José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, denuncia que “nombres relevantes” de la vida política y económica española controlan las licencias de Uber y CabifyPor José

Cartel repartido por los taxistas en Barcelona.

El conflicto de las licencias de VTC−que ha llevado a la huelga a miles de taxistas y al colapso en Madrid y Barcelona−, está destapando una supuesta gran trama de intereses formada por elites financieras y políticas que hasta ahora permanecía oculta. Así lo asegura al menos José Miguel Fúnezportavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, quien sugiere en una entrevista en exclusiva para Diario16 que detrás de la crisis en el sector hay un problema de “puertas giratorias”, de amiguismos y de influencias entre ciertas altas esferas que pretenden hacer negocio a costa de acabar con el taxi tradicional.

Luego detrás del conflicto del taxi hay mucho más que un problema laboral…

Esto es un problema que ha generado la Administración. Hay 12.000 autorizaciones de VTC ahora mismo a nivel nacional que están en manos de 26 personas, y de esas 26 personas el 80 por ciento de las autorizaciones están en manos de ocho. No más. Yo tengo en mi poder ahora mismo una operación de 195 millones de euros hecha el pasado mes de junio. Y le cuento cómo nos ha llegado, porque puede ser que haya sido por casualidad o puede ser perfectamente que nos lo hayan dejado con intención. A nosotros en cierta ocasión nos llega un pendrive de alguien que se le ha caído en el taxi de un compañero. Cuando él sube a su casa y lo mira se queda flipado, hablando en el argot de la calle. Al abrirlo en nuestra oficina nos encontramos con que una asesoría de inversión contratada por ciertas personas, entre ellos José Antonio Parrondo [expresidente de la Asociación Gremial del Taxi] y alguno más, lo que hacen es buscar inversores para hacer una compra de alrededor de 4.000 autorizaciones, cuando el PP había sacado un real decreto en noviembre de 2017 diciendo que las autorizaciones no se podían vender ni transmitir. Bueno pues empezamos a investigar y nos encontramos con que en todo esto hay una parte que son los propietarios de las VTC −que cuando se sepa quiénes son la gente entenderá dónde está el negocio− y que detrás está el BBVA, que ha sido el que ha abierto los créditos para que esas autorizaciones (que son autorizaciones, no licencias) se compraran por 50.000 o 60.000 euros. El BBVA ha dado muchísimos préstamos para ello. Detrás de ello también está una empresa de inversión de riesgo que se llama Seaya Ventures, en la que está su hija, Beatriz González…

¿La hija de…?

La hija de Francisco González, presidente del BBVA. Luego empezamos a ver cómo hay gente que se está moviendo alrededor de todo esto, siendo contratada por las empresas que están creando el conflicto. Ciertamente Uber y Cabify no tienen coches y no tienen empleados, no tiene nada, es una mera aplicación informática. Pero claro, nos encontramos al señor Íñigo de la Serna, anterior ministro de Fomento, que ha sacado diferentes reales decretos, inclusive el que sacó elevando a rango de ley aquella famosa frase del 1-30 −una autorización de VTC por cada 30 taxis− y nos lo encontramos en una empresa que se llama Nec que se dedica a la implantación de sistemas de tecnología y comunicación en las ciudades. Luego tenemos al señor Ildefonso Pastor, que hace tres años, cuando salió del Partido Popular de Valladolid, ha sido diputado y senador por el PP, y que le contrata Uber. Nos encontramos al señor Isaac Martín Barbero, que trabajaba en el Ministerio de Fomento en el momento en que estaba gobernado por el Partido Popular y que trabaja para Cabify. Nos encontramos al señor Xavier Cima, que es el marido de Inés Arrimadas…

De eso ha hablado usted en televisión…

Efectivamente, Cima era diputado catalán y está hoy en Uber. Tenemos a Rosauro Varo, el hijo de Amalia Rodríguez, diputada en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español. Acumula miles de VTC y está en la operación que le he dicho antes de los 195 millones de euros junto con fotografías, wasaps, email, audios con los Garrigues, gente bastante importante que cuando vean ustedes las fotos les va a interesar. Seguimos: tenemos al señor Jaime Castellanos, que es banquero y cuñado de Emilio Botín. Acumula miles de VTC y las tiene metidas en Uber y Cabify. Tenemos al señor Pedro del Corro, que tiene miles de VTC y es consejero de Mediapro y Globomedia y las explota a través de Uber y Cabify. Y tenemos a Bernardo Hernández, que es un ex consejero de Uber y Yahoo en España y acumula miles de VTC que explota a través de Uber y Cabify. A todo esto tenemos más gente, más nombres relevantes, sobre todo el que le he dicho antes, Seaya Ventures, que es una empresa de capital de riesgo, donde encontrará usted a Beatriz González, la hija de Francisco González, presidente del BBVA. No tenemos problema en enseñar toda la información y fotografías que hay en ese pendrive que casualmente se dejaron en un taxi…

Entiendo entonces que alguien se deja un pendrive en ese taxi y ahí consta la información…

Sí, y le comento por qué. En este pendrive barajamos la posibilidad de que la empresa que busca los inversores y llega a unos acuerdos lo redacta en dos demandas: una de ellas hemos comprobado a través de nuestro abogado que está interpuesta. Todo viene redactado perfectamente. Ellos llegan a un acuerdo para buscar inversores en el que hay un fijo y un variable. Pues una vez conseguida la inversión y de haber pagado el fijo el variable no se lo pagan. Estamos hablando de un millón y pico de euros. ¿Qué hace esta empresa? Pues toda la documentación que tiene de conversaciones, de reuniones, de emails, de wasaps, de fotos, todo, lo coge y hace una denuncia por impago de su trabajo. Y ese pendrive está en nuestras manos.

¿Qué piensan hacer con esa información?

Pues mire usted, esa información disponemos de ella hace ya un tiempo, pero da la casualidad de que como hay personas tan sumamente relevantes hay un acto de cobardía en nuestro país y no hay por dónde meterle mano. Nosotros nos encontramos con que, habiendo confiado en alguna prensa que creemos que está manipulada, lo hemos dado y no ha salido nada a la luz ni a nadie le interesa sacar a la luz todo esto. Lo ponemos a disposición de los medios de comunicación para que se pueda ver que lo que decimos nosotros realmente es cierto punto por punto porque nosotros conocemos a la gente y estamos detrás de todo esto.

La conclusión es que el problema de las licencias de VTC es algo mucho más profundo que un simple conflicto laboral entre taxistas y otras empresas que quieren entrar en el sector: hablamos de políticos y de poder financiero con una serie de intereses…

Efectivamente, detrás de todo esto hay una trama de poder financiero y lo que llamamos en este país el amiguismo. Esto, como nosotros decimos, es una historia de puertas giratorias. El problema que tiene el sector del taxi es que nosotros los taxistas somos microempresas y ahí no existen las puertas giratorias, por eso claro, es difícil apoyarlo. Pero me gustaría explicarle que cuando en televisión hay ciertas personas, ciertos contertulios que lanzan una opinión yo, con todos mis respetos, creo que deberían estudiar un poco más el tema para dar ciertas opiniones, porque yo puedo poner aquí, encima de la mesa, documentación que es pública: sentencias de los tribunales, sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Tribunal Supremo. Si queremos que en este país se cumpla la ley lo primero que tenemos que hacer es respetar lo que dicen los tribunales. Existe separación de poderes, no puede ser que el poder legislativo esté haciendo caso omiso a lo que el poder judicial puede llegar a decir.

Publicado por Diario 16