Las VTC deberán cumplir determinados requisitos para poder operar, como la distancia mínima respecto a aeropuertos o estaciones y una precontratación de 2 horas.
Podemos quiere que los autónomos del taxi sean servicio público de interés general
Unidas Podemos ha incluido en su ideario para las próximas elecciones una medida directamente relacionada con las licencias VTC y los autónomos del taxi. En concreto, en una propuesta visible en su página web, el partido liderado por Pablo Iglesias propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para precontratación de VTC”.
El titular no puede ser más claro, aunque después, en la redacción, no especifican cómo sería el procedimiento a seguir para convertir al colectivo en servicio público de interés general. En lo que sí hacen hincapié es recuperar autorizaciones administrativas para que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 que se refleja en el Real Decreto Ley 13/2018.
Del mismo modo, proponen que las Administraciones Públicas creen aplicaciones en la que se recoja toda la información sobre la movilidad en su ciudad, así como los mecanismos de reserva y pago de los mismos. Por supuesto, en estas ‘apps’ deberán aparecer los taxis, además del os autobuses, trenes, metro, etc.
A su vez, critican que “ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado”. Por ello proponen que se establezcan determinados requisitos temporales, espaciales y de geoposicionamiento. Entre estas condiciones estarían las dos horas de precontratación; distancia mínima respecto al pasajero, las estaciones o aeropuertos; y la obligación de mostrar a las Administraciones su posición o deambular sin hoja de ruta ni pasajeros.
Desde Podemos también quiere implementar una serie de medidas para defender los derechos de los pequeños y medianos transportistas “frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución de los grandes puertos”.
Una de estas medidas será la prohibición las prácticas de competencia desleal “basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral”. También permitir una jubilación anticipada sin penalización o la imposibilidad de la emisión de pagarés a más de 30 días.
Más de 10.000 vehículos cortaron los principales puntos de acceso a la Ciudad de México
La protesta de los taxistas mexicanos, en el Ángel de la Independencia. HÉCTOR GUERRERO
Delante del Ángel de la Independencia, en el centro de la avenida más importante de Ciudad de México, una decena de taxistas quema los tarjetones vehiculares con sus licencias profesionales. “Estamos aquí para ponerle fin a la anarquía que han impuesto las empresas internacionales”, exclamaba Ignacio Rodríguez Mejía, portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas, que este lunes convocó una huelga nacional para pedir la inhabilitación de las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify. “Solo pedimos que cumplan la ley o que se vayan y que dejen de atentar contra la economía de los mexicanos”, dijo y desató el aplauso de conductores de todo el país, que desde la madrugada de este lunes estacionaron sus coches a todo lo largo de los carriles centrales del Paseo de la Reforma.
Más de 10.000 taxistas bloquearon varios puntos de Ciudad de México: al igual que Reforma, el barrio Santa Fe —uno de los mayores centros de negocios de la capital—, las avenidas de acceso a la capital y la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional tenían el acceso restringido. Los transportistas exigieron que el Gobierno inhabilite las aplicaciones de transporte privado porque, afirman, no cumplen con los requisitos exigidos a los taxistas y sostenían que no liberarían la ciudad si no eran recibidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los líderes de los taxistas fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y, tras una reunión de cuatro horas, acordaron no realizar más bloqueos. Las autoridades mexicanas, además, se comprometieron a revisar la legalidad de las aplicaciones de transporte.
“Ahora cualquiera se sube a su carro y busca pasajero”, decía Blanca Estela Ávila, de 52 años, que es taxista en la capital hace más de 20. “Tengo todos mis papeles y el seguro al día. Le cumplo al Estado, pero ellos no cumplen con nosotros”, agregó. Para poder conducir un Uber en México se debe tener una licencia, probar la ausencia de antecedentes penales y contratar un seguro de cobertura comercial. La diferencia de fondo con los taxistas es que ellos tienen una licencia de clase B, de uso público, la misma que utilizan los conductores de patrullas o ambulancias, y el trámite de una concesión estatal que en el mercado negro se mueve por al menos 2.500 dólares. Además, desde junio de este año, los chóferes de Uber y Cabify, al igual que otras plataformas que ofrezcan servicios como entregas a domicilio, deben pagar un IVA del 8% y un impuesto sobre la renta de entre el 3% y el 9%, sin recibir prestaciones sociales.
Joaquín Camacho, de 60 años, afirmaba que las plataformas “solo ayudan a criminalizar al taxista y a hacerlo ver como inseguro”. “He trabajado honestamente más de la mitad de mi vida. Si choco, mi seguro atiende al pasajero ¿Acaso Uber te ofrece lo mismo?”, lamentaba.
En el primer semestre de 2019, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México registró 200 denuncias por asaltos cometidos por taxistas, un aumento del 159% sobre el mismo período en 2018. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue crear un registro digital y una aplicación de teléfono para que el pasajero pueda conocer los datos del conductor, emulando las plataformas internacionales. Pero solo 51.862 de los 140.000 taxis que circulan por la Ciudad de México —menos del 30 %— se inscribieron en el primer padrón, entre julio y septiembre pasados.
“Al Uber le permiten los cristales polarizados, pero a nosotros nos exigen que encendamos la luz por la noche para que el pasajero se sienta seguro. ¡Y así nos fichan los ladrones!”, se quejaba Juan Peña, conductor de 41 años. “No pienso inscribirme en otro registro, es solo una excusa para cobrarnos más impuestos”, dijo. A su lado, Iván, un conductor de 25 años, admite que conduce un coche prestado desde que tiene 19. “Me inscribiría, pero el taxi no es mío. Los compañeros sabemos que debemos adaptarnos a la tecnología, pero los Uber deberían irse, o adaptarse a la ley nacional”.
Miles de conductores siguieron la huelga en sus respectivas ciudades y cientos de otros concurrieron a la huelga en la ciudad: en el Paseo de la Reforma había taxis tanto de Ecatepec, Atizapán y Toluca, municipios del Estado de México, como representantes del sureste del país, como Tabasco, o de la costa caribeña de Quintana Roo, ambos a más de 1.000 kilómetros de la capital.
René Carmona Rosario tiene 63 años y conduce hace más de cuarenta en Toluca, la capital del Estado de México, 70 kilómetros al oeste de la capital. No quiere hablar por sus compañeros, pero afirmaba que el Estado es “incapaz de hacerle frente a las multinacionales” y que sus exigencias con los taxistas son “irreales”. Para renovar la flota de taxis del país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso subsidios de hasta 5.000 dólares para aquellos conductores con coches con una antigüedad superior a 10 años que quieran cambiarlo por un eléctrico. “¿Y después qué?”, lamentaba Carmona Rosario, “si los repuestos no se encuentran en ninguna parte”. “Mi coche tiene 20 años, pero mira que salimos de Toluca a las cinco de la mañana y llegó impecable”, sigue, “los dos ya somos viejos. Si me lo quitan, ¿qué voy a hacer?”.
Al mediodía, sobre el Paseo de la Reforma, la música seguía y los taxistas, algunos charlando en grupos, otros durmiendo agotados frente a sus volantes, continuaban la huelga. Rafael Valdez López, de 69 años, tomaba el sol apoyado en el capó de su Hyundai. “La verdad no creo que saquen a estos piratas de la ciudad”, decía mientras fumaba un cigarro, “pero ya llevamos más de cinco años con estas protestas, a esta altura no vamos a parar. Es de vida o muerte”.
La Conselleria de Movilidad permitirá pactar los precios para que el cliente conozca con antelación al viaje cuánto le costará
Una protesta de taxis en Valencia. BIEL ALIÑO
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos introduce cambios en la Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana, permitiendo por primera vez a los taxistas aplicar descuentos a la tarifa oficial que marque el taxímetro. En un intento de flexibilizar el sector para hacer frente a la competencia de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), la Conselleria de Movilidad de Arcadi España introduce la posibilidad de pactar precios a la baja.
En este sentido, la Ley de Acompañamiento contempla que «podrán prestarse servicios del taxi mediante precio pactado previamente entre los usuarios y la persona que conduce el taxi, en la forma que se determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente». Además, «durante la prestación de este tipo de servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá estar en funcionamiento durante todo el servicio con la tarifa que corresponda».PUBLICIDAD
Fuentes de la Conselleria explicaron que «el precio no lo pactará el taxista individualmente con el cliente», evitando así una guerra de precios de la que había alertado el sector del taxi. «Lo que haremos desde la Conselleria será definir las normas para determinar cómo se va a calcular el precio», insistieron las mismas fuentes. El objetivo, en todo caso, es que el cliente conozca con antelación el precio del viaje antes incluso de subirse al taxi, una ventaja con la que juegan plataformas como Uber y Cabify a través de sus aplicaciones.
De hecho, desde la Conselleria confirmaron que, tal y como reclama el sector, se está barajando la creación de una aplicación móvil.
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