Además, confían que los países reticentes apoyen esta propuesta
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz / ANDREAS SOLARO / Colaborador (Getty Images)
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, afirmó hoy que el G20 ha llegado a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE.
«Los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional», dijo Scholz en declaraciones a los medios acreditados en Venecia (norte de Italia).
Acuerdo político
Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se han reunido durante dos días en Venecia y han llegado a un acuerdo político para secundar este sistema, que tratará de evitar que las multinacionales evadan impuestos o desvíen sus beneficios a paraísos fiscales.
Este sistema se basa en dos pilares, el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física; y en la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de, al menos, el 15 % a las empresas con una facturación como poco de 750 millones de euros.
«Momento histórico»
Scholz calificó de «gran momento histórico» el acuerdo en el marco del G20 y dijo que cuando se alcanzó el consenso «se rompió en un aplauso» en la sala, porque «todo el mundo entendía que algo grande estaba pasando».
Preguntado sobre si será posible que se sumen al acuerdo otros países reticentes de la Unión Europea (UE), como Irlanda, Hungría o Estonia, que han atraído durante años a inversión privada por sus tipos tributarios bajos, confió en que lo apoyen.
«Estoy absolutamente seguro de que habrá un acuerdo en octubre», afirmó el ministro alemán, convencido del poder de arrastre que tiene el G20, que representa «el 90 % del (producto interior bruto) PIB global».
Eso sí, ha sustituido a algunos independientes, como Arantza González Laya o Pedro Duque y ha tirado de partido para las nuevas carteras, entre ellos José Manuel Albares, tres alcaldesas –las de Puertollano, Gavá y Gandía– y Óscar López.
Pedro Sánchez dejará fuera del Ejecutivo a un total de siete ministros, de entre los que destacan la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos han sido dos fieles escuderos durante todo el periplo de Pedro Sánchez, primero por la secretaría general del PSOE y después en la presidencia del Gobierno. Calvo y Ábalos mantuvieron su apoyo al jefe del Ejecutivo incluso cuando éste fue expulsado de la secretaría general y le acompañaron en su carrera para recuperar de nuevo el mando del partido.
Ahora, la vicepresidencia primera la asumirá Nadia Calviño, lo que según fuentes socialistas implica una apuesta de Sánchez por la ortodoxia económica. Aunque al correr puesto, la nueva vicepresidencia segunda será la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la tercera, Teresa Ribera.
No obstante la estructura de Gobierno no se verá reducida ya que aunque sale Carmen Calvo, las competencias de Presidencia las asumirá el hasta ahora secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, que asciende a Ministro. Este último ha desempeñado su cargo con eficacia y discreción, cualidades premiadas ahora por Sánchez.
El puesto de Ábalos será ocupado por Raquel Sánchez, la alcaldesa de Gavá, un municipio barcelonés de 47.000 habitantes, que ocupará la cartera de un Ministerio fuertemente inversor, sobre todo en materia de infraestructuras.
Redondo, que no cuenta con carnet del PSOE, ha sido el principal asesor de Sánchez y había ido acumulando poder durante estos tres años, diseñando la estrategia que ha llevado a cabo el Gobierno, pero también influyendo en las estrategias electorales del PSOE. No solo sumó a su cargo el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, sino que Sánchez le dió el mando de todos los departamentos que asisten al presidente.
Ahora su cargo será ocupado por Óscar López, que llegará proveniente de la presidencia de Paradores Nacionales, aunque es un hombre de partido, que ha ocupado cargos orgánicos como número dos de José Blanco en la época de Zapatero y como número tres del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Está por ver aún si Óscar López contará con todo el poder que tenía Iván Redondo o si las atribuciones de su cargo se ven rebajadas con la nueva remodelación.
Sánchez ha prescindido además del titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, después de la controvertida concesión de los indultos, cuyo departamento debió argumentar la concesión de la medida de gracia para nueve excargos del Govern que estaban en prisión. Una justificación complicada después del el revés del Tribunal Supremo que se opuso a la concesión de los indultos.
La crisis con Marruecos también ha pasado factura a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien será sustituida por el embajador de España en París, José Manuel Albares. Este fue asesor de Sánchez en materia internacional y cuando llegó al Gobierno le nombró consejero de Asuntos Internacionales, dentro Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde enero de 2020 era embajador en París y ahora regresa a España para ocupar la cartera de Exteriores.
Los otros ministros que salen del Gobierno son la titular de Educación, Isabel Celaá; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.NEWSLETTER
Fuera del PalauSEMANALUna mirada a la actualidad política con las principales claves para entenderla
La quiero
Desde que se constituyó el Gobierno en enero de 2020, Sánchez ha acometido sólo dos cambios en su Ejecutivo, con reajuste mínimo. El primero llegó en enero de 2021, cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones catalanas. Le sustituyó en el cargo la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y se incorporó al Ejecutivo, en la cartera que la canaria dejaba libre, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Dos meses después, a mediados de marzo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para ser candidato de su partido en las elecciones autonómicas anticipadas de la Comunidad de Madrid, y su decisión provocó la segunda remodelación, que solo afectó a las carteras de Unidas Podemos, pero alteró la estructura de las vicepresidencias.
En concreto, Iglesias fue sustituido en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la hasta entonces secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Y la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la vicepresidencia tercera y el liderazgo de los ‘morados’ dentro de la coalición. Así, ha sido ella la que ahora ha negociado con Sánchez que su amplia remodelación no afectara a las carteras de Unidas Podemos.
Al igual que en anteriores olas de la pandemia, la presión de Compromís y Podemos, socios del PSPV-PSOE en la Generalitat, ha resultado determinante para adoptar medidas especialmente severas frente al Covid-19.
El Gobierno valenciano fue el último en levantar el cierre perimetral de la región y apuró hasta el 8 de junio con el toque de queda. Menos de un mes después, Ximo Puig rescata la restricción de la movilidad nocturna, aunque para aplicar la medida deberá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Ximo Puig tambien ha solicitado el aval de la Justicia para la limitación de las reuniones sociales a un máximo de diez personas, tanto en el ámbito privado como en el público, en toda la Comunidad Valenciana.
De acuerdo con fuentes consultadas por ABC, no se espera una resolución judicial sobre el toque de queda y la limitación a las reuniones hasta la próxima semana, toda vez que se requiere de un informe preceptivo de la Fiscalía, que dispone de veinticuatro horas para emitirlo, al afectar derechos fundamentales.
La Generalitat esgrime ante el TSJ la ley de Salud Pública para adoptar medidas que limitan derechos fundamentales. Argumenta que la incidencia acumulada del coronavirus se ha disparado en la Comunidad Valenciana hasta los 262 contagiados por cada 100.000 habitantes. Una tasa que se duplica en ciudades como Valencia, metida de lleno en una situación de riesgo extremo.
Además, la incidencia entre los jóvenes de entre veinte y veintinueve años, que concentran la mayoría de nuevos contagios, alcanza los 850 positivos por cada 100.000 habitantes (menos que la media del conjunto de España).
La Generalitat ha aprobado modificaciones legales para catalogar la práctica del botellón como una falta grave en las medidas ante el coronavirus, lo que implica multas de entre 601 y 30.000 euros. En paralelo, se adelanta a las ocho de la tarde la prohibición de vender alcohol.
A la espera de que el TSJ de permiso para limitar las reuniones sociales y familiares y para aplicar el toque de queda, la Generalitat pone en marcha este sábado, 10 de julio, nuevas restricciones como el cierre del ocio nocturno.
Las discotecas solo podrán operar en las condiciones de los bares y solo hasta las doce y media de la noche. El sector va vuelto a clamar contra Ximo Puig por volver a endurecer las restricciones.
La Generalitat también ha decretado la reducción de aforos tanto en la hostelería como en eventos masivos como los conciertos.
Las nuevas medidas ante la propagación del Covid-19 en la Comunidad Valenciana estarán en vigor inicialmente hasta el próximo 25 de julio.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana permiso para aplicar el toque de queda de una a seis de la mañana en aquellos municipios que presenten una incidencia acumulada de coronavirus por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, límite que marca el rieso muy alto. Ahora mismo, y a la espera de la última actualización, la mayoría de estos municipios se concentran en la provincia de Valencia. La consellerade Sanitat, Ana Barceló, ha advertido que esta zona es la que más preocupa ahora mismo a la Generalitat.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
En estos momentos, y con datos de 5 de julio, estos son los municipios en máximo riesgo por contagios coronavirus: Valencia, Almàssera, Paterna, Sagunto, Benicàssim, Mislata, Manises, Alboraya, Burjassot, l’Eliana, Paiporta, Aldaia, Quart, Alaquàs, Catarroja, Xirivella, Bétera, Requena, Pobla de Vallbona, Silla, Utiel, Godella. Picassent, Benetússer, Alcàsser, Tavernes Blanques, Benifaió, Meliana, Vilamarxant, Massanassa, Chelva, Rocafort, El Puig, Font d’en Carròs, Biar, Bellreguard, Albuixech, Miramar, Albalat dels Sorells y Vinalesa.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
Además, hay otras localidades de un tamaño menor que también presentan una incidencia acumulada muy alta pero que están condicionados por su población. Un caso positivo en estos territorios no tienen la trascendencia de poblaciones grandes, donde es muy complicado controlar la movilidad. Es más fácil el rastreo en municipios pequeños que en los más grandes. Estas localidades más pequeñas con un índice de contagios alto son: Chelva, Azuébar, Barracas, Beniparell, Benirredrà, Calles, Castielfabib, Chóvar, Daya Nueva, La Font de la Figuera, Ludiente, Masalavés, Millena, Millares, Montán, Montanejos, Quesa, Salem, Rótova y Soneja.
Estos son los municipios a los que puede afectar el toque de queda a la espera de la última actualización de los datos por parte del Consell. Barceló apuntó ayer que los municipios señalados serán 40. Además de la incidencia se tendrá en cuenta la positividad, la movilidad y las características de cada territorio afectado. Un listado que será el que se remita entre esta tarde y mañana al TSJ para que autorice la medida. La ciudad de Valencia es una de las más afectadas con una incidencia de 511 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
Las dos medidas con mayor impacto sobre los derechos fundamentales que plantea el Consell deben contar con el beneplácito del TSJ. Hasta la fecha, el alto tribunal ha sido, junto con el órgano de Baleares, de los más condescendientes con las peticiones de la Administración para controlar la pandemia. Pero, ahora, existen diferentes circunstancias a las del pasado mes de mayo. Por un lado, el estado de alarma está agotado y el Gobierno central lo último que se plantea es decretar una nueva situación de excepcionalidad. En su última resolución, cuando el Consell reclamó extender el toque de queda, los magistrados del TSJ ya redujeron en una semana la vigencia de la restricción. No conviene olvidar el contexto.
En aquel entonces, la Comunitat iniciaba su desescalada tras el estado de alarma y la precaución se imponía ante un incierto futuro. Hoy, la situación es diferente. Y esto también tendrá que ser evaluado por los profesionales. Es cierto que la incidencia de los últimos 14 días se ha disparado,en especial, en una franja de edad que abarca hasta los 29 años. Pero, de igual modo, esta situación no se ha traducido, por el momento, en un aumento exponencial de los ingresos hospitalarios ni en número de fallecidos. Y aunque estos indicadores siguieran al alza no lo harían en la proporción de anteriores olas. Hay que tener en cuenta que un amplio porcentaje de la población, alrededor de 45% con la pauta completa.
La nueva ley dará cobertura a las limitaciones vigentes en comunidades como Cataluña y Valencia, elevando las sanciones para empresas como Uber y Cabify
Pero el departamento que dirige José Luis Ábalos está dispuesto a dar un giro de 180 grados en esta materia y aprobar una legislación nacional que sancione la actividad irregular de los VTC, una normativa de mínimos sobre la que las comunidades autónomas puedan, a su vez, introducir restricciones más duras.
Para ello, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos han introducido una enmienda en un proyecto de ley que no tiene nada que ver en principio con el asunto de las VTC, pero que dará amparo a las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas sobre aspectos como el tiempo mínimo de precontratación, limitaciones a la circulación, salidas desde garaje antes de cada viaje, obligación de llevar un registro y una hoja de ruta de cada trayecto, entre otras.
La enmienda, aprobada en el Congreso, se ha incorporado al “proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera” que se va a tramitar en el Senado, y que está previsto que entré en vigor a mediados de octubre tras su paso por el Congreso.
La nueva regulación se aplicaría a toda España, de modo que obligaría a cada una de las comunidades autónomas a aplicarla, si bien el detalle de cada limitación se delega en las autoridades regionales, permitiendo que aquellas más beligerantes contra estas plataformas mantengan sus restricciones actuales, y obligando al resto a ajustarse a la norma nacional.
Enmienda PSOE-Podemos
Así, la enmienda socialista añade un apartado 39 al artículo 140 de la LOTT para considerar “infracción muy grave” a toda una serie de prácticas de los VTC, siguiendo el modelo punitivo ya vigente en comunidades autónomas como Cataluña. De esta forma, se considera infracción muy grave “el inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”, según señala la enmienda del grupo socialista a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
También será sancionable el inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del titular de la autorización sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, aunque no se precisa ese tiempo mínimo, de forma que sean las comunidades autónomas las que lo regulen. Por ejemplo, Cataluña aprobó en enero de 2019 un tiempo mínimo de 15 minutos entre que el cliente pulsaba el botón de llamada en su app hasta que podía subirse al VTC, pero dejó vía libre a ayuntamientos como el de Barcelona y su zona metropolitana para que ampliaran este periodo (el área metropolitana de Barcelona lo intentó fijar en una hora, pero el intento fue paralizado en los tribunales). También el Ayuntamiento de Valencia acaba de aprobar una ordenanza que incluye el establecimiento de un mínimo de una hora.
Asimismo, se considera infracción máxima que el VTC circule para la búsqueda, recogida, o para propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio por la app en el tiempo previsto para la precontratación. O prestar un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a este exigidos por la legislación vigente al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre.
Por último, se sancionará el incumplimiento de las condiciones legales o reglamentariamente establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo, o que este no lleve a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio.
España contaba al cierre del mes de junio con 17.155 licencias de VTC, lo que supone que durante los seis primeros meses de 2021 dichas licencias aumentaron en 364, un 50% más que en todo el año 2020, cuando solo se añadieron 241 licencias debido al parón por la pandemia del coronavirus. Paralelamente, hay cerca de 64.000 licencias de taxi, aunque su concesión por los ayuntamientos está parada desde hace décadas, con el consiguiente mercado negro de venta de las mismas.
La CNMC señala fundamentalmente tres obstáculos principales a la competencia: los límites cuantitativos a las licencias de VTC (actualmente 30 de taxi por cada una de VTC), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.
La plataforma multimodal FREE NOW ya ofrece servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Francia. La compañía, tal y como hace en más de 100 ciudades europeas, amplía su oferta en el país galo para que los usuarios puedan elegir el tipo de vehículo que desean para realizar sus desplazamientos.
Hoy el portal web free-now.com/fr despliega en su landing page una imagen con una VTC, e informa que ya está disponible este servicio en París y sus inmediaciones, la región de Lyon, Niza, Burdeos y Cannes.
Viendo la trayectoria de la compañía, y teniendo en cuenta que en España hace unas semanas la empresa comenzó a ofrecer servicios de motos, dejando así de ser exclusivamente un servicio de taxis, todo hace suponer que FREE NOW España, no tardando, podría ampliar su plataforma multimodal incorporando también VTCs.
La sombra de una compra
Además, conviene recordar que en los últimos meses se han sucedido los rumores que apuntaban a una posible operación de compra, por la cual Uber habría adquirido una parte de FREE NOW. Dada la trascendencia de estas filtraciones, La Gaceta del Taxi tomó la decisión de contactar con ambas compañías para averiguar lo que había de cierto. Miembros de la alta dirección de Uber España aseguraron a este medio que desconocían esa operación. Por su parte, el director general de FREE NOW España, Jaime Rodríguez de Santiago, a través de un correo electrónico remitido a la dirección del medio, aseguraba que este rumor «tampoco es nuevo, como ha sucedido en el pasado con otros». Al respecto añadía claramente «nunca comentamos sobre ellos y esta vez no va a ser diferente porque afecta a la actividad de nuestros accionistas, que son empresas cotizadas».
Los hechos contrariamente parecen indicar otra cosa. Sin ir más lejos, otro dato esclarecedor es que el pasado mayo se ha constituido la asociación europea de transporte intermodal Move EU, de la que son socios fundadores FREE NOW, Uber y Bolt. Teniendo en cuenta que, como hemos mencionado, en España FREE NOW acaba de incorporar a su aplicación el servicio de scooters, no resultaría descabellado deducir, en línea con el resto de asociados, que también en España la plataforma alemana acabe ofreciendo servicios de VTCs. ¿Cuándo? Esa es la incógnita
La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza del Taxi del Ayuntamiento de Madrid que fue publicada finalmente el pasado 22 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad. La asociación representativa de los taxistas ha solicitado, además, medidas cautelarísimas para que se suspendan temporalmente los artículos aprobados por el Consistorio hasta que se pronuncien los tribunales.
Una semana después de su entrada en vigor, la organización presidida por Julio Sanz, al igual que hiciese con el Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid que fue declarado nulo, ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el texto local por considerar que es «una chapuza y un bodrio» y un «desprestigio hacia un sector que no se merece esta Ordenanza». Sanz, visiblemente enfadado, no ha dudado en afirmar que «el Ayuntamiento de Madrid es el enemigo del taxi y se ha pasado por el forro de los caprichos lo que ha dicho el TSJM con respecto al Reglamento».
Precisamente el recurso ha sido interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJM, la misma que anuló el mencionado Reglamento. Con este acción, FPTM cumple su promesa de impugnar la normativa local, tal y como afirmó la semana pasada nada más conocerse el contenido del texto. Las medidas cautelarísimas, en palabras del propio Sanz, se han pedido para evitar que los taxistas madrileños se vean forzados a realizar algunos de los cambios a los que obligan los preceptos aprobados. /TAMBIÉN ES NOTICIA
Ataque al contador fiscal de Uber en Europa en nombre de Congestion y EmisionesPor Eduardo Estrada -30/06/2021 Share
Bolt, Uber y Free Now crean en Bruselas el lobby Move EU, para derribar al taxi
Uber, Bolt y free Now han creado el lobby MOVE EU con sede en Bruselas (poblado por la UE). Las tres Apps intentan dictar su visión depredadora del mercado del taxi derribando el taxímetro, la tarifa municipal y abriéndose mal al Carpooling y VTC. El verbo de las tres hermanas es: «Repensar el transporte y cambiar a modos de transporte compartidos será fundamental para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo».
Adoptar una estrategia para la movilidad inteligente y sostenible en 2020
Se denomina Pacto Verde Europeo (presentado el 11 de diciembre de 2019), un conjunto de iniciativas políticas propuestas por la Comisión Europea con el objetivo general de lograr la neutralidad climática en Europa para 2050: El Pacto Verde Europeo cubre todos los sectores de economía, especialmente el transporte.
En el punto 2.6 del informe de la UE se encuentra el capítulo Movilidad sostenible
La reducción de las emisiones del transporte es otro objetivo importante del Pacto Verde Europeo. En este sentido, se pretende implementar la movilidad inteligente, con ciertos estándares de emisión para vehículos con motores de combustión. Además, se pretende desarrollar sistemas y aplicaciones para la gestión inteligente del tráfico como solución.
Los métodos de entrega de mercancías se cambiarán con rutas preferenciales por tierra o agua. Los cambios en el transporte público, entonces, tendrán como objetivo reducir la congestión y la contaminación de las carreteras. La instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos incentivará la compra de vehículos de bajas emisiones.
Propuestas de APP-DEAL, antiguo estilo Uber que mantiene el ADN disruptor del fundador Travis kalanick
A) La modernización de las rígidas y obsoletas reglas para los servicios de taxi bajo demanda y PHV.
B) Las barreras reglamentarias y los requisitos desproporcionados para los servicios de taxi y PHV a pedido perjudican tanto a los pasajeros como a los conductores de la UE.
C) asegurar la aplicación de reglas flexibles a los taxistas bajo demanda y conductores de PHV, eliminando reglas engorrosas e ineficientes, como «regreso al garaje» para los PHV, así como permitiendo modelos de precios flexibles para los taxis en beneficio de los consumidores.
D) el retorno a las remesas crea una huella ambiental innecesaria y una carga económica y logística.
E) La imposición de un intervalo de tiempo mínimo entre el pedido y la llegada del automóvil es un obstáculo importante para el desarrollo de una actividad viable de transporte.
F) las restricciones cuantitativas sobre el número de licencias crean una escasez artificial, limitan la competencia con otros servicios de movilidad y reducen los incentivos para la innovación
Para fomentar la competencia, las tarifas deben ser flexibles, basadas en la oferta y la demanda. Este «precio dinámico» es una parte esencial del modelo empresarial de los miembros de Move EU.
Los estados miembros de la UE como Austria, Polonia, Rumanía y Eslovaquia permiten a los conductores utilizar aplicaciones móviles en lugar de taxímetros, mientras que otros países lo prohíben claramente.
La regulación de tarifas estáticas, como se la conoce principalmente hoy en día para los servicios de taxi, es una barrera para las innovadoras capacidades de asignación y fijación de precios en tiempo real de las plataformas de transporte compartido. También existen diferencias en las tarifas mínimas o restricciones para ofrecer modelos de precios flexibles.
MOVE EU nace para presionar a los estados miembros y acaparar el mercado del transporte en la UE
Sobre Free Now
Como venimos indicando desde hace tiempo y los medios especializados en el transporte nos vienen advirtiendo, Free Now ha intentado desde febrero de 2019 acaparar el mercado del taxi y hacerse con las bases de datos de los usuarios del servicio público en toda Europa.
A partir del artículo ¿Por qué mytaxi es nocivo para el sector del Taxi? del diario Timis Local News en el que se anunciaba el cambio de nombre de My Taxi por el de Free Now y la fusión de la empresa con las multinacionales BMW, Daimleer, DriveNow y Car2go, las cosas no han dejado de empeorar para el sector del taxi.
BMW y Daimler a través de Free Now ha conseguido captar hasta la fecha 43 millones de clientes en todo el mundo con 20.000 vehículos, incluido EE.UU. cuando las autoridades antimonopolio dieron luz verde a la fusión 9 meses después de que lo autorizase la Comisión Europea.
¿Quién es Bolt?
Bolt es una compañía fundada en Tallin, (Estonia) que es una reproducción fiel de Uber. Fue fundada por Markus Villig en 2013, cuando tenía 19 años bajo el nombre de TaxiFy para luego cambiar el nombre por Bolt en marzo de 2019.
Bolt trabaja desde su cambio de nombre en 2019 con vehículos VTC en Europa y África y que, además, se reconoce a sí misma como competidora de Uber y Cabify.
El programa de radio Franja Roja, que pertenece a la asociación Plataforma Caracol de Madrid, ha estado colaborando con Bolt anunciando la app en sus programas de radio, algo que ha sido criticado fuertemente desde el sector del taxi como un acto de completa deslealtad.
«Intentar promocionar e introducir dentro del sector del Taxi en España, a una app de las VTC’s , es uno de los pasos de guion establecidos para la suplantación final del sector del Taxi, junto a una unificación de legislaciones», indicaban los taxistas ya a principios del pasado año.
Los movimientos de Uber
Como bien sabemos, Uber ha entrado en los mercados de la movilidad de todo el mundo sin preguntar a los legisladores, esto le ha valido, por una parte, enfrentarse a miles de demandas y por otra parte, cambiar las normas a su favor, implantando su propio criterio.
Si bien es verdad que hay lugares en los que no han podido implantarse, como en Barcelona, en muchos otros lo han conseguido e incluso siguen trabajando en muchos países al margen de la legalidad.
Para conseguir acaparar todo el mercado ha creado junto con Bolt y Free Now el lobbyMove EU con la intención de derribar el taxímetro y de esta manera apartar al taxi de los servicios de movilidad.
Bolt, Uber y Free Now crean en Bruselas el lobby Move EU, para derribar al taxi
Barcelona ha multado a 612 coches como los que utiliza Cabify en seis días. El ayuntamiento lleva impuestas 977 sanciones a vehículos de alquiler con conductor (VTC) desde principios de años, con la falta de distintivo (31%) como principal causa de castigo.
Lo ha explicado el portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez, después de mantener una reunión con la concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. El taxista y activista se ha congratulado por la labor de la Guardia Urbana.
612 multas en seis días
Los policías municipales han impuesto 612 sanciones entre los días 14 y 20 de este mes, y un total de 977 denuncias a VTC desde enero. El incremento de propuestas de multa se explica por el incremento de la actividad económica, según el consistorio.
El 31% de las denuncias interpuestas son por incumplir la obligatoriedad de llevar visible el distintivo que los acredita como vehículo con chófer. Otras infracciones están vinculadas a la vulneración de los días de descanso, captar pasajeros irregularmente con la geolocalización o saltarse los 15 minutos de precontratación.
Más controles en el aeropuerto
El incremento de la actividad sancionadora tiene lugar cuando los Mossos d’Esquadra también se han sumado a los controles para cazar infracciones en el sector de los VTC. Ocurrió hace unos días, como explicó este medio, cuando la policía catalana se desplegó en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para evitar vulneraciones de normativa.
En aquel momento, el cuerpo tildó de «rutinarios» los controles, aunque fuentes del sector del taxi confirmaron que han aumentado las inspecciones, una reivindicación histórica del taxi en los últimos años.
El notable incremento de los contagios en las últimas semanas ha forzado al Consell a frenar en la desescalada. El Gobierno valenciano decidió ayer no suavizar las restricciones por el Covid-19 en las próximas dos semanas, entre el 1 y el 15 de julio. Y si tuviera potestad para ello obligaría a los valencianos a hacer caso omiso del Gobierno y a llevar la mascarilla puesta correctamente también en el exterior, salvo en los parajes naturales y en la playa.PUBLICIDAD NEWSLETTER
Chequeo semanalSEMANAL| ¡NUEVA!Las novedades sanitarias de la Comunitat en un clic
La quiero
«Constatamos un repunte significativo de la circulación del virus», anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El presidente destacó que se recomienda que la mascarilla se siga utilizando al aire libre, excepto en espacios naturales y en las playas. En este sentido, efectuó un llamamiento a la prudencia e instó a prestar especial atención al uso de la mascarilla.
El jefe del Consell explicó que haber recortado las restricciones «tiene efectos», pero que la vacunación «nos esta ayudando a superar la pandemia».
Tal y como han estado avanzando los contagios y ha estado subiendo la incidencia acumulada de casos estas ultimas semanas y días, no fue ninguna sorpresa que la mesa interdepartamental sobre el Covid-19 del Consell decidiera continuar con la misma estrategia que ha estado utilizando hasta ahora «una apertura prudente y responsable». De ahí que se optara, como ya apuntó ayer LAS PROVINCIAS, por «prorrogar el actual marco de apertura consolidada con algunas modificaciones». Esas modificaciones pasan por permitir la libertad de aperturas de las sedes festeras, entre ellas los casales falleros, en los que desde el 1 de julio se podrá consumir pero equiparados a la hostelería.
Sí que incidió tanto el jefe del Consell como Ana Barceló, responsable de Sanidad, en la necesidad de continuar usando las mascarillas en el exterior, a pesar de que desde el Gobierno de España se permitiera desde el pasado sábado poder permanecer sin este elemento de protección en la calle cuando se esté a metro y medio de distancia de un interlocutor. «Es bueno que siga utilizándose», destacaron.
La consellera Barceló explicó que han adaptado el uso de la mascarilla dictado por el Gobierno el pasado jueves pero han introducido una obligatoriedad de uso que no constaba en el real decreto guberamental: su uso obligatorio en el metro.
Barceló recomendó «encarecidamente» la utilización de la mascarilla en lodos los espacios interiores, excepto en la playa y en los espacios naturales, tal y como había expresado previamente el jefe del Gobierno valencianos.
Ximo Puig afirmó que la Comunitat Valenciana ha iniciado el verano «con la certeza de que gracias a la vacunación tendremos un otoño seguro» e insistió en que «los datos nos indican prudencia».
Unos datos que pasan por la amenaza de la variante Delta, por el aumento de los contagios, por haber aumentado la movilidad, «la reapertura del ocio nocturno» aunque ahí Puig no nombró los macrobotellones sino que apuntó hacia el ocio reglado, por haber puesto fin al uso de la mascarilla de manera obligatoria en exteriores, aunque con excepciones. Todo ello supone más contactos , más tiempo y más riesgo de contagio puesto que, además, ha coincidido en el tiempo en una época como es el inicio de verano en el que los jóvenes finalizan los cursos que están estudiando y lo festejan.
Destacó el jefe del Consell que la ventilación de los interiores de los locales de uso público «es un elemento fundamental». Esta guía contiene indicaciones básicas para mantener ventilados los espacios interiores y puede ser consultada en la página web, al margen de que también se va a distribuir por locales como comercios, hoteles, bares, restaurantes, cines, teatros o museos. El presidente echó mano de un popular aforismo: «Más vale prevenir que curar».
La inmunidad de grupo
Además de estos aspectos negativos que han incidido en un significativo repunte de los contagios, el presidente también quiso dar un soplo de esperanza al anunciar que el avance «a gran velocidad» del proceso de vacunación permitirá conseguir la inmunidad de grupo «en dos meses».
Asimismo destacó que la importancia crucial en el momento en que se encuentra la pandemia no hay que dársela al número de contagios y de fallecimientos diarios, algo que se ha reducido mucho, sino en la situación hospitalaria, en los contagiados por coronavirus que necesitan ser asistidos en los hospitales valencianos. «Ahora son más relevantes las hospitalizaciones que los casos de contagios», aseveró el jefe del Consell. «No hay tensión hospitalaria», matizó el jefe del Consell, No obstante mostró su precaución por el aumento de casos.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.469.0_en.html#goog_595775981
Vídeo.
Mientras tanto, la consellera Barceló explicó que el 62% de los brotes detectados últimamente tienen origen social, un 24% son por encuentros de familiares no convivientes y un 8%, laborales.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre cookies
La plataforma multimodal FREE NOW ya ofrece servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Francia. La compañía, tal y como hace en más de 100 ciudades europeas, amplía su oferta en el país galo para que los usuarios puedan elegir el tipo de vehículo que desean para realizar sus desplazamientos.
Vehículos de alquiler con conductor (VTC), en la avenida Diagonal / TWITTER
