La cúpula de la CNMC y parte del cuerpo técnico se divide entre defensores y detractores de la economía colaborativa. La publicación de las conclusiones preliminares sobre el boom del negocio de empresas como Airbnb, Uber o Blablacar levanta ampollas en el organismo. El supervisor modifica el informe y publica en su web una nueva versión que aclara en cada una de sus casi 200 páginas que el documento no ha sido aprobado aún por el consejo de la CNMC.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vive permanentemente en un ambiente de jaula de grillos desde su nacimiento. Desde la creación del ‘superregulador’ las discrepancias entre sus consejeros han sido continuas, la publicación de votos particulares ha sido una tónica general y las discrepancias en muchos ámbitos de actuaciones son permanentes.
Y más recientemente, la supervisión de los nuevos modelos de negocio ligados a la llamada economía colaborativa se ha convertido en otro motivo para acentuar el cisma, no sólo entre los 10 comisionados del consejo de la CNMC, sino también entre parte del cuerpo técnico del organismo.
El consejo ya venía dividiéndose en dos faccionesen torno a cómo afrontar las regulaciones de la propia economía colaborativa y también la de los sectores más directamente afectados por el boom de plataformas como Airbnb y Homeaway (el sector hotelero y el de otros alojamientos reglados) y Uber, Cabify o Blablacar (el sector del transporte de viajeros, tanto el taxi como el autobús).
A favor o en contra, pero que no se note
A nadie escapa que en una CNMC politizada y que nunca cumplió con su objetivo de contar con un consejo formado por profesionales de prestigio irrefutable, le afecta especialmente la polémica. Y es que, por ejemplo, el Partido Popular ha puesto muchos huevos en la cesta de la defensa del sector del taxi, lo que se significó especialmente en el caso de los controvertidos movimientos del Ministerio de Fomento contra las aplicaciones disruptivas.
No han sido los únicos, bien es cierto, pero aunque Podemos también ha estado muy activo en defensa del lobby de conductores, es el PP el que tiene representantes afines en el regulador. Y en lo que parece ya una precampaña electoral no quiere tener a los taxistas manifestándose en su contra, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del actual clima interno en el organismo.
Lo más paradójico es que, cuando se ha tratado de apoyar decisiones concretas sobre economía colaborativa, el consejo de la CNMC ha tenido muchos menos problemas a la hora de llegar a acuerdos: el supervisor ha recurrido las normativas del taxi de Málaga y Córdoba, también la legislación de la Comunidad de Madrid sobre alquiler turístico y paralizó de facto la regulación de Canarias sobre alojamientos turísticos.
El problema no es no es si entre los consejeros más próximos al PP existe o no una oposición real a la proliferación de la economía colaborativa. El problema no es que sean partidarios de corazón a la hora de restringir los nuevos modelos de negocio y los intercambios entre particulares. El problema interno actual es que algunos consejeros intentan a toda costa que la CNMC se signifique públicamente lo menos posible. Y el último estudio preliminar del organismo sobre la economía colaborativa sí que es algo que llama la atención de los grupos de presión. Y mucho.
La última gran polémica: ‘EL’ informe
La publicación, la pasada semana, de un informe con conclusiones preliminares sobre la economía colaborativa ha levantado ampollas en el seno de la CNMC y ha avivado la bronca interna. El supervisor emitió en su web y envió a la prensa un documento con esas conclusiones preliminares para someterlo a consulta pública.
Y tan preliminar es el informe que no sólo no ha sido aprobado por el consejo de la CNMC, sino que su contenido –abiertamente proclive a los nuevos negocios, a la desregulación del sector del transporte y de alquiler turístico y a la eliminación de todas las barreras para la expansión de la economía colaborativa- sólo era conocido de manera informal por sólo un número reducido de consejeros.
En esa reunión, los consejeros críticos fueron mayoría. “Es un tema delicado. Se planteron dudas sobre el rigor del estudio y sobre si no estaban sesgadas las conclusiones“, aseguran fuentes conocedoras del debate. “Un informe que regula una actividad como ésta tiene que ser muy riguroso y parece que éste está orientado hacia la máxima liberalización. Por ejemplo, habla de la total liberalización del taxi, eliminando las tarifas reguladas, pero solo hay un país en el mundo que lo haya hecho así. No se puede eliminar las tarifas reguladas totalmente”, explican.