El Consell fija un mínimo de 15 minutos para solicitar un servicio de VTC
Los ayuntamientos serán responsables de regular estos servicios en sus municipios
Una decisión similar desencadenó la salida de Uber y Cabify de Barcelona
Valencia pasa la pelota a los ayuntamientos: 15 minutos para reservar un VTC1RAFAEL ALONSO | 5 FEB 2019 – 20:13
La Generalitat Valencia transfiere a los ayuntamientos la responsabilidad sobre los servicios de VTC, como Uber o Cabify, y fija un mínimo de 15 minutos para reservar sus servicios. Se trata de una medida similar a la tomada por el Govern de Cataluña en el conflicto del taxi.
Hoy, el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando se ha reunido con las asociaciones que representan al sector del taxi en la Comunitat Valenciana para abordar el conflicto que supone el auge de las empresas de alquiler de vehículos con conductor –VTC– en Valencia. Por su parte, el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha mantenido un encuentro con la entidad que aglutina a las empresas de VTC, Unauto, para comunicarles que trabajan en un decreto que establecerá un mínimo de 15 minutos entre la reserva y el inicio de sus servicios.
Ésta medida es similar a la tomada por la Generalitat de Cataluña la semana pasada que, tras varias jornadas huelga del colectivo del taxi, decretó en este sentido. Una decisión que derivó en la salida de Barcelona de Uber y Cabify.
Por otra parte, la administración valenciana transfiere las competencias regulatorias a sus ayuntamientos para legislar respecto a los servicios de transporte con conductor en sus municipios, y se reserva el derecho sobre los desplazamientos interurbanos. Una contingencia prevista por el gobierno central el pasado mes de septiembre, cuando habilitó a las autonomías y los ayuntamientos para modificar las condiciones de explotación de las licencias de VTC.
El Consell ha recordado en su comunicado que “el sector de las VTC no está regulado, mientras que el sector del taxi está sometido a fuerte regulación”, y ha añadido que su objetivo es “establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio, sin conflictos que les puedan perjudicar”.
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