El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto para liberar el tráfico ferroviario en España y, en concreto, la línea de Alta Velocidad que conecta Alicante con Madrid, donde podrán entrar operadores privados a partir del 31 de diciembre de 2020. Previamente deberán haber obtenido al certificación del Ministerio de Fomento. La empresa pública Renfeseguirá ofreciendo, no obstante, servicio, en principio, hasta 2030, por lo que habrá unos años en que se combinarán el tráfico público y el privado con lo que se establecerá una competencia en precio y servicios.
Más de una decena de compañías privadas entre las que figuran constructoras y grupos de transporte en autobús tienen ya licencia de operador ferroviario y están a la espera de que se abra este mercado. En concreto, el grupo Planeta, Globalia, las constructoras ACS, Ferrovial, Acciona y Comsa, y las empresas de transporte en autobús Alsa y Arriva-DB figuran entre las firmas que llevan años interesadas en convertirse en operadores y en entrar a competir con Renfe en transporte de viajeros en tren.
A partir del 31 de diciembre de 2020, cualquier empresa que disponga de la licencia de empresa ferroviaria y del certificado de seguridad, que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y haya solicitado el uso de la infraestructura ferroviaria al administrador de infraestructuras, podrá prestar servicios en competencia con Renfe.
Esta fecha no afecta a los servicios sometidos a Obligación de Servicio Público, que abarcan las Cercanías, Media Distancia y AVANT. La normativa europea permite a los Estados Miembros optar porque los servicios OSP no sean licitados obligatoriamente hasta 2023, período que puede ampliarse si existe un contrato vigente a dicha fecha.
Teniendo en cuenta esta posibilidad, el Real Decreto-ley ha optado por un enfoque prudente dentro de los servicios sometidos a Obligación de Servicio Público, asegurando que Renfe siga prestando estos servicios hasta la finalización del contrato firmado recientemente con Renfe, que prevé una vigencia mínima de 10 años, ampliable cinco más.
De este modo se evita someter a las incertidumbres propias de un proceso de liberalización inédito en nuestro país a servicios esenciales para la sociedad y permite por otro lado asegurar la continuidad en su prestación, una planificación a largo plazo del servicio y la ejecución de las inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad al ciudadano.
Además, el Real Decreto-ley completa y aclara el marco normativo actual, de forma que establece las bases jurídicas que regirán la futura competencia de Renfe y las nuevas empresas ferroviarias. En este sentido, se refuerzan los requisitos de independencia y transparencia de los administradores de infraestructuras ferroviarias frente a las empresas ferroviarias que operen en la red.
De este modo se realiza la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico del llamado “cuarto paquete ferroviario” de la Unión Europea, y se completa la de paquetes anteriores que requería de determinadas aclaraciones del entorno normativo.
El texto completa y aclara el marco normativo actual, de forma que establece las bases jurídicas que regirán la futura competencia de Renfe y las nuevas empresas ferroviarias.
Asimismo, refuerza los requisitos de independencia y transparencia de los administradores de infraestructuras ferroviaria, según la nota de Prensa hecha pública por el Gobierno.
Artículo original:https://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/12/21/gobierno-aprueba-decreto-privatizar-ave/2100280.html