El plan de choque del Govern se salda con 650 inspecciones, la inmovilización de 32 vehículos y la sanción a sólo nueve taxis pirata
Marc Pons se dirige a Pepa Marí durante la rueda de prensa de ayer en el Consell. LORENA PORTERO
E. RODRÍGUEZ | IBIZA El plan de choque contra el intrusismo en el transporte impulsado este verano por el Govern balear en colaboración con el Consell de Ibiza se ha saldado con la inspección de 650 vehículos, la inmovilización de 32 y la apertura de 61 expedientes por diversas infracciones con un total de 255.000 euros en sanciones.
El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, se desplazó ayer a Ibiza para dar a conocer el resultado de esta campaña especial, en la que por primera vez, desde 1998, cuando la competencia de transporte se transfirió a la institución insular, han intervenido inspectores desplazados desde Mallorca.
En total lo han hecho ocho, que, junto a los dos inspectores con los que cuenta el Consell, y con la colaboración de la Guardia Civil y las policías locales de los municipios, han llevado a cabo controles, sobre todo en la entrada y salida del aeropuerto, durante ocho días consecutivos cada mes desde mayo hasta agosto.
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El resultado de este plan de inspecciones se circunscribe exclusivamente a la actividad de los técnicos desplazados desde Mallorca, sin incluir los expedientes abiertos por los dos inspectores de Ibiza durante el resto del verano. La consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, explicó ayer que más adelante se informará del balance total de los expedientes abiertos esta temporada por el Consell, que, avanzó, superará el registrado en la pasada. «Hay una diferencia bastante grande con respecto a otros años», dijo.
De los 61 expedientes, la mayoría, 26, se corresponden con infracciones por los servicios de transporte con chófer que algunos establecimientos turísticos ofrecen sin autorización (4.001 euros de multa cada caso). Por detrás, con 21 expedientes, se sitúan la sanciones impuestas a empresas de transporte por incumplir las condiciones que marcan sus autorizaciones. También se multan con 4.001 euros.
Sólo se han impuesto nueve sanciones a lo que se conoce como taxis pirata, con una sanción de 6.000 euros para cada caso. Además, se han abierto dos expedientes por llevar a cabo transporte privado con conductor en una localización distinta a la autorizada (la Península), con una multa de 600 euros, más otros dos por el transporte de mercancías sin permiso y otra por ofrecer un servicio de transporte de nueve plazas sin la correspondiente titulación.
En este sentido, Pepa Marí destacó que se ha producido «un cambio de hábitos» en lo que se conoce como taxis pirata y que no se limitan sólo a ofrecer servicios en la salida del aeropuerto o las discotecas sino que también se hace ya a través de páginas web. «Se están especializando», indicó, al tiempo que señaló que cada vez hay más empresas de VTC (vehículos de alquiler con conductor) de la Península que se desplazan a la isla para hacer su agosto pese a que no están autorizados para ello.
La consellera calificó el balance de este plan de choque de «altamente positivo» y agregó que, aunque «no se ha erradicado» este problema, «se ha acotado como no se había conseguido nunca». Del mismo modo, el conseller Marc Pons señaló que con la actuación del Govern de este verano, que se repetirá el próximo, se ha producido «un punto de inflexión».
Críticas del PP
Por su parte, el PP tachó de «tomadura de pelo» el balance triunfalista de los dos consellers. «Nos parece un escándalo que se venda humo con los expedientes abiertos y que se anuncien los importes máximos de las sanciones cuando la tramitación no ha concluido y por tanto se desconoce su importe final. Este hecho demuestra el afán de escenificar», criticó la consellera del PP Pepa Costa a través de una nota. Recordó que sólo en 2014 se formularon 266 denuncias entre todas las administraciones de la isla (116 el Consell y 150 los ayuntamientos). También destacó que no hace falta hacer «experimentos» con inspectores de Mallorca ya que en 2012 el PP aprobó un decreto que permite actuar a los cuerpos de seguridad del Estado contra el intrusismo por su cuenta sin ir acompañados por inspectores.