y las nuevas formas de movilidad
Sea como sea el desenlace de este traspaso competencial y de la regulación de las nuevas formas de movilidad, en Genbeta echamos un vistazo a lo que dicen sobre estos temas los programas electorales de los partidos políticos más importantes en diferentes comunidades y ciudades.
Empezamos por el PSOE y, concretamente, por el programa de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, una lista liderada por Ángel Gabilondo. En su programa electoral encontramos su postura respecto al sector VTC en el punto 451, en el que señalan lo siguiente:
“Promoveremos un Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible para integrar de manera justa al taxi y a las VTC en el sistema de transporte de las ciudades. El marco legal debe respetar las regulaciones sobre el equilibrio entre ambas modalidades, las obligaciones y características de servicio público, promover la digitalización del transporte, una competencia leal entre alternativas, una adecuada contribución fiscal de cada modalidad y la autonomía local para adaptar el marco regulatorio a la situación concreta de cada municipio”.
Respecto a nuevas formas de movilidad, en el apartado que se dedica a la materia de forma general, no encontramos ninguna referencia. Tampoco encontramos referencias específicas a VTC o nueva movilidad en los programas marco para las elecciones autonómica y municipales que se toman como base para la confección de las propuestas concretas de cada territorio o ciudad.
Sí aborda la movilidad compartida, por ejemplo, el programa electoral del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de València, en el que no se habla específicamente de VTC. En los compromisos que adquiere la candidata socialista en la ciudad, Sandra Goméz, se contemplan los siguientes puntos:
“El Impulso al vehículo eléctrico y vehículos compartidos. Crearemos una red de puntos de carga que permita el uso de vehículos eléctricos en toda la ciudad. Además, facilitaremos la implantación del vehículo eléctrico compartido que permite reducir la contaminación acústica y atmosférica, así como el número de coches en la ciudad de una forma cómoda para los usuarios”.
El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, también hace referencia en su programa a las nuevas formas de movilidad:
“Aprovecharemos la capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de movilidad personal y compartida (coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas y patinetes eléctricos”.
Programa del PP
En el caso del PP de la Comunidad de Madrid, cuya candidatura lidera Isabel Día Ayuso, en su manifiesto-programa no aparece ninguna referencia a las VTC ni a la nueva movilidad.
Sí aparecen referencias, en cambio, en el programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid del candidato José Luis Martínez-Almeida, para los nuevos modos de movilidad:
“Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible: el texto normativo será reformado de forma sustancial y urgente, con el fin de garantizar una revisión completa de todas aquellas medidas que dificultan la movilidad de los madrileños, así como aquellas que perjudican la seguridad vial y la convivencia de los peatones y nuevos vehículos de movilidad urbana.
[…]
Potenciaremos los nuevos modos de movilidad. Pondremos al alcance de los ciudadanos las nuevas alternativas de movilidad, como el carsharing, motosharing o los vehículos de movilidad personal, siempre teniendo en el centro de las políticas la protección del peatón y el respeto a su espacio”.
“En los sectores del taxi y de los VTC, garantizaremos la libertad de elección del usuario incrementando las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. La regulación pondrá al ciudadano y su libertad de elección como eje”.
Programa de Ciudadanos
Ciudadanos se ocupa de la convivencia de VTC con soluciones de movilidad tradicionales y equiparables como el taxi en el programa que defiende Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid:
“Vamos a apostar por un sistema justo y con oportunidades para todos que garantice la convivencia del taxi con otras alternativas de movilidad y accesibilidad. Promoveremos la eliminación de requisitos injustificados, la flexibilización del sistema de tarifa en precontratación y crearemos líneas de ayudas para la renovación de la flota del taxi”.
En su programa electoral, la candidatura madrileña también dedica un punto a nuevas formas de movilidad:
“Vamos a favorecer el avance de los nuevos medios de movilidad y el transporte compartido de forma ordenada y coordinada con otros municipios de la Comunidad de Madrid. Profundizaremos en nuevas formas de movilidad eficiente a una escala metropolitana”.
El programa electoral que Ciudadanos pone sobre la mesa en Sevilla, para cuyo consistorio es candidato Álvaro Pimentel, también hace referencia a la convivencia entre el sector de las VTC y el sector del taxi:
“Vamos a facilitar la integración del sector del taxi y de los servicios VTC con una regulación que garantice la competencia leal y la seguridad jurídica en el sector de la movilidad urbana. Debemos asegurar un mejor servicio para los usuarios, una competencia justa y el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse. En Cs creemos que el futuro de la movilidad pasa por la cooperación entre actores y no por las viejas recetas que nunca han entendido de innovación o progreso y que limitan las opciones a los ciudadanos”.
Programa de Unidas Podemos
Entre las propuestas que podemos encontrar en el programa electoral para la Comunidad de Madrid presentado por Podemos, principal integrante de la candidatura Unidas Podemos liderada por Isabel Serra, hallamos un amplio apartado dedicado íntegramente a los taxis y vehículos de transporte con conductor, los VTC, con medidas muy concretas al respecto:
“58. Modificar la legislación autonómica de transportes terrestres de la Comunidad de Madrid, que regulan el transporte terrestre:
a. Establecer un requisito temporal entre la contratación y la prestación efectiva del servicio de las VTC que sea de al menos dos horas, para diferenciarlo del servicio del taxi.
b. Obligar a las VTC a comunicar a la Administración competente el geoposicionamiento de los vehículos que prestan los servicios, tanto respecto del momento de la formalización del contrato como de la recogida efectiva del cliente.
c. Establecer un requisito espacial (distancia mínima) entre la VTC y el pasajero en el momento de la precontratación, siempre y cuando esta medida vaya acompañada de las restricciones temporales antes descritas.
d. Prohibir a las VTC deambular libremente por las calles sin pasajeros u hoja de ruta, y obligación de retornar a base cuando hayan finalizado la prestación de sus servicios.
e. Prohibir estacionar sus vehículos en estaciones de trenes, autobuses, puertos, aeropuertos y otras paradas autorizadas, con la fijación de una distancia mínima de aproximación.
f. Regular los requisitos de formación de los conductores de VTC y su equiparamiento a las condiciones que se obliga al sector del taxi.
g. Fijar progresivamente condiciones técnicas para los autotaxis y VTC que obliguen a introducir las tecnologías (motorización, diseño, materiales, peso y similares) que permitan la máxima eficiencia energética, la utilización de combustibles renovables, la minimización del ruido y de las emisiones de CO2 y otros gases y partículas contaminantes.
h. Impulsar mecanismos legislativos para que las Entidades locales y las comunidades autónomas puedan investigar y sancionar posibles casos de incumplimiento de la normativa que se expida para la regulación de las VTC.
Articular mecanismos legislativos y administrativos para recuperar aquellas autorizaciones administrativas concedidas en exceso de esta ratio de proporcionalidad 1/30, cumpliendo con las disposiciones del régimen indemnizatorio establecido por el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor”.
Barcelona en Comú, formación política liderada por la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y apoyada por Unidas Podemos, también incide en su programa electoralen una regulación de los VTC frente al taxi y en las nuevas formas de movilidad:
“Regular los servicios de taxi y el VTC bajo criterios de interés públicos: es necesario regular los servicios de VTC de manera diferenciada del servicio urbano de taxi y debe mejorarse el servicio de taxi en su conjunto (transparencia, fiabilidad, sistemas de pago y tarifas, mejora de la flota de vehículos).
[…]
Mejorar y completar la regulación de las flotas de vehículos compartidos en el espacio público (coches, motos, bicis y patinetes) para minimizar su impacto sobre el espacio pública al mismo tiempo que se convierten en servicios complementarios al uso del transporte público y sustituyen de forma efectiva vehículos privados”.
“Daremos solución al conflicto entre taxi y VTC. Exigiremos los mismos requisitos y superación de pruebas de acceso a los conductores de VTC que a los taxistas. Concederemos las siguientes licencias VTC a los actuales titulares de una licencia de taxi como método de compensación sin coste para el contribuyente”.
Programas de Más Madrid, ERC, Compromís…
Seguimos analizando programas electorales y nos detenemos ahora en el de Más Madrid, grupo político creado por Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, e Íñigo Errejón. En su documento programático hablan, desde la óptica municipal, de la necesidad de regular las VTC y hacer más sostenible el sector del taxi:
“El Ayuntamiento seguirá impulsando las ayudas para la renovación de flotas a vehículos eco o cero emisiones y aprobará una modificación de la ordenanza del taxi para hacer un servicio más sostenible y competitivo. Por su parte, establecerá reglas para el funcionamiento de las VTC en Madrid atendiendo a las necesidades de la ciudad”.
A nivel autonómico, la regulación de las licencias VTC pasa por una modificación legislativa según Más Madrid:
“Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid para regular la convivencia entre taxis y los vehículos de turismo con conductor (VTC), incluyéndose la definición de estos últimos, su carácter de servicio precontratado, así como el necesario establecimiento de bases para el desarrollo de su actividad y el régimen de infracciones. Igualmente, se reconocerá el carácter de servicio público del taxi”.
Más Madrid también se ocupa de nuevas formas de movilidad a través de varias medidas adicionales tanto en el ámbito autonómico como en el municipal:
“Crear un soporte tecnológico único, que sirva como servicio monedero o servicio de postpago, para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de car sharing, de taxi y bicicletas.
Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad De Madrid (Ley 20/1998) para incorporar la definición del servicio de ‘car sharing’.
Creación de una línea de subvención destinada a la compra de bicicletas eléctricas por particulares.
Apoyo a las administraciones locales en el establecimiento de cargadores de carga rápida para vehículos eléctricos”.
“Combatiremos el intrusismo e impulsaremos el servicio de taxi teniendo en cuenta que es un servicio público metropolitano.
Desarrollaremos un reglamento definitivo que regule la proporción y las condiciones de explotación de taxis y vehículos de alquiler con conductor en el área metropolitana de Barcelona”.
Compromís, partido político de ámbito valenciano cuyo candidato al Ayuntamiento de València es Joan Ribó, actual alcalde de la ciudad, defiende en su programa la regulación de los vehículos turismo con conductor:
“Regularemos de la manera más eficaz los servicios discrecionales de transporte que ofrecen las denominadas VTC”.
Respecto a otras medidas relacionadas con nuevas formas de movilidad, plantean dos propuestas:
“Seguiremos impulsando la implantación de una red de puntos de carga de vehículos eléctricos, en la vía pública así como en aparcamiento subterráneos como los 40 puntos ya instalados en el remodelado aparcamiento Centre Històric-Mercat Central.
Estableceremos sistemas de vehículos en modalidad ‘sharing’ que ofrezcan las alternativas de calidad a las usuarias”.
La Confederación De Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, ha firmado un convenio de colaboración con el Banco de Sabadell para que los compañeros de la Comunidad Valenciana, puedan acceder a mejoras en las condiciones bancarias y facilitar el uso del TPV Móvil Contactles.
Seguiremos informando de las novedades que puedan surgir, y deciros que ya se puede ir a cualquier oficina del Banco de Sabadell para poder acceder a todas las ventajas.
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Alicante, a 23 de mayo de 2019 COMUNICADO Ayer tuvo lugar en el salón de actos del colegio Don Bosco, la reunión informativa sobre el resultado de la AUDITORIA solicitada en Asamblea por la mayoría de los socios presentes en la misma. Las conclusiones resumidas, que el auditor encargado detalló durante más de tres horas son las siguientes:
➢ En su mayoría los errores que se han detectado han sido de carácter técnico-contable (de clasificación y/o desglose), propios de entidades…, como es el caso de nuestra asociación. Y que ha cierre del ejercicio 2018 (único ejercicio abierto con posibilidad de corrección) se ha subsanado.
➢ NO SE HA DETECTADO IRREGULARIDAD ALGUNA en la contabilidad de la Asociación, ni en la de la SLU Uniarea.
➢ Todos y cada uno de los gastos están debidamente justificados y con arreglo a los distintos presupuestos aprobados en las diferentes asambleas generales para tal efecto.
➢ LA ENTIDAD GOZA DE UNA ECONOMÍA SANEADA Y SIN DEUDAS A PROVEEDORES.
➢ La Asociación hoy, produce un beneficio neto aproximadamente de 40.000€/año.
➢ De entre las preguntas que se le hicieron al auditor, destaca una que genera cierto interés al socio: -¿GOZA LA ASOCIACIÓN DE UNA ECONOMÍA BUENA? RESPUESTA: SÍ Este comunicado se la ha presentado al Auditor, que ha dado su conformidad.
La Hacienda británica decidirá si la considera una tecnológica intermediaria o una empresa de transporte, en cuyo caso tendrá que considerar como trabajadores a los conductores y abonar los impuestos correspondientes, que ahora no paga.
Visitantes de la feria VivaTech en París entran en las oficinas de Uber en París, el pasado jueves. CHARLES PLATIAU REUTERS
La empresa estadounidense de transporte Uber está siendo investigada por una posible deuda con la Hacienda británica (HMRC) que podría rondar los 1.184 millones de euros, según ha informado el diario The Times. De esta forma, Reino Unido vuelve a plantear si los conductores de la multinacional son empleados fijos de la compañía o si por el contrario trabajan como autónomos.
De confirmarse, la diferencia para Uber, y por extensión para sus usuarios, podría ser abismal. Si finalmente el organismo considera que la función de la plataforma es mayor que la de actuar como un mero intermediario digital entre sus 60.000 conductores y los pasajeros podría verse obligada a pagar el 20% de IVA que marca la ley. Un sobreprecio que, si llega a producirse, podría terminar afectando directamente a las tarifas aplicadas al consumidor, aunque Uber no ha querido hacer comentarios al respecto.PUBLICIDAD
“El HMRC se asegurará siempre de que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pague todos los impuestos que marque la ley británica sin conformarse con menos”, ha reconocido un portavoz del organismo en declaraciones recogidas por The Times. Mientras, Uber sostiene que “cumple y seguirá cumpliendo con las obligaciones impositivas de los países en los que opera”.
Desde la empresa estadounidense aseguran que sus conductores, como ocurre con los tradicionales taxis negros, no llegan a los alrededor de 95.000 euros anuales a partir de los cuales se comenzaría a pagar impuestos, pero lo que está planteando el HMRC es si Uber debería ser considerada impositivamente como una compañía de transporte en sí misma.
Este anuncio se enmarca dentro de la intención del Gobierno británico de empezar a endurecer su posición con respecto a las compañías digitales estadounidenses que operan en el país sin apenas pagar impuestos, agarrándose a unos resquicios legales que el Reino Unido está dispuesto a eliminar.
Uber ya ha tenido problemas en las islas en el pasado, e incluso estuvo a punto de perder su licencia para operar en Londres, y si finalmente esta sanción se confirma podría suponer la primera gran multa para un gigante tecnológico en el país gobernado por Theresa May.PUBLICIDAD
De hecho fue en la capital donde Uber, valorada en cerca de 70.000 millones de euros, podría haber empezado a perder esta batalla después de que los tribunales, auspiciados por la demanda presentada por dos de sus conductores, obligasen a la compañía a reconocerlos como trabajadores de la empresa, asegurándoles vacaciones pagadas y salario mínimo.
Además, Uber es consciente de que si recibe una sanción de este tipo en el Reino Unido otros países podrían seguir su ejemplo. Su salida a la Bolsa americana a principios de este mes ha sido mucho más tibia de lo esperado, y en los documentos publicados para ella se ven obligados a admitir que las autoridades británicas podrían “pedirnos que paguemos el IVA (20%) del total de los viajes tanto de forma retroactiva como proactiva”. De hecho ya hay un magistrado trabajando sobre el caso, y con intención de hacer oficial el proceso esta misma semana, que asegura que la Hacienda británica podría pedir unos 296 millones de euros por cada uno de los cuatro años anteriores, alcanzando ese total que podría rondar los 1.184 millones.
Los VTC, vehículos de transporte con conductor, como Uber, Cabify o Lyft, han agravado la congestión de tráfico en la ciudad de San Francisco entre 2010 y 2016. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Kentucky y la Autoridad del Transporte del Condado de San Francisco, ambas en California (EE.UU.), concluye que este tipo de servicios son el principal factor de empeoramiento de la circulación de la ciudad: no solo aumentan la cantidad de tiempo ‘perdido’ en el coche por atascos y congestión, sobre todo en horas punta, sino que además ralentizan la velocidad de circulación.
Desde que aparecieron, estas compañías se han hecho muy populares y han revolucionado el transporte urbano. En algunas ciudades, como en San Francisco, ya generan 12 veces más carreras que los taxis. Y en otras, como en Nueva York, ‘reino’ del taxi amarillo, ya han igualado la cantidad de trayectos que realizan.
Una imagen de la aplp de Uber. (Andrew Harrer / Bloomberg)
Las empresas de VTC suelen presentarse como una solución al problema de los atascos en áreas urbanas; como promotores del uso del transporte público, puesto que en teoría resuelven el llamado último kilómetro que conecta al usuario desde el transporte público a casa o al trabajo; y como una opción para reducir el número de coches privados. Sin embargo, los estudios que se han ido realizando desde 2015 han llegado a conclusiones contradictorias sobre los supuestos beneficios de estas empresas.
Para averiguar qué papel desempeña esta opción de transporte en la circulación viaria, Gregory Erhardt, investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Kentucky, realizó un estudio, que recoge esta semana Science Advances, en colaboración con los servicios de transporte públicos metropolitanos de San Francisco. Usan analíticas de tráfico proporcionadas por la consultoría de movilidad Inrix -nutridas con una cantidad ingente de datos, lo que es uno de los puntos fuertes de este trabajo- y diseñan un modelo de simulación que les ayuda a establecer los posibles escenarios que se hubieran dado en la ciudad si no hubieran aparecido los VTC.
Tras analizar todos los datos, concluyen que en lugar de reducir la congestión de tráfico en una ciudad con tanta densidad de vehículos y de población como San Francisco (es la cuarta más poblada de California y la 13ª de Estados Unidos), son de hecho el principal factor que contribuye a aumentar los atascos.
En concreto, vieron que son responsables del 62% del tiempo extra que los conductores pasan en el vehículo a diario debido a lentitud en la circulación y de un descenso del 13% de la velocidad media. Además, cuando más congestión provocaban era en las horas punta, cuando la ciudad ya de por sí está bastante congestionada.
Un coche de Uber circulando cerca de la Sagrada Familia. (Mané Espinosa)
Sin los VTC, el tiempo perdido en el coche ‘solo’ hubiera aumentado un 22% y los conductores en San Francisco apenas hubieran ido un 4% más lentos de media, según el modelo de simulación que desarrollaron.
Los autores apuntan algunos motivos por los que los VTC acaban agravando el problema de tráfico de las grandes ciudades. Para empezar, dicen, muchos conductores se desplazan desde fuera a la ciudad para trabajar y se pasan mucho rato conduciendo por sus calles sin nadie en el asiento de atrás. Cuando recogen a un cliente o lo dejan en un destino, alteran el fluir del tráfico, como también ocurre en las ciudades que usan mucho el taxi.
Además, convienen, como también apuntan algunos estudios previos, que hasta el 60% de los trayectos que realizan estas empresas han reemplazado recorridos que antes se hubieran hecho a pie, en autobús o metro, o en bici, tres opciones que no añaden vehículos a las carreteras.
“Es necesario regular este tipo de servicios de forma que supongan una mejora en la movilidad sostenible de la ciudad en su conjunto y no que vayan en detrimento, como ha ocurrido en San Francisco”, advierte Sergi Saurí, director del Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
“El experimento de San Francisco de demuestra que un sistema aparentemente ventajoso puede acabar perjudicando a la ciudad si no se regula bien”
“Se trata de optimizar el servicio para reducir el ratio de vehículos-km. Por ejemplo, mientras que no tengan clientes, que estén esperando en un lugar, para así evitar vehículos circulando vacíos por la ciudad y problemas adicionales de congestión”, puntualiza.
Al transporte de personas se suma que recientemente estas empresas ofrecen también otros servicios, como el reparto de comida a domicilio (Uber eats) o de productos comprados a través de la web (Amazon prime). En este sentido, uno de los mayores retos de las ciudades, apunta Paco Gasparín, investigador del CENIT, es el aumento de vehículos como furgonetas debido al comercio electrónico, que cada vez irá más en aumento.
Uber aterriza en Asturias con su aplicación de comida a domicilio Uber Eats (Uber / EP)
“La única forma de encarar el problema es con medidas tales como las microplataformas de distribución urbanas, el uso de vehículos eléctricos, con el objetivo de no aumentar el número de vehículos por km en la ciudad”, considera Saurí, que apostilla que “no podemos dejar la movilidad de la ciudad en manos del mercado. El experimento de San Francisco de demuestra que un sistema aparentemente ventajoso puede acabar perjudicando a la ciudad si no se regula bien”.
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