A las puertas de que el Supremo dicte sentencia liberalizando (o no) las VTC, se conoce un dato muy incómodo: Cabify había solicitado 55.000 licencias a espaldas de todo el sector
“Hola taxi, hola Manuela [Carmena]. Juntos podemos hacer que la vida en Madrid sea realmente fantástica. ¿Hablamos?”. Este mensaje empapeló Madrid el pasado abril. Si paseabas por el centro, era imposible perdérselo, llegó incluso a cubrir edificios enteros con gigantescas lonas. Era lo más parecido a un anuncio del nuevo iPhone, solo que en lugar de Apple el anunciante era Cabify. La compañía lanzó una megacampaña publicitaria para pedir diálogo y proponer una tregua. Y lo hizo solo unos días antes de acudir al Tribunal Supremo para oponerse por sorpresa a una liberalización del sector, frenar la concesión de nuevas licencias y defender la polémica traba del 1/30(un máximo de una VTC por cada 30 taxis). Lo que casi nadie sabía es que, al mismo tiempo, Cabify ultimaba un plan B para hacer justo lo contrario a lo que exigía en público: solicitar 55.000 licencias VTC solo en Madrid para no quedarse atrás en caso de que el Supremo decretase una liberalización.
Fuentes consultadas por Teknautas conocedoras de las licencias VTC solicitadas en los últimos meses en la Comunidad de Madrid confirman un número desbocado: un total de 120.000 permisos pedidos hasta el pasado viernes 11 de mayo. De ellos, el 45% corresponde a una sola firma: Maxi Mobility Spain, sociedad a través de la cual opera Cabify en España. Las 65.000 licencias restantes están distribuidas entre cientos de empresas de todos los tamaños. Ninguna concentra tantas peticiones como la ‘startup’ española. ¿Por qué ha solicitado semejante cantidad?
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La respuesta está en la sentencia que debe emitir próximamente el Tribunal Supremo y que puede generar aún más caos en el sector. El alto tribunal debe anular o aprobar las actuales restricciones a los coches VTC, en particular dos trabas concretas: el ratio 1/30 y la regla 80/20 (no se puede prestar más del 20% de los servicios fuera de la comunidad donde se concedió la licencia). Es una sentencia a la que ya se adelantó el Gobierno aprobando un decreto-ley de urgencia para blindar esas restricciones, proteger al taxi y, de rebote, a un puñado de inversores millonarios. Pero al plan del Ejecutivo le ha salido un enorme agujero: el decreto-ley no es retroactivo y, de anular el Supremo las trabas, habría un periodo de casi tres años (entre noviembre de 2015 y mayo de 2018) en el que todas las licencias solicitadas quedarían aprobadas.
Durante las últimas semanas, antes de la ratificación definitiva en el Congreso del decreto-ley el pasado día 10, se ha producido una avalancha brutal de peticiones en todas las CCAA, pero en especial en Madrid y Barcelona. Hace un mes, se estimaba que en toda España se habían solicitado 30.000 permisos. Las últimas cifras señalan un incremento espectacular: solo en Madrid hay confirmadas 120.000 peticiones. De ellas, las mencionadas 55.000 corresponden a Cabify. Y son estas últimas las que han caído como una bomba.
Fuentes del sector cercanas a Fomento aseguran que este movimiento por parte de la compañía española ha sentado como una bofetada en el seno del ministerio. “Están cabreadísimos. ¿Cómo se explica que la empresa que ha abanderado el acercamiento de posturas, ha apostado por trabajar junto al taxi, por apoyar al Gobierno en defender el 1/30 decida de repente de forma totalmente opaca, sin que nadie lo sepa, sin hacerlo público y antes de que se cierre el grifo con el decreto-ley, pedir 55.000 licencias VTC e ir contra todo lo que defendía en público? Han ocultado información clave, es una estafa a la opinión pública”, explican.
Es la doble moral de una empresa que por un lado tiende la mano al taxi y por otro lo hace saltar por los aires pidiendo 55.000 licencias
Desde las asociaciones del taxi aseguran estar igual de perplejos por el nuevo giro en la estrategia de Cabify. “Es la doble moral y la falsedad de una empresa que por un lado dice operar desde la legalidad y por otro instruye a sus conductores en cómo saltarse las inspecciones policiales; por un lado empapela Madrid con anuncios de ‘¡Hola Carmena!’, tiende la mano al taxi y defiende en el Supremo el ratio de 1/30, y por otro lo hace saltar por los aires solicitando 55.000 licencias. Si se las conceden, será un palo tanto al taxi como a las propias VTC, su valor se desplomaría”, explica Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi y una de las partes que negociaron con el Gobierno el polémico decreto-ley para blindar al taxi.
Consultada por este diario, Cabify ni confirma ni desmiente la solicitud de las 55.000 licencias. “Nuestro objetivo no es acabar con los servicios tradicionales, sino ofrecer opciones complementarias”, señala un portavoz. “Consideramos prudente esperar a la decisión del Tribunal Supremo para poder interpretar cuál será la situación final planteada y el contexto de mercado, y de esta forma clarificar las decisiones estratégicas tomadas como compañía en base a ese contexto”, añade.
Fuentes cercanas a la empresa conocedoras de su estrategia interna no solo confirman la petición de las 55.000 licencias sino que aseguran que hay un gran malestar entre la alta dirección por la filtración de la información. “Son datos confidenciales que solo conoce la Comunidad de Madrid y no deberían haber salido a la luz”. Estas mismas fuentes señalan que el movimiento responde solo a una necesidad de estar preparados en caso de producirse una liberalización. ¿Por qué no ser transparente entonces sin jugar a dos bazas, una de ellas bajo la manga? “Es pura estrategia empresarial y, como tal, es confidencial. No se pueden desvelar estas decisiones”.
Para Miguel Ángel Leal, de Fedetaxi, la decisión de Cabify no solo “responde a una agenda oculta” sino que además “supone una estafa a las empresas e inversores que compraron con antelación licencias a Cabify“, señala. “Ellos lo niegan, pero tenían participaciones accionariales en decenas de sociedades. Compraron las licencias al precio administrativo, 36 euros, y las vendieron a un precio mucho mayor, por decenas de miles de euros, y encima con exigencia de trabajar de forma exclusiva para ellos. Imagina la cara que se les queda a esos inversores que saben que la misma empresa que les ha vendido licencias por un dineral ahora ha solicitado otras 55.000 que pueden derrumbar el valor de su inversión. Si fuera ellos, iniciaría ahora mismo acciones legales contra Cabify”, explica.
Puede que no lo necesiten. Si el Supremo finalmente no tumba en su sentencia el ratio 1/30 o no se pronuncia sobre ello, todo quedará como está y Cabify respirará aliviado. Pero si declara el 1/30 contrario a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, abrirá la puerta a cientos de miles de nuevas licencias VTC y a un escenario en el que Uber, con todo su poderío económico, tendría vía libre para barrer a Cabify. ¿Ocurrirá? La última palabra la tiene ahora el Supremo.