El departamento del Gobierno dedicado a la obra pública va a cambiar de nombre en la nueva legislatura y, en gran parte, de estrategia. El Ministerio de Fomento pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, tal y como avanzó el pasado viernes la secretaria general de Transporte, María José Rallo, durante la asamblea general de la asociación del transporte Astic celebrada en Granada.
El ministerio que lidera José Luis Ábalos, en estos momentos como titular en funciones, viene de intentar equilibrar la fuerte inversión en nuevas líneas de ferrocarril con la atención a las carreteras y la conservación de infraestructuras en unos Presupuestos Generales que fueron devueltos por el Congreso. El siguiente paso en esta materia del futuro Gobierno de Pedro Sánchez será atender el desarrollo de una movilidad sostenible, eficiente y segura.
Sobre la mesa del próximo ministro o ministra (se especula con la permanencia de Ábalos) se agolpan temas urgentes como la creación de un modelo de financiación de las infraestructuras que acabe con los agravios territoriales de la implantación de los peajes en autopistas; una solución definitiva a la batalla entre los taxis y las VTC; la liberalización del transporte de pasajeros en tren; el impacto del Brexit sobre las dos mayores aerolíneas españolas, Iberia y Vueling, o el avance en la estrategia de cielos único europeo, entre otros muchos asuntos. Tal agenda, sobre la que sobrevuela la lucha contra el cambio climático, podría merecer también el incremento de secretarías de Estado, que desde la crisis se concentran en una única figura.
Desde la citada Astic se ha aplaudido la decisión de poner el transporte en el centro de la estrategia de un ministerio muy enfocado hacia la creación de infraestructuras, pero que no ha dejado de ser regulador de sectores como el aeroportuario o del transporte colectivo por carretera y el ferrocarril.
“Somos conscientes de que ahora el mundo va por otro lado: las inversiones son necesarias y habrá que seguir haciéndolas, pero estamos abordando el reto de alinear las prioridades del ministerio a los grandes retos internacionales”, apuntó Rallo. La cohesión social y el transporte de mercancías serán dos ejes de trabajo para la nueva cartera de Transporte.
La semilla de lo que hoy es el Ministerio de Fomento viene de 1832, cuando se crea la secretaría de Despacho de Fomento General del Reino. Posteriormente, el departamento ha ido variando de nombre, pasando por Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y todo tipo de combinaciones entre la idea de la movilidad, el urbanismo y la inversión pública. La designación de Ministerio de Fomento viene de 1996, cuando el popular Rafael Arias Salgado tomó la cartera de manos del socialista Josep Borrell, hasta entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y Medioambiente.
Cabify, la ‘startup’ española más exitosa y cuestionada a la vez de los últimos años, se juega su futuro en los tres próximos meses. Es la fecha que internamente se han marcado para cerrar una nueva ronda de financiación de hasta 300 millones que le ayude a seguir en la batalla. El problema es que coincide justo con su situación de negocio más delicada: su principal socio de referencia, la japonesa Rakuten, baraja abandonar el barco, los números en Latinoamérica, su gran esperanza para expandirse, son preocupantes, y el panorama regulatorio en España es más adverso que nunca. De convertirse en una compañía valorada en 2.000 o 3.000 millones de euros (y más) y hacer frente cara a cara a dos gitantes como Uber y la china Didi, Cabify se arriesga ahora a quedarse en tierra de nadie.
Según confirman a Teknautas fuentes conocedoras de las negociaciones de Cabify con inversores, la ‘startup’ ha mantenido reuniones en las últimas semanas con fondos ubicados en Reino Unido y Francia. La cifra sobre la mesa es la conocida: entre 150 y 300 millones. Pero ahora se añade una variable adicional que puede condicionar esta nueva ronda y el futuro de la empresa. Rakuten, socio y accionista de referencia desde finales de 2015 (inversor también en Glovo), baraja desinvertir de Cabify por dos motivos: la empresa está huyendo poco a poco del negocio de los coches de alquiler con conductor y, además, las sombras sobre el negocio de Cabify son demasiado alargadas como para mantener su apuesta durante más tiempo.Cabify se dispara en el pie: por qué el troleo a la Generalitat le puede costar muy caroManuel Ángel Méndez
“Es una opción sobre la mesa: en Japón no funciona Cabify y en España tampoco ha cuajado Rakuten TV. No tiene sentido que mantengan su inversión, han cumplido una etapa. Es cierto que si Cabify fuera como un tiro sería diferente, pero no nos engañemos. Cabify no va mal, pero ya no crece como antes. Es un caramelo, pero ha tocado techo. Crecer más allá de los 2.000 millones de valoración a los que podría llegar tras la nueva ronda va a ser muy complicado, por no decir imposible”, explica a Teknautas un inversor conocedor de la situación que pide el anonimato por tratarse de negociaciones confidenciales. Consultados al respecto, directivos de Rakuten y portavoces de Cabify no han ofrecido ninguna respuesta sobre su posible salida del accionariado de Cabify.
Un conductor de Cabify limpia su vehículo en Barcelona. (EFE)
La firma japonesa tenía hasta ahora tres inversiones clave en el sector: 350 millones de dólares en Careem, líder en los países árabes, y 600 millones en Lyft, el rival de Uber en EEUU. De lo primero se deshizo hace tres meses, cuando Uber compró Careem por 3.100 millones de dólares; de lo segundo se libró hace solo unas semanas, con la salida a bolsa de Lyft, en la que Rakuten se embolsó casi 1.000 millones por la venta de acciones. Ahora todos los ojos apuntan a Cabify. Desde el núcleo duro del accionarido niegan de forma extraoficial que Rakuten esté pensando irse, pero fuera de las presiones corporativas reconocen que es una opción. “El problema para Cabify si esto ocurre es cómo le explican a los nuevos inversores que Rakuten esté barajando irse. No envía una buena señal. Por un lado tiene lógica, por otro, viendo los retos de la ‘startup’, sobre todo en Latinoamérica, es un argumento difícil de vender”, explican otros inversores consultados.
Sangría en Brasil, irrelevancia en México
“Brasil es la gallina de los huevos de oro del sector: quien se lo quede, gana”. Así explicaba una fuente interna de Cabify a este diario en enero de 2018 lo que estaba en juego en Latinoamérica. En ese momento Cabify contaba con menos de un 5% de cuota de usuarios activos semanales, Uber casi el 90%, según datos privados de la consultora App Annie a los que ha tenido acceso Teknautas. Año y medio después, Cabify ha desaparecido del mapa y 99 Taxi, comprada por Didi el año pasado, se ha hecho con casi el 30% del mercado, Uber con el resto. No hay hueco para más (puedes ver los datos en los gráficos debajo – cifras en usuarios activos semanales).
“Uber y Didi invierten muchísimo dinero en regalar viajes para penetrar el mercado a costa de pérdidas”, explicaba hace un año otra fuente interna. La ‘startup’ española, sin embargo, no tiene el mismo dinero ni recursos para igualar esa estrategia. Es una guerra desigual. En México, el segundo gran mercado en Latinoamérica después de Brasil, la cosa no pinta mejor. Durante los tres últimos años Cabify y su socio local Easy Taxi controlaban el 15% del mercado. Uber todo lo demás. Eso fue hasta finales de 2018 con la entrada del gigante chino Didi, que en apenas seis meses se ha merendado el 25% de cuota, relegando a Cabify y Easy Taxi a menos del 10%.
“Es cierto, en Latinoamérica no vamos com un cohete. Brasil y México están prácticamente perdidos y eso es un palo. Pero hemos conseguido hacernos hueco en otros mercados clave como Argentina o Chile. Hay que mentalizarse: no somos Uber ni Didi, estamos en otra liga. Pero eso no resta mérito a la compañía, sigue siendo un negociazo que vale miles de millones de euros”, explica otra fuente interna conocedora de la estrategia y cifras de la empresa.
Si bien la situación en los dos grandes mercados de Latinomérica es comprometida, Cabify ha logrado colarse como segunda alternativa en otros territorios, aunque con suerte desigual. El más notable es Argentina, donde ha pasado de apenas el 10% de cuota en usuarios activos semanales en 2018 a más del 25% ahora. En Perú la evolución es también al alza, con una cuota del 15% a comienzos del 2018 frente a más del 30% actual en detrimento de Uber. En Chile, Colombia y Ecuador, Cabify maneja entre el 15% y el 30%. Pero siempre se repite el mismo patrón: Uber es el gigante. Y lo peor: Didi acaba de estrenarse por todo lo alto en Chile y Colombia, y pronto lo hará en Perú y Chile. Y en todos esos países tendrá algo que no tiene su rival español: los bolsillos llenos de dinero fresco para hundir a la compentencia a base de descuentos para los viajeros y mejores condiciones salariales para los conductores.
Oficialmente, Cabify no se pronuncia sobre la salud de su negocio en Latinoamérica. “Solo daremos un dato: el 85% del total de viajes de Cabify a nivel mundial, en los 12 países en los que operamos, se realiza en Latam”, señala un portavoz. Algo poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un mercado potencial total de 640 millones de personas frente a solo 48 millones en España. El verdadero dato relevante, cuánto ingresa Cabify allí respecto a España, y cuál es su margen, es un misterio.
Bloqueo regulatorio en España
Troleo. Trampa legal. Resquicio. Son algunas de las palabras que se han usado para definir la vuelta de Cabify a Barcelona tras el decreto ley que obligaba a cualquier cliente a reservar un coche con 15 minutos de antelación. La ‘startup’ se inventó una forma de saltársela y así comenzó un pulso entre la Generalitat, que ya le ha multado con 50.000 euros por solo tres días de infracciones, y la compañía, que ya cuenta con más de 300 coches en la calle. Fuentes internas consultadas aseguran que en los próximos meses pondrán en marcha sus 1.300 licencias en la Ciudad Condal (adquiridas al Grupo Auro y Vector Ronda).
Protestas de taxistas en México DF contra Cabify, Uber y Didi. (Reuters)
“El problema de esta estrategia es que como la Generalitat cumpla su amenaza de sancionar por todos los viajes, es dinero que se va directamente al balance de la compañía. A 1.000 euros por viaje irregular, eso es totalmente insostenible”, señalan fuentes del sector consultadas. Lo mismo ocurre en Valencia: el ayuntamiento allí copió la regulación de Barcelona y Cabify su treta legal. “Ahora mismo sabemos que hay unos 200 coches operando, son la mitad de lo que había justo antes de aprobarse el decreto. Vigilaremos muy de cerca si esa cifra sube y exigiremos al Ayuntamiento que imponga sanciones”, explica a Teknautas Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del taxi de Valencia.
Esta es la encrucijada a la que se enfrenta la firma española para convencer a los inversores de obtener una nueva ronda de financiación millonaria. A su favor tiene una gran baza: la empresa ya es rentable trimestralmente, una proeza comparado con las pérdidas millonarias de Uber y Didi. Sin embargo, su rentabilidad en realidad es una medida de su escala: la liga mundial se la disputan Uber y Didi. Cabify, de momento, busca desesperadamente una salida: ¿venta al mejor postor? ¿Salida a Bolsa en 2020? Cada vez queda menos para conocer el desenlace.
El número de licencias VTC se dispara en la región de Andalucía, donde operan ambas plataformas y han incrementado el número de v
Barcelona, 10 de junio de 2019 (04:55 CET)
Uber y Cabify siguen expandiéndose en España. Las plataformas de movilidad han encontrado un nuevo punto en el que explotar sus servicios con más intensidad más allá de Madrid, la zona que más licencias VTC (permisos que necesitan las plataformas para prestar su servicio) están activadas.
La información del Ministerio de Fomento, que recoge mes a mes en qué zonas y en qué modo evoluciona el número de vehículos VTC, revela que el sur de España es la zona que más crece de toda la geografía nacional en lo que va de año.
Comparando una comunidad autónoma y otra se observa más claramente el cambio. Desde febrero, mes en el que entró en vigor el decreto anti-Uber de Cataluña, 317 vehículos VTC dejaron Cataluña (Barcelona, sobretodo), mientras que otras 306 se incorporaron a Andalucía.
Fuentes del sector matizan que el trasvase no corresponde a un movimiento de las empresas, que mueven los vehículos de una región a otra — el ratio de territorialidad impide que se haga en más de un 20% — , sino a la activación de nuevos permisos que se han ido introduciendo en el mercado, mientras que las licencias en Cataluña se han ido desactivando.
La región es ya la segunda zona de España con más licencias VTC, con 2.294 licencias activas, el 15,47% del total de ellas (14.827). Números que se concentran en pocas ciudades, como Málaga, donde operan más de la mitad de coches VTC que hay en toda Andalucía.
No es casualidad que en Andalucía tanto Uber como Cabify hayan ido aterrizando desde su nacimiento. La compañía española entró en 2016 en Málaga y Sevilla, mientras que la californiana no llegó hasta 2018, con su aterrizaje en Sevilla y Córdoba y con el lanzamiento en Granada para este año.
No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más permisos VTC atesora. Concentra ya 7.662 licencias, más de la mitad de las que hay en toda España (51,76%).
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
EP
02/06/2019 11:19
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público ‘online’ que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro ‘online’ cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
Nuevas regulaciones
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
Este 26 de mayo España vuelve a las urnas. Se celebran elecciones europeas y municipales en todo el país, así como elecciones autonómicas en todas las comunidades, excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, además de en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Uno de los problemas que deberán afrontas los nuevos gobiernos autonómicos y municipales salidos de estos comicios será el conflicto abierto entre el sector de las VTC, con plataformas como Uber y Cabify a la cabeza, y el sector del taxi.
Un asunto en parte sobrevenido sobre estas administraciones después de que el actual Gobierno de España, en funciones tras la celebración de elecciones generales hace un mes, aprobase un real decreto que traslada la competencia sobre la regulación de las VTC a comunidades autónomas y, por posible cesión de estas, de los ayuntamientos. Los Ejecutivos autonómicos tienen cuatro años para asumir la competencia o no hacerlo, lo que supondría que servicios como Uber y Cabify solo podrán realizar trayectos interurbanos.Echamos un vistazo a los programas electorales de gran parte de los principales partidos políticos españoles en busca de medidas en torno a las VTC y las nuevas formas de movilidad
Sea como sea el desenlace de este traspaso competencial y de la regulación de las nuevas formas de movilidad, en Genbeta echamos un vistazo a lo que dicen sobre estos temas los programas electorales de los partidos políticos más importantes en diferentes comunidades y ciudades.
Empezamos por el PSOE y, concretamente, por el programa de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, una lista liderada por Ángel Gabilondo. En su programa electoral encontramos su postura respecto al sector VTC en el punto 451, en el que señalan lo siguiente:
“Promoveremos un Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible para integrar de manera justa al taxi y a las VTC en el sistema de transporte de las ciudades. El marco legal debe respetar las regulaciones sobre el equilibrio entre ambas modalidades, las obligaciones y características de servicio público, promover la digitalización del transporte, una competencia leal entre alternativas, una adecuada contribución fiscal de cada modalidad y la autonomía local para adaptar el marco regulatorio a la situación concreta de cada municipio”.
Respecto a nuevas formas de movilidad, en el apartado que se dedica a la materia de forma general, no encontramos ninguna referencia. Tampoco encontramos referencias específicas a VTC o nueva movilidad en los programas marco para las elecciones autonómica y municipales que se toman como base para la confección de las propuestas concretas de cada territorio o ciudad.
Sí aborda la movilidad compartida, por ejemplo, el programa electoral del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de València, en el que no se habla específicamente de VTC. En los compromisos que adquiere la candidata socialista en la ciudad, Sandra Goméz, se contemplan los siguientes puntos:
“El Impulso al vehículo eléctrico y vehículos compartidos. Crearemos una red de puntos de carga que permita el uso de vehículos eléctricos en toda la ciudad. Además, facilitaremos la implantación del vehículo eléctrico compartido que permite reducir la contaminación acústica y atmosférica, así como el número de coches en la ciudad de una forma cómoda para los usuarios”.
El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, también hace referencia en su programa a las nuevas formas de movilidad:
“Aprovecharemos la capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de movilidad personal y compartida (coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas y patinetes eléctricos”.
Programa del PP
En el caso del PP de la Comunidad de Madrid, cuya candidatura lidera Isabel Día Ayuso, en su manifiesto-programa no aparece ninguna referencia a las VTC ni a la nueva movilidad.
Sí aparecen referencias, en cambio, en el programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid del candidato José Luis Martínez-Almeida, para los nuevos modos de movilidad:
“Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible: el texto normativo será reformado de forma sustancial y urgente, con el fin de garantizar una revisión completa de todas aquellas medidas que dificultan la movilidad de los madrileños, así como aquellas que perjudican la seguridad vial y la convivencia de los peatones y nuevos vehículos de movilidad urbana.
[…]
Potenciaremos los nuevos modos de movilidad. Pondremos al alcance de los ciudadanos las nuevas alternativas de movilidad, como el carsharing, motosharing o los vehículos de movilidad personal, siempre teniendo en el centro de las políticas la protección del peatón y el respeto a su espacio”.
“En los sectores del taxi y de los VTC, garantizaremos la libertad de elección del usuario incrementando las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. La regulación pondrá al ciudadano y su libertad de elección como eje”.
Programa de Ciudadanos
Ciudadanos se ocupa de la convivencia de VTC con soluciones de movilidad tradicionales y equiparables como el taxi en el programa que defiende Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid:
“Vamos a apostar por un sistema justo y con oportunidades para todos que garantice la convivencia del taxi con otras alternativas de movilidad y accesibilidad. Promoveremos la eliminación de requisitos injustificados, la flexibilización del sistema de tarifa en precontratación y crearemos líneas de ayudas para la renovación de la flota del taxi”.
En su programa electoral, la candidatura madrileña también dedica un punto a nuevas formas de movilidad:
“Vamos a favorecer el avance de los nuevos medios de movilidad y el transporte compartido de forma ordenada y coordinada con otros municipios de la Comunidad de Madrid. Profundizaremos en nuevas formas de movilidad eficiente a una escala metropolitana”.
El programa electoral que Ciudadanos pone sobre la mesa en Sevilla, para cuyo consistorio es candidato Álvaro Pimentel, también hace referencia a la convivencia entre el sector de las VTC y el sector del taxi:
“Vamos a facilitar la integración del sector del taxi y de los servicios VTC con una regulación que garantice la competencia leal y la seguridad jurídica en el sector de la movilidad urbana. Debemos asegurar un mejor servicio para los usuarios, una competencia justa y el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse. En Cs creemos que el futuro de la movilidad pasa por la cooperación entre actores y no por las viejas recetas que nunca han entendido de innovación o progreso y que limitan las opciones a los ciudadanos”.
Programa de Unidas Podemos
Entre las propuestas que podemos encontrar en el programa electoral para la Comunidad de Madrid presentado por Podemos, principal integrante de la candidatura Unidas Podemos liderada por Isabel Serra, hallamos un amplio apartado dedicado íntegramente a los taxis y vehículos de transporte con conductor, los VTC, con medidas muy concretas al respecto:
“58. Modificar la legislación autonómica de transportes terrestres de la Comunidad de Madrid, que regulan el transporte terrestre:
a. Establecer un requisito temporal entre la contratación y la prestación efectiva del servicio de las VTC que sea de al menos dos horas, para diferenciarlo del servicio del taxi.
b. Obligar a las VTC a comunicar a la Administración competente el geoposicionamiento de los vehículos que prestan los servicios, tanto respecto del momento de la formalización del contrato como de la recogida efectiva del cliente.
c. Establecer un requisito espacial (distancia mínima) entre la VTC y el pasajero en el momento de la precontratación, siempre y cuando esta medida vaya acompañada de las restricciones temporales antes descritas.
d. Prohibir a las VTC deambular libremente por las calles sin pasajeros u hoja de ruta, y obligación de retornar a base cuando hayan finalizado la prestación de sus servicios.
e. Prohibir estacionar sus vehículos en estaciones de trenes, autobuses, puertos, aeropuertos y otras paradas autorizadas, con la fijación de una distancia mínima de aproximación.
f. Regular los requisitos de formación de los conductores de VTC y su equiparamiento a las condiciones que se obliga al sector del taxi.
g. Fijar progresivamente condiciones técnicas para los autotaxis y VTC que obliguen a introducir las tecnologías (motorización, diseño, materiales, peso y similares) que permitan la máxima eficiencia energética, la utilización de combustibles renovables, la minimización del ruido y de las emisiones de CO2 y otros gases y partículas contaminantes.
h. Impulsar mecanismos legislativos para que las Entidades locales y las comunidades autónomas puedan investigar y sancionar posibles casos de incumplimiento de la normativa que se expida para la regulación de las VTC.
Articular mecanismos legislativos y administrativos para recuperar aquellas autorizaciones administrativas concedidas en exceso de esta ratio de proporcionalidad 1/30, cumpliendo con las disposiciones del régimen indemnizatorio establecido por el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor”.
Barcelona en Comú, formación política liderada por la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y apoyada por Unidas Podemos, también incide en su programa electoralen una regulación de los VTC frente al taxi y en las nuevas formas de movilidad:
“Regular los servicios de taxi y el VTC bajo criterios de interés públicos: es necesario regular los servicios de VTC de manera diferenciada del servicio urbano de taxi y debe mejorarse el servicio de taxi en su conjunto (transparencia, fiabilidad, sistemas de pago y tarifas, mejora de la flota de vehículos).
[…]
Mejorar y completar la regulación de las flotas de vehículos compartidos en el espacio público (coches, motos, bicis y patinetes) para minimizar su impacto sobre el espacio pública al mismo tiempo que se convierten en servicios complementarios al uso del transporte público y sustituyen de forma efectiva vehículos privados”.
“Daremos solución al conflicto entre taxi y VTC. Exigiremos los mismos requisitos y superación de pruebas de acceso a los conductores de VTC que a los taxistas. Concederemos las siguientes licencias VTC a los actuales titulares de una licencia de taxi como método de compensación sin coste para el contribuyente”.
Programas de Más Madrid, ERC, Compromís…
Seguimos analizando programas electorales y nos detenemos ahora en el de Más Madrid, grupo político creado por Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, e Íñigo Errejón. En su documento programático hablan, desde la óptica municipal, de la necesidad de regular las VTC y hacer más sostenible el sector del taxi:
“El Ayuntamiento seguirá impulsando las ayudas para la renovación de flotas a vehículos eco o cero emisiones y aprobará una modificación de la ordenanza del taxi para hacer un servicio más sostenible y competitivo. Por su parte, establecerá reglas para el funcionamiento de las VTC en Madrid atendiendo a las necesidades de la ciudad”.
A nivel autonómico, la regulación de las licencias VTC pasa por una modificación legislativa según Más Madrid:
“Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid para regular la convivencia entre taxis y los vehículos de turismo con conductor (VTC), incluyéndose la definición de estos últimos, su carácter de servicio precontratado, así como el necesario establecimiento de bases para el desarrollo de su actividad y el régimen de infracciones. Igualmente, se reconocerá el carácter de servicio público del taxi”.
Más Madrid también se ocupa de nuevas formas de movilidad a través de varias medidas adicionales tanto en el ámbito autonómico como en el municipal:
“Crear un soporte tecnológico único, que sirva como servicio monedero o servicio de postpago, para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de car sharing, de taxi y bicicletas.
Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad De Madrid (Ley 20/1998) para incorporar la definición del servicio de ‘car sharing’.
Creación de una línea de subvención destinada a la compra de bicicletas eléctricas por particulares.
Apoyo a las administraciones locales en el establecimiento de cargadores de carga rápida para vehículos eléctricos”.
“Combatiremos el intrusismo e impulsaremos el servicio de taxi teniendo en cuenta que es un servicio público metropolitano.
Desarrollaremos un reglamento definitivo que regule la proporción y las condiciones de explotación de taxis y vehículos de alquiler con conductor en el área metropolitana de Barcelona”.
Compromís, partido político de ámbito valenciano cuyo candidato al Ayuntamiento de València es Joan Ribó, actual alcalde de la ciudad, defiende en su programa la regulación de los vehículos turismo con conductor:
“Regularemos de la manera más eficaz los servicios discrecionales de transporte que ofrecen las denominadas VTC”.
Respecto a otras medidas relacionadas con nuevas formas de movilidad, plantean dos propuestas:
“Seguiremos impulsando la implantación de una red de puntos de carga de vehículos eléctricos, en la vía pública así como en aparcamiento subterráneos como los 40 puntos ya instalados en el remodelado aparcamiento Centre Històric-Mercat Central.
Estableceremos sistemas de vehículos en modalidad ‘sharing’ que ofrezcan las alternativas de calidad a las usuarias”.
Barcelona, 20 may (EFE).- Más de 2.000 taxistas de toda España interpondrán una querella contra Uber y Cabify, entre otras empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales.
Los demandantes son taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y están representados por el exjuez y abogado Elpidio Silva.
Estas demandas se interpondrán de forma individual contra Uber y Cabify, las principales plataformas de intermediación que operan en España, pero también contra “un entramado de sociedades que manejan la mayoría de las VTC en todo el territorio nacional”, ha explicado a Efe Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.
Los taxistas darán así un paso más en su particular batalla contra el sector de los VTC, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite el pasado abril una demanda colectiva contra Uber, Cabify y otras tres empresas por competencia desleal.
En este caso, las demandas, de ser finalmente admitidas a trámite, no tendrán un recorrido civil, sino penal, pues los taxistas atribuyen a las compañías VTC delitos como la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores.
Además, “todos estos delitos se están produciendo de forma continuada”, ha destacado Álvarez.
El abogado Elpidio José Silva, acompañado de miembros de la Plataforma Integral del Taxi y Élite Taxi Barcelona, tiene previsto presentar en Barcelona esta nueva acción judicial contra las plataformas de alquiler de vehículos con conductor el próximo jueves 23. EFE
El AMB aprobará el 21 de mayo la ampliación a los 60 minutos de precontratación para los VTC
El pleno del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)aprobará el martes que viene la ampliación hasta los 60 minutos de la precontratación para los servicios de los VTC. Así está previsto inicialmente en el orden del día del pleno, que de esta forma dará luz verde a la ampliación en 45 minutos del plazo actual de un cuarto de hora que estableció el decreto aprobado por la Generalitat a principios de año.
La nueva medida entrará en vigor una vez publicada en el BOP y sólo podrá ser impugnada mediante un recurso por la vía judicial. Fuentes del sector del taxi ya dan por hecho quela Agencia Catalana de la Competencia y las empresas que operan VTC presentarán un recurso y han anunciado que el próximo día 21 de mayo darán a conocer qué fuerzas han dado apoyo a la ampliación de la precontratación para que “se tenga en cuenta” en las elecciones del domingo siguiente.
En este sentido, el taxi ha reivindicado la fuerza del sector, ya que, según asegura, mueve “más de 80.000 votos” en Barcelona y las ciudades del ámbito metropolitano.
Por otro lado, Élite Taxi ha explicado que la semana que viene el abogado de la plataforma Taxi Project 2.0 presentará más de 2.000 querellas criminales contra las empresas VTC por ocho presuntos delitos penales y que en los últimos días ha mantenido reuniones con la Guardia Urbana de Barcelona sobre la implantación del registro electrónico.
Desde la plataforma han informado de que la Guardia Urbana ya tiene acceso “y están estudiando la mejor opción para aplicar la norma”. Ahora bien, en Élite Taxi piden un poco más de “paciencia”, ya que estas cosas “no son tan fáciles como pensamos y se sigue trabajando a nivel de despacho”.
Una sentencia falla contra el entramado de empresas que explotaban la aplicación antes del decreto de la Generalitat y les condena a indemnizar a un trabajador despedido de manera improcedente
Un vehículo VTC circula por plaza de Catalunya de Barcelona. / FERRAN NADEU
La aplicación de transporte Cabify operaba en Barcelona hasta el 31 de enero, fecha en la que decidió abandonar la ciudad tras el decreto de la Generalitat, a través de un “grupo patológico de empresas“. Así lo ha dictaminado el juzgado de lo social número 2 de la capital catalana, en una sentencia que falla a favor de un trabajador que denunció al entramado de compañías para las que trabajaba por despido improcedente.
El magistrado ha determinado, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que las tres empresas que explotaban la aplicación de Cabify (Vector Ronda Teleport S.L., Moove Cars Sustainaple Transports S.L., y Maxi Mobility Spain S.L) deberán abonar un total de 6.251 euros a su antiguo empleado en concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Maxi Mobility Spain es la compañía que explota la marca Cabify en España y Vector Ronda y Moove Cars dos empresas participadas por la primera que prestaban el servicio de chóferes y vehículos para explotar el servicio.
Un “grupo patológico de empresas” es aquel entramado de empresas que mantienen una apariencia externa unitaria, confunden sus respectivos medios de producción y mantienen una dirección unitaria, pese a formalmente ser empresas no relacionadas. Ello no es sancionable directamente, pero sí dictamina la responsabilidad conjunta de las diferentes empresas en los procesos en las que estas se ven envueltas, como, por ejemplo, reestructuraciones de plantilla.PUBLICIDAD
Despedido tras ir a Inspección de Trabajo
La denuncia surge a raíz de la denuncia de un trabajador de Vector Ronda impugnando su despido el pasado 27 de febrero del 2018, un día después de que este se personara en Inspección de Trabajo alegando diversos incumplimientos laborales. El demandante, asesorado por el bufete Col·lectiu Ronda, alegó, entre otros, un exceso de jornada, ya que afirmaba trabajar 12 horas diarias para la empresa, con una hora de descanso para comer. La empresa, tras ser contactada por Inspección para requerir información al respecto, procedió a despedir al trabajador.
Ello ha sido interpretado por el magistrado como una represalia y ha condenando a Vector Ronda ha readmitir al trabajador y, junto las otras dos que formaban un “grupo patológico”, a repartirse para abonar los 6.251 euros de indemnización.
Los taxistas insisten en modificar la ley de transportes para suspender o retirar las autorizaciones de aquellas VTC que infrinjan la regulación
Varios centenares de vehículos VTC. EFE/Marta Pérez
Las VTC como Uber y Cabify han duplicado el número de infracciones. Durante 2018, las empresas de alquiler de vehículos con conductor incrementaron sus multas hasta las 3.256, una cifra que significa el doble que las que registró en 2017, 1.804.
Por lo que respecta a las denuncias por dichas infracciones, las cifras de ambos años fueron parecidas. En 2018, las VTC contabilizaron 1.804 denuncias en 2018, mientras que en 2017 fueron solo 20 menos, 1.854.
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Para comentar estos datos, la patronal de taxis Fedetaxi se ha reunido este lunes con Inspección de los Transportes del Ministerio de Fomento, al que ha transmitido su preocupación por dichas infracciones. La organización señala la reducción de las inspecciones a las VTC durante los últimos meses, registrando una cifra muy baja y tan solo 119 actualizaciones por parte de los funcionarios inspectores.
Los taxis quieren sancionar a Uber y Cabify
Fedetaxi cree que los datos sobre las VTC demuestran que se “desprecia absolutamente el cumplimiento de la legislación y la extrapolación de infracciones a empresas como Uber y Cabify hacen ver que el modelo de negocio de estas plataformas se basa, presuntamente, en la infracción sistemática del ordenamiento jurídico”.
La organización de taxistas asegura que en España se realizan “millones de servicios”, pero que entre el Estado central y las comunidades autónomas solo se realizan un 0,5% de estos, “resultando tasas de infracciones en torno al 40%”.
Los taxistas insisten en reformar la ley de transportes, de tal manera que se suspendan o retiren aquellas autorizaciones y vehículos que reincidan en dichas infracciones, durante al menos un año. Fedetaxi apunta a la captación de clientes de manera ilegal por parte de las VTC como la infracción más recurrente.
Un vehículo de transporte con conductor circulando por las calles de la capital. VÍCTOR SAINZ
Los vehículos de transportes con conductor (VTC) sólo podrán circular en la capital 16 horas al día y durante cinco días a la semana. Así lo recoge la ordenanza reguladora de este servicio que va a aprobar hoy inicialmente la junta de gobierno del Ayuntamiento. Esta norma limita el kilometraje que podrán hacer estos automóviles sin ocupar en función del distintivo ambiental de la DGT y además los conductores no podrán recoger o bajar a clientes en los carriles bus. Las aplicaciones de estos servicios impedirán esta posibilidad.
La nueva ordenanza aplica la misma regulación que la del sector del taxi y limita los tiempos de actividad en la ciudad para equipararlos. Eso sí, no habrá limitación horaria ni de calendario para los vehículos adaptados para las sillas de ruedas. Estas prohibiciones se podrán suspender por acontecimientos importantes como el Orgullo gay o en fechas especiales, como ya ocurre en las Navidades.
Otra de las limitaciones de la ordenanza es que las VTC no podrán parar ni estacionar a menos de 100 metros de las estaciones, el aeropuerto y los intercambiadores de transportes. La bajada y subida de viajeros se hará en los recintos de los aparcamientos públicos de rotación u otros similares. Esta prohibición no se aplicará para los automóviles que trasladen a personas en sillas de ruedas.
Los vehículos con más de 10 de antigüedad no podrán dedicarse a VTC, salvo que tengan la categoría de históricos. Existen dos excepciones. Una, aquellos automóviles que tengan la calificación medioambiental de cero emisiones de la DGT y que ya estén prestando servicio o se adscriban al servicio antes de final de 2020 podrán prestar servicio durante 14 años. Dos, los que estén adaptados para sillas de ruedas podrán estar en servicio 12 años.
Una novedad de la ordenanza es que los VTC tendrán limitada su circulación sin pasajeros en función de su distintivo mediambiental. Los que tengan el disco con la letra A sólo podrán hacer un 25% de su kilometraje sin viajeros. Si disponen del B, sube hasta el 35% y para el C, un 50%. Los ECO llegan hasta el 65%. Todo ello podrá comprobarse, al igual que las horas de trabajo, gracias al cuentakilómetros y a las aplicaciones de los vehículos, que registran todos los movimientos y clientes.
Entrada o salida de Madrid
La norma se aplicará a los vehículos que tengan salida o llegada en la capital. Las normas de parada y estacionamientos sí se aplican a todos los VTC, con independencia de su origen y destino. El Ayuntamiento creará un registro municipal de autorizaciones de VTC que trabajen en la capital. En él constarán los datos de los titulares y de los vehículos, las autorizaciones concedidas y la transmisión de las mismas, entre otros datos. La ordenanza se publicará ahora en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tras lo cual se abrirá un periodo de alegaciones de un mes. Eso supone que su aprobación definitiva ya corresponderá a la próxima Corporación que salga de las elecciones del próximo 26 de mayo.
Fuentes municipales han destacado que la aprobación de la norma pretende paliar los efectos negativos que han supuesto los VTC en la fluidez del tráfico, con el consiguiente aumento de la contaminación, y permitir que este sector pueda convivir con el del taxi. También se busca regular los derechos que tienen los viajeros, lo que incluye la obligación de que lleven hojas de reclamación y su personal vaya perfectamente aseado.
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