Sugiere dar una pensión más baja y mantener su poder adquisitivo en vez de subirla sólo un 0,25% anual.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que las pensiones registrarán una significativa pérdida de poder adquisitivo, de hasta un 30% en el caso de los jubilados más longevos, con el actual índice de revalorización contemplado en la reforma de 2013, por lo que propone como alternativa bajar la pensión inicial, pero manteniendo constante su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
El actual índice de revalorización limita la subida de las pensiones por arriba y por abajo en función de los ingresos y los gastos del sistema. Dada su situación de déficit, las pensiones llevan cuatro años consecutivos subiendo sólo un 0,25% cada año, el nivel mínimo contemplado en esta fórmula de revalorización.
Como Fedea calcula que el sistema seguirá en déficit hasta 2061, las pensiones están condenadas a subir un 0,25% anual hasta entonces, con las consiguientes pérdidas de poder adquisitivo para sus perceptores, una situación que, además, resulta “políticamente insostenible”.
Por ello, entiende que podría ser “más satisfactorio” que el ajuste en el gasto de pensiones que actualmente se efectúa a través del índice de revalorización se realice bajando la pensión inicial y manteniendo su poder adquisitivo “más constante”, una medida que considera que sería más clara y comprensible para la población.
Así lo subraya en un estudio elaborado por Alfonso Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se proyecta la evolución hasta 2070 de las principales magnitudes del sistema público de pensiones bajo diversos escenarios macroeconómicos y distintos supuestos de reforma del sistema.
Este trabajo ofrece un análisis más detallado de los escenarios recogidos en el informe sobre la salud financiera del sistema de pensiones que la Fundación publicó el pasado mes de febrero.
Envejecimiento agudo
En este nuevo estudio se distinguen dos fases: una de envejecimiento “agudo” entre 2015 y 2048 y una segunda fase entre 2049 y 2070 en la que la situación demográfica comienza a normalizarse y muchos indicadores del sistema de pensiones muestran un menor grado de estrés.
Como resultado de la mayor presión fiscal necesaria para cubrir los costes del envejecimiento durante la fase más complicada de la transición demográfica, Fedea estima que las cohortes nacidas entre 1965 y 1985 verán reducido su nivel de bienestar por debajo del alcanzado por sus predecesoras inmediatas.
Aunque entiende que las dos últimas reformas del sistema de pensiones (2011 y 2013) mejoran la situación de estas cohortes, no lo hacen de manera suficiente como para evitar este patrón, mientras que las ganancias de bienestar generadas por las reformas son mayores para las cohortes más jóvenes.
“La reforma de 2013 mejora a los trabajadores presentes y futuros, pero no es capaz de evitar que las cohortes de trabajadores de mediana edad empeoren respecto a las cohortes de jubilados de características similares”, apunta.
En el escenario base contemplado por Fedea para el periodo 2015-2070, el ratio pensión media/salario medio pierde aproximadamente un tercio de su valor; la moderación del gasto lleva a retrasos “muy importantes” de la edad efectiva de jubilación, incluso hasta más allá de la edad legal, y los pensionistas pierden poder adquisitivo de manera sistemática por medio del actual índice de revalorización.
En este sentido, otra de sus propuestas consiste en blindar las pensiones mínimas frente a la evolución de los precios, indexándolas a la inflación.
Para Fedea, eliminar las últimas reformas en el sistema de pensiones resultaría mucho más caro que dejarlas, pues sin ellas las simulaciones realizadas por la Fundación apuntan a un “descontrol” del gasto en pensiones y a subidas de impuestos que afectarían proporcionalmente más a los salarios que a las pensiones.
En la presentación del informe realizada en febrero, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, afirmaba que había margen para suavizar las últimas reformas, pero no para derogarlas. “No podemos volver a ligar todas las pensiones al IPC y volver a la jubilación a los 65 años. Hay medidas paliativas posibles, parches, pero deberían formar parte de un acuerdo más amplio, de una reforma profunda del sistema que garantice su sostenibilidad”, subrayaba.
Fedea señala que los efectos negativos de la reforma de 2013 se verían “apreciablemente suavizados” con un crecimiento elevado de la productividad. “Si se trata de jugarnos las pensiones a la lotería de la productividad, también es necesario estudiar las consecuencias de que el ticket no resulte premiado. Nuestra simulación muestra un futuro desolador para las cohortes futuras de trabajadores en este escenario”, avisa.
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Publicado por Expansión.
