El TSXG desestima los recursos presentados por los operadores de VTC en Galicia
El TSXG desestima los recursos presentados por los operadores de VTC contra el decreto 103/2018
Empresas como Unauto y Ares Capital habían recurrido este decreto que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia y el alto tribunal los ha desestimado
GALICIA. YO TAXI.- El Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima todos los recursos presentados contra el Decreto 103/2018 que regula el transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia y que tenían como objetivo final la anulación parcial de la ley autonómica 4/2013, por parte de los grandes operadores de las VTC, como son, Ares Capital y la patronal de las VTC, Unauto.
El TSX de Galicia ha dictado este miércoles 23 de diciembre la última de las sentencias que resuelven el recurso presentado por Unauto contra el citado Decreto 103/2018, que desarrolla la Ley de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia. Sentencias que respaldan las posturas defendidas por la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, y la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (FEGA TAXI), en su defensa de la legalidad y adecuación de dicho reglamento a la normativa estatal y europea.
Esta última sentencia viene a confirmar, en línea con todas las dictadas anteriormente, que el alto tribunal considera probada y justificada la necesidad y proporcionalidad de los requisitos que se exigen para desarrollar esta actividad económica, así como su motivación, disponiendo que “nos hallamos ante una actividad sometida a intervención administrativa en atención a su trascendencia para los intereses generales y de los usuarios del servicio”.
El desempeño de la actividad del taxi requiere la superación de pruebas de destreza y habilidad en la conducción y de un profundo conocimiento del callejero, requisito que no se exige a los conductores de VTC. De esta forma la normativa gallega garantiza que el servicio se preste con unos elevados estándares de calidad.
La Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (FEGATAXI), ha mostrado su satisfacción porque la norma haya sido ratificada en su integridad por el TSX, que pone de manifiesto la relevancia del sector del taxi en Galicia, y asegura la prestación de un servicio público y profesional al ciudadano, en el marco de la libertad de empresa.
La sentencia apoya la exigencia a las empresas de alquiler de vehículos con conductor a desarrollar el 80% de sus servicios en la comunidad donde tengan domiciliada la autorización.
El fallo anula no obstante la exigencia de que estas compañías dispongan de al menos siete coches.
El Tribunal Supremo ha avalado la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de vehículos de alquiler con conductor (VTC), vigente desde 2015, en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional “como forma de garantizar el equilibrio” entre estas modalidades de transporte.
En la sentencia conocida este lunes, la sala de lo Contencioso-Administrativo apoya además la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada la autorización.
Sobre las licencias, el Supremo destaca que dicha proporción es una medida “idónea y proporcionada” difícilmente sustituible por otra “menos restrictiva” cuya elaboración, sostiene, no corresponde a la sala.
Aunque admiten que la Administración no ha justificado de forma razonada este límite, los magistrados lo ven ajustado a derecho en tanto que los recurrentes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la plataforma Uber y la patronal de las VTC, Unauto, no han planteado una alternativa.
Límite que puede ser rebajado
En este sentido, insisten en que se trata de un “límite máximo” susceptible de ser rebajado por las administraciones competentes, de modo que puede haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis.
El Supremo también da por válida la restricción del servicio de transporte por ámbito territorial en tanto que pretende evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en otras comunidades autónomas se convierta en una “forma fraudulenta” de incumplir la regla de proporcionalidad.
Respecto a los requisitos materiales exigibles a estos vehículos, la sala tampoco estima las pretensiones de la CNMC al entender que en el sector del taxi se exigen una medidas análogas para garantizar los niveles de calidad y seguridad de los mismos.
No obstante, da la razón a los recurrentes y anula la obligación de disponer de una flota de al menos siete vehículos pues se “excluiría” a los pequeños empresarios.
Remite así al real decreto de 2015 impugnado, el cual no obliga a disponer de esta flota mínima para acceder al mercado de las VTC sino que “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen”.
Un requisito “irrelevante” desde la perspectiva del interés general que no afecta al equilibrio entre ambas modalidades de transporte, concluye el tribunal.
Entrada de los VTC
En su recurso, la CNMC pedía la nulidad de tres preceptos de este real decreto al considerar que colocaba barreras que limitan la entrada y la capacidad de competir de los VTC, reducía la competencia en el transporte urbano de viajeros con conductor y afectaba negativamente a los precios, la calidad y el bienestar general.
Durante la vista celebrada el pasado 17 de abril, Uber como intermediaria entre usuarios y vehículos VTC, y Unauto, entregaron y explicaron sus alegaciones ante el Alto Tribunal.
En la otra parte, Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital defendieron los postulados de aquel real decreto, en una causa en la que se han personado también la Gremial del Taxi, Élite Taxi y Fedetaxi, así como organizaciones del colectivo de taxistas españoles.
Desde las principales Asociaciones del Taxi de la Comunidad Valenciana, CONFEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, USO TAXI CV y ATCV, queremos agradecer a todos los taxistas que hoy han acudido a luchar por el sector.
Hoy día 17 de Abril, tendrá lugar en el Tribunal Supremo la vista del Contencioso Administrativo interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra las limitaciones al sector de las VTC aprobadas en 2015 con la aprobación de las modificaciones al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Rott).
El resultado del Contencioso puede suponer la liberalización de este sector, de forma parcial o total, por lo que queremos trasladar un conjunto de peticiones sectoriales que consideramos fundamentales para nuestra supervivencia.
Desde 2009, fecha en que se publica la Ley Omnibus y se modifica la Lott, el Gobierno en ese momento le dice al sector del Taxi, que esta Ley no va a afectar de ninguna forma a los ratios de Autorizaciones de VTC,s ni a las autorizaciones de Taxi, asimismo el candidato en ese momento a Presidente de Gobierno D. Mariano Rajoy, le promete al sector que devolverá el equilibrio entre taxis y VTC.
Por no entrar en todo lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, solo decir que la realidad en las principales ciudades es que no se ha devuelto el equilibrio, sino todo lo contrario, lo que supone un incumplimiento de las promesas recibidas entre otros del ahora sí Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy.
Fruto de esta situación, se están sucediendo cientos de situaciones en las calles de las principales ciudades de toda España de imprevisibles consecuencias, que si finalmente nos encontramos con alguna desgracia personal, será entre otras responsabilidad del Gobierno, y de su falta de acciones efectivas para solucionar esta situación.
COMO RESUMEN DECIR QUE DESDE EL 2009 SE NOS ESTA DICIENDO QUE NO PASA NADA, QUE NO SE VA A LIBERALIZAR EL SECTOR DE LAS VTC,s, QUE LOS TAXIS Y LAS VTC,s ESTAN LIMITADOS POR EL RATIO DE 1/30, QUE LOS DISTINTOS GOBIERNOS Y PARTIDOS POLITICOS QUIEREN CONTINUAR CON EL SERVICIO PUBLICO QUE GARANTIZAN LOS TAXIS, Y FINALMENTE SE NOS DICE UNA Y OTRA VEZ QUE LAS VTC,s ESTAN REGULADAS Y NO VAN A PERJUDICAR AL SECTOR DEL TAXI
¿QUIEN VA A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS ERRORES COMETIDOS EN PERJUICIO DEL TAXI?
MILES DE FAMILIAS LO HAN INVERTIDO TODO ESCUCHANDO ESTAS PROMESAS ¿QUE LES DECIMOS AHORA?
¿QUIEN GARANTIZA A LOS CIUDADANOS UN SERVICIO PUBLICO PRESTADO POR CONDUCTORES QUE CUMPLEN HORARIOS DIGNOS Y CON TARIFAS REGULADAS POR LA ADMINISTRACIÓN SIN ESPECULACION DE TARIFAS EN FUNCION DE LA OFERTA O DEMANDA?
¿PORQUE AHORA DESPUES DE AÑOS ESCUCHANDO QUE NO SE LIBERALIZA A LAS VTC,s AHORA TENEMOS QUE VER COMO LA CNMC QUE ES UN ORGANO CREADO POR EL ESTADO PARA GARANTIZAR LA COMPETENCIA VA EN CONTRA DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y DEL PROPIO GOBIERNO RECURRIENDO EL ROTT Y ESTE GOBIERNO NO HACE NADA PARA PARARLO?
EL SECTOR DEL TAXI ESTA HARTO DE PROMESAS INCUMPLIDAS, Y ESTA DISPUESTO A PARALIZAR LAS PRINCIPALES CIUDADES SI HACE FALTA PARA QUE SE CUMPLAN LAS PROMESAS Y SE GARANTICE:
QUE EL SECTOR DE LAS VTC,s NO SE LIBERALIZA, Y QUE VOLVEMOS A UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DOS SECTORES.
QUE LA ACTIVIDAD DE LAS VTC,s TIENEN UNA REGULACION QUE SE PUEDE CONTROLAR DE FORMA EFICAZ PARA NO ENTRAR EN COMPETENCIA DIRECTA CON EL SECTOR DEL TAXI EN LAS CALLES
EL PASADO AÑO SE PRODUJERON MANIFESTACIONES Y PAROS DEL SERVICIO DE TAXI EN TODA ESPAÑA.
VAMOS A SEGUIR CON LOS PAROS Y MANIFESTACIONES PREVISTAS EN TODA ESPAÑA SI NO SE DEVUELVE EL EQUILIBRIO, MAXIME SI EL TRIBUNAL SUPREMO FINALMENTE ANULA LAS LIMITACIONES A LAS VTC ENTRE ELLAS EL 1/30
REIVINDICACIONES DEL SECTOR DEL TAXI:
En caso de que el Tribunal Supremo dicte sentencia contraria a las limitaciones que marca el Reglamento en cuanto al equilibrio entre los dos sectores, sería necesario un Decreto Ley por vía de urgencia para legislar en la misma línea que el Reglamento anulado, de acuerdo con el Articulo 91 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres con los siguientes puntos principales:
1º-Exigimosque la legislación se cumpla, sobre todo el compromiso del Gobierno de que siga la contingentación de 1 VTC por cada 30 Taxis, anterior al 2009.
2º-Exigimos que se lleve a cabo el registro electrónico con urgencia, aprobado por medio del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre en su Artículo 2, de acuerdo con la Disposición Transitoria Única.
3º- Exigimos que para un mejor control, se limite también un tiempo mínimo de una hora desde que se contrata el servicio hasta que se recoge, de esta forma eliminamos la inmediatez de los servicios contratados y la picaresca de la captación en la vía pública, además de la diferenciación con el servicio de taxi.
4º- Exigimos la modificación del Articulo 91 de la Lott ya citado anteriormente para adecuar las competencias de las Comunidades Autónomas para legislar el Transporte urbano que hacen las VTC mayoritariamente, para unificar que las autorizaciones de VTC, al igual que las de Taxi, deben contar con Autorización municipal o autonómica que las habilite para realizar transporte urbano.
5º-Solicitamos ayuda para reforzar la consideración del Taxi como Servicio Público, con especial protección a la actividad que desempeñamos, no solo en las grandes ciudades, sino en el conjunto del territorio nacional, cubriendo las carencias de las diferentes administraciones por nuestro riesgo y ventura, siendo un sector, fuertemente regulado, que permite a los ciudadanos disfrutar de un servicio puerta a puerta en cualquier condición y horario, y realizando en la mayoría de las ocasiones una labor social, que de otra manera el Estado debería garantizar a los ciudadanos.
Dentro de esta petición, ya que nuestra actividad está considerada “Penosa” por diferentes organizaciones laborales, asimismo solicitamos ser incluidos como colectivo especial, y que se reconozcan enfermedades profesionales que padecemos, así como poder solicitar jubilaciones anticipadas con un mínimo de años de actividad cotizados.
6º-Solicitamos que todas las autonomías exijan un distintivo homogéneo“discreto” para los vehículos de arrendamiento con conductor, con las medidas de seguridad normalizadas, anti manipulación, así como la CCAA donde está residenciada dicha autorización, puesto que la razón de este servicio es la absoluta discreción, cualidad que no debe tener el servicio público del taxi.
7º- Creemos absolutamente necesario no permitir la cesión de la actividad de los concesionarios de dichas autorizaciones a terceros, tal como por normativa, diferentes autorizaciones de transporte tienen, en sus disposiciones reglamentarias (Ej: Art. 17.5 del REAL DECRETO 74/2005 por el que se aprueba el Reglamento del Taxi de la COMUNIDAD DE MADRID), debe ser el titular de dicha autorización el que explote la misma. Actualmente muchas autorizaciones cuyo titular son personas físicas o jurídicas, son “gestionadas por conductores” contratados, que en realidad son falsos autónomos, con contratos de disposición para empresas vinculadas a Aplicaciones Disruptivas, inmersas en procedimientos judiciales que han de determinar su legitimidad en la labor que realizan.
8º-Solicitamos que las autorizaciones VTC tengan un marco normativo propio, en el que se fijen los procedimientos en los que dichas autorizaciones, una vez concedidas, entren en funcionamiento. Debido a las diferentes sentencias judiciales, que “obligan” a las diferentes Direcciones Generales de Transporte a conceder dichas autorizaciones, el procedimiento administrativo, en la mayoría de las ocasiones es laxo, a la hora de observar la puesta en funcionamiento de las mismas, permitiendo a dichos concesionarios la especulación, no por una necesidad de ofrecer transporte, si no por un interés en comercializar las mismas , así como consumir los tiempos de implantación y su puesta en funcionamiento. Creemos que es muy importante que no se permitan estas actividades que permiten este mercadeo basado en un puro interés económico y no de servicio a la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes como representantes del sector del Taxi de la Comunidad Valenciana, les solicitan su colaboración para impedir que nuestro sector, ya centenario, sea objeto de competencia desleal y dumping económico por parte de estas empresas privadas. Somos un sector compuesto por AUTÓNOMOS y EMPRENDEDORES, que quiere seguir prestando ayuda y servicio a todos nuestros usuarios.
Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por hechas las manifestaciones que obran en el mismo y por recibida la comunicación en plazo estipulado y los efectos oportunos.
El Alto Tribunal debe zanjar la ‘guerra del taxi’ para limitar o liberalizar las licencias VTC.
El próximo 17 de abril está señalado el juicio entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber y Cabify por un lado y Gobierno, comunidades autónomas y taxistas por otro.
El Tribunal Supremo podría zanjar ese mismo día la “guerra del taxi”, cerrando el número de licencias de taxi y VTC que van a operar los próximos años en nuestro país, o liberalizando las segundas y por tanto haciendo desplomarse el valor de todas. La historia, a punto de resolverse, viene de lejos.
En 2009 el gobierno socialista, aprovechando la división del sector del taxi, incluyó en la conocida como Ley Ómnibus la liberalización de las VTC. Los populares en 2013 revirtieron dicha situación, pero no concretaron los requisitos para desarrollar esa actividad hasta 2015, entre otros la necesidad de unas licencias y un número limitado de las mismas a modular por las Comunidades Autónomoas, como los taxis.
La consecuencia de esa demora ha sido la entrada, vía sentencias, de unos miles de licencias de VTC que está por ver cómo absorbe un mercado hoy en alza, pero cuya demanda no es ilimitada.
Si la normativa aprobada por la ministra Ana Pastor es contraria al principio de libertad de establecimiento, será sobre lo que el alto Tribunal determine en el primer juicio por la Unidad de Mercado que se producirá esa instancia.
Las cuentas de los perjuicios para los taxistas
Fuentes de Fedetaxi valoran el precio medio de una licencia de taxi en 104.000 euros y en 63.000 el que han alcanzado las VTC. Existen más de 71.839 licencias de ambas modalidades, de las cuales 64.533 corresponden a taxis, valoradas en su conjunto en casi 8.000 millones de euros. Este valor es que se encuentra en riesgo de desaparecer de la economía nacional de un día para otro, según dictamine el Tribunal Supremo.
Las plataformas tecnológicas, de la mano Marín Quemada y su Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se encuentran dividas por la regulación de la actividad de las ya populares VTC (vehículos para el arrendamiento con conductor), lo que se constata por su patronal Unauto, que no ha reclamado la liberalización total de la actividad, temerosos de que ello pudiera hacer perder el valor de las más de 5.000 licencias VTC con las que han comerciado en los últimos meses empresas como Cabify o Ares Capital.
Sin embargo, de otro lado tanto la CNMC como la multinacional Uber apuestan por la desaparición del valor de dichas autorizaciones, lo que además les facilitaría una mayor cuota de mercado sin casi inversión en España.
A juicio de Fedetaxi, la sociedad y los partidos políticos y agentes sociales, ya se han mostrado en varias ocasiones muy sensibles al tema, y gran parte de la sociedad civil es cada vez más consciente de lo que implica el término uberización y lo que ocultan las gigantes tecnológicos.
Preocupación de De la Serna
El ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, compartió con Fedetaxi hace unas semanas su preocupación por esta situación, en la que decenas de miles de trabajadores autónomos y chóferes podrían verse fatal e irreversiblemente despatrimonializados en sus negocios y ahorros, asegurando a la junta directiva de Fedetaxi que su Gobierno estaba estudiando algunas medidas que pudieran garantizar que no se produzca ninguna situación de ruina y desaparición de esos activos.
Por su lado las CC.AA. son conscientes de que VTC y taxis no son exactamente vasos comunicantes, pero si se desregula el servicio de los primeros se desmantela irreversiblemente el de los segundos, privatizando la movilidad urbana en favor de multinacionales y en grave perjuicio de sus competencias y políticas sobre medioambiente, movilidad y ordenación de las ciudades.
Pero, ni Marín Quemada ni las poderosas multinacionales están satisfechas con la actual regulación. Éstas quieren para sí todo el mercado de la movilidad y aquel rematar su cruzada por liberalizar los taxis, como bastión de autónomos ofertantes de un servicio público del interés general, que estorba a los planes de los gigantes de Silicon Valley, sin que parezca importarles mucho la ruina de más de 100.000 familias.
“Con el objetivo común de privatizar sin vuelta atrás el servicio público de transporte de viajeros en vehículos de turismo, Marín Quemada y sus aliados, intentan derribar cualquier barrera -incluso legal- que les impida inundar nuestras ciudades con sus “coches negros”, ponerlos en manos de falsos autónomos o trabajadores precarizados, y dejarlos inermes para prestar una “carrera” sin hacer “click” en una de las dos aplicaciones para smartphones, obteniendo de paso todo el “big data” de los usuarios de la movilidad, imprescindible paso para tomar ventaja ante la no muy lejana implantación del taxi autónomo”, declaró Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.
Leal aseveró tajante que “los taxistas han peleado, pelean y pelearán contra este escenario” así como que “esto no es una situación comparable a una crisis sobrevenida, esto, de producirse, es fruto de una pasividad política de todas las administraciones que no tendría justificación alguna”.
La Federación Sindical del Taxi, junto al resto de asociaciones de la comunidad valenciana, a través de la mesa con el intrusismo, ha abierto una nueva vía judicial que puede ser decisiva en la lucha del sector contra las nuevas plataformas que quieren destruir el taxi.
El alto tribunal admite a trámite el recurso de casación de la Generalitat Valenciana contra una sentencia que le obligaba a otorgar 200 licencias a Ares Capital
Uber opera en Madrid desde 2016 – REUTERS
El Tribunal Supremo está desempeñando un papel fundamental en la guerra del taxi. Muchas de las solicitudes de licencias VTC (vehículos con conductor, con las que operan Uber o Cabify) solicitadas durante los últimos años están acabando en el alto tribunal. Este ya ha concedido algunas y está previsto que en los próximos meses haga lo propio con cientos más.
Un «aluvión» que, sin embargo, podría terminar siendo distinto al planteado por las empresas que lideran el mercado. El Supremo ha comunicado a través de un auto que estudiará si «resultan posibles las solicitudes de autorizaciones masivas por una sola persona o entidad», una medida que había sido solicitada por la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) y la Federación Sindical del Taxi de Valencia.
En concreto, el alto tribunal incluye esta posibilidad, hasta ahora inédita, en un auto en el que admite el recurso planteado por la Generalitat Valenciana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Esta obligaba a conceder 200 VTC a Ares Capital, una de las empresas que posee más autorizaciones de vehículos con conductor.
Las licencias fueron solicitadas en 2013, mientras el mercado estaba liberalizado gracias a la ley Omnibús, puesta en marcha en 2009. Meses después, en el mismo 2013, el Gobierno modificó el reglamento e impuso límites a las VTC. Dos años más tarde, el Ejecutivo completó esta reforma con la inclusión en la norma de la relación de 1 VTC por cada 30 taxis.
El Supremo no entra, en su auto, a valorar si la legislación que debe imponerse es la de 2009 o la de 2013. Sí habla de que tiene «interés casacional» resolver esta cuestión, al igual que las «restricciones» aplicables si finalmente se impone la ley de 2013 o la mencionada posibilidad de frenar la concesión masiva de VTC a una sola compañía.
En un comunicado, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha recordado que la legislación vigente marca que las flotas de VTC deben de estar constituidas por un mínimo de 7 vehículos, cifra que, según el presidente de la asociación, Julio Sanz, «se aleja desmesuradamente de las 1.000 que se han llegado a solicitar en alguna ocasión por una misma entidad».
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