Desde la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia queremos ofrecer a sus afiliados información relevante del sector, si conoce alguna noticia, suceso o evento actual o futuro que considere importante háganoslo llegar a por email.
Desde la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia queremos ofrecer a sus afiliados información relevante del sector, si conoce alguna noticia, suceso o evento actual o futuro que considere importante háganoslo llegar a por email.
El autor analiza la situación del taxi tras la propuesta de la app de liberalizar el sector.
Emilio Domínguez del Valle 16 octubre, 2019 14:47
La semana pasada la nueva cúpula de FreeNow (Daimler/BMW) se estrenaba presentando un estudio en el que aseguraba que la existencia de un número limitado de licencias de taxi supone una pérdida de 214 millones de euros para los bolsillos de los usuarios y, en consecuencia, abogaba por la completa liberalización de este servicio.
Hasta la fecha la plataforma había evitado entrar en conflicto con los taxistas. Es más, había aparentado ser su adalid, la cara amable del mundo de las plataformas digitales para los taxistas. Pero con este cambio de discurso FreeNow (indistinguible de Uber, Cabify o cualquier otra con vocación multimodal) asesta un golpe que la desenmascara en sus intenciones de monopolizar la movilidad multimodal en nuestro país.
La excusa es la tecnología, como si la sociedad tuviera que pagarla con la supresión de los servicios públicos y el paso al oligopolio de las plataformas digitales, bajo el principio de “el más grande se queda con todo el mercado”.
No obstante, la antigua Mytaxi tiene como principal inconveniente para que prospere su discurso que el citado estudio llega cinco años tarde en sus postulados. Uber, Cabify, la patronal Unauto VTC, la CNMC y el Ministerio de Economía, en época de Luis de Guindos, ya intentaron intensamente y durante cuatro años liberalizar las licencias de taxi, bien sea por vía directa o por la indirecta de liberalizar el mercado de las VTC.
Ya fueron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. 20.12.17)y el Tribunal Supremo (S.4.6.18) quienes les cerraron la puerta, ratificando el sistema de licencias limitadas. También el Consejo de Estado en varios dictámenes ofreció argumentos sobre las bondades de la gestión municipal y regulada del taxi como “servicio público de interés general” para la ciudadanía
Este sistema, además de estar amparado en las leyes vigentes y ratificado por la jurisprudencia, requeriría de un impagable proceso expropiatorio para ser revertido. Parece además que ha quedado claro que ningún taxista de España va a ceder sin contraprestación ni compensación económica el derecho legal y legítimo a su licencia municipal.
Sin embargo, para las plataformas digitales eliminar las garantías de servicio público que el sistema proporciona a los ciudadanos resulta un caramelo muy jugoso, y el dinero de FreeNow va moviendo hilos para ver si consigue reabrir el debate tanto en España como en Bruselas.
Para que triunfe el plan, de su particular “proces de liberalización”, primero deben eliminar el sistema de licencias que permanecen en manos de trabajadores autónomos en vez de en manos de sus multinacionales. Luego, arruinarlos para llevarlos a ser proveedores cautivos y en exclusiva de sus redes comerciales, fijando sus costes y los precios del servicio, para después, usurpar todos los márgenes económicos de la actividad.
Más tarde irán empaquetando sus servicios dentro de otros de carácter multimodal mediante los que el ciudadano -sí, a ese al que habían engañado diciendo que ahorraría millones si apoyaba sus plataformas- pase de usuario de servicio público a mero abonado por cuota recurrente de su oligopolio privado. Por último, no quedarían otros servicios en el mercado y la clientela cautiva sea derivada a sus futuras flotas de taxis autónomos y demás servicios enlazados.
Fin de un servicio público de interés general. Y todo esto con el impresentable aplauso y la inestimable colaboración la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que de este modo se auto-justifica y recuerda que fue quien irresponsablemente inició este discurso del presunto ahorro a los usuarios, descolgándose con un estudio de cuño propio en el que aseguraba, allá por 2016, que “la pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”. Que son 110 millones más de los 214 que ahora alega FreeNow, y prácticamente la mitad de los 603 millones de euros que aseguraba como ahorro el estudio que realizó en 2017 para Uber la consultora española AFI, sosteniendo aquel que “en un escenario de liberalización completa de las VTC, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería en un 35% sobre los precios actuales”.
El estudio que ahora presenta FreeNow, está confeccionado por aquella firma cuyo nombre se le atragantaba en la dicción a Pablo Iglesias. O sea, Price Waterhouse Coopers (PwC). La misma que tiene cuatro de sus principales directivos en España condenados por fraude fiscal, fue sancionada en la auditoría del Banco Popular, condenada por sus auditorías a AENA y al Grupo Torras, y tiene empleados condenados por filtración de los documentos del caso Luxleaks, sobre elusión fiscal.
A la vista de todo esto, que el público juzgue la última maniobra de FreeNow.
Emilio Domínguez del Valle. Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).
Debido a los cambios de normativa en las tarjetas identificativas,
informaros que proponemos hacer el cambio de la siguiente forma:
Asalariados:
Deberán
de cambiarla todas las tarjetas que todavía
sean de color naranja.
Titulares:
Todas
las tarjetas naranjas de titulares
antiguas, es decir que aún tengan arriba en la foto la Palabra titular, las
nuevas no llevan nada escrito.
Todos los compañeros que estén en situación de cambiarlas, deberán
hacerlo en la Torre 1 planta 9, Sección
de Transportes en el complejo administrativo 9 de Octubre.
Se va hacer así dado que al dar la vieja os darán la tarjeta
nueva.
Las VTC deberán cumplir determinados requisitos para poder operar, como la distancia mínima respecto a aeropuertos o estaciones y una precontratación de 2 horas.
Podemos quiere que los autónomos del taxi sean servicio público de interés general
Unidas Podemos ha incluido en su ideario para las próximas elecciones una medida directamente relacionada con las licencias VTC y los autónomos del taxi. En concreto, en una propuesta visible en su página web, el partido liderado por Pablo Iglesias propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para precontratación de VTC”.
El titular no puede ser más claro, aunque después, en la redacción, no especifican cómo sería el procedimiento a seguir para convertir al colectivo en servicio público de interés general. En lo que sí hacen hincapié es recuperar autorizaciones administrativas para que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 que se refleja en el Real Decreto Ley 13/2018.
Del mismo modo, proponen que las Administraciones Públicas creen aplicaciones en la que se recoja toda la información sobre la movilidad en su ciudad, así como los mecanismos de reserva y pago de los mismos. Por supuesto, en estas ‘apps’ deberán aparecer los taxis, además del os autobuses, trenes, metro, etc.
A su vez, critican que “ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado”. Por ello proponen que se establezcan determinados requisitos temporales, espaciales y de geoposicionamiento. Entre estas condiciones estarían las dos horas de precontratación; distancia mínima respecto al pasajero, las estaciones o aeropuertos; y la obligación de mostrar a las Administraciones su posición o deambular sin hoja de ruta ni pasajeros.
Desde Podemos también quiere implementar una serie de medidas para defender los derechos de los pequeños y medianos transportistas “frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución de los grandes puertos”.
Una de estas medidas será la prohibición las prácticas de competencia desleal “basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral”. También permitir una jubilación anticipada sin penalización o la imposibilidad de la emisión de pagarés a más de 30 días.
Más de 10.000 vehículos cortaron los principales puntos de acceso a la Ciudad de México
La protesta de los taxistas mexicanos, en el Ángel de la Independencia. HÉCTOR GUERRERO
Delante del Ángel de la Independencia, en el centro de la avenida más importante de Ciudad de México, una decena de taxistas quema los tarjetones vehiculares con sus licencias profesionales. “Estamos aquí para ponerle fin a la anarquía que han impuesto las empresas internacionales”, exclamaba Ignacio Rodríguez Mejía, portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas, que este lunes convocó una huelga nacional para pedir la inhabilitación de las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify. “Solo pedimos que cumplan la ley o que se vayan y que dejen de atentar contra la economía de los mexicanos”, dijo y desató el aplauso de conductores de todo el país, que desde la madrugada de este lunes estacionaron sus coches a todo lo largo de los carriles centrales del Paseo de la Reforma.
Más de 10.000 taxistas bloquearon varios puntos de Ciudad de México: al igual que Reforma, el barrio Santa Fe —uno de los mayores centros de negocios de la capital—, las avenidas de acceso a la capital y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional tenían el acceso restringido. Los transportistas exigieron que el Gobierno inhabilite las aplicaciones de transporte privado porque, afirman, no cumplen con los requisitos exigidos a los taxistas y sostenían que no liberarían la ciudad si no eran recibidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los líderes de los taxistas fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y, tras una reunión de cuatro horas, acordaron no realizar más bloqueos. Las autoridades mexicanas, además, se comprometieron a revisar la legalidad de las aplicaciones de transporte.
“Ahora cualquiera se sube a su carro y busca pasajero”, decía Blanca Estela Ávila, de 52 años, que es taxista en la capital hace más de 20. “Tengo todos mis papeles y el seguro al día. Le cumplo al Estado, pero ellos no cumplen con nosotros”, agregó. Para poder conducir un Uber en México se debe tener una licencia, probar la ausencia de antecedentes penales y contratar un seguro de cobertura comercial. La diferencia de fondo con los taxistas es que ellos tienen una licencia de clase B, de uso público, la misma que utilizan los conductores de patrullas o ambulancias, y el trámite de una concesión estatal que en el mercado negro se mueve por al menos 2.500 dólares. Además, desde junio de este año, los chóferes de Uber y Cabify, al igual que otras plataformas que ofrezcan servicios como entregas a domicilio, deben pagar un IVA del 8% y un impuesto sobre la renta de entre el 3% y el 9%, sin recibir prestaciones sociales.
Joaquín Camacho, de 60 años, afirmaba que las plataformas “solo ayudan a criminalizar al taxista y a hacerlo ver como inseguro”. “He trabajado honestamente más de la mitad de mi vida. Si choco, mi seguro atiende al pasajero ¿Acaso Uber te ofrece lo mismo?”, lamentaba.
En el primer semestre de 2019, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México registró 200 denuncias por asaltos cometidos por taxistas, un aumento del 159% sobre el mismo período en 2018. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue crear un registro digital y una aplicación de teléfono para que el pasajero pueda conocer los datos del conductor, emulando las plataformas internacionales. Pero solo 51.862 de los 140.000 taxis que circulan por la Ciudad de México —menos del 30 %— se inscribieron en el primer padrón, entre julio y septiembre pasados.
“Al Uber le permiten los cristales polarizados, pero a nosotros nos exigen que encendamos la luz por la noche para que el pasajero se sienta seguro. ¡Y así nos fichan los ladrones!”, se quejaba Juan Peña, conductor de 41 años. “No pienso inscribirme en otro registro, es solo una excusa para cobrarnos más impuestos”, dijo. A su lado, Iván, un conductor de 25 años, admite que conduce un coche prestado desde que tiene 19. “Me inscribiría, pero el taxi no es mío. Los compañeros sabemos que debemos adaptarnos a la tecnología, pero los Uber deberían irse, o adaptarse a la ley nacional”.
Miles de conductores siguieron la huelga en sus respectivas ciudades y cientos de otros concurrieron a la huelga en la ciudad: en el Paseo de la Reforma había taxis tanto de Ecatepec, Atizapán y Toluca, municipios del Estado de México, como representantes del sureste del país, como Tabasco, o de la costa caribeña de Quintana Roo, ambos a más de 1.000 kilómetros de la capital.
René Carmona Rosario tiene 63 años y conduce hace más de cuarenta en Toluca, la capital del Estado de México, 70 kilómetros al oeste de la capital. No quiere hablar por sus compañeros, pero afirmaba que el Estado es “incapaz de hacerle frente a las multinacionales” y que sus exigencias con los taxistas son “irreales”. Para renovar la flota de taxis del país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso subsidios de hasta 5.000 dólares para aquellos conductores con coches con una antigüedad superior a 10 años que quieran cambiarlo por un eléctrico. “¿Y después qué?”, lamentaba Carmona Rosario, “si los repuestos no se encuentran en ninguna parte”. “Mi coche tiene 20 años, pero mira que salimos de Toluca a las cinco de la mañana y llegó impecable”, sigue, “los dos ya somos viejos. Si me lo quitan, ¿qué voy a hacer?”.
Al mediodía, sobre el Paseo de la Reforma, la música seguía y los taxistas, algunos charlando en grupos, otros durmiendo agotados frente a sus volantes, continuaban la huelga. Rafael Valdez López, de 69 años, tomaba el sol apoyado en el capó de su Hyundai. “La verdad no creo que saquen a estos piratas de la ciudad”, decía mientras fumaba un cigarro, “pero ya llevamos más de cinco años con estas protestas, a esta altura no vamos a parar. Es de vida o muerte”.
La Conselleria de Movilidad permitirá pactar los precios para que el cliente conozca con antelación al viaje cuánto le costará
Una protesta de taxis en Valencia. BIEL ALIÑO
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos introduce cambios en la Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana, permitiendo por primera vez a los taxistas aplicar descuentos a la tarifa oficial que marque el taxímetro. En un intento de flexibilizar el sector para hacer frente a la competencia de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), la Conselleria de Movilidad de Arcadi España introduce la posibilidad de pactar precios a la baja.
En este sentido, la Ley de Acompañamiento contempla que «podrán prestarse servicios del taxi mediante precio pactado previamente entre los usuarios y la persona que conduce el taxi, en la forma que se determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente». Además, «durante la prestación de este tipo de servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá estar en funcionamiento durante todo el servicio con la tarifa que corresponda».PUBLICIDAD
Fuentes de la Conselleria explicaron que «el precio no lo pactará el taxista individualmente con el cliente», evitando así una guerra de precios de la que había alertado el sector del taxi. «Lo que haremos desde la Conselleria será definir las normas para determinar cómo se va a calcular el precio», insistieron las mismas fuentes. El objetivo, en todo caso, es que el cliente conozca con antelación el precio del viaje antes incluso de subirse al taxi, una ventaja con la que juegan plataformas como Uber y Cabify a través de sus aplicaciones.
De hecho, desde la Conselleria confirmaron que, tal y como reclama el sector, se está barajando la creación de una aplicación móvil.
OKDIARIO accede en exclusiva a la querella interpuesta por 2.000 taxistas contra Castellanos, Rosauro Varo, Goñi, Ortigüela y los gestores de las dos plataformas de movilidad. En ella se les acusa de múltiples delitos. La Fiscalía de la Audiencia analiza el texto en una fase preliminar.
Querella-Taxi-ECONOMIA-interior
El Ministerio Fiscal se encuentra actualmente analizando la querella interpuesta hace dos meses en la Audiencia Nacional, en la que un grupo de taxistas se querelló contra Uber, Cabify, sus responsables legales y los responsables de otra multitud de empresas de flotas de VTC (con nombres como Jaime Castellanos o Rosauro Varo) por varios delitos entre los que se incluyen estafa,administración desleal, delitos contra los derechosde los trabajadoresy la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.
La querella formaba parte de una ofensiva judicial que se completaba con una demanda civil por daños y perjuicios contra los mismos actores. Ambas fueron redactadas por el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva y presentadas bajo el liderazgo del líder taxista Tito Álvarez, que afirmaba tener el aval de más de 2.000 taxistas. A finales de junio el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional incoó diligencias penales y trasladó los hechos contenidos en la querella a la Fiscalía “para que informe sobre los mismos y, en su caso, solicite las diligencias de prueba cuya práctica considere necesaria para investigar los delitos objeto de imputación”.
La querella se presentó junto con varias periciales que comprobarían la “trama corporativa patológica” con múltiples delitos
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la querella, que ha permanecido secreta hasta el momento. En la misma se acusa a los querellados de haber construido una “trama corporativa patológica” con múltiples delitos y se alude a unos informes periciales (de Juan Lloret Villota, Manuel Tolbaños Rodríguez, Sergi Cutillas Márquez y el detective Jordi Galván Durán) que garantizarían que “la especulación en torno a las autorizaciones de VTC ha sido en los últimos años tan exorbitantemente (sic.) pronunciada en España que las mismas han alcanzado un incremento superior a mil ochocientas veces su valor originario”.
Taxis sin serlo
De las varias acusaciones de delitos que el exjuez Silva achaca a las empresas de VTC y a Uber y Cabify destaca que “hacían creer que cumplían los requisitos administrativos atinentes a la explotación de sus autorizaciones ‘como si fueran de Taxi'” y también que “han manipulado muy significativamente la libre formación de los precios de las autorizaciones en el seno del mercado uvetecista” aunque no explica cómo sospecha que pudo hacerse esta manipulación.
La querella señala que Jaime Castellanos está implicado en el caso en su calidad de propietario de Moove Cars, empresa que acumula licencias VTC. Sin embargo no concreta qué acciones habría realizado el directivo que fueran susceptibles de un ilícito penal. Por su parte, otros personajes prominentes del sector de VTC como Rosauro Varo también son mencionados en la querella sin que quede claro exactamente qué acciones llevaron a cabo, sino más bien por ser propietarios de la empresa de VTC a la que se acusa, en este caso Vector Ronda Teleport.
Según asegura el texto, “todo el castillo de naipes edificado por los uvetecistas querellados partiría de la siguiente premisa, tan ilícita como atractiva para su propósito criminal: en las ciudades españolas ya no se requiere licencia de taxi para prestar servicio de taxi”. Según indica, utilizar las licencias de VTC para hacer servicios urbanos homologables al taxi constituye en sí mismo un delito.
En este mismo texto, con una terminología poco habitual en los escritos penales, el abogado Silva califica de “chapuza legal” la economía colaborativa, a pesar de que ni Uber ni Cabify se definen como tal y sí encajarían en esta definición otras plataformas como Blablacar o Amovens.
El texto da por hecho el “propósito criminal” de los querellados, tanto Uber y Cabify como los tenedores de VTC
El uso de calificativos es muy común en este texto legal del exjuez, que asegura que “para escenificar, a nivel de marketing corporativo, esta falsa economía colaborativa, se disfrazó a muchos conductores como si de transportistas autónomos se tratase, ocultando así a los verdaderos partícipes en la trama delictiva (i), disminuyendo ostensiblemente los costes laborales (ii), estafando a los usuarios (iii), e instrumentalizando esta inmensa ventaja competitiva para arrasar ilícitamente al Taxi (iv)”.
Fuentes del mercado consultadas por este periódico aseguran que en los servicios jurídicos de Uber y de Cabify no hay gran preocupación por el recorrido que pueda tener esta querella en la Audiencia Nacional, pues están convencidos que no será aceptada debido a la escasa o nula argumentación jurídica de los delitos que presenta.
Los querellados
Estas son todas las personas incluídas en la querella contra el sector VTC.
Nicolás Guardans Bonet,Pedro del Corro García, Mark Walch David, José Luis López Schumer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos (todos ellos de Moove Cars).
Hugo Arévalo Álvarez-Arenas, Alexander Dentzel Zaryn, Marcos Fernandez Bernabé, Feliz Ruiz Hernandez, Bernardo Hernandez González, Miguel Ángel Peña Pérez, Felix Ruiz Ruiz Hernandez (Cibeles Comfort Cars).
José Maria Goñi Allet, Ángel Gutiérrez Alonso (Prestige and Limousine SL).
Juan Ignacio García Braschi (Vector y Tibus).
José Parrondo Rojo, Víctor Manuel López Menéndez, Nicolás Guardans Bonet, Manuel – Maria Puga Fernández, Rafael García Tapia Gonzalez Camino
Juan de Antonio Rubio (según la querella, en Vector), Juan Ortigüela Tellería (Ares Capital), Ramón Ortiguela Tellería.
Por último, se incluyen querellados de Uber tanto en España como en Países Bajos, la sede europea del gigante tecnológico:
Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty, Allendes Salazar Corcho, Cristina Moral Betere, Don Juan José Montero, Don Simon John Breakwell, Zachary de Kievit, Sujoy Kumar Haldar, Nial Fraser Was, Julien Pierre Jacques Cordonnier, Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty y Sébastien Serge Dupont, al que el abogado Elpidio Silva incluye en dos ocasiones con diferentes cargos.
Fuentes oficiales de Uber y Cabify han preferido no pronunciarse sobre esta querella.
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona entró en vigor en julio, agosto sirvió para informar a las empresas que a partir de septiembre se empezaría a multar.
Además, los datos que nos facilita el Instituto Metropolitano del Taxi, corresponden en la actualidad a más de 10 sanciones diarias a los vehículos VTC por inclumplimiento de la normativa vigente.
A pesar de que estos datos puedan parecer altos, la mayoría de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sobre todo los pertenecientes a la flota de Cabify, incumplen sistemáticamente la Normativa del Área Metropolitana de Barcelona.
El equipo de investigación de Timis Local News ha podido comprobar como en las principales áreas de influencia, como son las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona Josep Tarradellas, la Estación de Sants y los hoteles del centro de la ciudad, están estos vehículos estacionados sin que la Guardia Urbana actúe.
Y es que los taxistas nos advierten que hay una falta de agentes para estas cuestiones en particular, ya que aunque se hicieron en su día unos cursos de preparación a la Urbana, el número fue significativamente bajo.
LA OPERATIVA DE LOS VTC
En el video podemos comprobar los tremendos hechos ocurridos el dia 26 de septiembre en la Avenida de Vallcarca de Barcelona, cuando un vehículo de cabify estacionado en la via publica está siendo contratado con dinero en la mano por unos viandantes.
«Lo preocupante son las declaraciones que hace diciendo que lo que hace es legal por que la urbana no le dice nada, es la gota que a colmado el vaso, la administración tiene la norma en vigor desde mayo y la guardia urbana no aplica la norma dejando a las vtcs operar con total impunidad», indica un portavoz de Élite Taxi Barcelona.
«Creemos necesarias movilizaciones en los proximos dias para exigir que se cumplan las leyes que se consiguieron con el esfuerzo de muchas familias, damos la semana que viene a las administraciones de margen por si creen oportuno reunirse de urgencia con la Guardia Urbana, Mossos, Policia Local de El Prat y las asociaciones del sector».
Dejadez o falta de agentes de la Guardia Urbana para el control de los VTC
DURANTE LA CHAMPIONS COBRARON 150 EUROS POR IR AL AEROPUERTO DE BARAJAS, MIENTRAS LOS TAXIS OFICIALES MANTENÍAN EL MISMO PRECIO DE SIEMPRE, 30 EUROS
Las VTC amenazan con fijar el monopolio del transporte en las grandes ciudades
Usuario solicitando Uber
Kike Souto06 de junio de 2019Las empresas VTC aumentaron sus precios durante el primer fin de semana de junio, hasta 300 por ciento en el caso de Uber en Madrid, según denuncian muchos usuarios. La llegada de más de 70.000 fanáticos del Tottenham y Liverpool causó que las tarifas se disparasen. Uber, muy usada por los británicos. se unió a la subida generalizada de precios hasta niveles “abusivos”. El servicio madrileño del taxi trabaja con tarifas fijas, 30 euros desde el aeropuerto hasta el centro.
Las empresas de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) amenazan con formar un nuevo monopolio del transporte en las grandes ciudades españolas. Este fin de semana se ha podido comprobar en Madrid con la celebración de la final de la Liga de Campeones entre dos equipos ingleses. Las tarifas de las VTC no están reguladas y responden a la ley de la oferta y la demanda, lo que dispara los precios en casos de eventos como el del pasado fin de semana. Los taxistas oficiales, sin embargo, no pueden competir con estos precios porque sus tarifas están establecidas por ley.
Numerosos usuarios acudieron a las redes sociales para denunciar el abuso de algunas empresas de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) durante el pasado fin de semana con sus “precios abusivos”, por viajes que en el sector del taxi están regulados. En Madrid trabajan sobre todo Uber y Cabify. Destacaron los trayectos entre Madrid y el aeropuerto Adolfo Suarez, de Barajas, ya que, por ejemplo, la regulación fija precios de 30 euros desde el aeropuerto hacia Madrid capital; sin embargo, la alta demanda del servicio Uber elevó los precios superando la franja de los 100 euros.
GREMIAL Y ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CONTRA LA
TRANSPARENCIA EN LA TARJETA IDENTIFICATIVA
El pasado día 13 de Mayo de 2019 se publicó una Orden de Consellería, por
la que se modificaban algunos aspectos de la Tarjeta Identificativa que
llevamos todos los taxistas, para dar transparencia a nuestro sector y
tranquilidad a muchos usuarios que pueden ver alguna información sobre quien es
el conductor de su taxi.
Como aspecto destacable, se modifican los colores de las Tarjetas
Identificativas:
Verde para conductores
asalariados a tiempo completo o autónomos colaboradores.
Azul para conductores
asalariados a tiempo parcial.
Esta diferenciación de
colores en la Tarjeta identificativa es una reivindicación histórica de la
Federación (que lleva años implantada en otras ciudades como Madrid), por
suponer un obstáculo para el fraude y la explotación laboral, práctica habitual
en algunos “floteros” e indeseables en el sector, ya que de esta forma los
medios de inspección ven facilitada su labor de controlar que los conductores
asalariados hacen las horas que marca su contrato de trabajo y no son
explotados sin una cotización justa (contrato de 2 horas y jornadas de 12 horas).
Hace unos meses tuvimos conocimiento de que una Asociación de empresarios
del Taxi de Valencia recurrió la Orden, lo que hizo que nos personáramos en el
juicio para saber sus intenciones y poder defender lo que nos parezca justo de
la Orden (por ejemplo nosotros solicitábamos que solo salgan las iniciales de
los apellidos).
Tal como nos imaginábamos, su recurso está basado en tumbar la
diferenciación de colores y contratos, pero no se queja de ningún otro precepto
de la Orden.
En la demanda se puede ver, que mientras que la Confederación está de
acuerdo con la diferenciación de colores para los distintos contratos, la Asociación Gremial del Taxi alega al
respecto de que se conozca el tipo de contrato del asalariado:
“Que la Administración disponga de tantos
datos como estime oportuno de manera privada, podríamos entenderlo, pero, como
hemos dicho, en una tarjeta que es publica, que debe estar a la vista para el
usuario, no es necesario que se deban de revelar más datos que podrían
considerarse como estrictamente privados.”
Se les olvida el derecho
del trabajador a no ser explotado y el deber de la Administración en buscar
mecanismos que erradiquen el fraude y la explotación en la sociedad, práctica
más que habitual en estas asociaciones que defienden un modelo empresarial
caduco, si vemos la cantidad de tarjetas identificativas azules que tenemos en
la calle (contratos a tiempo parcial) y que quieren seguir escondiendo de
todos.
LA FEDERACIÓN SEGUIRÁ LUCHANDOPOR UN SERVICIO
PÚBLICO DEL TAXI SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA EL USUARIO
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre cookies
