La ‘mafia’ impune del alquiler ilegal de taxis en Madrid

Noticia del 2013 que creemos que, por su relevancia y por ser un tema aún de actualidad, merece la pena recordar.

  • Creditaxi mueve hasta 170 licencias y decenas de miles de euros al mes en negro en el negocio ilegal de los subarriendos, leonino para los conductores
  • Ana Botella prometió atajar la situación por carta en enero, pero el sector asegura que ‘no se ha hecho nada’

El conductor pone cinco euros para su propio despido, la gasolina y las horas de esfuerzo ‘apatrullando’ las calles de Madrid, “a veces corriendo como un loco para llegar a los 1.000 euros al mes, poniendo en peligro a su cliente y al resto de los conductores”.

El propietario de la licencia, en muchos casos un jubilado que puede estar a 500 kilómetros, bebiendo ‘caipirinha’, pone el documento y el vehículo. Y Creditaxi, la mayor empresa dedicada al negocio ilegal del alquiler de taxis en Madrid, hace de intermediaria y cobra 300 euros por vehículo por mantener el coche en perfecto estado, y por ‘semiesclavizar’ al conductor.

Así de sencillo es el negocio del subarriendo, las flotas, terminantemente prohibidas por la ley, que marca que las licencias son personas y no se puede mercadear con ellas.

Hay taxistas que, según asociaciones como Todotaxi, lo hacen por días: alquilan su coche por 80-90 euros por jornada. Pero también hay empresas que se quedan con parte del pastel de las licencias, acaparando mercado y haciendo competencia desleal a los conductores autónomos, que se ven peleando contra gigantes.

Creditaxi, que tiene sus oficinas en el piso de arriba de la mismísima Gremial y regenta varios talleres por todas la ciudad para sacar beneficio de todo el circuito de cada vehículo (gana con el mantenimiento, con la mecánica, con el seguro), mueve entre 150 y 170 taxis en Madrid y es “la más grande” del negocio de las flotas.

Lo cuenta a este diario Jesús Serrano, uno de los jefes de la sociedad, creyendo que habla con dos candidatos a comprar una licencia y subarrendarla a través de la empresa, que funciona, en su ilegalidad, como un reloj. “Esto es como si te compras un piso de 120 ó 130.000 euros y te dedicas a alquilarlo por 600 euros al mes”, nos explica otro de los dueños de la firma, una tapadera en toda regla cuyo negocio legal es el asesoramiento legal a taxistas y el préstamo para la adquisión, legal, de licencias.

El sector entero lo ha denunciado. La Gremial, la Federación y también Todotaxi, que se reunió el pasado 7 de noviembre con Federico Adrados, director de la Oficina del Taxi de Madrid, “con un dossier enorme sobre el negocio ilegal del subarriendo”, explican.

La propia alcaldesa, Ana Botella, se dio por enterada de las denuncias dos meses después, el 16 de enero, enviándoles una carta asegurando con se haría un “estudio exahustivo” de lo denunciado. “No ha cambiado nada, no se ha hecho operación alguna y empezamos a pensar que es por algún motivo oscuro”, dicen en Todotaxi.

Fuente: www.elmundo.es

Hacienda sanciona a 75 titulares de taxi que admitieron haber cedido sus licencias a ocho floteros

 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos

 El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa

Taxis en Las Palmas de CANARIAS AHORA / LAS PALMAS DE

Por Iván

La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.

Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.

En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.

Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.

Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.  

El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.

A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a principios de año a los propietarios de licencias de taxi que estaban obligados a darse de alta como autónomos para explotarlas. Sin embargo, tres meses después de que concluyera el plazo otorgado para regularizar la situación, la Administración sigue sin obligar a los propietarios a inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos (RETA) y ha permitido que vinculen las licencias a un familiar-colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que esté dado de alta en el RETA.

Publicado por el Diario.