Caminando, espacio unitario formado por colectivos feministas, sindicatos, ecologistas, organizaciones políticas y las diversas mareas, apoyamos la movilización convocada por la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones que está teniendo lugar con la marcha de columnas de pensionistas que avanzan hacia Madrid y que concluirá con una masiva manifestación el próximo 16 de octubre, a las 11 horas, en la Puerta del Sol.
Caminando comparte las reivindicaciones del movimiento de personas pensionistas para defender unas pensiones públicas dignas, la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, la necesidad de aumentar las pensiones según el IPC, el aumento de las pensiones mínimas y la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como acabar con la brecha de las pensiones que afecta tan negativamente a las mujeres.
Caminando considera que, ante el retroceso en los derechos, la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de la naturaleza, que bloquean nuestras expectativas de futuro, tenemos que organizarnos, salir a las calles para caminar juntas y poder provocar los cambios necesarios que favorezcan a la mayoría social trabajadora, las personas pensionistas y a las personas en riesgo de exclusión social, acabando con las desigualdades.
El 16 de octubre, ¡todas y todos a defender las pensiones!
El 26 de octubre, ¡todas y todos, en defensa de lo público y por los derechos sociales y laborales!
La Guardia Civil y Tráfico impusieron propuestas de sanción por valor de 7.000 euros
Imagen de la parada de taxis del aeropuerto de Jerez durante una jornada de paros. / PASCUAL
MANUEL MOUREJerez, 16 Octubre, 2019 – 22:00h
La Guardia Civil, en colaboración con la inspección de Tráfico, han multado a cuatro vehículos de Uber por no cumplir las normas en el entorno del aeropuerto de Jerez. Según se informó desde la Asociación Jerezana del Teletaxi, “las multas sumaron una cuantía de 7.000 euros”.
Los expedientes abiertos, impuestos a comienzos de esta semana, versaron sobre “la carencia de hojas de ruta, tal y como marca la normativa, así como por captar clientes en zonas de influencia”. Cabe destacar que estos vehículos no pueden apostarse a menos de 300 metros de lugares donde confluyan numerosas personas, especialmente en lugares turísticos. Es por ello que el presidente de la Asociación Jerezana del Teletaxi, Luis Gonzaga González, destacó a este medio que “un vehículo Uber no puede estar a la espera de captar clientes a menos de 300 metros del aeropuerto, así como en otros enclaves tales como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre”.
La actuación de la Guardia Civil ha dejado satisfecho al colectivo de taxistas que lamenta “el escaso número de agentes de que dispone la Policía Local para atendernos. Es completamente cierto que cada vez que solicitamos su asistencia nos ayudan, pero carecen de medios y lo entendemos”, destacó González.
En Jerez, de media, operan entre cuatro y media docena de vehículos del tipo Uber, “casi todos ellos en el entorno del aeropuerto”. Normalmente lo hacen con personas que llegan de otros países y que conocen este servicio. Pese a todo, cada vez son más las personas que valoran más los precios del taxi”.
La tensión entre Uber y los taxistas es evidente. No en vano, el pasado mes de agosto ya se produjeron incidentes con denuncias en la estación de trenes de la ciudad.
A este respecto el presidente del Teletaxi apunta que “nosotros nos movemos con una tarifas absolutamente claras y fiables. Un servicio al aeropuerto se sabe cuánto cuesta de antemano. Es una tarifa cerrada, pero es que los VTC operan con tarifas dinámicas”.
¿A qué se refiere con tarifas dinámicas”. Luis Gonzaga González asegura lo siguiente: “Estos operadores son capaces de saber qué nivel de carga de batería tiene tu móvil. Si baja del 15% el servicio le va a costar el doble al cliente. Igual sucede si el día es lluvioso o si hay gran intensidad de tráfico. Contra más desesperado está el cliente más caro le va a salir el servicio. Nosotros somos sin duda mucho más baratos”.
De otro lado cabe destacar que la junta directiva de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), que aglutina a 32 organizaciones de la comunidad autónoma, entre ellas la de Jerez, ha acordado convocar concentraciones de protesta el próximo 8 de noviembre ante delegaciones de la Consejería de Fomento de la Junta en las ocho provincias por la falta de medidas para “poner orden” en relación a la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC).
“Parece que pretenden diluir estos contactos sin terminar de adoptar medidas ante la evidente mala praxis” que, a su juicio, está protagonizando el sector de los VTC. Por eso, la dirección de la FAAT ha decidido convocar una serie de movilizaciones, entre las que figuran las referidas concentraciones “pacíficas”, el próximo 8 de noviembre, a las 11,00 horas, para expresar su protesta ante las sedes de las delegaciones de Fomento de la Junta o “administraciones análogas” en el caso de ausencia de éstas, en las ocho capitales de provincia andaluzas y en las ciudades de Jerez, Algeciras y Marbella (Málaga).
El presidente de la FAAT, Miguel Ruano, ha puntualizado que su federación asume ya que los VTC, que han multiplicado su presencia en ciudades andaluzas en los últimos cinco años, “están ahí y no se van a ir”, pero entiende que “lo mínimo” es que en el ejercicio de su actividad se garantice una “armonía” con el sector del taxi y dichos vehículos de alquiler con conductor “no campen a sus anchas incumpliendo la legalidad vigente sin que la administración haga nada“.
Unas “12.000 personas viven del sector del taxi” en Andalucía, y este sector está compitiendo con otro, en alusión al de los VTC, “sobre el que todo el mundo mira para otro lado como si hubiera un miedo sospechoso por parte de la administración”.
El consistorio anunció en marzo que ampliaría el preaviso a una hora en lugar de los 15 minutos que dictó la Generalitat, pero todavía no se ha articulado.
Una protesta de los taxistas en las calles de Valencia. JOSÉ CUÑELLAR
Entre ellas, la obligación de precontratar el servicio con un mínimo de antelación de 15 minutos o la imposibilidad de utilizar la geolocalización. Las restricciones impuestas por el Consell, sin embargo, fueron consideradas insuficientes por parte del Ayuntamiento de Valencia, que anunció inmediatamente a través de su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que extendería el tiempo mínimo de precontratación a una hora siguiendo la línea que había marcado previamente Barcelona.
La entrada en vigor del decreto ley provocó que Uber desistiese de implantarse en Valencia, pero no consiguió descabalgar a Cabify, que mantuvo su apuesta en la capital autonómica a la espera de la aplicación de las nuevas medidas dictadas por la administración de Joan Ribó.
Siete meses después, sin embargo, el anuncio de Grezzi todavía no se ha hecho efectivo y los VTC siguen operando bajo el marco regulatorio que estableció la Generalitat. Una situación que ha provocado el malestar en el sector del taxi, que urge al Ayuntamiento a comenzar las conversaciones para aplicar las nuevas restricciones.
Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos y portavoz en la Asociación Nacional del Taxi, aseguró que todavía no se han iniciado los contactos con la Concejalía de Movilidad para abordar las nuevas medidas, aunque sostuvo que hay prevista una mesa del taxi la semana que viene que, en principio, debería analizar las iniciativas previstas.
Fuentes municipales confirmaron que la voluntad de la administración local es implementar el preaviso de una hora para los VTC y que ésa es la hoja de ruta que mantiene el consistorio. La idea inicial era incluir las limitaciones en la Ordenanza de Movilidad, pero finalmente se descartó para no retrasar la entrada en vigor del texto normativo, que se aprobó definitivamente antes de que concluyera la legislatura.
El periodo electoral y las vacaciones dejaron en suspenso la modificación de la ordenanza y los taxistas reclaman ahora que no se demore de nuevo la regulación municipal para los VTC.
OTROS TRANSPORTES
La regulación de los VTC no es la única petición que pondrán encima de la mesa de la Concejalía de Movilidad los taxistas, que también quieren que se aprueben restricciones para otro tipo de vehículos que empieza a proliferar en las calles de Valencia principalmente para uso turístico: los Tuk tuk. Del Molino criticó que estos vehículos están prestando un servicio en Valencia sin ajustarse a ningún tipo de regulación ni en lo que se refiere a la circulación ni al régimen tarifario. “Hacen el mismo trabajo que un taxi, pero no tienen ninguna regulación. Transportan personas por la ciudad sin que se hayan fijado tarifas y se debería regular”, explicó.
Entienden los taxistas que si continúan funcionando de la misma manera, sin unas normas que los regulen, que ejercen una competencia desleal hacia su sector y, por eso, exigen a la administración local que fije al menos unas normas básicas de funcionamiento.
Mientras en el caso de los VTC existe una absoluta sintonía con el taxi, con respecto a los tuk tuk, un nuevo modelo de movilidad existente en Valencia, todavía no está clara la postura del consistorio, aunque todo apunta, visto la decisión de ampliar los límites a las VTC, que el Ayuntamiento se mostrará favorable a establecer restricciones también en este campo.
Cualquier modificación de la ordenanza, no obstante, implicará un periodo que se prolongará durante meses. De hecho, las conversaciones sobre los VTC todavía tienen que abordarse en el seno de la mesa del taxi y establecer la vía de implementación de las restricciones. Y es que, en Barcelona, donde el gobierno de Ada Colau y dispuso este límite de preaviso de una hora en sus ordenanzas municipales, los tribunales lo han puesto en cuarentena tras la denuncia de los afectados.
El autor analiza la situación del taxi tras la propuesta de la app de liberalizar el sector.
Emilio Domínguez del Valle 16 octubre, 2019 14:47
La semana pasada la nueva cúpula de FreeNow (Daimler/BMW) se estrenaba presentando un estudio en el que aseguraba que la existencia de un número limitado de licencias de taxi supone una pérdida de 214 millones de euros para los bolsillos de los usuarios y, en consecuencia, abogaba por la completa liberalización de este servicio.
Hasta la fecha la plataforma había evitado entrar en conflicto con los taxistas. Es más, había aparentado ser su adalid, la cara amable del mundo de las plataformas digitales para los taxistas. Pero con este cambio de discurso FreeNow (indistinguible de Uber, Cabify o cualquier otra con vocación multimodal) asesta un golpe que la desenmascara en sus intenciones de monopolizar la movilidad multimodal en nuestro país.
La excusa es la tecnología, como si la sociedad tuviera que pagarla con la supresión de los servicios públicos y el paso al oligopolio de las plataformas digitales, bajo el principio de “el más grande se queda con todo el mercado”.
No obstante, la antigua Mytaxi tiene como principal inconveniente para que prospere su discurso que el citado estudio llega cinco años tarde en sus postulados. Uber, Cabify, la patronal Unauto VTC, la CNMC y el Ministerio de Economía, en época de Luis de Guindos, ya intentaron intensamente y durante cuatro años liberalizar las licencias de taxi, bien sea por vía directa o por la indirecta de liberalizar el mercado de las VTC.
Ya fueron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. 20.12.17)y el Tribunal Supremo (S.4.6.18) quienes les cerraron la puerta, ratificando el sistema de licencias limitadas. También el Consejo de Estado en varios dictámenes ofreció argumentos sobre las bondades de la gestión municipal y regulada del taxi como “servicio público de interés general” para la ciudadanía
Este sistema, además de estar amparado en las leyes vigentes y ratificado por la jurisprudencia, requeriría de un impagable proceso expropiatorio para ser revertido. Parece además que ha quedado claro que ningún taxista de España va a ceder sin contraprestación ni compensación económica el derecho legal y legítimo a su licencia municipal.
Sin embargo, para las plataformas digitales eliminar las garantías de servicio público que el sistema proporciona a los ciudadanos resulta un caramelo muy jugoso, y el dinero de FreeNow va moviendo hilos para ver si consigue reabrir el debate tanto en España como en Bruselas.
Para que triunfe el plan, de su particular “proces de liberalización”, primero deben eliminar el sistema de licencias que permanecen en manos de trabajadores autónomos en vez de en manos de sus multinacionales. Luego, arruinarlos para llevarlos a ser proveedores cautivos y en exclusiva de sus redes comerciales, fijando sus costes y los precios del servicio, para después, usurpar todos los márgenes económicos de la actividad.
Más tarde irán empaquetando sus servicios dentro de otros de carácter multimodal mediante los que el ciudadano -sí, a ese al que habían engañado diciendo que ahorraría millones si apoyaba sus plataformas- pase de usuario de servicio público a mero abonado por cuota recurrente de su oligopolio privado. Por último, no quedarían otros servicios en el mercado y la clientela cautiva sea derivada a sus futuras flotas de taxis autónomos y demás servicios enlazados.
Fin de un servicio público de interés general. Y todo esto con el impresentable aplauso y la inestimable colaboración la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que de este modo se auto-justifica y recuerda que fue quien irresponsablemente inició este discurso del presunto ahorro a los usuarios, descolgándose con un estudio de cuño propio en el que aseguraba, allá por 2016, que “la pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”. Que son 110 millones más de los 214 que ahora alega FreeNow, y prácticamente la mitad de los 603 millones de euros que aseguraba como ahorro el estudio que realizó en 2017 para Uber la consultora española AFI, sosteniendo aquel que “en un escenario de liberalización completa de las VTC, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería en un 35% sobre los precios actuales”.
El estudio que ahora presenta FreeNow, está confeccionado por aquella firma cuyo nombre se le atragantaba en la dicción a Pablo Iglesias. O sea, Price Waterhouse Coopers (PwC). La misma que tiene cuatro de sus principales directivos en España condenados por fraude fiscal, fue sancionada en la auditoría del Banco Popular, condenada por sus auditorías a AENA y al Grupo Torras, y tiene empleados condenados por filtración de los documentos del caso Luxleaks, sobre elusión fiscal.
A la vista de todo esto, que el público juzgue la última maniobra de FreeNow.
Emilio Domínguez del Valle. Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).
La plataforma de BMW y Daimler asegura que flexibilizar la regulación del sector tendría un impacto de 214 millones en Madrid y Barcelona
Actualmente están en circulación unas 70.000 licencias de taxi, según la plataforma. – EFE
El sector del taxi lleva meses pidiendo más flexibilidad de horarios y precios. Este miércoles, Free Now, la antigua MyTaxi, ha ido un paso más allá y ha planteado, a través de un estudio elaborado junto a PwC llamado «Perspectivas del futuro de la movilidad urbana en España», que el Gobierno conceda nuevas licencias de taxi. Según la plataforma, esta medida serviría para reducir los tiempos de espera y rebajar el nivel de emisiones de CO2 en las grandes ciudades.
Actualmente están en circulación unas 70.000 autorizaciones de taxi. Hace más de dos décadas que no se conceden nuevas licencias, pese a que el número de concesiones de turismos con conductor (VTC) ha crecido paulatinamente por un vacío legal. Por ello, Free Now considera que esta restricción se ha quedado «obsoleta», y su eliminación «permitiría sacar vehículos privados de la carretera». El número de taxis por cada mil habitantes ha caído de representar un 1,82 en 1994 al 1,49 en 2018.
El director general de la plataforma de taxis, Jaime Rodríguez de Santiago, no ha especificado en la presentación del informe el número exacto de nuevas licencias que deberían entrar en circulación. Pero sí ha defendido que eliminar esta barrera de entrada favorecería al gremio y rebajaría los precios. «No hemos planteado todavía cómo se debería articular esta medida, simplemente hemos recogido una serie de iniciativas que permitirían incrementar la competitividad del sector», ha explicado.
Las intenciones de Free Now, sin embargo, chocan con las reivindicaciones históricas del sector del taxi. El gremio ha rechazado en numerosas ocasiones la concesión de nuevas licencias, e incluso ha pedido que se retiren algunas de las que están en circulación. ¿La razón? Cientos de taxistas se endeudaron para adquirir su licencia y la entrada en vigor de nuevas autorizaciones podría devaluar las que están en circulación.
El director general de Free Now considera que, para evitar que «se quede gente atrás», se podrían plantear «mecanismos como fondos de compensación» dotados con fondos públicos. «Este es un asunto social que no se puede obviar», ha defendido Rodríguez de Santiago.
Reunión con partidos y la CNMC
Pero el incremento de las licencias del taxi no es la única medida que propone la plataforma. Free Now también propone otras cuatro acciones en el informe: flexibilizar los precios, abrir las jornadas de trabajo, promover el taxi compartido y eliminar las limitaciones geográficas. Según la compañía, estas iniciativas generarían un impacto económico de 214 millones de euros en Madrid y Barcelona, que aglutinan el 40% del sector del taxi.
«Estos beneficios serían significativamente superiores en un escenario de penetración de estas plataformas similar al de los países con un nivel de digitalización mayor», ha explicado el socio de PwC Jordi Esteve Bargués en la presentación del informe.
Free Now justifica la necesidad de implantar estas medidas por la «asimetría regulatoria» a la que está sometido el taxi respecto a las VTC. Esto «afecta a una variable competitiva esencial como es el precio», según la plataforma.
La compañía presentó este martes esta batería de propuestas a distintos partidos políticos. Además, está previsto que este mismo miércoles también tenga una reunión informal con representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para explicarles su visión sobre el mercado del taxi.
Charlamos con el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, que nos traslada su visión de los asuntos que atañen al sector en estos momentos
– El 24 de septiembre se reunieron con los nuevos responsables de la Conselleria de Transportes. ¿Cómo fue ese encuentro y qué temas se trataron?
El encuentro fue cordial y pudimos contrastar los puntos de vista de la nueva Conselleria de Transportes y la asociación mayoritaria del taxi de la Comunidad Valenciana, que confluyeron en gran parte de la reunión.
Hablamos del modelo de taxi, de las deficiencias de la Conselleria por la lentitud en aprobar normativas y mejorar la inspección, y, desde la Confederación, se le hizo llegar un documento con las principales necesidades del sector como son: plan eficaz contra el intrusismo y la competencia desleal, creación de una app informativa por parte de la Administración, sistema de representación real en el sector, reglamentación urgente de la Ley del Taxi para profesionalizar en mayor medida al sector, regulaciones del servicio para ajustar la oferta a la demanda de forma ágil y por medio de votaciones al sector, actualización periódica de tarifas, ayudas económicas para vehículos adaptados y ecológicos, etc.
– ¿Considera que fue positiva dicha reunión?
Claramente fue positiva, pero, como siempre, le hicimos llegar nuestro escepticismo en los plazos y la eficacia en llevar a cabo cualquier medida.
– Uber abandonó Valencia el pasado 1 de junio ante la entrada en vigor del tiempo de precontratación de 15 minutos. ¿Realmente ha dejado de operar?
Parece ser que Uber ha dejado realmente de operar, aunque sabemos que sigue trabajando para conseguir una flota de vehículos en la Comunidad Valenciana, lo que nos lleva a pensar que esa retirada de Valencia no deja de ser una estrategia para presionar a la Administración. Nosotros, por nuestra parte, seguimos luchando para lograr ampliar el tiempo de precontratación con el Ayuntamiento de Valencia.
– La Generalitat Valenciana trabaja en la puesta en marcha del precio cerrado para el taxi. ¿Qué le parece esta propuesta?
Creemos que puede ser muy beneficiosa para el sector, porque es algo que demanda el usuario con insistencia para darle confianza, pero resulta necesario ser muy cuidadosos en la forma de hacerlo, tanto en los parámetros, que no permitan distintas formas de aplicarlas y distintos precios por parte de cada radioemisora o app del sector, como en solicitar que lo mejor para todos es crear una app desde la Administración para que sea obligatorio aplicar esta fórmula de precio cerrado desde la propia aplicación.
– Si no se regula debidamente, podría provocar competencia desleal dentro del propio sector del taxi, ¿no es así?
Si no se regula debidamente, caemos irremisiblemente en una guerra de precios y una competencia desleal de impredecibles consecuencias. No podemos permitirlo porque puede ser peor que no hacer nada.
– A la competencia desleal por parte de las VTC se suma ahora la que ejercen los bicitaxis. ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento al respecto?
En este momento tenemos a los tuk tuk, que son motocicletas con tres ruedas, que siguen funcionando sin ningún tipo de regulación, y en cualquier momento podemos ver bicitaxis, porque están en la misma situación a nivel normativo. El Ayuntamiento nos prometió regularlos en esta Ordenanza, que se aprobó en Marzo de 2019, pero no lo ha hecho, lo que ha motivado que presentemos denuncias contra estas empresas de tuk tuk y contra la Ordenanza Municipal.
Debido a los cambios de normativa en las tarjetas identificativas,
informaros que proponemos hacer el cambio de la siguiente forma:
Asalariados:
Deberán
de cambiarla todas las tarjetas que todavía
sean de color naranja.
Titulares:
Todas
las tarjetas naranjas de titulares
antiguas, es decir que aún tengan arriba en la foto la Palabra titular, las
nuevas no llevan nada escrito.
Todos los compañeros que estén en situación de cambiarlas, deberán
hacerlo en la Torre 1 planta 9, Sección
de Transportes en el complejo administrativo 9 de Octubre.
Se va hacer así dado que al dar la vieja os darán la tarjeta
nueva.
Las VTC deberán cumplir determinados requisitos para poder operar, como la distancia mínima respecto a aeropuertos o estaciones y una precontratación de 2 horas.
Podemos quiere que los autónomos del taxi sean servicio público de interés general
Unidas Podemos ha incluido en su ideario para las próximas elecciones una medida directamente relacionada con las licencias VTC y los autónomos del taxi. En concreto, en una propuesta visible en su página web, el partido liderado por Pablo Iglesias propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para precontratación de VTC”.
El titular no puede ser más claro, aunque después, en la redacción, no especifican cómo sería el procedimiento a seguir para convertir al colectivo en servicio público de interés general. En lo que sí hacen hincapié es recuperar autorizaciones administrativas para que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 que se refleja en el Real Decreto Ley 13/2018.
Del mismo modo, proponen que las Administraciones Públicas creen aplicaciones en la que se recoja toda la información sobre la movilidad en su ciudad, así como los mecanismos de reserva y pago de los mismos. Por supuesto, en estas ‘apps’ deberán aparecer los taxis, además del os autobuses, trenes, metro, etc.
A su vez, critican que “ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado”. Por ello proponen que se establezcan determinados requisitos temporales, espaciales y de geoposicionamiento. Entre estas condiciones estarían las dos horas de precontratación; distancia mínima respecto al pasajero, las estaciones o aeropuertos; y la obligación de mostrar a las Administraciones su posición o deambular sin hoja de ruta ni pasajeros.
Desde Podemos también quiere implementar una serie de medidas para defender los derechos de los pequeños y medianos transportistas “frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución de los grandes puertos”.
Una de estas medidas será la prohibición las prácticas de competencia desleal “basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral”. También permitir una jubilación anticipada sin penalización o la imposibilidad de la emisión de pagarés a más de 30 días.
Más de 10.000 vehículos cortaron los principales puntos de acceso a la Ciudad de México
La protesta de los taxistas mexicanos, en el Ángel de la Independencia. HÉCTOR GUERRERO
Delante del Ángel de la Independencia, en el centro de la avenida más importante de Ciudad de México, una decena de taxistas quema los tarjetones vehiculares con sus licencias profesionales. “Estamos aquí para ponerle fin a la anarquía que han impuesto las empresas internacionales”, exclamaba Ignacio Rodríguez Mejía, portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas, que este lunes convocó una huelga nacional para pedir la inhabilitación de las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify. “Solo pedimos que cumplan la ley o que se vayan y que dejen de atentar contra la economía de los mexicanos”, dijo y desató el aplauso de conductores de todo el país, que desde la madrugada de este lunes estacionaron sus coches a todo lo largo de los carriles centrales del Paseo de la Reforma.
Más de 10.000 taxistas bloquearon varios puntos de Ciudad de México: al igual que Reforma, el barrio Santa Fe —uno de los mayores centros de negocios de la capital—, las avenidas de acceso a la capital y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional tenían el acceso restringido. Los transportistas exigieron que el Gobierno inhabilite las aplicaciones de transporte privado porque, afirman, no cumplen con los requisitos exigidos a los taxistas y sostenían que no liberarían la ciudad si no eran recibidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los líderes de los taxistas fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y, tras una reunión de cuatro horas, acordaron no realizar más bloqueos. Las autoridades mexicanas, además, se comprometieron a revisar la legalidad de las aplicaciones de transporte.
“Ahora cualquiera se sube a su carro y busca pasajero”, decía Blanca Estela Ávila, de 52 años, que es taxista en la capital hace más de 20. “Tengo todos mis papeles y el seguro al día. Le cumplo al Estado, pero ellos no cumplen con nosotros”, agregó. Para poder conducir un Uber en México se debe tener una licencia, probar la ausencia de antecedentes penales y contratar un seguro de cobertura comercial. La diferencia de fondo con los taxistas es que ellos tienen una licencia de clase B, de uso público, la misma que utilizan los conductores de patrullas o ambulancias, y el trámite de una concesión estatal que en el mercado negro se mueve por al menos 2.500 dólares. Además, desde junio de este año, los chóferes de Uber y Cabify, al igual que otras plataformas que ofrezcan servicios como entregas a domicilio, deben pagar un IVA del 8% y un impuesto sobre la renta de entre el 3% y el 9%, sin recibir prestaciones sociales.
Joaquín Camacho, de 60 años, afirmaba que las plataformas “solo ayudan a criminalizar al taxista y a hacerlo ver como inseguro”. “He trabajado honestamente más de la mitad de mi vida. Si choco, mi seguro atiende al pasajero ¿Acaso Uber te ofrece lo mismo?”, lamentaba.
En el primer semestre de 2019, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México registró 200 denuncias por asaltos cometidos por taxistas, un aumento del 159% sobre el mismo período en 2018. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue crear un registro digital y una aplicación de teléfono para que el pasajero pueda conocer los datos del conductor, emulando las plataformas internacionales. Pero solo 51.862 de los 140.000 taxis que circulan por la Ciudad de México —menos del 30 %— se inscribieron en el primer padrón, entre julio y septiembre pasados.
“Al Uber le permiten los cristales polarizados, pero a nosotros nos exigen que encendamos la luz por la noche para que el pasajero se sienta seguro. ¡Y así nos fichan los ladrones!”, se quejaba Juan Peña, conductor de 41 años. “No pienso inscribirme en otro registro, es solo una excusa para cobrarnos más impuestos”, dijo. A su lado, Iván, un conductor de 25 años, admite que conduce un coche prestado desde que tiene 19. “Me inscribiría, pero el taxi no es mío. Los compañeros sabemos que debemos adaptarnos a la tecnología, pero los Uber deberían irse, o adaptarse a la ley nacional”.
Miles de conductores siguieron la huelga en sus respectivas ciudades y cientos de otros concurrieron a la huelga en la ciudad: en el Paseo de la Reforma había taxis tanto de Ecatepec, Atizapán y Toluca, municipios del Estado de México, como representantes del sureste del país, como Tabasco, o de la costa caribeña de Quintana Roo, ambos a más de 1.000 kilómetros de la capital.
René Carmona Rosario tiene 63 años y conduce hace más de cuarenta en Toluca, la capital del Estado de México, 70 kilómetros al oeste de la capital. No quiere hablar por sus compañeros, pero afirmaba que el Estado es “incapaz de hacerle frente a las multinacionales” y que sus exigencias con los taxistas son “irreales”. Para renovar la flota de taxis del país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso subsidios de hasta 5.000 dólares para aquellos conductores con coches con una antigüedad superior a 10 años que quieran cambiarlo por un eléctrico. “¿Y después qué?”, lamentaba Carmona Rosario, “si los repuestos no se encuentran en ninguna parte”. “Mi coche tiene 20 años, pero mira que salimos de Toluca a las cinco de la mañana y llegó impecable”, sigue, “los dos ya somos viejos. Si me lo quitan, ¿qué voy a hacer?”.
Al mediodía, sobre el Paseo de la Reforma, la música seguía y los taxistas, algunos charlando en grupos, otros durmiendo agotados frente a sus volantes, continuaban la huelga. Rafael Valdez López, de 69 años, tomaba el sol apoyado en el capó de su Hyundai. “La verdad no creo que saquen a estos piratas de la ciudad”, decía mientras fumaba un cigarro, “pero ya llevamos más de cinco años con estas protestas, a esta altura no vamos a parar. Es de vida o muerte”.
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