La querella del taxi en la Audiencia acusa a Uber, Cabify y las VTC de crear una «trama patológica»

OKDIARIO accede en exclusiva a la querella interpuesta por 2.000 taxistas contra Castellanos, Rosauro Varo, Goñi, Ortigüela y los gestores de las dos plataformas de movilidad. En ella se les acusa de múltiples delitos. La Fiscalía de la Audiencia analiza el texto en una fase preliminar.

La querella del taxi en la Audiencia acusa a Uber, Cabify y las VTC de crear una «trama patológica»
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El Ministerio Fiscal se encuentra actualmente analizando la querella interpuesta hace dos meses en la Audiencia Nacional, en la que un grupo de taxistas se querelló contra Uber, Cabify, sus responsables legales y los responsables de otra multitud de empresas de flotas de VTC (con nombres como Jaime Castellanos o Rosauro Varo) por varios delitos entre los que se incluyen estafa, administración desleal, delitos contra los derechos de los trabajadores y la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

La querella formaba parte de una ofensiva judicial que se completaba con una demanda civil por daños y perjuicios contra los mismos actores. Ambas fueron redactadas por el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva y presentadas bajo el liderazgo del líder taxista Tito Álvarez, que afirmaba tener el aval de más de 2.000 taxistas. A finales de junio el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional incoó diligencias penales y trasladó los hechos contenidos en la querella a la Fiscalía “para que informe sobre los mismos y, en su caso, solicite las diligencias de prueba cuya práctica considere necesaria para investigar los delitos objeto de imputación”.

La querella se presentó junto con varias periciales que comprobarían la “trama corporativa patológica” con múltiples delitos

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la querella, que ha permanecido secreta hasta el momento. En la misma se acusa a los querellados de haber construido una “trama corporativa patológica” con múltiples delitos y se alude a unos informes periciales (de Juan Lloret VillotaManuel Tolbaños RodríguezSergi Cutillas Márquez y el detective Jordi Galván Durán) que garantizarían que “la especulación en torno a las autorizaciones de VTC ha sido en los últimos años tan exorbitantemente (sic.) pronunciada en España que las mismas han alcanzado un incremento superior a mil ochocientas veces su valor originario”.

Taxis sin serlo

De las varias acusaciones de delitos que el exjuez Silva achaca a las empresas de VTC y a Uber y Cabify destaca que “hacían creer que cumplían los requisitos administrativos atinentes a la explotación de sus autorizaciones ‘como si fueran de Taxi'” y también que “han manipulado muy significativamente la libre formación de los precios de las autorizaciones en el seno del mercado uvetecista” aunque no explica cómo sospecha que pudo hacerse esta manipulación.

La querella señala que Jaime Castellanos está implicado en el caso en su calidad de propietario de Moove Cars, empresa que acumula licencias VTC. Sin embargo no concreta qué acciones habría realizado el directivo que fueran susceptibles de un ilícito penal. Por su parte, otros personajes prominentes del sector de VTC como Rosauro Varo también son mencionados en la querella sin que quede claro exactamente qué acciones llevaron a cabo, sino más bien por ser propietarios de la empresa de VTC a la que se acusa, en este caso Vector Ronda Teleport.

Según asegura el texto, “todo el castillo de naipes edificado por los uvetecistas querellados partiría de la siguiente premisa, tan ilícita como atractiva para su propósito criminal: en las ciudades españolas ya no se requiere licencia de taxi para prestar servicio de taxi”. Según indica, utilizar las licencias de VTC para hacer servicios urbanos homologables al taxi constituye en sí mismo un delito.

En este mismo texto, con una terminología poco habitual en los escritos penales, el abogado Silva califica de “chapuza legal” la economía colaborativa, a pesar de que ni Uber ni Cabify se definen como tal y sí encajarían en esta definición otras plataformas como Blablacar o Amovens.

El texto da por hecho el “propósito criminal” de los querellados, tanto Uber y Cabify como los tenedores de VTC

El uso de calificativos es muy común en este texto legal del exjuez, que asegura que “para escenificar, a nivel de marketing corporativo, esta falsa economía colaborativa, se disfrazó a muchos conductores como si de transportistas autónomos se tratase, ocultando así a los verdaderos partícipes en la trama delictiva (i), disminuyendo ostensiblemente los costes laborales (ii), estafando a los usuarios (iii), e instrumentalizando esta inmensa ventaja competitiva para arrasar ilícitamente al Taxi (iv)”.

Fuentes del mercado consultadas por este periódico aseguran que en los servicios jurídicos de Uber y de Cabify no hay gran preocupación por el recorrido que pueda tener esta querella en la Audiencia Nacional, pues están convencidos que no será aceptada debido a la escasa o nula argumentación jurídica de los delitos que presenta.

Los querellados

Estas son todas las personas incluídas en la querella contra el sector VTC.

Nicolás Guardans Bonet, Pedro del Corro GarcíaMark Walch DavidJosé Luis López Schumer TreviñoAlfredo Luis PlazaMaría Segimón de Manzanos (todos ellos de Moove Cars).

Hugo Arévalo Álvarez-ArenasAlexander Dentzel ZarynMarcos Fernandez BernabéFeliz Ruiz HernandezBernardo Hernandez GonzálezMiguel Ángel Peña PérezFelix Ruiz Ruiz Hernandez (Cibeles Comfort Cars).

José Maria Goñi AlletÁngel Gutiérrez Alonso (Prestige and Limousine SL).

Juan Ignacio García Braschi (Vector y Tibus).

José Parrondo RojoVíctor Manuel López MenéndezNicolás Guardans BonetManuel – Maria Puga Fernández, Rafael García Tapia Gonzalez Camino 

Juan de Antonio Rubio (según la querella, en Vector), Juan Ortigüela Tellería (Ares Capital), Ramón Ortiguela Tellería.

Por último, se incluyen querellados de Uber tanto en España como en Países Bajos, la sede europea del gigante tecnológico:

Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty, Allendes Salazar Corcho, Cristina Moral Betere, Don Juan José Montero, Don Simon John Breakwell, Zachary de Kievit, Sujoy Kumar Haldar, Nial Fraser Was, Julien Pierre Jacques Cordonnier, Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty y Sébastien Serge Dupont, al que el abogado Elpidio Silva incluye en dos ocasiones con diferentes cargos.

Fuentes oficiales de Uber y Cabify han preferido no pronunciarse sobre esta querella.

Publicado por OK diario.

DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC

DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC

DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC

El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona entró en vigor en julio, agosto sirvió para informar a las empresas que a partir de septiembre se empezaría a multar.

En los diez primeros días de septiembre, la Guardia Urbana puso 105 multas, según datos del AMB.

Además, los datos que nos facilita el Instituto Metropolitano del Taxi, corresponden en la actualidad a más de 10 sanciones diarias a los vehículos VTC por inclumplimiento de la normativa vigente.

Dejadez o falta de agentes de la Guardia Urbana para el control de los VTC

A pesar de que estos datos puedan parecer altos, la mayoría de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sobre todo los pertenecientes a la flota de Cabify, incumplen sistemáticamente la Normativa del Área Metropolitana de Barcelona.

El equipo de investigación de Timis Local News ha podido comprobar como en las principales áreas de influencia, como son las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona Josep Tarradellas, la Estación de Sants y los hoteles del centro de la ciudad, están estos vehículos estacionados sin que la Guardia Urbana actúe.

Y es que los taxistas nos advierten que hay una falta de agentes para estas cuestiones en particular, ya que aunque se hicieron en su día unos cursos de preparación a la Urbana, el número fue significativamente bajo.

LA OPERATIVA DE LOS VTC

En el video podemos comprobar los tremendos hechos ocurridos el dia 26 de septiembre en la Avenida de Vallcarca de Barcelona, cuando un vehículo de cabify estacionado en la via publica está siendo contratado con dinero en la mano por unos viandantes.

«Lo preocupante son las declaraciones que hace diciendo que lo que hace es legal por que la urbana no le dice nada, es la gota que a colmado el vaso, la administración tiene la norma en vigor desde mayo y la guardia urbana no aplica la norma dejando a las vtcs operar con total impunidad», indica un portavoz de Élite Taxi Barcelona.

«Creemos necesarias movilizaciones en los proximos dias para exigir que se cumplan las leyes que se consiguieron con el esfuerzo de muchas familias, damos la semana que viene a las administraciones de margen por si creen oportuno reunirse de urgencia con la Guardia Urbana, Mossos, Policia Local de El Prat y las asociaciones del sector».

Dejadez o falta de agentes de la Guardia Urbana para el control de los VTC

Publicado por Timis.