Un vehículo de transporte con conductor circulando por las calles de la capital. VÍCTOR SAINZ
Los vehículos de transportes con conductor (VTC) sólo podrán circular en la capital 16 horas al día y durante cinco días a la semana. Así lo recoge la ordenanza reguladora de este servicio que va a aprobar hoy inicialmente la junta de gobierno del Ayuntamiento. Esta norma limita el kilometraje que podrán hacer estos automóviles sin ocupar en función del distintivo ambiental de la DGT y además los conductores no podrán recoger o bajar a clientes en los carriles bus. Las aplicaciones de estos servicios impedirán esta posibilidad.
La nueva ordenanza aplica la misma regulación que la del sector del taxi y limita los tiempos de actividad en la ciudad para equipararlos. Eso sí, no habrá limitación horaria ni de calendario para los vehículos adaptados para las sillas de ruedas. Estas prohibiciones se podrán suspender por acontecimientos importantes como el Orgullo gay o en fechas especiales, como ya ocurre en las Navidades.
Otra de las limitaciones de la ordenanza es que las VTC no podrán parar ni estacionar a menos de 100 metros de las estaciones, el aeropuerto y los intercambiadores de transportes. La bajada y subida de viajeros se hará en los recintos de los aparcamientos públicos de rotación u otros similares. Esta prohibición no se aplicará para los automóviles que trasladen a personas en sillas de ruedas.
Los vehículos con más de 10 de antigüedad no podrán dedicarse a VTC, salvo que tengan la categoría de históricos. Existen dos excepciones. Una, aquellos automóviles que tengan la calificación medioambiental de cero emisiones de la DGT y que ya estén prestando servicio o se adscriban al servicio antes de final de 2020 podrán prestar servicio durante 14 años. Dos, los que estén adaptados para sillas de ruedas podrán estar en servicio 12 años.
Una novedad de la ordenanza es que los VTC tendrán limitada su circulación sin pasajeros en función de su distintivo mediambiental. Los que tengan el disco con la letra A sólo podrán hacer un 25% de su kilometraje sin viajeros. Si disponen del B, sube hasta el 35% y para el C, un 50%. Los ECO llegan hasta el 65%. Todo ello podrá comprobarse, al igual que las horas de trabajo, gracias al cuentakilómetros y a las aplicaciones de los vehículos, que registran todos los movimientos y clientes.
Entrada o salida de Madrid
La norma se aplicará a los vehículos que tengan salida o llegada en la capital. Las normas de parada y estacionamientos sí se aplican a todos los VTC, con independencia de su origen y destino. El Ayuntamiento creará un registro municipal de autorizaciones de VTC que trabajen en la capital. En él constarán los datos de los titulares y de los vehículos, las autorizaciones concedidas y la transmisión de las mismas, entre otros datos. La ordenanza se publicará ahora en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tras lo cual se abrirá un periodo de alegaciones de un mes. Eso supone que su aprobación definitiva ya corresponderá a la próxima Corporación que salga de las elecciones del próximo 26 de mayo.
Fuentes municipales han destacado que la aprobación de la norma pretende paliar los efectos negativos que han supuesto los VTC en la fluidez del tráfico, con el consiguiente aumento de la contaminación, y permitir que este sector pueda convivir con el del taxi. También se busca regular los derechos que tienen los viajeros, lo que incluye la obligación de que lleven hojas de reclamación y su personal vaya perfectamente aseado.
Ha llegado el momento que muchos esperan desde hace años. Y ahora los analistas lo aguardan con recelo. Este viernes, Uber se estrena en Wall Street a unos 50 dólares por acción, pero la estela bajista que le marca Lyft, su gran rival, y los máximos históricos con los que coquetean varios índices neoyorquinos amenazan lluvia para la puesta de largo.
A pesar del entusiasmo que meses atrás se había generado en torno a la salida a bolsa de Uber, la euforia se ha ido apagando conforme los trabajos previos al debut se han ido completando. Los argumentos a favor de apostar por un negocio con un alto potencial de expansión han dejado paso a las advertencias de los posibles riesgos de sobrevaloración en vísperas del debut. Un cambio de discurso que resulta en que los analistas recomiendan, y casi al unísono, no subirse al primer viaje de la firma en Wall Street.
Un viaje para el que prevén curvas de vértigo. Especialmente después del mal desempeño que Lyft se ha apuntado en su primer mes en el mercado. La compañía ha perdido ya más de un 20% desde su estreno y las cuentas de su primer trimestre fiscal auguran más cancha para el descenso de sus acciones, que han pasado de los 72 a los 56 dólares. Hasta marzo, la gran competidora de Uber ha perdido nada menos que 1.140 millones de dólares a pesar de haber casi duplicado ingresos.
Sin embargo, Aitor Méndez, analista de IG, comenta que este mal trago es habitual en los ‘unicornios’ tecnológicos tras su estreno bursátil. Y es que, precisamente este primer balance suele estar “muy penalizado por la compensación en acciones al personal de la compañía” y los costes asociados al propio proceso previo al debut. El alivio viene, explica el experto, del hecho de que Brian Roberts, director financiero de Lyft, ha apuntado que a partir de 2020 comenzarán a avanzar por la senda de la rentabilidad.
UNICORNIO, SÍ; PERO MÁS DIVERSIFICADO
Una rentabilidad de la que Uber está lejos todavía, pues acaba de anunciar pérdidas de más de 3.000 millones en el ejercicio pasado. Son las mismas que llevan a Gisela Turazzini, consejera delegada de Blackbird, a calificar de “absurda” la valoración de hasta 100.000 millones de dólares a la que aspira la compañía de coches con conductor. “Ningún empresario regala el esfuerzo de arrancar una compañía”, explica para justificar su opinión de “mantenerse al margen” de una firma que en su cotización ya está descontando un escenario futuro en el que logra “terminar con los taxis”.
La opinión es compartida con Clement Thibault, analista sénior de Investing.com, que considera que a tenor de las difusas cifras de negocio que hasta el momento ha ido aportando Uber y del desplome acumulado por Lyft, “los 100.000 millones nos parecen una cifra demasiado ambiciosa para un punto de entrada adecuado”.Además, recuerda que en las empresas enfocadas al crecimiento “los inversores se muestran rápidamente insatisfechos cuando el crecimiento empieza a reducirse o cuando las pérdidas empiezan a acumularse”. Y la compañía que este viernes debuta en Nueva York “está muy cerca de cumplir ambas premisas”.
Aunque a Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, le parece que la valoración actual es “más justa” que los 120.000 millones de los que se llegó a hablar hace meses, “nada nos invita a pensar que en el corto plazo veamos una gran revalorización de la acción”. Más adelante, el foco lo sitúa en su división de coches autónomos, que “es la parte que más ha llamado la atención de los inversores” tanto por su potencial como por el fuerte ahorro que le supondría no tener conductores a los que pagar por su trabajo, y en “acertada estrategia” de diversificación hacia el reparto de comida y la logística con sus divisiones Uber Eats y Uber Freight.
Este punto de la valoración también es importante para los analistas de Bank of America, que en un reciente informe señalan que solo las cinco salidas a bolsa de compañías tecnológicas previstas para este segundo trimestre del año en Wall Street persiguen una capitalización de más de 150.000 millones de dólares. Una cifra superior a lo que suma todo el sector tecnológico de la Bolsa de Fráncfort, meca financiera de la Europa Continental.
UN VALOR DE RÉCORD EN UNA SEMANA DE RÉCORD
Son varios los analistas que apuntan a que este factor ya podría amenazar de empacho por sí solo a los potenciales inversores de Uber. Pero en este mismo terreno aparece otro bache: nunca antes desde 2015 se había producido una semana tan intensa de estrenos en el parqué estadounidense como esta. Hasta 15 compañías habrán debutado en la meca mundial de las finanzas cuando le llegue el turno a una operación que, de momento, se plantea como la más voluminosa desde Alibaba en 2014 y la mayor de una firma estadounidense desde Facebook en el año 2012.
Estas dimensiones han sido posibles gracias a que, como señala Ignacio Serrats, analista de XTB, el estreno se produce con varios índices -incluido el tecnológico Nasdaq– a un paso de sus máximos históricos. “Un escenario muy positivo para la compañía, pero no tanto para el inversor, ya que es previsible mucha volatilidad y que corrija desde su precio de colocación”, apunta. Más allá del consejo de esperar a que pasen las turbulencias del estreno, el analista considera que la clave estará en que Uber “consiga mantener un ritmo de incremento para sus ingresos superior al de sus costes”, la única vía para que en una apuesta decidida por el crecimiento deje de “quemar capital”.
«Mayo es un mes caracterizado por sufrir caídas generalizadas y los inversores de las tecnológicas se muestran rápidamente insatisfechos cuando las pérdidas se acumulan»
Para los gestores de Value Tree, “Uber es una compañía que tiene que demostrar mucho” para hacer valer los números con los que se estrena, así que prefieren optar también por la cautela en sus primeros compases como cotizada. Miguel Ángel Ruiz, analista colaborador de ActivTrades, también opta por “actuar en modo espectador” y esperar a que tras las primeras fluctuaciones se produzcan eventuales “ventanas de acceso”.
En su opinión, el dilema está entre valorar que el negocio de Uber es más diversificado y sólido que el de Lyft y, por tanto, “no tiene por qué cumplirse el mismo patrón” o considerar que a la estela de su competidor se le suma el que “mayo es un mes caracterizado históricamente por sufrir caídas generalizadas”. El principal salvavidas es que la candidata al estreno este viernes ha rebajado ya a la parte baja de su horquilla de precios el valor al que definitivamente debutará, mientras que su rival arriesgó por lo alto en plena incertidumbre del mercado ante el desenlace de una guerra comercial que ahora vuelve a resurgir.
Trato hecho. La empresa conjunta entre los grupos BMW y Daimler para servicios de movilidad, incluido el uso compartido de automóviles de DriveNow y car2go, también ha superado el último obstáculo administrativo.
La autorización de las autoridades antimonopolio de EE.UU. dió luz verde prácticamente un mes después de la autorización de la Comisión Europea y 9 meses después del anuncio oficial de la operación, que tuvo lugar el pasado mes de marzo y fue precedido por una serie de rumores.
Con las respectivas plataformas, los dos fabricantes alemanes ya tienen 43 millones de clientes en el mundo y 20.000 automoviles compartidos distribuidos en 30 grandes ciudades.
Daimler AG y BMW Group acordaron oficialmente fusionar sus servicios de movilidad urbana en una sola compañía controladora en marzo de 2018 con una participación del 50 por ciento cada uno.
LA FUSIÓN
Ahora, quieren unificar sus servicios en cinco categorías creando cinco empresas conjuntas: Reach Now, Charge Now, Park Now, Free Now y Share Now.
Ambos fabricantes de automóviles planean invertir 1.000 millones para fomentar estos servicios de movilidad urbana en los próximos años. Ya hay 60 millones de personas que utilizan uno de los 14 servicios disponibles actualmente.
Vamos a repasar los detalles. Free Now es el nombre de la compañía de viajes, que incluye mytaxi, Kapten, Clever Taxi y Beat. Esos servicios combinados operan en 130 ciudades en 17 países. Hive, una nueva compañía de e-scooter, también es parte de Free Now.
MYTAXI
La empresa mytaxi ya envió un correo electrónico a sus clientes diciendo que la compañía cambiará el nombre de su servicio a Free Now.
También informó a los taxistas asociados a la app que encarecerá las comisiones de los servicios.
El problema de mytaxi radica principalmente en su base de datos. Los clientes afines al taxi que usan la app, serán captados por mytaxi.
Recordemos también que FACUA-Consumidores en Acción instó a la multinacional alemana a que corrijiese una serie de condiciones contractuales que considera contrarias a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios.
Asimismo, un tribunal de Frankfurt declaró ilegales por “competencia desleal” los agresivos descuentos de la aplicación.
DUMPING
Según denunció Elite Taxi, la empresa incurre en la práctica conocida como dumping, prohibida a nivel internacional en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio firmado en 1947. Consiste en “vender un producto por debajo de su precio, incluso por debajo de su coste de producción, con el fin de eliminar empresas competidoras y apoderarse del mercado”.
LAS OTRAS MARCAS
No está claro qué va a pasar con las otras marcas. Chauffeur-Privé recientemente cambió su nombre a Kapten, por lo que parece que las aplicaciones y los servicios no se fusionarán de la noche a la mañana.
Charge Now ya existe y es una red de puntos de carga públicos para automóviles eléctricos. También proporciona un servicio de etiqueta blanca para los fabricantes de automóviles. Así que nada está cambiando allí.
Park Now combina un servicio existente llamado ParkNow (lo sé, es confuso), ParkMobile, RingGo y Park-line. Como los nombres sugieren, todos ellos operan servicios de estacionamiento.
Share Now tiene que ver con servicios de flotas. Daimler y BMW tenían cada uno su propio servicio, DriveNow y Car2Go; ahora están bajo el mismo techo.
Responderá a la empresa que se comprometió en julio a trasladar su domicilio fiscal a España. La compañía acusó a Pablo Iglesias de mentir en el debate de Atresmedia
photo_cameraPablo Iglesias, en la plaza del Reina Sofía.
Hace una semana, Cabify emitió un inusual comunicado en el que acusaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mentir en el debate televisado por Atresmedia al atribuirle que no pagaba sus impuestos en España. Ahora, la formación morada prepara la respuesta a la multinacional.
“La empresa española cumple al 100% con sus obligaciones fiscales en España y paga el 100% de los impuestos que genera su actividad en nuestro país”, aseguró la multinacional en el comunicado.
La empresa llamó a Iglesias a la responsabilidad: “Cabify considera que sería un signo de responsabilidad pública e iría en beneficio del emprendimiento y la economía nacional evitar declaraciones que no se ajusten a la realidad de una empresa que es un referente en el ecosistema emprendedor español, como Cabify, ya que si se hace se estaría cuestionando al propio emprendimiento español y su imprescindible aportación a la sostenibilidad de la economía nacional”.
Cabify lamentó “las dudas generadas” por Iglesias y aseguró que “las aportaciones estimadas a las arcas públicas en 2018 por la actividad generada en España por Cabify fue de 40 millones de euros”. “A título individual, la aportación de Cabify para el mismo periodo asciende a 8 millones de euros (IVA, IRPF y cotizaciones)”, añadió.
Podemos prepara la respuesta
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la dirección de Podemos, Pablo Iglesias no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad para volver a cargar contra la compañía y reiterar el mensaje que ha mantenido en los últimos meses.
La cúpula de la formación prepara un contundente comunicado similar al que lanzó el pasado mes de julio, en plena guerra con el sector del taxi, y en respuesta a otra carta de uno de los fundadores de Cabify, Juan de Antonio.
“Vuestra sede sigue en Delaware”
Según las fuentes consultadas, el eje central del documento de respuesta que prepara Podemos será reprochar que, nueve meses después, la sede de Cabify siga en Delaware y de que utilice técnicas de elusión fiscal para pagar menos impuestos en España.
Le afeará también que intente “censurar” la opinión de Podemos sobre el negocio que desarrollan las empresas de VTC. Y mostrará su asombro porque una multinacional con sede en un paraíso fiscal considere que puede impedir expresar su postura a una fuerza política que representa a casi cuatro millones de personas.
Cabify se comprometió a trasladar su sede
Pese a las explicaciones ofrecidas por la compañía, lo cierto es que Cabify mantiene efectivamente su matriz en Delaware, un territorio en Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal de facto por su ventajoso sistema tributario.
El pasado mes de julio, en la primera gran batalla de la guerra del taxi, Cabify se comprometió a trasladar a España su sede fiscal, algo que todavía no ha sucedido. “Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal. Es algo que ya teníamos previsto, pero que hemos querido adelantar para cerrar de una vez esta discusión”, explicó entonces en una entrevista a El Independiente, Mariano Silveyra, country manager en España.
El directivo de Cabify ya advirtió de que este cambio es “complejo y lleva su tiempo”, pero el partido de Pablo Iglesias le recordará ahora que ya han pasado nueve meses desde aquellas palabras y todavía no se ha completado el traslado.
El principal atractivo de Delaware es que concede una exención de impuestos para todas las compañías que coloquen entre sus fronteras su residencia fiscal, sin importar su procedencia, siempre y cuando no operen dentro de su territorio. Es decir, una empresa española podría establecerse allí y ahorrarse los impuestos siempre y cuando su actividad se limite a nuestro país.
Un enfrentamiento que viene de lejos
Podemos y Cabify mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento a costa de la actividad de la empresa de coches de alquiler con conductor. La firma defiende que tributa en España y que cumple con todos los requisitos legales, mientras la formación política la acusa de elusión fiscal y explotación a sus trabajadores.
Tanto Iglesias como otros líderes de Podemos, entre ellos la portavoz y número dos, Irene Montero, el portavoz de la Comisión de Fomento, Rafa Mayoral, el secretario de Organización y Programa, Pablo Echenique, o el fundador y ex dirigente Juan Carlos Monedero, se han mostrado siempre públicamente a favor del sector del taxi.
Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) para transporte de viajeros con conductor, advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a «papel mojado», literalmente, dentro de cuatro años cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular al sector. El Pleno del Congreso decidirá el jueves si convalida o deroga el Real Decreto Ley.
El despacho considera que limitar la validez de estas autorizaciones para sacarlas de los trayectos urbanos -que quedarán limitados a los taxistas salvo que ayuntamientos y CCAA utilicen sus nuevas competencias para aprobar nuevas licencias- supone una «expropiación encubierta» por parte del Gobierno, ya que el 90% del uso de las actuales autorizaciones es utilizada hoy para realizar recorridos dentro de una misma ciudad bajo plataformas digitales como Uber y Cabify.PUBLICIDAD
En este sentido, el informe advierte del daño que genera esta medida sobre la seguridad jurídica del país. «Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio de las mismas para el que fueron solicitadas, éstas se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero», avisa el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Esta conclusión supone un auténtico mazazo para sus actuales propietarios que amenaza cualquier proyecto de futuro de las compañías. Algunas como Cabify, que combina la titularidad de autorizaciones con el desarrollo de su plataforma digital, estaban incluso sondeando su salida a Bolsa el próximo año.
Nueva normativa
La nueva normativa de Fomento supone hoy por hoy una gran victoria de los taxistas al poner fecha de caducidad a sus rivales sobre el asfalto. No obstante, el decreto deja a modo de «indemnización en especie» un plazo de cuatro años para que los actuales titulares de VTC recuperen sus inversiones.
El plan de estos grupos es aprovechar este tiempo para crecer y extenderse por nuevas ciudades de la geografía española, casi duplicando el número de vehículos que tienen ahora mismo en operación. Uber, por ejemplo, prepara su desembarco en Bilbao y Valencia de la mano de Moove, propietaria de miles de autorizaciones. No obstante, entes locales y autonómicos ya pueden regular sus condiciones de circulación y contratación para aproximarlas a la de los taxistas en lo que se refiere a horarios, características de los vehículos…
Las empresas ya están analizando las vías para hacer llegar al ministro José Luis Ábalos sus reclamaciones por vía administrativa, en las que se argumenta que el plazo dado es insuficiente y reclaman una prórroga adicional de dos años que viene estipulada en el decreto. Si Fomento rechaza el nuevo plazo o no se pronuncia, las empresas podrán acudir a la vía judicial.
Indemnizaciones
«El sistema indemnizatorio previsto parece muy alejado del poder establecer un verdadero equilibrio entre los daños provocados por la expropiación y la indemnización planteada. En ningún caso podrá alcanzar el valor real de los derechos expropiados», establece Garrigues.
Este informe se suma al realizado por el abogado especializado en transporte José Andrés Díez para la patronal Unauto dentro de la ofensiva legal que pretende activar el sector de las VTC si esta semana se convalida en sede parlamentaria el real decreto-ley. El Gobierno aún no ha logrado el apoyo a su texto normativo tras anunciar hace unos días el PDeCAT que genera «enormes incertidumbres» para la Generalitat. Las regiones han pedido a Fomento un compromiso por escrito de que la habilitación competencial no supondrá una oleada de reclamaciones contra las propias autonomías para exigir una indemnización próxima a los 3.750 millones.
Ambos textos jurídicos concluyen que la nueva normativa viola varios artículos de la Constitución al no estar justificada la «urgencia y necesidad» requerida para ser tramitado por la figura del real decreto-ley. Además, insisten, supone una «modificación encubierta» del régimen competencial de las autonomías, por lo que debería haber sido tramitado como ley orgánica.
El sector está buscando apoyos entre los grupos parlamentarias y las comunidades autónomas para lograr un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes del sector creen que la vía más favorable para tratar de torpedear la nueva regulación se producirá por la consulta de un tribunal ordinario al Constitucional.
Fomento denuncia a 2.256 VTC dentro de un plan de inspección
El nuevo Plan se centra en las infracciones más recurrentes, después de que uno de cada dos vehículos resultaran sancionados en 2018
Los servicios de Inspección de Castilla y León y la Guardia Civil cuentan ya con más herramientas para redoblar los controles sobre los VTC y combatir la competencia desleal con el taxi. Para ello, existe un sistema electrónico que permite conocer los servicios contratados y comprobar si respetan la regla que les obliga a realizar el 80 por ciento de su trabajo en la comunidad en la que recibieron la autorización.
De esta forma, los servicios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incorporan un nuevo sistema informático, habilitado por el Ministerio de Fomento, para la consulta de las comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. Esta medida, dependiente de la Dirección General de Transporte Terrestre, persigue facilitar el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios VTC mediante un registro electrónico.
De este modo, cualquier VTC demandado deberá dejar rastro mediante una comunicación a este registro, lo que permitirá consultar los datos del servicio. Para ello, existen dos formas de acceso, una a través de una aplicación web disponible en el portal del Ministerio de Fomento y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.
En ese sentido, este registro VTC permite a los órganos de control de la Junta la consulta y el control tanto de la contratación previa al inicio de los servicios, como de la regla de la habitualidad, según la cual el 80 por ciento de los servicios VTC deben ser prestados en la comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización. Este avance tecnológico se suman a otros como el procedimiento sancionador por vía telemática o el pago con tarjeta en controles en carreteras, actualmente en pruebas o el sistema de control biométrico para los cursos de Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Igualmente, también ha incorporado ‘tablets’ en los controles en carretera, la implantación de revisiones por vía telemática o la conexión con las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social.
El nuevo Plan de Inspección de Transporte por Carretera pivota sobre 19 líneas de actuación,que en el caso de las mercancías se centra en el peso, las cooperativas de trabajo, los productos peligrosos y los profesionales no residentes. En el caso de los viajeros tendrán en cuenta el cumplimiento de las condiciones de concesiones, el transporte escolar y los servicios VTC.
También pondrán especial énfasis en la vigilancia sobre los tiempos de conducción y descanso, las manipulaciones del tacógrafo y el limitador de velocidad o la formación de los conductores.
Sanciones
Las nuevas acciones parten de las 37.625 inspecciones realizadas, que dieron lugar a 18.558 sanciones. De ellas, la mayoría se interpusieron en los controles de carretera con 35.424 vehículos, a las que se sumaron 656 visitas a empresas con 1.841 vehículos. Además, se vigilaron 28.690 vehículos de transporte de mercancías y 2.728 de viajeros con autorización nacional, mientras que entre los internacionales, se actuó sobre 5.468 de mercancías y 109 de viajeros.
En la provincia de Ávila se controlaron 2.844 vehículos; en Burgos, 2.874; en León, 4.891; en Palencia, 3.989; en Salamanca, 5.507; en Segovia, 3.529; en Soria, 4.987; en Valladolid, 3.787, y en Zamora, 4.857.
Respecto a las denuncias encabeza el ranking de 2018 Soria con 3.188, seguida de León con 2.966; Zamora, con 2.264 y Valladolid, con 2.256. Menor número se contabilizaron en Ávila (1.239), Burgos (1.263), Palencia (1.997), Salamanca (1.893) y Segovia (1.492). Además, se registraron 1.181 inmovilizaciones, de las que 476 se dieron en Palencia, 128 en Valladolid y 108, en Zamora.
En relación a los tipos de infracciones, los tiempos de conducción y descanso motivaron el 71,76 por ciento de las denuncias, con 13.318, a las que siguieron las interpuestas por excesos de peso, con 2.330, que supusieron el 12,55 por ciento. Además, las referidas a la autorización para el transporte dieron lugar a 1.890, un 10,18 por ciento. A ellas se suman las centras en la carencia y manipulación del tacógrafo, con 845, un 4,5 por ciento.
En las campañas especiales, destaca la referida al transporte escolar en la que se controlaron 538 vehículos, de los que 147 resultaron denunciados. Además, en relación al transporte integrado -escolar y general-, se realizaron 204 sobre otras tantas rutas, con 3.272 pasajeros. Tan solo se pusieron ocho sanciones.
Finalmente, sobre las VTC, se controlaron 25 centros de afluencia masiva, donde se formularon dos denuncias. Además, se inspeccionaron a 50 empresas, lo que supuso un control de 296 vehículos, de 4.73 contratos/hojas de ruta, con tres sanciones.
El PP derogará el «Decreto Ábalos», que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.,Esta derogación tiene como objetivo garantizar «la libertad de elección del usuario» e incrementar «las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad», según el programa electoral de
Agencia EFE
Tiempo de lectura: 1′ 08 abr 2019 – 13:56 Actualizado 13:57
El PP derogará el «Decreto Ábalos», que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.
Esta derogación tiene como objetivo garantizar «la libertad de elección del usuario» e incrementar «las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad», según el programa electoral del PP que ha trascendido este lunes.
El Partido Popular se refiere al real decreto del Ministerio de Fomento por el que se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de VTC, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre y que pretendía garantizar un equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis, dada la conflictividad registrada por entonces, según publicó el BOE un día antes.
Esta nueva normativa facultaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, en los que se incluyen Uber y Cabify, con un régimen transitorio de cuatro años.
El PP ha incluido en el punto 315 de su programa electoral derogar este decreto, con el fin de poner «al ciudadanos y su libertad de elección como eje».
La derogación de este decreto se enmarca en el «modelo de ciudad abierto» que propone el PP en su programa, en el que «se aprovechen todas las posibilidades que brinda la tecnología para transformar los municipios en mejores lugares para vivir».
Este real decreto se aprobó a raíz de las movilizaciones que emprendió el sector del taxi que pretendían limitar la actividad de las VTC.
Uno de los mayores tenedores de licencias VTC vende sus permisos a Cabify a cambio de entrar en el accionariado
Pelotazo de Cabify y Rosauro Varo con las VTC: venta de licencias por 30 millones
Operación trascendental de Cabify en el mundo de las VTC. Para reforzar su apuesta en el sector, la compañía de movilidad ha alcanzado un acuerdo con GAT Inversiones por el que Cabify integra el 100% de Vector Ronda Teleport en su estructura y, además, refuerza su accionariado con GAT Inversiones, una compañía comprometida con la movilidad y la tecnología.
Con esta operación, Cabify «redobla su firme compromiso a largo plazo por encontrar soluciones de movilidad en España». Esta apuesta pasa, según la compañía dirigida por Juan de Antonio Rubio, por integrar distintas alternativas, desde las VTC a los taxis, así como otras fórmulas de movilidad urbana.
Ambas compañías han explicado en un comunicado que «esta integración significa un nuevo impulso a la actividad del sector VTC y, especialmente en Barcelona, representa el punto de partida a la recuperación de una forma paulatina de gran parte de los empleos perdidos tras el decreto de la Generalitat para restringir la actividad de las VTC».
Varo suma una inversión total de 37 millones de euros en Cabify
El objetivo de esta alianza es que Cabify controle las licencias de Vector Ronda, del mismo modo que hace con las de Prestige and Limousine, la empresa adquirida al exjefe del taxi José Antonio Parrondo.
Vector Ronda Teleport, como compañía dedicada a la creación y gestión de flotas de vehículos de transporte con conductor (VTC), es uno de los actores principales del sector con más de 2.000 licencias de alquiler de vehículo con conductor a nivel nacional.
La clave de este acuerdo es que GAT Inversiones se convierte en un accionista relevante de Cabify, que ya opera en 12 países y 130 ciudades, donde Varo suma una inversión total de 37 millones de euros.
Rosauro Varo, un hombre clave en las VTC
Rosauro Varo, ligado a Cabify desde mucho antes de este acuerdo, es uno de los nombres propios que controla el mercado de las VTC. Conocido por vender su participación en Pepephone a MásMóvil por 158 millones, Varo entró en Vector Ronda como vicepresidente hace ya más de un año.
Allí comparte puesto en el consejo de administración con dos directivos de Cabify, entre los que está Juan Ignacio García Braschi, jefe de finanzas, además de Juan de Antonio Rubio, fundador de la compañía.
La Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha entregado este martes al sector del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) un borrador de propuestas para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, entre las que figuran la posibilidad de que los taxis realicen servicios cobrando por plaza, o crear «estaciones de VTC en el perímetro de los núcleos urbanos».
Así lo ha dado a conocer la propia Consejería en una nota en la que explica que el documento trasladado a estos sectores cuenta con casi 500 páginas y el departamento que dirige Marifrán Carazo pretende que sea «un punto de partida para la negociación entre los afectados».
El objetivo, según la Consejería de Fomento, es «alcanzar soluciones que permitan la deseada convivencia pacífica y ordenada del sector, en aras del interés general de los usuarios».
De esta manera, entre otras propuestas, la Consejería plantea «la posibilidad de que el taxi ofrezca un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados», así como «la posibilidad de realizar servicios cobrando por plaza».
También, «para propiciar el cumplimiento de la legislación española», la Junta propone «la intensificación de las labores de inspección con el incremento en un 50%, así como con el plan de choque de nuevos inspectores, que supondrá el incremento de la plantilla en un 50%».
Igualmente, para «propiciar el cumplimiento de la legislación y facilitar el control y la inspección de los servicios», desde Fomento «se propone la creación de una web de control andaluza que se nutra de la web estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca». Además, «se elaborará una instrucción para la correcta implementación de ambas webs de control».
La Junta también propone la firma de convenios de colaboración de la Administración autonómica «con los ayuntamientos que lo requieran para la formación en las labores de inspección y control de los servicios», así como «la creación de comisiones provinciales del taxi para el fomento y creación de áreas de prestación conjunta».
También desde Fomento «se propone la implantación de programas de transporte a la demanda en medio rural en todas las provincias andaluzas», así como «exigir al Estado que equipare la capacitación de los conductores VTC a la de los taxistas», y «la incorporación a la flota de las VTC al menos un 20% de vehículos ECO en empresas con más de cinco autorizaciones», además de «la adaptación de al menos un 5% de la flota a personas de movilidad reducida para aquellas empresas con más de 15 vehículos VTC».
ESTACIONES DE VTC
Respecto a la creación de estaciones VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos desde donde se atenderán los servicios, desde la Junta se explica que esta medida tiene «carácter transitorio», siendo de aplicación «durante los cuatro años establecidos en el RDL 13/2018».
Según defiende Fomento, es una medida que se encuentra «alineada con la ordenación estatal que ha propiciado el gobierno alemán, francés e italiano», y contempla que los VTC tengan que volver a dichas estaciones cuando completen sus servicios «salvo que tengan otro servicio precontratado».
La localización de las estaciones «se determinará mediante la aplicación de criterios técnicos que permitan mantener el servicio que actualmente ofrecen las VTC», según detalla la Junta, que incide en que «esta medida tiene como objetivo fundamental mantener la operatividad y efectividad del servicio VTC y, a su vez, ordenar la actividad propiciando el cumplimiento del artículo 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) en el que se establece la necesidad de precontratación del servicio y se limita la posibilidad de la circulación por la ciudad en busca de clientes».
La propuesta de la Dirección General de Movilidad «permite la utilización de las bases propias de las VTC siempre que se encuentren fuera del ámbito marcado y, para el control efectivo de la actividad, se propone la creación de una web de control andaluza que se nutra de la web estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca».
RATIOS DE TAXIS Y VTC
Desde la Consejería de Fomento apuntan que, desde 2009, con la entrada en vigor de la ley 25/2009 de 22 de diciembre –la denominada ‘Ley Omnibus’–, que propició la liberalización del sector de transporte por carretera en vehículo turismo, hasta la actualidad, con el reciente decreto ley 13/2018 de 28 de septiembre –«el llamado ‘Decreto Ábalos’–, se ha producido «un desequilibrio en el sector del transporte de viajeros en vehículos turismo debido al incumplimiento de la ratio 1/30 (relación VTC/Taxi), estando actualmente en Andalucía en una ratio 1/5 y con posibilidad de incremento debido a las autorizaciones judicializadas».
En la actualidad hay 9.403 licencias de taxi y 1.988 de VTC en Andalucía, según especifica la Junta, que concreta que, por provincias, Almería presenta un ratio 1/6 –con 87 VTC frente a 503 taxis–; Cádiz, un ratio de 1/10 –116 VTC y 1.160 taxis–; Córdoba, un ratio de 1/11 –con 68 VTC por 773 taxis–; Granada, un ratio de 1/7 –125 VTC y 861 taxis–; Huelva, un ratio de 1/4 –100 VTC por 391 taxis–; Jaén, un ratio de 1/135 –404 taxis por sólo tres VTC–; Málaga, un ratio de 1/2 –2.664 taxis y 1.256 VTC–, y Sevilla, 233 VTC por 2.287 taxis, lo que supone un ratio de 1/10.
Fomento subraya que «ha solicitado al Gobierno central, sin éxito, que propicie la ordenación y regulación del sector para evitar la disparidad de soluciones que se están planteando en el territorio nacional y que pueden dar lugar a futuras indemnizaciones que deberán soportar las arcas públicas y por ende los ciudadanos de nuestro país».
Agrega que, «dado el reducido interés del Gobierno central en resolver el conflicto», la Consejería pretende «dar respuesta al problema y propiciar el encuentro de los afectados en una solución equilibrada y consensuada».
En esa línea, la Consejería se ha reunido con los principales agentes afectados –taxis, VTC tradicionales, VTC de aplicaciones móviles, consumidores y usuarios, Agencia de la Defensa de la Competencia Andaluza y Federación Andaluza de Municipios y Provincias–, y, como se les trasladó a los representantes de los taxistas en la última reunión, en 45 días la Dirección General de Movilidad ha elaborado un estudio «pormenorizado» de la situación desarrollando ocho bloques de trabajo.
En concreto, dichos bloques son un diagnóstico de la situación actual y de las soluciones existentes en el mundo, un diagnóstico de la situación en España, la normativa reguladora en España sobre el sector del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo, análisis socioeconómico, de la oferta y de la demanda, y la posición tanto de las autoridades de la Competencia como de los usuarios y consumidores.
El borrador de propuestas entregado al sector incluye estudios que concluyen que, «con todas las Estaciones de VTC que se plantean, se cubriría al menos el 80% de las zonas urbanas en el mismo o menor tiempo que la media actual, alrededor de ocho minutos».
Con esta medida se pretende «evitar el criterio subjetivo de un intervalo de tiempo como medida de precontratación que, además de ser difícilmente controlable, es un criterio cuestionable por los tribunales, así como por las Agencias de la Competencia».
Además, según la Dirección General de Movilidad, «en el diagnóstico de la situación internacional llevado a cabo no se ha localizado dicho criterio de precontratación en ningún país del mundo».
Así, la propuesta de Movilidad «se fundamenta en hacer cumplir la legislación existente en materia de precontratación y captación de viajeros en viario público, propiciando la ordenación de la actividad», según concluye la Junta.
Rotonda de Cuatro Caminos, Santander | Foto: Google Maps
ELDIARIOCANTABRIA30/03/19
La Policía Local de Santander ha denunciado al conductor de un turismo por realizar servicios de auto-taxi con su vehículo particular, cobrando por ellos.
El conductor fue localizado a las 2.50 horas del pasado viernes en la rotonda de Cuatro Caminos e identificado y denunciado por una infracción al reglamento del servicio de taxi.
Por otra parte, durante los pasados jueves y viernes, la Policía Local auxilió a nueve personas que resultaron heridas como consecuencia de cinco accidentes de tráfico.
Entre ellos, el atropello de un camión a un peatón en la zona 30 de la calle Marcelino Sanz de Sautuola; la colisión de cuatro vehículos en la avenida Parayas, en la que resultaron heridas cinco personas; y el atropello a una persona que cruzaba por un paso de peatones de la avenida Candina por una furgoneta.
Además, se detuvo a la conductora de un turismo por negarse a realizar la prueba de alcoholemia y a otra por carecer de permiso de conducir.
En otro orden, durante las tardes y noches del jueves y del viernes, a requerimiento de los vecinos, la Policía Local estableció 14 controles y formuló 65 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.
En el mismo periodo de tiempo, también fueron denunciadas siete personas por miccionar en la vía pública en distintas calles de la ciudad; e identificadas nueve personas por tenencia de drogas.
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