El colectivo acusa al regulador, dependiente de la Generalitat, de «fomentar el monopolio de las VTC». La entidad criticó en un informe la regulación que ultima el Consell por perjudicar a los usuarios y favorecer a los taxistas
A los taxistas no les ha gustado precisamente el polémico informe de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) sobre el decreto que ultima el Consell para regular la actividad de los servicios de vehículos con conductor (VTC). Como informó ayer este periódico, la entidad, dependiente de la Conselleria de Economía, ha expuesto en un dictamen emitido esta semana que la normativa de la Generalitat -pendiente de ser aprobada- perjudica a las empresas VTC y a los usuarios y beneficia en exclusiva a los taxis. El regulador sostiene en este informe que los requisitos exigidos por parte de la administración autonómica a los operadores (la precontratación del servicio con 15 minutos de antelación, las prohibiciones en materia de estacionamiento y geolocalización y las exigencias relacionadas con la sustitución de vehículos que prestan el servicio VTC) son desproporcionados, injustificados y discriminatorios porque quiebran la libre competencia en el sector y limitan su actividad en la Comunidad.
El taxi no se ha quedado de brazos cruzados y ayer lanzó un ataque en tromba contra el organismo de la Generalitat, tachando de «sesgado» el citado informe y acusando a la entidad de querer «beneficiar a las multinacionales» del negocio VTC. Por su parte, Unauto, la patronal de las VTC, se agarró al informe de Competencia para presionar aún más al Consell y exigirle que retire el decreto que regula su actividad en la región.
A esta presión, pero en sentido contrario, se sumó el taxi, que reclamó al Gobierno de Ximo Puig olvidarse del pronunciamiento de Competencia y meterlo en un cajón.
«DESCARO»
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana cuestionó «la objetividad del informe» emitido por la Comisión de Defensa de la Competencia. Para el colectivo -la asociación mayoritaria del sector en la región-, «las distintas comisiones de la Competencia están despilfarrando dinero público para beneficiar a empresas multinacionales con todo el descaro del mundo, permitiendo y fomentando el monopolio (que es contra lo que deberían luchar), emitiendo informes sesgados, y denunciando toda regulación del sector de la VTC, ignorando sentencias de tribunales europeos y directivas europeas, ignorando sentencias del Tribunal Supremo y leyes nacionales de transporte y lo que es peor, perdiendo muchas de las demandas en las que intervienen».
Según la confederación, «los gobernantes no pueden permitir que las multinacionales y sus intereses económicos dicten la política de transporte de las ciudades, ignorando y menospreciando las garantías del servicio, las condiciones laborales, la saturación del tráfico y del medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos».
Los taxistas insistieron en que «si los gobiernos autonómicos de toda España han denegado desde hace años las solicitudes de autorizaciones de VTC por sobrepasar el ratio que marca el desequilibrio entre Taxis y VTC (1/30) llegando incluso al Tribunal Supremo, ahora no pueden dejar a este sector tan importante con la situación de desequilibrio y sin regulación autonómica porque lo diga un informe que solo tiene en cuenta un punto de vista de la competencia (el mismo informe en su página 17 dice que no tendrá en cuenta la legalidad del Decreto, ya que su labor es valorar si se trata de una regulación no restrictiva y favorecedora de la Competencia)».
La asociación mantuvo que «confía en la responsabilidad de los legisladores valencianos y que al igual que han hecho Catalanes, Aragoneses, Baleares y Vascos (de distintos y variados partidos políticos) se pongan al lado de la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad, y regulen de forma clara a las VTC».
«LAGUNAS»
Desde Unauto VTC, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conducto, se felicitaron por el informe de Competencia. El presidente de Unauto VTC Comunidad Valenciana, Ricardo González, solicitó a la Generalitat que lo «tenga en cuenta» y que «no siga adelante» con un proyecto, que según advirtió, «tiene importantes lagunas».
De lo contrario, se aboca al sector a no poder operar, a pérdidas económicas y a acudir a los tribunales, y la Generalitat se arriesga a tener que pagar «indemnizaciones» a los propietarios de licencias, informa Europa Press. Según González, este informe va «en consonancia» con los que han elaborado los órganos de Competencia de otras CCAA.