Noticias relacionadas con el sector del taxi

Detenido un joven por desvalijar una veintena de taxis en un mes en Valencia.

Fue sorprendido por la Policía cuando forzaba un vehículo con una palanca en el distrito de Exposició

Ep/Ed | València 07.05.2018 | 11:01

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Exposició de València a un joven de 18 años, de origen español, cuando intentaba robar en el interior de un taxi estacionado en la calle. Al acusado se le imputan otros 19 hechos más, todos ellos ocurridos en ese distrito y en similares circunstancias, según han informado fuentes policiales de la Jefatura Superior de Policía de València.

Los hechos se produjeron a las dos de la madrugada, cuando los agentes que realizaban labores de prevención observaron a un joven en actitud vigilante caminando entre los vehículos estacionados en la vía pública.

El joven, que no dejaba de mirar hacia las ventanas de los vehículos, se paró al lado de la ventanilla de un taxi y sacó de la bandolera que portaba una palanca con la que, al parecer, fracturó la ventanilla. En ese momento, los agentes le dieron el alto ty el joven se dio a la fuga, siendo alcanzado a los pocos metros por los policías.

Los agentes lo cachearon y le intervinieron en el interior de la bandolera un destornillador, una linterna, un mechero y los guantes que llevaba puestos, por lo que fue detenido como presunto autor de un robo con fuerza en interior de un vehículo.

Una vez en dependencias policiales, los agentes comprobaron que en el último mes se habían producido varios robos con fuerza en la misma zona, todos ellos a vehículos taxi y en la misma franja horaria (últimas horas del día y primeras de la madrugada), por lo que, atendiendo al «modus operandi», se le imputan otros 19 hechos más.

Los robos se producían todos en la misma zona y en una franja horaria muy determinada, entre las últimas horas del día y las primeras de la madrugada, en el interior de taxis en los que el ladrón fracturaba la ventanilla del conductor o apalancaba la propia puerta para llevarse los objetos del interior. El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.

publicado por El Levante.

Cabify pasa de la guerra del taxi: pone motos eléctricas chinas en las calles de Madrid.

DE PEKÍN A MADRID

Movo es el tercer gran servicio de motos eléctricas compartidas que desembarca en la capital y el primero que no lo hace solo, sino de la mano de un viejo conocido: Cabify

Foto: Las motos de Movo, negocio en el que participa Cabify.
Las motos de Movo, negocio en el que participa Cabify.

Llevan desde el lunes en las aceras, repartidas por toda la almendra central de Madrid. Esta vez son azules: competirán con el amarillo de Muving y el blanco y verde de eCooltra. Movo es el tercer gran servicio de motos eléctricas compartidas que desembarca en la capital y el primero que no lo hace solo, sino de la mano de un viejo conocido de la ‘nueva movilidad‘ urbana: la empresa, fundada en agosto del año pasado, es una ‘startup’ propiedad de la madrileña Cabify.

Detrás de la marca Movo está Mobilitas Futurus, una compañía participada al 100%, según los datos del registro, por CabifyMobility International, la matriz de la que también depende Maxi Mobility (que opera Cabify en España y Glovo en Latinoamérica). Pese a la inversión, Movo opera como compañía independiente, sola desde un garaje en avenida de América en Madrid. «Somos una pequeña ‘startup», insisten. Tanto es así que muchos de los empleados de Cabify no se han enterado hasta esta semana del lanzamiento de la joven ‘spin-off’.

MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ

«Lo acabamos de lanzar«, explica cauto al teléfono Álvaro Pellejero, uno de los dos jóvenes fundadores de la compañía. «No hemos hecho mucho ruido mediático porque solo estamos en iOS, aunque Android está de camino».

Movo ofrece, como Muving y eCooltra, un servicio de ‘motosharing’ dentro de la M-30 de Madrid. Sus motos son de la marca NIU, una empresa china que también acaba de empezar a distribuir en España—a través de Motos Bordoy, a partir de 2.500 euros para el consumidor final— y que ya ha vendido más de 350.000 vehículos en todo el mundo. Como las motos de Muving (fabricadas en España por Torrot), pero a diferencia de las de eCooltra (fabricadas en Polonia por Govecs), las motos NIU tienen una ventaja fundamental para las operaciones de ‘motosharing’: la batería es extraíble. La empresa reduce así los costes operativos: ya no necesita camiones que recojan las motos y las carguen cada noche, sino que le basta con mover sus baterías.

Motos de Movo por las calles de Madrid. (Foto: Analía Plaza)
Motos de Movo por las calles de Madrid. (Foto: Analía Plaza)

«Son los fabricantes más potentes que hay en China», explica Pellejero. «El producto no es una moto, sino un producto tecnológico. Nos parecía la moto ideal para un servicio como el que queríamos ofrecer, no solo a nivel de diseño sino por su conectividad. El vehículo está conectado, así que podemos obtener toda la información en tiempo real».

De China a España

Como sus motos, el germen de Movo también está en China: concretamente en Pekín, donde tanto Pellejero como Luis Chen, el otro cofundador, estudiaron un MBA tras acabar sus estudios de Ingeniería en España —en la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Madrid, respectivamente—.

«Es un proyecto que empezamos en China. Es un país maravilloso, pero tiene mucha población y muchísima contaminación», continúa. «Dándole vueltas al tema, montamos una primera empresita allí: conocimos el sector de la movilidad y, poco a poco, empezamos a meternos en este mundo de la movilidad urbana».

Cabify entró como inversor aportando el «capital necesario» para lanzar el proyecto en Madrid. Desde la empresa no dan la cifra concreta de inversión

La compañía, llamada Volomy, se dedicó durante un par de años a estudiar modelos alternativos de movilidad sostenible y más tarde buscó financiación para lanzar su producto en España, un servicio de ‘motosharing’ como los que ya existían allí. En esas llegó Cabify, que entró como inversor aportando el «capital necesario» para lanzar el proyecto en Madrid. Desde la empresa no dan la cifra concreta de la inversión inicial.

«Lo más duro fue encontrar la financiación», recuerda Pellejero. «Una vez la tuvimos, pusimos en marcha la maquinaria y, en verano de 2017, vinimos a España».

Tras varios meses de trabajo, con un equipo pequeño (son seis, así que han externalizado tareas como el diseño) y extremadamente joven («la edad media es de 23 añitos», indican) pero el respaldo de un gran grupo detrásMovo ha echado a rodar sus motos sin demasiado ‘marketing’. «La flota aún está en pruebas», explican, «pero la previsión es crecer».

También lo será aumentar capital tras la primera inversión de Cabify. «Estamos en busca de financiación y de ampliar capital», concluye Pellejero. «Maxi Mobility ha apostado porque tenían un proyecto en mente desde hace unos años. Y ha sido el primer inversor, pero no será el único».

Publicado por El Confidencial.

Conselleria estudiará con el sector del taxi el nuevo decreto estatal de VTC

 

València, 21 abr (EFE).- El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, convocará «en los próximos días» a las asociaciones del sector del taxi en la Comunitat Valenciana para «estudiar en profundidad la efectividad de las medidas adoptadas» por el Gobierno central sobre el sector del alquiler de vehículos con conductor (conocido como VTC).

La convocatoria responde a que, según ha señalado Domingo en un comunicado, ?todavía no se puede valorar si resuelve el grave problema ya creado ante el avance del número de autorizaciones de VTC o se limita a evitar que el problema se agrave todavía más?.

Desde la Conselleria que dirige María José Salvador han apuntado que estudiarán la nueva normativa junto al sector del taxi, aunque han avanzado que algunos de los aspectos que recoge ?van en la línea de las propuestas elaboradas por este departamento para garantizar mayor seguridad jurídica al sector del taxi ante el avance en los últimos años de los alquileres de vehículos con conductor?.

En ese sentido Domingo ha recordado que en la reunión que el ministro de Fomento mantuvo en junio con las comunidades autónomas para abordar la cuestión, desde la Generalitat se exigió al Ministerio una regulación más concreta de las VTC «para acabar con los problemas de interpretación de la normativa que las regulaba».

Ello porque ?el sector del taxi está muy regulado tanto en las normativas autonómicas como estatal, mientras que el sector de las VTC estaba muy liberalizado, por lo que existía una gran descompensación entre ambos?.

La «confusa regulación» en la materia ha generado en los últimos años una «avalancha de resoluciones judiciales en toda España» que están obligando a la Generalitat al otorgamiento de licencias para este tipo de vehículos «en cumplimiento de esas sentencias judiciales?, ha asegurado.

Ante ello, el Gobierno valenciano «llegó incluso a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCV que obligaba a otorgar 200 licencias de VTC».

Según el director general, la Conselleria ya había puesto en marcha las medidas oportunas para garantizar la seguridad jurídica del sector del taxi «dentro de sus posibilidades», puesto que hay que las competencias en la materia «son exclusivamente del Estado».

Entre estas medidas están las pegatinas identificativas de los vehículos con conductor o la creación de mesas contra el intrusismo en las tres provincias de la Comunitat.

Además, dentro de la Ley del Taxi recientemente aprobada «y con la finalidad de establecer al máximo la situación dentro de los límites que la normativa estatal permite», se introdujo una disposición adicional tercera que incluye en el ámbito de la Comunitat «limitaciones cuantitativas para el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor». EFE

Publicado por la Vanguardia.

El precio de las licencias de Cabify y Uber se triplica: llega a los 60.000 euros

Comprar una licencia de VTC en España para poder trabajar con Cabify o Uber puede llegar a costar actualmente más de 60.000 euros. El precio se ha triplicado en poco más de dos años -a finales de 2015 valían apenas 20.000 euros- y se sitúa así ya en la mitad prácticamente de lo que cuesta una de taxi. La patronal de las VTC lamenta que Uber esté a favor de una «desregulación incondicional» en el sector

Aunque en los últimos días ha habido casos en los que, ante el temor de que el Tribunal Supremo decretara la liberalización del mercado, se han vendido licencias a precio de saldo, lo lógico es que los precios vuelvan a subir y se estabilicen una vez que el Gobierno ha establecido por ley la limitación de una licencia de VTC por cada treinta taxis. La escalada de precios responde a que el mercado está cerrado.

Las organizaciones de taxistas responsabilizan directamente a Cabify del fuerte encarecimiento experimentado. Según las fuentes consultadas por este periódico, «esta compañía se ha dedicado en los últimos años a impulsar la creación de empresas que han ido aglutinando decenas de licencias y que luego han ido vendiendo de acuerdo con sus intereses, fomentando la especulación y provocando una burbuja en el mercado».

Entramado empresarial

De acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil, la sociedad Maxi Mobilty Spain, que gestiona en España el servicio de Cabify, es accionista de Vector Ronda Teleport, una empresa que controla a su vez decenas de compañías de transporte. Es el caso, entre otras muchas, de Cab Car Madrid, Majoalmi, Global Merlini, Global Meleto, On VC Fiesta Omnibus o Yirmi.

En una conversación con elEconomista, Mariano Sylveira ha asegurado de forma tajante que «Cabify no es el propietario de estas compañías», aunque sí que admite que tiene una participación es Vector Ronda, con lo que de forma indirecta, controla también todo el entramado creado en torno a las licencias de VTC. Cab Car Madrid tiene 57 licencias asociadas mientras que otras, que son de reciente creación, de momento, solo tienen el objeto social de «alquiler de vehículos con conductor» y están preparadas para recibir cientos de licencias cuando sean liberadas vía ejecución de sentencia.

En los últimos años, Cabify ha ido vendiendo o dando entrada a distintos inversores en las firmas que creó para albergar licencias VTC. Es el caso por ejemplo de Moove Cars Sustainable. A mediados de 2015, Cabify creó Yirmi UC Fiesta Omnibus y el verano pasado, cuando ya tenía unas 76 licencias asociadas en Madrid y Barcelona se la vendió a Jaime Castellanos y Jon Riberas, entre otros, que le cambiaron el nombre a Moove Cars. Las licencias operan con Cabify.

Las ajustadas condiciones laborales

Cabify ofrece dos vías distintas de trabajar con la compañía. Una de ellas es ser autónomo y otra trabajador por cuenta ajena para una de las empresas que tienen flotas de vehículos con licencia VTC.

En este segundo caso, los salarios se elevan a poco más de 900 euros, con jornadas de 10 horas y media durante seis días a la semana.

Los conductores, según denuncian varios de ellos, pueden ser despedidos además en cualquier momento en el caso de que la valoración de los usuarios en la aplicación sea baja.

Publicado por el Economista.

Antaxi ve «un parche» la nueva ley sobre VTCs y pide más medidas

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) se ha desmarcado de la otra patronal del sector, Fedetaxi, al considerar que las medidas aprobadas por el Gobierno sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) constituyen un «parche» que «no ofrece soluciones reales».

«El Ejecutivo no ha tenido en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC o el papel de las comunidades autónomas en su gestión», indicó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, en un comunicado.

«No es más que un nuevo parche que no soluciona el conflicto y que solo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias», advirtió sobre el Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros.

«Se trata de un acuerdo de mínimos, con actores minoritarios, que olvida aspectos que harían que el sector cuente con una seguridad jurídica con la que ahora mismo, y como consecuencia de una cadena de malas decisiones por parte del Ministerio de Fomento, no cuenta», añadió.

Artículo original: www.expansion.com

Antaxi dice que el real decreto-ley sobre VTC no ofrece soluciones reales

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha dicho que el real decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno, para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), no ofrece soluciones reales y no ha tenido en cuenta a casi la mitad del colectivo del taxi.

En un comunicado, esta asociación de taxistas, formada por diez de toda España y que aglutina a más de 15.000 profesionales del taxi, afirma que la normativa no tiene en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC o el papel de las comunidades autónomas (CCAA) en la gestión de las autorizaciones de VTC.

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha dicho que el real decreto-ley es un «nuevo parche» que no soluciona el conflicto y que sólo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias.

Ha añadido que la norma es «un acuerdo de mínimos con actores minoritarios», que olvida aspectos que harían que el sector contase con una seguridad jurídica que ahora no cuenta, de lo que culpa a las «malas decisiones» del Ministerio de Fomento.

Antaxi ha denunciado que el texto no les ha sido facilitado ni por la Administración ni por los partidos políticos, y no se les ha tenido en cuenta para elaborarlo.

Esta asociación ha recordado que este real decreto-ley se ha aprobado sólo tres días después de la vista oral en el Tribunal Supremo por la demanda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT), que establecía la proporcionalidad de una autorización VTC por cada treinta taxis.

Por eso, expresa su preocupación por el futuro de las miles de solicitudes VTC que se han hecho desde noviembre de 2015 y se pregunta qué ocurrirá con ellas hasta que entre en vigor la nueva norma, en caso de que el Supremo estime la demanda interpuesta por la CNMC.

Artículo original: www.finanzas.com

Cuenta atrás para el Gobierno: Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

Fomento ha esperado tanto a resolver el conflicto del taxi que ahora se encuentra con un problema: 30.000 licencias VTC que podrían entrar en vigor por una carambola judicial

Foto: Foto: madrid.org.
Foto: madrid.org.

El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. Es una jugada ‘in extremis’: saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi.

Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.

MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ

Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.

«Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más», explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. «Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales», explica una fuente del sector.

En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.

Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.

Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)
Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)

Curiosamente, estos ‘amos’ de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector…) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto ‘in extremis’ saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.

Cabify es el otro ‘bicho raro’: ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. «Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero«, explica una fuente del sector.

Si hay una liberalización, Uber se come el pastel. Y si no la hay, a corto plazo habría tablas, pero a largo, Uber barrerá a Cabify

Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.

Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

Publicado por el Confidencial.

Manifestación de taxistas en Madrid Manifestación de taxistas en Madrid Efe EMPRESAS Fedetaxi eleva a 8.000 millones las pérdidas si el Supremo apoya a Uber y Cabify

El Alto Tribunal debe zanjar la ‘guerra del taxi’ para limitar o liberalizar las licencias VTC.

El próximo 17 de abril está señalado el juicio entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber y Cabify por un lado y Gobierno, comunidades autónomas y taxistas por otro.

El Tribunal Supremo podría zanjar ese mismo día la “guerra del taxi”, cerrando el número de licencias de taxi y VTC que van a operar los próximos años en nuestro país, o liberalizando las segundas y por tanto haciendo desplomarse el valor de todas. La historia, a punto de resolverse, viene de lejos.

En 2009 el gobierno socialista, aprovechando la división del sector del taxi, incluyó en la conocida como Ley Ómnibus la liberalización de las VTC. Los populares en 2013 revirtieron dicha situación, pero no concretaron los requisitos para desarrollar esa actividad hasta 2015, entre otros la necesidad de unas licencias y un número limitado de las mismas a modular por las Comunidades Autónomoas, como los taxis.

La consecuencia de esa demora ha sido la entrada, vía sentencias, de unos miles de licencias de VTC que está por ver cómo absorbe un mercado hoy en alza, pero cuya demanda no es ilimitada.

Si la normativa aprobada por la ministra Ana Pastor es contraria al principio de libertad de establecimiento, será sobre lo que el alto Tribunal determine en el primer juicio por la Unidad de Mercado que se producirá esa instancia.

Las cuentas de los perjuicios para los taxistas

Fuentes de Fedetaxi valoran el precio medio de una licencia de taxi en 104.000 euros y en 63.000 el que han alcanzado las VTC. Existen más de 71.839 licencias de ambas modalidades, de las cuales 64.533 corresponden a taxis, valoradas en su conjunto en casi 8.000 millones de euros. Este valor es que se encuentra en riesgo de desaparecer de la economía nacional de un día para otro, según dictamine el Tribunal Supremo.

Las plataformas tecnológicas, de la mano Marín Quemada y su Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se encuentran dividas por la regulación de la actividad de las ya populares VTC (vehículos para el arrendamiento con conductor), lo que se constata por su patronal Unauto, que no ha reclamado la liberalización total de la actividad, temerosos de que ello pudiera hacer perder el valor de las más de 5.000 licencias VTC con las que han comerciado en los últimos meses empresas como Cabify o Ares Capital.

Sin embargo, de otro lado tanto la CNMC como la multinacional Uber apuestan por la desaparición del valor de dichas autorizaciones, lo que además les facilitaría una mayor cuota de mercado sin casi inversión en España.

A juicio de Fedetaxi, la sociedad y los partidos políticos y agentes sociales, ya se han mostrado en varias ocasiones muy sensibles al tema, y gran parte de la sociedad civil es cada vez más consciente de lo que implica el término uberización y lo que ocultan las gigantes tecnológicos.

Preocupación de De la Serna

El ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, compartió con Fedetaxi hace unas semanas su preocupación por esta situación, en la que decenas de miles de trabajadores autónomos y chóferes podrían verse fatal e irreversiblemente despatrimonializados en sus negocios y ahorros, asegurando a la junta directiva de Fedetaxi que su Gobierno estaba estudiando algunas medidas que pudieran garantizar que no se produzca ninguna situación de ruina y desaparición de esos activos.

Por su lado las CC.AA. son conscientes de que VTC y taxis no son exactamente vasos comunicantes, pero si se desregula el servicio de los primeros se desmantela irreversiblemente el de los segundos, privatizando la movilidad urbana en favor de multinacionales y en grave perjuicio de sus competencias y políticas sobre medioambiente, movilidad y ordenación de las ciudades.

Pero, ni Marín Quemada ni las poderosas multinacionales están satisfechas con la actual regulación. Éstas quieren para sí todo el mercado de la movilidad y aquel rematar su cruzada por liberalizar los taxis, como bastión de autónomos ofertantes de un servicio público del interés general, que estorba a los planes de los gigantes de Silicon Valley, sin que parezca importarles mucho la ruina de más de 100.000 familias.

“Con el objetivo común de privatizar sin vuelta atrás el servicio público de transporte de viajeros en vehículos de turismo, Marín Quemada y sus aliados, intentan derribar cualquier barrera -incluso legal- que les impida inundar nuestras ciudades con sus “coches negros”, ponerlos en manos de falsos autónomos o trabajadores precarizados, y dejarlos inermes para prestar una “carrera” sin hacer “click” en una de las dos aplicaciones para smartphones, obteniendo de paso todo el “big data” de los usuarios de la movilidad, imprescindible paso para tomar ventaja ante la no muy lejana implantación del taxi autónomo”, declaró Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

Leal aseveró tajante que “los taxistas han peleado, pelean y pelearán contra este escenario” así como que “esto no es una situación comparable a una crisis sobrevenida, esto, de producirse, es fruto de una pasividad política de todas las administraciones que no tendría justificación alguna”.

La justicia europea propina un nuevo revés a Uber

El tribunal estima que los Estados pueden multarle sin notificarlo antes a Bruselas

Taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC) coinciden en las calles de Madrid. KIKE PARA

Nueva derrota judicial para Uber en los tribunales europeos. La justicia comunitaria ha determinado este martes que los países de la UE no necesitan realizar aviso alguno a Bruselas para multar a la compañía y suspender su servicio UberPop, un sistema en que participaban conductores sin ningún tipo de licencia profesional ahora inactivo en la mayor parte de la UE. «Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPop sin tener que notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio», afirma el dictamen.

La startup se agarraba a ese resquicio técnico para evitar las sanciones que le han impuesto los jueces en Francia. Alegaba que la ley por la que está encausada por París era un reglamento de la sociedad de la información, y como tal debía haber sido comunicado antes a la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE estima que no es así. Y entre los argumentos recuerda que, tal y como sentenció el propio TJUE en diciembre pasado, UberPop es un servicio de transporte y no una plataforma digital colaborativa, por lo que la denuncia parte de una premisa errónea.

La Corte de Luxemburgo respalda así a Francia y otorga plena soberanía a los socios europeos para tomar las medidas que consideren oportunas respecto a UberPop. La sentencia no modificará el modo en que los usuarios utilizan Uber en Francia, dado que dejó de funcionar hace tres años después de una sentencia condenatoria. «Como dijo nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber, y con ese objetivo vamos a continuar el diálogo con ciudades en toda Europa», ha respondido la compañía escuetamente. La tecnológica cree que el impacto será reducido, dado que opera en el país sobre todo a través de UberX, un sistema con conductores profesionales que cuenta con licencia VTC y a través del cual mantiene su competencia con los taxistas. Es el mismo que usa en España y en la mayoría de países de la UE.

La derrota judicial de Uber sí tiene consecuencias para los castigos penales contra la empresa y sus directivos. Hace casi dos años fue condenada a pagar una multa de 800.000 euros por estimar que la actividad de UberPop en Francia representaba una práctica comercial engañosa e ilegal. También fueron sancionados los directivos Thibaud Simphal, responsable de Francia, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, exdirector para Europa occidental, con 20.000 y 30.000 euros respectivamente, de los que solo debían abonar la mitad.

Acostumbrada a acudir a los tribunales a la defensiva, en esta ocasión ha sido Uber la demandante. El centro de su queja a la justicia europea eran los supuestos defectos de forma en la puesta en marcha de la Ley Thévenoud, aprobada por Francia en octubre de 2014. La norma impone dos años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros por organizar un sistema que ponga en contacto a clientes con particulares que, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes, realicen servicios ocasionales con ánimo de lucro, fundamento del servicio UberPop.

Uber ha sufrido numerosos varapalos judiciales, y su actividad global está rodeada de una inmensa maraña judicial en medio de la férrea oposición de las organizaciones de taxistas. En la Unión Europea, el fallo más relevante fue el citado del pasado diciembre, a raíz de una denuncia de taxistas españoles. La sentencia obliga a la empresa a operar con licencia al ser considerada como proveedora de un servicio de transporte y no como un mero intermediario entre particulares. Los Veintiocho no han dado una respuesta común a su aparición en las carreteras europeas, pero sí han impuesto en ocasiones trabas legales insalvables. Uber ha abandonado Dinamarca y Hungría, y la ciudad de Londres la despojó de su licencia para operar el pasado año, una decisión contra la que la compañía presentó un recurso de apelación todavía pendiente de resolución.

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¿Conoces el eCall o llamada automática de emergencia?

¿Sabes qué es el eCall o la llamada automática de emergencia?La preocupación por la seguridad vial en todo el mundo ha llevado a las distintas administraciones a poner en marcha numerosas medidas con el fin de reducir la siniestralidad en carretera. En este sentido, la UE ha ido obligando a los fabricantes a hacer vehículos más seguros.

Así, algunos avances tecnológicos como los cinturones de seguridad o los airbags o el control de estabilidad (ESP), que primero fueron equipamientos opcionales en los vehículos, pasaron a ser componentes obligatorios para reducir el número de víctimas por accidentes de tráfico.

Pues bien, la última de estas medidas ya está en marcha en Europa desde el 31 de marzo: el eCall o llamada automática de emergencia es obligatorio en todos los turismos y furgonetas nuevos que vayan a ser comercializados en la UE, en cumplimiento de la legislación comunitaria aprobada en abril de 2015.

Si bien en los últimos años, los fabricantes han ido introduciendo el eCall en sus vehículos para irse adaptando a esta normativa, desde ahora ya será obligatorio para todos ellos y deberán incluirlo de serie en todos los turismos, todoterrenos y furgonetas que se vendan en la UE.

La introducción obligatoria del sistema eCall deberá ir acompañada, según la normativa, de una “necesaria mejora” de la infraestructura de las redes públicas de comunicaciones móviles inalámbricas, para que éstas sean capaces de gestionar las llamadas que se producen entre el vehículo y los puntos físicos que reciben y cursan los avisos de emergencias (PSAP).

¿Por qué el eCall?

En 2016 murieron por accidentes en carreteras de la UE unas 25.500 personas y se estima que unas 135.000 sufrieron heridas graves. Aunque se trata de una reducción del 2% respecto a 2015, el Parlamento Europeo considera que puede no ser suficiente para cumplir con el objetivo de disminuir las víctimas en carretera fijado para el periodo 2010-2020.

A esto hay que añadir que los primeros 60 minutos tras un accidente de tráfico son claves para salvar al herido porque es durante la conocida como ‘hora de oro’cuando se producen el 75% de las muertes. Y es que sólo en el 10% de los casos, según un estudio del RACC, la defunción se produce de forma inmediata en el momento del accidente, siendo casi imposible evitarla.

De este modo, con la introducción del eCall, se calcula que se permitirá acelerar la respuesta de los servicios de emergencia en un 40% en áreas urbanas y en un 50% en áreas rurales, así como disminuir el número de muertes en al menos un 4% y de las heridas graves en al menos un 6%. En total, se estima que ayudará a salvar 2.500 vidas al año.

De hecho, es tal su eficacia que el eCall para motos se encuentra también en una fase de desarrollo muy avanzada y también estará disponible muy pronto.

¿Y cómo funciona el eCall?

El eCall tiene como objetivo reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia en caso de accidente de tráfico. Así, cuando se produce un accidente pueden suceder dos cosas. Por un lado, que algún ocupante esté consciente y pueda pulsar manualmente el botón de llamada de emergencia o, por otro, que tras el impacto el conductor o pasajeros no estén en condiciones de hacerlo.

Asi funciona el eCallFuente: Revista Tráfico y Seguridad Vial/Dlirios.

En este caso el sistema se activa de forma automática poniendo en contacto el vehículo con el Centro 112. De forma rápida, el eCall informa al centro de emergencias de que se ha producido un accidente y de los datos básicos del mismo, como son la ubicación del vehículo, la hora del accidente, tipo de vehículo, bastidor y estado de los ocupantes.

Un operador del 112 podrá ponerse en contacto con el interior del habitáculopara saber si algún herido responde o todos están inconscientes. En España el eCall contactará directamente con el Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) —también reciben llamadas los Centros de Coordinación SOS Deiak del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco— que será el que transfiera los datos al 112.

Este avanzado sistema de llamada automática de emergencia se activa a través de los sensores del vehículo (control de estabilidad, airbags…). ¿Y cómo se transmite la información? Depende del fabricante, pero por lo general se realiza a través de un sistema integrado en el vehículo o accediendo al teléfono móvil vinculado por Bluetooth con el sistema de audio del coche y para el que se suele necesitar una tarjeta SIM.

¿Y qué pasa con los vehículos ya en circulación?

La nueva normativa que entra en vigor solo se aplica a los vehículos nuevos, pero ante la necesidad de que también coches más antiguos tengan instalado este sistema, el programa europeo de inversiones #investEU financia un proyecto para incluir eCall en coches más antiguos.

En la actualidad, ya existen dispositivos eCall para coches usados. Éstos se suelen conectar a la toma del encendedor del vehículo y dispone de un sensor que detecta las colisiones, enviando la información correspondiente en caso de siniestro.

¿El eCall respeta mi privacidad?

Como otros servicios de conectividad, el reglamento europeo hace hincapié en que el eCall y el sistema de comunicación asociado deben estar diseñados de manera que “no sea posible el intercambio de datos personales entre ellos”, salvo para fines de respuesta a las situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, los fabricantes deben asegurarse de que el eCall no pueda ser localizado ni objeto de “seguimiento permanente” y de que se supriman de forma “automática y continuada” de su memoria interna los datos que vayan acumulando.

Únicamente se permitirá conservar las tres últimas posiciones del vehículo en la medida “estrictamente necesaria” para determinar la ubicación actual del vehículo y la dirección del viaje en el momento del siniestro.

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