EL CONSELL APRUEBA EL
DECRETO LEY PARA REGULAR A LAS VTC
Hoy día 29 de Marzo de 2019, el Consell ha aprobado el Decreto Ley que
regulará a las VTC en la Comunidad Valenciana, ahora se abre un periodo de 30
días en los que debe ser convalidado por la Diputación Permanente.
Las medidas regulatorias que trae el Decreto Ley, aunque son insuficientes
para evitar que las VTC dejen de hacer una competencia desleal al Taxi, son
fundamentales para la sostenibilidad del sector en los próximos años, ya que de
no haber regulación autonómica y municipal, las miles de VTC que están por
salir en los próximos meses harán insostenibles a los dos sectores,
precarizando paulatinamente el Servicio de Transporte, tanto el del Taxi como
el de VTC.
Los partidos Políticos que están a favor de mantener el Servicio Publico
del Taxi deberán demostrarlo en estos días convalidando el Decreto Ley, ya que
el Partido Político que vote en contra, demostrará claramente que quiere
desmantelar el Taxi, a favor de estas multinacionales, a costa de las garantías
para el usuario en cuanto a la seguridad, la fiscalidad, el control de tarifas
y de las condiciones laborales de los trabajadores de los dos sectores.
Más de 7000 familias que viven del Taxi en
la Comunidad Valenciana contestarán con su voto en las urnas del próximo día 28
de Abril a los gestos que haya tenido cada Partido Político hacia el sector
durante estos días.
El Decreto Ley trae como principales aspectos:
15 minutos de
precontratación mínima.
Elevar a rango de Ley Autonómica
la prohibición de circular y estacionar en vía pública sin contrato previo que
ya existe en el Rott.
Prohibir la
geolocalización en las app.
Dar más competencias a
los Ayuntamientos, para regular con más detalle a las VTC en su ámbito urbano.
Con esto, al menos aseguramos una
regulación de las VTC en la Comunidad Valenciana, viendo la incertidumbre del
futuro político que se nos avecina en los próximos meses.
LA CONFEDERACIÓN SEGUIRÁ LUCHANDOPOR UN SERVICIO
PÚBLICO DEL TAXI DE CALIDAD PARA EL USUARIO
El motivo es que este viernes se aprueba el decreto ley de la Generalitat Valenciana que obliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación, según UNAUTO
Archivo / Getty Images
Uber y Cabify dejarán de operar en Valencia cuando entre el vigor el nuevo decreto ley de la Generalitat que regula las licencias VTC y que está previsto que se apruebe el viernes. El motivo, según explica Ricardo González, portavoz de UNAUTO, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor, en la Comunitat Valenciana, es que el decreto ley de la Generalitat Valencianaobliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación.
Fuentes de Uber y Cabify, han confirmado a Cadena SER que efectivamente dejarán de operar en la ciudad cuando entre en vigor el decreto ley de la Generalitat, si se aprueba el viernes.
El portavoz de UNATO, insiste que este ‘decreto a la catalana’, atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española que permite la libertad de empresa y las normas de la Unión Europea donde se permite la unidad de mercado.
Precisamente este jueves se han presentado los resultados de una encuesta de opinión que revela cómo valoran los españoles al sector de las VTC y los últimos cambios en la regulación de las VTC. Según UNAUTO, el 67% de los españoles piensa que las autoridades no deberían limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify.
Además, el 82% considera que las compañías como Uber y Cabify tienen un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo y para el 76% estas aplicaciones tienen un impacto positivo en la movilidad urbana.
El 81% de los ciudadanos cree que las autoridades deberían liberalizar el sector,igualando las condiciones para que tanto el taxi como los VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones. Además, aseguran que un 60%, cree que la regulación del conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC debería corresponder al Gobierno central.
Un 77% de los ciudadanos valora negativamente la regulación aprobada recientemente por la Generalitat de Cataluña, mientras que un 64% está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de no acceder a las demandas del sector del taxi.
Los conductores de Uber exigen que se revierta la bajada del 25% de su comisión por milla recorrida.
Los tiempos cambian. Si hace unos meses eran los conductores del taxi los que inundaban las calles de las grandes capitales, ahora le toca el turno precisamente a aquellos contra con los que se manifestaba la división más tradicional del transporte en las ciudades. Un precedente que ya se pudo ver en Barcelona hace pocos meses cuando el Gobierno de la Generalitat aprobaba la medida de precontrataciones para los vehículos VTC. Desde entonces los trabajadores de Uber y Cabify –que volvió semanas después con una tímida representación– se manifestaron por lo que consideraban el fin de su trabajo.
En Los Ángeles, la mayor parte de los conductores de Uber y Lyft han tomado la decisión de no recoger pasajeros a lo largo de un día completo. ¿El motivo? Uber ha reducido los porcentajes de pago de los conductores de la plataforma en esa región. Concretamente un 25%; lo que implica una reducción del precio por milla de 80 centavos a 60. Bajo este pretexto, los conductores de las plataformas llenaban las calles de la ciudad para protestar contra una situación que complica sus cuentas. Y no es la primera vez que los propios trabajadores de la plataforma avisan de la precariedad de trabajar para estas tecnológicas en Estados Unidos; una bajada de los precios implicaría complicar su llegada a fin de mes.PUBLICIDAD
Igual que en México, una de las zonas en las que Uber ha sido mejor recibido, han sido los propios conductores los que han cargado con algunas de las situaciones que les ponen bajo el poder de la tecnológica. Víctimas de los robos de algunos clientes, amenazas por el sistema de puntuación y con problemas para llegar a fin de mes. Precisamente los mismos problemas que ahora sufren los trabajadores en Estados Unidos.
La elección de la fecha tampoco es aleatoria. Además de bajar el margen de beneficio de los conductores, aumentando de esta manera el de Uber, estos saben de uno de los anuncios más relevantes para la tecnológica. Uber se prepara para una de las salidas a bolsa más grandes de la historia de los mercado. Por este motivo, desde el punto de vista de los conductores, Uber debería asegurar los 28 dólares por hora con la idea de llegar a un sueldo digno.
En este punto, tienen cuidado de usar las palabras de sueldo mínimo. El sistema de Uber en Estados Unidos es el original de la plataforma: conductores independientes, por lo que no pueden acceder a sueldo mínimo establecido, pero sí suficiente como para sobrevivir. En contra de lo que se suele comentar de la actividad de los conductores en Estados Unidos, los cuales teóricamente utilizan la plataforma para completar su sueldo. Según el estudio de la New School y la Universidad de California, la mayor parte de los profesionales tienen a estas plataformas como su único medio de vida. Desde su punto de vista, un cambio en la economía del país –donde hay un crecimiento en la oferta de empleo– podría hacer emigrar a muchos de estos trabajadores a otros trabajos más rentables.
Imagen de la reunión mantenida este martes entre el sector del taxi y el consejero de Fomento. /VICENTE VICÉNS / AGM
La Consejería pide una regulación estatal para vigilar que las compañías de VTC no prestan más del 20% de sus servicios fuera de la comunidad donde tienen su licencia
La aparición de Cabify en la Región ha levantado ampollas y no solo entre el sector del taxi, sino también entre algunas de las empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC) que ya operan desde hace décadas en la Región. Una de ellas es Limusin CC, que tiene una flota de 18 vehículos y cuyo gerente, Roque Martínez, se reunió este martes por la mañana con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, y el presidente de Radio Taxi Murcia, Sergio Navarro García. En dicho encuentro, que se desarrolló en la Consejería y cuyo objetivo era sentar las bases para «conciliar ambas actividades con el fin de que coexistan y puedan convivir», ambos sectores mostraron al titular de Fomento su preocupación por el aterrizaje de «compañías de VTC de otras comunidades» en la Región.
Para frenar la «competencia desleal entre comunidades», según palabras del consejero, la Administración regional pide una regulación estatal para que los VTC con licencia de otros territorios no puedan hacer más del 20% de sus trayectos fuera de los mismos, tal cual establece la ley nacional que regula este tipo de transporte turístico. «Esta Consejería apuesta por que la regulación de taxis y VTC sea nacional», pues, según explicó, «al ser Murcia una región uniprovincial, juega con desventaja ante la posibilidad de que otras compañías puedan venir a operar aquí». Fomento asegura que en los próximos meses mantendrá reuniones con los taxis y empresas de conductores de distintas comarcas de la Región para «intentar que sus intereses estén reflejados en esa regulación nacional. Sobre todo cuando solo hay cuatro comunidades que ya han regulado el sector y cada una lo ha hecho de forma distinta».
Además, incidió en que esta exigencia no es solo del Gobierno regional, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «ha pedido que se regule este tema a nivel nacional», y mientras que las autoridades competentes se disponen a disponer esa normativa, el consejero aseguró que el Gobierno regional irá «preparando las reivindicaciones de las empresas murcianas».
Novedades normativas
En la reunión, el consejero informó a los representantes del sector del taxi y de los VTC murcianos de las dos novedades normativas estatales que afectan a su actividad. La primera de ellas, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el próximo día 1 de abril, establece un registro electrónico nacional en el que figurarán «todas las matrículas y servicios que estos vehículos realizan en cualquier comunidad autónoma». Esto permitirá a la Consejería de Fomento controlar cuántos VTC de otros territorios operan en la Región.
La segunda de ellas, que ya ha empezado a implantarse pero que será de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de agosto, estipula que «todos los servicios públicos de transporte con y sin conductor deberán llevar una matrícula azul con letras en blanco para permitir una mejoría de su identificación», además de la pegatina reglamentaria que los distingue como tal.
A nivel regional, Valverde confirmó que la Consejería va a realizar «un equipo de formación» para acercar ambas normativas a los cuerpos de «policía municipal y a las empresas de taxi y VTC, para que sepan cómo aplicar estas novedades a su actividad». Aunque no se detalló cómo ni cuándo, Fomento también pretende realizar actividades formativas para que estas empresas de transporte puedan adaptar sus servicios «a la era digital que estamos viviendo».
Sobre los procedimientos llevados a cabo desde la Administración hacia los VTC, el consejero confirmó que, a día de hoy, «se han retirado 30 licencias» y se han interpuesto «más de 15 denuncias» a estos coches por presuntas irregularidades. En este sentido, Valverde dijo que la intención de la Consejería es «coordinar a los servicios municipales de policía para que la vigilancia sobre los VTC sea efectiva y se realice de forma conjunta entre la Administración regional y las locales».
Aparte de la regulación nacional, el consejero dijo que en la Región ya se han regulado hasta ocho puntos al respecto de la actividad «en función de lo que nos permite la ley». Por ejemplo, explicó que este tipo de vehículos «tienen que tener una hoja de ruta, un contrato previo, no pueden aparcar en la vía pública y tienen que llevar el distintivo», entre otros requisitos. «Realmente el 80% de las medidas que regulan la situación ya las tenemos en funcionamiento», dijo.
Tanto Sergio Navarro como Roque Martínez manifestaron su satisfacción por la reunión mantenida con el consejero y por el hecho de que las exigencias sean conjuntas. Sin embargo, el gerente de Limusin CC manifestó que también tienen «otras preocupaciones, además de los conductores de otras comunidades, como la gente que practica el transporte de viajeros sin licencia de VTC ni de taxi, de forma ilegal».
VALÈNCIA. (EP). Les Corts Valencianes celebrarán, previsiblemente, una sesión de la diputación permanente el 10 de abril, en la que se someterá a votación la convalidación de tres decretos ley del Consell sobre la interinidad de los policías locales, las ayudas a municipios con riesgo de endeudamiento y el que regulará las VTC, este último pendiente de aprobación por el Ejecutivo.
La Junta de Portavoces de este martes ha acordado volver a reunirse el día 2 para abordar el orden del día de la diputación permanente, dado que el decreto sobre las VTC está pendiente de ser aprobado este viernes por el pleno del Consell. El objetivo es aglutinar todas las cuestiones pendientes en esta convocatoria.
Además, el PP ha solicitado que comparezca en ella la consellera de Agricultura, Elena Cebrián ,para saber «qué está haciendo el Consell» tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura y «las negociaciones que se están llevando con el gobierno central y la posición adoptada ante Castilla-La Mancha».
«Queremos conocer qué conversaciones han mantenido, qué hacen en defensa de los regantes para que nos den tranquilidad y que nos hagan llegar toda la documentación que sustenta todo lo que dice Puig de que no sucede nada», ha señalado la portavoz adjunta, Eva Ortiz, que ha acusado al ‘president’ Ximo Puig de permitir al presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, «pasar por encima de los derechos de los valencianos como una apisonadora».
Además, los ‘populares’ también quieren arrancar en esa convocatoria una «defensa conjunta del trasvase Tajo-Segura», ya que «no solo significa agua de riego, sino puestos de trabajo y agua para beber» y «es evidente que hay una discriminación en cuanto a los regantes del sureste de España y el resto» porque «hay sitios donde sobra agua y otros donde falta».
«El PP siempre ha defendido el Pacto del Agua y Narbona y el PSOE son los han derogado el trasvase y han dicho lo que no quieren para esta Comunitat. Es un buen momento para que digan si van a seguir esperando sin hacer nada y dejar que el presidente de Castilla-La Mancha pase por encima de los derechos de los regantes y también de los ciudadanos sobre todo los del sur», ha agregado.
Al respecto, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha recomendado al PP que se lea la sentencia del Supremo sobre el trasvase ya que «no quiere decir que deje de llegar ni 1 hm3 de agua» y ha incidido en que «ahora no existe ninguna guerra del agua y quien quiera reabrirla se está equivocando».
«El agua es demasiado seria para hacer política partidista», ha advertido Mata, y reabrir esa guerra «es hacerle un flaco favor a la convivencia natural entre quienes necesitamos agua y quienes nos la tienen que ceder». Por ello, ha pedido a los partidos políticos que «saquen sus manos del tema del agua» porque está en juego «el futuro agrícola, el agua para consumo humano y el futuro con el turismo».
«No hay ninguna novedad significativa, el trasvase sigue vigente y es algo que hay que asumir con tranquilidad y sacarlo del debate político», ha asegurado, recordando que «se ha duplicado la capacidad de la desaladora de Torrevieja, que en tres meses produce la misma cantidad de agua del trasvase y abastece a día de hoy a centenares de miles de personas en el sur de Alicante».
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que estudiará si se puede ejercer el control al Consell en una diputación permanente y lo que tiene claro es que no se pueden presentar proposiciones no de ley o iniciativas legislativas. * Además, ha señalado que la sentencia «no afecta» a los regantes alicantinos y ha pedido a PP y PSOE, en cualquier comunidad, «dejen de hacer campaña electoral» con este tema y alejarse de «electoralismo y partidismo» para intentar «ganar un puñado de votos en su territorio».
El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha señalado que su grupo se reafirma en la convicción de que a corto plazo la Comunitat depende del trasvase y eso es algo que «nadie pone en duda» pero ha advertido de la necesidad de ser «responsables» y plantear escenarios a medio y largo plazo y «no fiar el trabajo y la vida en el campo a un único escenario», impulsando también las desaladoras y no volviendo a una guerra del agua.
Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos) ha pedido no caer en electoralismo en este «problema político que necesita una solución técnica». A su juicio, hay que «abrir ese melón» y llegar a un pacto nacional sobre el agua, pero basado en informes técnicos.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado las líneas generales en las que trabaja la Generalitat para preparar el decreto después de recibir las propuestas de la consulta pública. El decreto que está elaborando la conselleria tiene como objetivo «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar», ha indicado Salvador.
Entre las líneas básicas también se establece un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario.PUBLICIDAD
Además, se definirá con mayor exactitud lo que se entiende por «captación de clientes» y no se permitirá la captación de los vehículos que circulen por las vías públicas en busca de clientes, sino que deberán estar en garajes o aparcamientos. El objetivo es evitar conductas intrusivas. Tampoco se permitirá la geolocalización.
La Conselleria se centrará en regular solamente los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, mientras que permitirá que los Ayuntamientos regulen, ordenen e intervengan en los servicios urbanos. «Es necesario que cada ayuntamiento regule en función de su propia realidad territorial, no es lo mismo Benidorm que València las necesidades de transporte son diferentes», ha explicado la consellera.
Por último, se introducirán también otras medidas como quelos vehículos deberán tener menos de 10 años y en el caso de ser sustituidos deberán ser menos contaminantes y cambiarse por coches ecológicos.
Por tanto, para Salvador, estas líneas básicas van a «marcar unas reglas del juego que permitan la convivencia entre los dos sectores para que no se perjudique a los usuarios». «El objetivo final de la Generalitat es que la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto», ha indicado.
Actualmente, en la Comunidad Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC. Una vez trasladadas las líneas básicas, la Generalitat redactará el borrador de decreto que será sometido a información para que las asociaciones que han participado en el proceso de presentación de propuestas puedan opinar y, una vez se recabe el informe de la abogacía, se aprobará por el pleno del Consell.
Así se lo han trasladado el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando, y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, a las asociaciones de taxistas así como a Unauto, asociación de empresas de las VTC, durante las dos reuniones que han mantenido este martes.
De esta manera, la propuesta planteada por la Generalitat surge después de que el Estado habilitara el pasado mes de septiembre a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a modificar las condiciones de explotación de las autorizaciones VTC debido al aumento que se ha producido en este sector. Hay que recordar que el sector de las VTC no está regulado mientras el sector del taxi está sometido a una fuerte regulación.
El próximo pleno del Consell aprobará la norma, que deberá convalidar la Diputación Permanente. El informe jurídico avala la «urgente necesida» del decreto ley
Una de las protestas que protagonizaron los taxistas. BIEL ALIÑO
En el conflicto que enfrenta al sector del taxi con el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas optó por posicionarse del lado de los taxistas para restringir la actividad de compañías como Uber o Cabify, a las que pretende obligar a una precontratación mínima de 15 minutos. Ante las dudas de la patronal de VTC Unauto sobre su legalidad, la consellera María José Salvador afirmó que únicamente llevaría al pleno del Consell su decreto ley si la Abogacía de la Generalitat daba su visto bueno. Y el informe jurídico que da luz verde a la norma ya ha llegado.
Así lo confirmaron ayer desde la Conselleria, que apurará los plazos para aprobar in extremis un decreto ley que llegará ya la próxima semana al pleno del Consell. Tras su aprobación aquí, deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de las Cortes, de manera que saldría adelante justo antes de elecciones.
Según la Conselleria, el informe de la Abogacía de la Generalitat avala íntegramente la viabilidad jurídica del proyecto de decreto ley, ya que entiende que hay razones de «extraordinaria y urgente necesidad» para la utilización de este instrumento normativo, cuyo objetivo es «hacer frente a una coyuntura económica problemática, como es la regulación de los servicios de transporte de viajeros mediante arrendamiento de vehículos con conductor», tal y como explicó el departamento de Salvador.
Y a pesar de que la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat había cuestionado la limitación de la actividad de los VTC por «perjudicar al usuario», la Abogacía asegura que las directivas y la jurisprudencia de la Unión Europea permiten regular los servicios de intermediación en el transporte. Así, desde la perspectiva del derecho europeo, entiende que es competencia de los estados miembros (y de las comunidades autónomas en España por delegación del Estado) acometer una regulación de esta actividad económica, según subrayaron las mismas fuentes.
La Abogacía entiende que la regulación realizada en el decreto ley es respetuosa con el «contenido esencial» de los derechos que se regulan, al basarse en la doctrina del Tribunal Supremo fijada en su sentencia de 4 de junio de 2018, que «da cumplida respuesta a las alegaciones de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana».
En cuanto a las posibles responsabilidades patrimoniales con que había amenazado Unauto, la Abogacía asegura que en este caso «no concurren ninguno de los supuestos» que contempla la legislación para la reclamación de estas responsabilidades, «con lo que cabe entender que el marco legal establecido no ha de suponer obligaciones indemnizatorias para la Generalitat», destacaron desde la Conselleria.
En la actualidad, en la Comunidad Valenciana existen 4.686 licencias de taxi por 373 licencias de VTC.
“La verdadera batalla contra estas compañías no debiera pelearse en la calle sino en el Ministerio de Hacienda o en despachos de fiscalistas”. Así explica el periodista Javier Ruiz lo que se esconde detrás del negocio de las VTC, en un vídeo emitido el pasado martes en el programa ‘Noticias Cuatro 20h’ que ahora se ha hecho viral al ser compartido en Facebook por Spanish Revolution.
En el video, el periodista resume cómo estas compañías se las ingenian para pagar menos impuestos en España: “Deberían pagar en torno a 240 millones de euros en impuestos. Deberían. Uber ni siquiera existe en España«. «En España existe una compañía llamada Uber Systems Spain. Es una compañía que no se dedica al transporte de pasajeros. Se dedica al martketing, asegura. […] Y lo que paga en impuestos es lo que paga una Pyme: 53.000 euros en impuestos. De los 240 que les correspondería pagar”, resume.
El video ha sido compartido miles de veces en Facebook y en Twitter, donde ha generado cientos de reacciones.
El Consell fija un mínimo de 15 minutos para solicitar un servicio de VTC
Los ayuntamientos serán responsables de regular estos servicios en sus municipios
Una decisión similar desencadenó la salida de Uber y Cabify de Barcelona
Valencia pasa la pelota a los ayuntamientos: 15 minutos para reservar un VTC1RAFAEL ALONSO | 5 FEB 2019 – 20:13
La Generalitat Valencia transfiere a los ayuntamientos la responsabilidad sobre los servicios de VTC, como Uber o Cabify, y fija un mínimo de 15 minutos para reservar sus servicios. Se trata de una medida similar a la tomada por el Govern de Cataluña en el conflicto del taxi.
Hoy, el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando se ha reunido con las asociaciones que representan al sector del taxi en la Comunitat Valenciana para abordar el conflicto que supone el auge de las empresas de alquiler de vehículos con conductor –VTC– en Valencia. Por su parte, el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha mantenido un encuentro con la entidad que aglutina a las empresas de VTC, Unauto, para comunicarles que trabajan en un decreto que establecerá un mínimo de 15 minutos entre la reserva y el inicio de sus servicios.
Por otra parte, la administración valenciana transfiere las competencias regulatorias a sus ayuntamientos para legislar respecto a los servicios de transporte con conductor en sus municipios, y se reserva el derecho sobre los desplazamientos interurbanos. Una contingencia prevista por el gobierno central el pasado mes de septiembre, cuando habilitó a las autonomías y los ayuntamientos para modificar las condiciones de explotación de las licencias de VTC.
El Consell ha recordado en su comunicado que «el sector de las VTC no está regulado, mientras que el sector del taxi está sometido a fuerte regulación», y ha añadido que su objetivo es «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio, sin conflictos que les puedan perjudicar».
Imagen de archivo de un taxi y un VTC del mismo modelo en un semáforo de la capita malagueñal. / SUR
Fomento pone en marcha un registro para verificar que todos los servicios de VTC son precontratados y que el 80% de sus carreras se realizan dentro de su comunidad autónoma
La actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) estará más controlada a partir del próximo 1 de abril. Ese día está previsto que entre en funcionamiento la web en la que las empresas que operan a través de plataformas como Uber y Cabify deberán registrar todos los servicios que realicen. Este Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor está impulsado por el Ministerio de Fomento, cumpliendo así una de las reivindicaciones de los taxistas.
De este modo, esta herramienta de control permitirá tanto a los ayuntamientos como a las administraciones autonómicas consultar y verificar que todos los servicios que presten hayan sido precontratados (no pueden captar clientes en la vía pública) y que se cumpla la regla de habitualidad 80/20, que establece que un VTC puede trabajar en otra comunidad autónoma diferente a donde se encuentre domiciliada la autorización siempre que no supere el 20% de su facturación por trimeste. Se cumple así una de las reivindicaciones de los taxistas, que llevan tiempo denunciando casos de malas praxispor parte de algunos de estos coches.
Aunque la creación de este registro fue un compromiso adquirido por el Gobierno el pasado verano, no ha sido hasta ahora cuando ha concluido la tramitación para su puesta en marcha. El último paso se ha dado este jueves con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución dictada el pasado día 15 por la Dirección General de Transporte Terrestre por la que se anuncia que el sistema informático de gestión de este registro estará operativo a partir del 1 de abril. Tal y como explica Fomento, con esta medida se pretende «garantizar una competencia leal» entre el taxi y los VTC, facilitando el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de los coches de arrendamiento con conductor. A partir de ahora, estos deberán comunicar previamente al registro los datos relativos a cualquier servicio que sea demandado. Para agilizar al máximo la implementación de esta medida se han habilitado dos formas de acceso: una a través de una aplicación web disponible en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.
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