Las VTC deberán cumplir determinados requisitos para poder operar, como la distancia mínima respecto a aeropuertos o estaciones y una precontratación de 2 horas.
Podemos quiere que los autónomos del taxi sean servicio público de interés general
Unidas Podemos ha incluido en su ideario para las próximas elecciones una medida directamente relacionada con las licencias VTC y los autónomos del taxi. En concreto, en una propuesta visible en su página web, el partido liderado por Pablo Iglesias propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para precontratación de VTC”.
El titular no puede ser más claro, aunque después, en la redacción, no especifican cómo sería el procedimiento a seguir para convertir al colectivo en servicio público de interés general. En lo que sí hacen hincapié es recuperar autorizaciones administrativas para que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 que se refleja en el Real Decreto Ley 13/2018.
Del mismo modo, proponen que las Administraciones Públicas creen aplicaciones en la que se recoja toda la información sobre la movilidad en su ciudad, así como los mecanismos de reserva y pago de los mismos. Por supuesto, en estas ‘apps’ deberán aparecer los taxis, además del os autobuses, trenes, metro, etc.
A su vez, critican que “ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado”. Por ello proponen que se establezcan determinados requisitos temporales, espaciales y de geoposicionamiento. Entre estas condiciones estarían las dos horas de precontratación; distancia mínima respecto al pasajero, las estaciones o aeropuertos; y la obligación de mostrar a las Administraciones su posición o deambular sin hoja de ruta ni pasajeros.
Desde Podemos también quiere implementar una serie de medidas para defender los derechos de los pequeños y medianos transportistas “frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución de los grandes puertos”.
Una de estas medidas será la prohibición las prácticas de competencia desleal “basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral”. También permitir una jubilación anticipada sin penalización o la imposibilidad de la emisión de pagarés a más de 30 días.