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La Federación Andaluza del Taxi apunta a los presidentes de Aumat y Taxi Unión e implica al edil de Movilidad y al alcalde

Los efectos de la huelga ilegal del taxi que dejó sin servicio el aeropuerto de la capital de la Costa del Sol durante una semana continúan un mes después. El portavoz de la Federación Andaluza del Taxi Rural y representante, a su vez, de los profesionales de la Costa del Sol, Juan Manuel Sánchez, informó ayer a Málaga Hoy de que se está estudiando interponer una demanda tras las agresiones y daños sufridos por taxistas de fuera de la provincia durante el paro del sector en el aeródromo.

Tras realizar las pertinentes consultas con sus asesores jurídicos, Sánchez apuntó en la línea de solicitar “responsabilidades penales y civiles por los daños que hemos sufrido”. En este sentido, admitiendo la imposibilidad de actuar de forma individualizada contra los posibles responsables de estos actos, el portavoz apuntó contra los presidentes de las dos principales asociaciones en la capital, Aumat, José Antonio Mate, y Taxi Unión, Francisco Soria, “por alentar una huelga ilegal”. Asimismo, se contempla la opción de extender la acción al concejal de Movilidad, Raúl López, y al alcalde, Francisco de la Torre, por tratarse el Ayuntamiento del órgano responsable de la concesión de las concesiones del taxi.

En este sentido, llegó a hablar de la posibilidad de que se haya incurrido en un delito de prevaricación, aplicable a los cargos públicos que adoptan una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de que la misma es injusta. El colectivo impulsor de esta iniciativa se queja del aval que el equipo de gobierno del PP dio a los huelguistas en sus demandas, recordando la estampa de De la Torre al frente de una pancarta en una de las protestas del sector de la ciudad.

Se da la circunstancia de que en el inicio de la huelga sorpresa iniciada por los taxistas de la capital el 7 de febrero los propios responsables municipales realizaron una llamada de atención a los taxistas, recordándoles que la ordenanza municipal del taxi tipificaba como infracción grave “dejar de prestar servicio al público por tiempo inferior a 30 días consecutivos o 60 alternos en el período de un año”, con sanciones que van desde los 276,47 euros hasta los 1.382,33 euros.

Acerca de los daños causados, el portavoz del colectivo aludió a la existencia de varias denuncias presentadas ante la Policía Nacional. “Sabemos que le pegaron a un compañero de Algeciras, que rompieron coches de Alhaurín y pincharon ruedas a otros de Mijas”, expuso, al tiempo que destacó el caso de un vehículo de Mijas al que “causaron destrozos por encima de los 3.000 euros”. Y aseguró que aún hoy se dejan chinchetas y grapas en la zona de parada de los vehículos de fuera de la ciudad.

De otro lado, informó de que se están recogieron escritos de asociaciones y taxistas de la región que serán remitidos a los grupos políticos en el Parlamento andaluz para mantener intacto el decreto que regula el sector, el 11/85.

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