Un coche con licencia VTC circula por una céntrica calle madrileña. ALBERTO DI LOLLI

Considera que el decreto aprobado por el Ejecutivo supone una “expropiación encubierta”

Los dueños de las licencias VTC amenazan a Ábalos con un pleito de 3.785 millones si limita su actividad

¿Qué son las licencias VTC y cómo funcionan?

Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) para transporte de viajeros con conductor, advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a “papel mojado”, literalmente, dentro de cuatro años cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular al sector. El Pleno del Congreso decidirá el jueves si convalida o deroga el Real Decreto Ley.

El despacho considera que limitar la validez de estas autorizaciones para sacarlas de los trayectos urbanos -que quedarán limitados a los taxistas salvo que ayuntamientos y CCAA utilicen sus nuevas competencias para aprobar nuevas licencias- supone una “expropiación encubierta” por parte del Gobierno, ya que el 90% del uso de las actuales autorizaciones es utilizada hoy para realizar recorridos dentro de una misma ciudad bajo plataformas digitales como Uber y Cabify.PUBLICIDAD

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En este sentido, el informe advierte del daño que genera esta medida sobre la seguridad jurídica del país. “Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio de las mismas para el que fueron solicitadas, éstas se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero”, avisa el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Esta conclusión supone un auténtico mazazo para sus actuales propietarios que amenaza cualquier proyecto de futuro de las compañías. Algunas como Cabify, que combina la titularidad de autorizaciones con el desarrollo de su plataforma digital, estaban incluso sondeando su salida a Bolsa el próximo año.

Nueva normativa

La nueva normativa de Fomento supone hoy por hoy una gran victoria de los taxistas al poner fecha de caducidad a sus rivales sobre el asfalto. No obstante, el decreto deja a modo de “indemnización en especie” un plazo de cuatro años para que los actuales titulares de VTC recuperen sus inversiones.

El plan de estos grupos es aprovechar este tiempo para crecer y extenderse por nuevas ciudades de la geografía española, casi duplicando el número de vehículos que tienen ahora mismo en operación. Uber, por ejemplo, prepara su desembarco en Bilbao y Valencia de la mano de Moove, propietaria de miles de autorizaciones. No obstante, entes locales y autonómicos ya pueden regular sus condiciones de circulación y contratación para aproximarlas a la de los taxistas en lo que se refiere a horarios, características de los vehículos…

Las empresas ya están analizando las vías para hacer llegar al ministro José Luis Ábalos sus reclamaciones por vía administrativa, en las que se argumenta que el plazo dado es insuficiente y reclaman una prórroga adicional de dos años que viene estipulada en el decreto. Si Fomento rechaza el nuevo plazo o no se pronuncia, las empresas podrán acudir a la vía judicial.

Indemnizaciones

“El sistema indemnizatorio previsto parece muy alejado del poder establecer un verdadero equilibrio entre los daños provocados por la expropiación y la indemnización planteada. En ningún caso podrá alcanzar el valor real de los derechos expropiados”, establece Garrigues.

Este informe se suma al realizado por el abogado especializado en transporte José Andrés Díez para la patronal Unauto dentro de la ofensiva legal que pretende activar el sector de las VTC si esta semana se convalida en sede parlamentaria el real decreto-ley. El Gobierno aún no ha logrado el apoyo a su texto normativo tras anunciar hace unos días el PDeCAT que genera “enormes incertidumbres” para la Generalitat. Las regiones han pedido a Fomento un compromiso por escrito de que la habilitación competencial no supondrá una oleada de reclamaciones contra las propias autonomías para exigir una indemnización próxima a los 3.750 millones.

Ambos textos jurídicos concluyen que la nueva normativa viola varios artículos de la Constitución al no estar justificada la “urgencia y necesidad” requerida para ser tramitado por la figura del real decreto-ley. Además, insisten, supone una “modificación encubierta” del régimen competencial de las autonomías, por lo que debería haber sido tramitado como ley orgánica.

El sector está buscando apoyos entre los grupos parlamentarias y las comunidades autónomas para lograr un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes del sector creen que la vía más favorable para tratar de torpedear la nueva regulación se producirá por la consulta de un tribunal ordinario al Constitucional.

Publicado por El Mundo.