La justicia europea propina un nuevo revés a Uber

El tribunal estima que los Estados pueden multarle sin notificarlo antes a Bruselas

Taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) coinciden en las calles de Madrid. KIKE PARA

Nueva derrota judicial para Uber en los tribunales europeos. La justicia comunitaria ha determinado este martes que los países de la UE no necesitan realizar aviso alguno a Bruselas para multar a la compañía y suspender su servicio UberPop, un sistema en que participaban conductores sin ningún tipo de licencia profesional ahora inactivo en la mayor parte de la UE. “Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPop sin tener que notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio”, afirma el dictamen.

La startup se agarraba a ese resquicio técnico para evitar las sanciones que le han impuesto los jueces en Francia. Alegaba que la ley por la que está encausada por París era un reglamento de la sociedad de la información, y como tal debía haber sido comunicado antes a la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE estima que no es así. Y entre los argumentos recuerda que, tal y como sentenció el propio TJUE en diciembre pasado, UberPop es un servicio de transporte y no una plataforma digital colaborativa, por lo que la denuncia parte de una premisa errónea.

La Corte de Luxemburgo respalda así a Francia y otorga plena soberanía a los socios europeos para tomar las medidas que consideren oportunas respecto a UberPop. La sentencia no modificará el modo en que los usuarios utilizan Uber en Francia, dado que dejó de funcionar hace tres años después de una sentencia condenatoria. “Como dijo nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber, y con ese objetivo vamos a continuar el diálogo con ciudades en toda Europa”, ha respondido la compañía escuetamente. La tecnológica cree que el impacto será reducido, dado que opera en el país sobre todo a través de UberX, un sistema con conductores profesionales que cuenta con licencia VTC y a través del cual mantiene su competencia con los taxistas. Es el mismo que usa en España y en la mayoría de países de la UE.

La derrota judicial de Uber sí tiene consecuencias para los castigos penales contra la empresa y sus directivos. Hace casi dos años fue condenada a pagar una multa de 800.000 euros por estimar que la actividad de UberPop en Francia representaba una práctica comercial engañosa e ilegal. También fueron sancionados los directivos Thibaud Simphal, responsable de Francia, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, exdirector para Europa occidental, con 20.000 y 30.000 euros respectivamente, de los que solo debían abonar la mitad.

Acostumbrada a acudir a los tribunales a la defensiva, en esta ocasión ha sido Uber la demandante. El centro de su queja a la justicia europea eran los supuestos defectos de forma en la puesta en marcha de la Ley Thévenoud, aprobada por Francia en octubre de 2014. La norma impone dos años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros por organizar un sistema que ponga en contacto a clientes con particulares que, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes, realicen servicios ocasionales con ánimo de lucro, fundamento del servicio UberPop.

Uber ha sufrido numerosos varapalos judiciales, y su actividad global está rodeada de una inmensa maraña judicial en medio de la férrea oposición de las organizaciones de taxistas. En la Unión Europea, el fallo más relevante fue el citado del pasado diciembre, a raíz de una denuncia de taxistas españoles. La sentencia obliga a la empresa a operar con licencia al ser considerada como proveedora de un servicio de transporte y no como un mero intermediario entre particulares. Los Veintiocho no han dado una respuesta común a su aparición en las carreteras europeas, pero sí han impuesto en ocasiones trabas legales insalvables. Uber ha abandonado Dinamarca y Hungría, y la ciudad de Londres la despojó de su licencia para operar el pasado año, una decisión contra la que la compañía presentó un recurso de apelación todavía pendiente de resolución.

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