Los taxis de Madrid tendrán un nuevo sistema de seguridad con cámara interior y detector de inhibidores
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y Securitas Seguridad España, han firmado un acuerdo de colaboración para incrementar la seguridad en el servicio del taxi. A través de este acuerdo, Securitas ofrecerá un sistema de seguridad, que está abierto al conjunto del sector en España, y que permitirá a los taxistas estar conectados con el Securitas Operation Center (SOC) durante sus servicios, cumpliendo con la normativa de Seguridad del Ministerio del Interior.
Este sistema de seguridad funciona a través de una solución escalable en función de las necesidades de cada taxista, que contará con un módulo de comunicación verificado las 24 horas del día. Esto permitirá conocer a los operadores del SOC qué ocurre en el interior del vehículo en caso de incidente, activando la escucha en el momento en el que el conductor active el sistema o con conexión automática y directa en caso de accidente. De esta manera desde el SOC se aplicarán los protocolos correspondientes incluyendo el aviso inmediato a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los servicios de emergencia.
Además, el servicio incorpora un detector de uso de inhibidores para advertir al conductor de que el sistema está comprometido y cuenta con la posibilidad de visualizar la ruta por la que ha circulado el vehículo en caso de ser necesario.
“La propia policía, como entidad competente y responsable de la seguridad, ha dado a conocer la gran vulnerabilidad del colectivo del taxi y le incluye dentro de los parámetros de avisos de grandes centros de alerta; una prueba más de que acuerdos como este son necesarios, y un gran paso para la seguridad del colectivo”, ha asegurado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.
“Estamos orgullosos de poder contribuir a incrementar la seguridad en un colectivo expuesto a diario a una variedad de riesgos. Tanto el sistema de protección como los protocolos de actuación han sido diseñados a medida de la actividad del taxi y contribuirán a prevenir estos incidentes mediante la disuasión y a actuar con rapidez para mitigar sus efectos en caso de que se produzcan”, explica Rafael González, gerente de IoT de Securitas Seguridad España
Vector Ronda, controlada por Cabify, ha solicitado 26,5 millones al fondo de la SEPI. Es la primera empresa de licencias VTC que pide ayuda al fondo del Gobierno
Una persona utiliza la aplicación de Cabify.
Vector Ronda Teleport, una de las mayores empresas de licencias VTC de España, ha solicitado 26,5 millones de euros del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según fuentes consultadas por Vozpópuli. La ayuda se canalizaría a través de un préstamo participativo de 13,3 millones y otro ordinario de 13,2 millones.
Vector Ronda, controlada en sus orígenes por el empresario Rosauro Varo, fue vendida a Cabify a cambio de acciones en el gigante de la movilidad urbana. La cuantía solicitada, 26,5 millones, es casi el mínimo que pueden solicitar las empresas al fondo de la SEPI. Para solicitudes inferiores a 25 millones, las compañías deben optar al fondo de Cofides, pensado para empresas medianas y pequeñas.
Actualmente, Cabify cuenta con 1.700 licencias, el 11,2% de las que hay en España, según datos del Ministerio de Transportes publicados por Cinco Días a finales de marzo. Esas licencias están controladas a través de dos sociedades, Vector Ronda y Prestige and Limousine. Esta última fue adquirida a finales de 2019 por 22,5 millones.
El empresario Rosauro Varo, propietario de GAT Inversiones
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil (2019), firmadas en mayo de 2020, Vector Ronda es la matriz de 20 filiales a través de las cuales explota 322 licencias VTC de forma directa en Barcelona y 1.155 a través de sus filiales en Madrid y Sevilla.
La sociedad tuvo 221 vehículos en propiedad durante 2018 y 600 vehículos en arrendamiento financiero. A las empresas filiales se alquilaron 571 vehículos.
Vector Ronda, al igual que el resto de compañías que explotan licencias VTC, se ha visto afectada por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. El fondo de la SEPI está previsto para aquellas compañías sanas que han visto golpeada su cuenta de resultados a raíz de la pandemia.
De hecho, otra de las grandes del sector, Moove Cars, tuvo que ser ‘rescatada’ por Uber tras el desplome de ingresos que sufrió el año pasado. El gigante norteamericano sacó la chequera y compró el 30% de la gestora de licencias con un compromiso de inversión de 185 millones durante los próximos ocho años.
El TSJCV estudia ahora el informe favorable del Ministerio Público y decidirá en breve si autoriza la restricción de movimientos entre la 1 y las 6 horas en los pueblos con más propagación del virus
La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha informado poco antes de las 11.30 horas de hoy que da su visto bueno al toque de queda propuesto el jueves por la Generalitat. Y también a la otra cuestión planteada por el Consell y que afecta a los derechos fundamentales, la limitación de las reuniones sociales a un máximo de diez personas.
Según fuentes del Ministerio Público en Valencia, los fiscales que han abordado la cuestión han presentado un informe favorable al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). El departamento judicial no se opone a las restricciones que con motivo de la expansión del virus solicita la Generalitat y ahora la decisión final está en manos de la Sala de lo Contencioso del TSJCV.
Como ha venido informando LAS PROVINCIAS, la cuestión sobre la que debe decidir la justicia fue propuesta el jueves tras la reunión interdepartamental autonómica a raíz de la fuerte propagación del coronavirus, en la que se aprobaron nuevas medidas de seguridad. Algunas ya están en vigor, las que corresponden a competencias autonómicas como los aforos, horarios de cierres o mayores sanciones para el botellón, pero hay dos que deben ser ratificadas por la justicia al referirse a derechos fundamentales: el toque de queda en los pueblos con más riesgo y el límite de personas en la reuniones.
Tras el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV tiene ahora la última palabra. En cuanto al toque de queda, si bien el presidente de la Xeneralitat, Ximo Puig, mencionó el jueves que serían alrededor de 40 los municipios afectados, la cifra podría variar y ser algo mayor. Y es así porque la incidencia acumulada, la variable que mide la cantidad de casos en los últimos días en relación a la población, estaba el viernes disparada y ya situaba a más de un centenar de localidades valencianas en situación de riesgo extremo de propagación.
Tras el pronunciamiento favorable de la Fiscalía, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV tiene ahora la última palabra. En cuanto al toque de queda, si bien el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mencionó el jueves que serían alrededor de 40 los municipios afectados, la cifra podría variar y ser algo mayor. Y es así porque la incidencia acumulada, la variable que mide la cantidad de casos en los últimos días en relación a la población, estaba el viernes disparada y ya situaba a más de un centenar de localidades valencianas en situación de riesgo extremo de propagación.
Por el momento el Consell no ha querido revelar cuáles serán los pueblos afectados por la restricción nocturna de libre circulación entre la 1 y las 6 horas. Se establecerán, anuncian desde la Generalitat, una vez llegue el pronunciamiento favorable del TSJCV y con arreglo a criterios sanitarios sobre la evolución de la pandemia. Es decir, se tendrá en cuenta la incidencia acumulada, de 263 casos en la región según la última actualización del viernes, pero también otros factores como la positividad (cantidad de casos detectados en relación a las pruebas realizadas) o la cantidad de habitantes de las poblaciones en riesgo.
Por el momento, y con el actual mapa de incidencia acumulada, Valencia, su área metropolitana, y algunas localidades costeras turísticas como Calpe, Torreblanca, Xàbia, Gandia o Peñíscola, presentaban elevados niveles de propagación del virus.
Además, confían que los países reticentes apoyen esta propuesta
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz / ANDREAS SOLARO / Colaborador (Getty Images)
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, afirmó hoy que el G20 ha llegado a un acuerdo para respaldar el mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la OCDE.
“Los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional”, dijo Scholz en declaraciones a los medios acreditados en Venecia (norte de Italia).
Acuerdo político
Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se han reunido durante dos días en Venecia y han llegado a un acuerdo político para secundar este sistema, que tratará de evitar que las multinacionales evadan impuestos o desvíen sus beneficios a paraísos fiscales.
Este sistema se basa en dos pilares, el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física; y en la aplicación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades de, al menos, el 15 % a las empresas con una facturación como poco de 750 millones de euros.
“Momento histórico”
Scholz calificó de “gran momento histórico” el acuerdo en el marco del G20 y dijo que cuando se alcanzó el consenso “se rompió en un aplauso” en la sala, porque “todo el mundo entendía que algo grande estaba pasando”.
Preguntado sobre si será posible que se sumen al acuerdo otros países reticentes de la Unión Europea (UE), como Irlanda, Hungría o Estonia, que han atraído durante años a inversión privada por sus tipos tributarios bajos, confió en que lo apoyen.
“Estoy absolutamente seguro de que habrá un acuerdo en octubre”, afirmó el ministro alemán, convencido del poder de arrastre que tiene el G20, que representa “el 90 % del (producto interior bruto) PIB global”.
Eso sí, ha sustituido a algunos independientes, como Arantza González Laya o Pedro Duque y ha tirado de partido para las nuevas carteras, entre ellos José Manuel Albares, tres alcaldesas –las de Puertollano, Gavá y Gandía– y Óscar López.
Pedro Sánchez dejará fuera del Ejecutivo a un total de siete ministros, de entre los que destacan la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ambos han sido dos fieles escuderos durante todo el periplo de Pedro Sánchez, primero por la secretaría general del PSOE y después en la presidencia del Gobierno. Calvo y Ábalos mantuvieron su apoyo al jefe del Ejecutivo incluso cuando éste fue expulsado de la secretaría general y le acompañaron en su carrera para recuperar de nuevo el mando del partido.
Ahora, la vicepresidencia primera la asumirá Nadia Calviño, lo que según fuentes socialistas implica una apuesta de Sánchez por la ortodoxia económica. Aunque al correr puesto, la nueva vicepresidencia segunda será la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la tercera, Teresa Ribera.
No obstante la estructura de Gobierno no se verá reducida ya que aunque sale Carmen Calvo, las competencias de Presidencia las asumirá el hasta ahora secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, que asciende a Ministro. Este último ha desempeñado su cargo con eficacia y discreción, cualidades premiadas ahora por Sánchez.
El puesto de Ábalos será ocupado por Raquel Sánchez, la alcaldesa de Gavá, un municipio barcelonés de 47.000 habitantes, que ocupará la cartera de un Ministerio fuertemente inversor, sobre todo en materia de infraestructuras.
Redondo, que no cuenta con carnet del PSOE, ha sido el principal asesor de Sánchez y había ido acumulando poder durante estos tres años, diseñando la estrategia que ha llevado a cabo el Gobierno, pero también influyendo en las estrategias electorales del PSOE. No solo sumó a su cargo el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, sino que Sánchez le dió el mando de todos los departamentos que asisten al presidente.
Ahora su cargo será ocupado por Óscar López, que llegará proveniente de la presidencia de Paradores Nacionales, aunque es un hombre de partido, que ha ocupado cargos orgánicos como número dos de José Blanco en la época de Zapatero y como número tres del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Está por ver aún si Óscar López contará con todo el poder que tenía Iván Redondo o si las atribuciones de su cargo se ven rebajadas con la nueva remodelación.
Sánchez ha prescindido además del titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, después de la controvertida concesión de los indultos, cuyo departamento debió argumentar la concesión de la medida de gracia para nueve excargos del Govern que estaban en prisión. Una justificación complicada después del el revés del Tribunal Supremo que se opuso a la concesión de los indultos.
La crisis con Marruecos también ha pasado factura a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien será sustituida por el embajador de España en París, José Manuel Albares. Este fue asesor de Sánchez en materia internacional y cuando llegó al Gobierno le nombró consejero de Asuntos Internacionales, dentro Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde enero de 2020 era embajador en París y ahora regresa a España para ocupar la cartera de Exteriores.
Los otros ministros que salen del Gobierno son la titular de Educación, Isabel Celaá; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.NEWSLETTER
Fuera del PalauSEMANALUna mirada a la actualidad política con las principales claves para entenderla
La quiero
Desde que se constituyó el Gobierno en enero de 2020, Sánchez ha acometido sólo dos cambios en su Ejecutivo, con reajuste mínimo. El primero llegó en enero de 2021, cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejó el Gobierno para presentarse a las elecciones catalanas. Le sustituyó en el cargo la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y se incorporó al Ejecutivo, en la cartera que la canaria dejaba libre, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Dos meses después, a mediados de marzo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno para ser candidato de su partido en las elecciones autonómicas anticipadas de la Comunidad de Madrid, y su decisión provocó la segunda remodelación, que solo afectó a las carteras de Unidas Podemos, pero alteró la estructura de las vicepresidencias.
En concreto, Iglesias fue sustituido en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la hasta entonces secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Y la entonces ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la vicepresidencia tercera y el liderazgo de los ‘morados’ dentro de la coalición. Así, ha sido ella la que ahora ha negociado con Sánchez que su amplia remodelación no afectara a las carteras de Unidas Podemos.
Al igual que en anteriores olas de la pandemia, la presión de Compromís y Podemos, socios del PSPV-PSOE en la Generalitat, ha resultado determinante para adoptar medidas especialmente severas frente al Covid-19.
El Gobierno valenciano fue el último en levantar el cierre perimetral de la región y apuró hasta el 8 de junio con el toque de queda. Menos de un mes después, Ximo Puig rescata la restricción de la movilidad nocturna, aunque para aplicar la medida deberá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Ximo Puig tambien ha solicitado el aval de la Justicia para la limitación de las reuniones sociales a un máximo de diez personas, tanto en el ámbito privado como en el público, en toda la Comunidad Valenciana.
De acuerdo con fuentes consultadas por ABC, no se espera una resolución judicial sobre el toque de queda y la limitación a las reuniones hasta la próxima semana, toda vez que se requiere de un informe preceptivo de la Fiscalía, que dispone de veinticuatro horas para emitirlo, al afectar derechos fundamentales.
La Generalitat esgrime ante el TSJ la ley de Salud Pública para adoptar medidas que limitan derechos fundamentales. Argumenta que la incidencia acumulada del coronavirus se ha disparado en la Comunidad Valenciana hasta los 262 contagiados por cada 100.000 habitantes. Una tasa que se duplica en ciudades como Valencia, metida de lleno en una situación de riesgo extremo.
Además, la incidencia entre los jóvenes de entre veinte y veintinueve años, que concentran la mayoría de nuevos contagios, alcanza los 850 positivos por cada 100.000 habitantes (menos que la media del conjunto de España).
La Generalitat ha aprobado modificaciones legales para catalogar la práctica del botellón como una falta grave en las medidas ante el coronavirus, lo que implica multas de entre 601 y 30.000 euros. En paralelo, se adelanta a las ocho de la tarde la prohibición de vender alcohol.
A la espera de que el TSJ de permiso para limitar las reuniones sociales y familiares y para aplicar el toque de queda, la Generalitat pone en marcha este sábado, 10 de julio, nuevas restricciones como el cierre del ocio nocturno.
Las discotecas solo podrán operar en las condiciones de los bares y solo hasta las doce y media de la noche. El sector va vuelto a clamar contra Ximo Puig por volver a endurecer las restricciones.
La Generalitat también ha decretado la reducción de aforos tanto en la hostelería como en eventos masivos como los conciertos.
Las nuevas medidas ante la propagación del Covid-19 en la Comunidad Valenciana estarán en vigor inicialmente hasta el próximo 25 de julio.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana permiso para aplicar el toque de queda de una a seis de la mañana en aquellos municipios que presenten una incidencia acumulada de coronavirus por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, límite que marca el rieso muy alto. Ahora mismo, y a la espera de la última actualización, la mayoría de estos municipios se concentran en la provincia de Valencia. La consellerade Sanitat, Ana Barceló, ha advertido que esta zona es la que más preocupa ahora mismo a la Generalitat.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
En estos momentos, y con datos de 5 de julio, estos son los municipios en máximo riesgo por contagios coronavirus: Valencia, Almàssera, Paterna, Sagunto, Benicàssim, Mislata, Manises, Alboraya, Burjassot, l’Eliana, Paiporta, Aldaia, Quart, Alaquàs, Catarroja, Xirivella, Bétera, Requena, Pobla de Vallbona, Silla, Utiel, Godella. Picassent, Benetússer, Alcàsser, Tavernes Blanques, Benifaió, Meliana, Vilamarxant, Massanassa, Chelva, Rocafort, El Puig, Font d’en Carròs, Biar, Bellreguard, Albuixech, Miramar, Albalat dels Sorells y Vinalesa.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
Además, hay otras localidades de un tamaño menor que también presentan una incidencia acumulada muy alta pero que están condicionados por su población. Un caso positivo en estos territorios no tienen la trascendencia de poblaciones grandes, donde es muy complicado controlar la movilidad. Es más fácil el rastreo en municipios pequeños que en los más grandes. Estas localidades más pequeñas con un índice de contagios alto son: Chelva, Azuébar, Barracas, Beniparell, Benirredrà, Calles, Castielfabib, Chóvar, Daya Nueva, La Font de la Figuera, Ludiente, Masalavés, Millena, Millares, Montán, Montanejos, Quesa, Salem, Rótova y Soneja.
Estos son los municipios a los que puede afectar el toque de queda a la espera de la última actualización de los datos por parte del Consell. Barceló apuntó ayer que los municipios señalados serán 40. Además de la incidencia se tendrá en cuenta la positividad, la movilidad y las características de cada territorio afectado. Un listado que será el que se remita entre esta tarde y mañana al TSJ para que autorice la medida. La ciudad de Valencia es una de las más afectadas con una incidencia de 511 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.https://ffefda84d937123af49097f96ecb2d6d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
Las dos medidas con mayor impacto sobre los derechos fundamentales que plantea el Consell deben contar con el beneplácito del TSJ. Hasta la fecha, el alto tribunal ha sido, junto con el órgano de Baleares, de los más condescendientes con las peticiones de la Administración para controlar la pandemia. Pero, ahora, existen diferentes circunstancias a las del pasado mes de mayo. Por un lado, el estado de alarma está agotado y el Gobierno central lo último que se plantea es decretar una nueva situación de excepcionalidad. En su última resolución, cuando el Consell reclamó extender el toque de queda, los magistrados del TSJ ya redujeron en una semana la vigencia de la restricción. No conviene olvidar el contexto.
En aquel entonces, la Comunitat iniciaba su desescalada tras el estado de alarma y la precaución se imponía ante un incierto futuro. Hoy, la situación es diferente. Y esto también tendrá que ser evaluado por los profesionales. Es cierto que la incidencia de los últimos 14 días se ha disparado,en especial, en una franja de edad que abarca hasta los 29 años. Pero, de igual modo, esta situación no se ha traducido, por el momento, en un aumento exponencial de los ingresos hospitalarios ni en número de fallecidos. Y aunque estos indicadores siguieran al alza no lo harían en la proporción de anteriores olas. Hay que tener en cuenta que un amplio porcentaje de la población, alrededor de 45% con la pauta completa.
La nueva ley dará cobertura a las limitaciones vigentes en comunidades como Cataluña y Valencia, elevando las sanciones para empresas como Uber y Cabify
Pero el departamento que dirige José Luis Ábalos está dispuesto a dar un giro de 180 grados en esta materia y aprobar una legislación nacional que sancione la actividad irregular de los VTC, una normativa de mínimos sobre la que las comunidades autónomas puedan, a su vez, introducir restricciones más duras.
Para ello, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos han introducido una enmienda en un proyecto de ley que no tiene nada que ver en principio con el asunto de las VTC, pero que dará amparo a las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas sobre aspectos como el tiempo mínimo de precontratación, limitaciones a la circulación, salidas desde garaje antes de cada viaje, obligación de llevar un registro y una hoja de ruta de cada trayecto, entre otras.
La enmienda, aprobada en el Congreso, se ha incorporado al “proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera” que se va a tramitar en el Senado, y que está previsto que entré en vigor a mediados de octubre tras su paso por el Congreso.
La nueva regulación se aplicaría a toda España, de modo que obligaría a cada una de las comunidades autónomas a aplicarla, si bien el detalle de cada limitación se delega en las autoridades regionales, permitiendo que aquellas más beligerantes contra estas plataformas mantengan sus restricciones actuales, y obligando al resto a ajustarse a la norma nacional.
Enmienda PSOE-Podemos
Así, la enmienda socialista añade un apartado 39 al artículo 140 de la LOTT para considerar “infracción muy grave” a toda una serie de prácticas de los VTC, siguiendo el modelo punitivo ya vigente en comunidades autónomas como Cataluña. De esta forma, se considera infracción muy grave “el inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan”, según señala la enmienda del grupo socialista a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
También será sancionable el inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del titular de la autorización sin que los clientes hayan efectuado la precontratación del servicio, aunque no se precisa ese tiempo mínimo, de forma que sean las comunidades autónomas las que lo regulen. Por ejemplo, Cataluña aprobó en enero de 2019 un tiempo mínimo de 15 minutos entre que el cliente pulsaba el botón de llamada en su app hasta que podía subirse al VTC, pero dejó vía libre a ayuntamientos como el de Barcelona y su zona metropolitana para que ampliaran este periodo (el área metropolitana de Barcelona lo intentó fijar en una hora, pero el intento fue paralizado en los tribunales). También el Ayuntamiento de Valencia acaba de aprobar una ordenanza que incluye el establecimiento de un mínimo de una hora.
Asimismo, se considera infracción máxima que el VTC circule para la búsqueda, recogida, o para propiciar la captación de clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio por la app en el tiempo previsto para la precontratación. O prestar un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a este exigidos por la legislación vigente al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre.
Por último, se sancionará el incumplimiento de las condiciones legales o reglamentariamente establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo, o que este no lleve a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio.
España contaba al cierre del mes de junio con 17.155 licencias de VTC, lo que supone que durante los seis primeros meses de 2021 dichas licencias aumentaron en 364, un 50% más que en todo el año 2020, cuando solo se añadieron 241 licencias debido al parón por la pandemia del coronavirus. Paralelamente, hay cerca de 64.000 licencias de taxi, aunque su concesión por los ayuntamientos está parada desde hace décadas, con el consiguiente mercado negro de venta de las mismas.
La CNMC señala fundamentalmente tres obstáculos principales a la competencia: los límites cuantitativos a las licencias de VTC (actualmente 30 de taxi por cada una de VTC), la obligación de contratación previa del servicio y la prohibición de competir de forma directa en la vía pública.
La plataforma multimodal FREE NOW ya ofrece servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Francia. La compañía, tal y como hace en más de 100 ciudades europeas, amplía su oferta en el país galo para que los usuarios puedan elegir el tipo de vehículo que desean para realizar sus desplazamientos.
Hoy el portal web free-now.com/fr despliega en su landing page una imagen con una VTC, e informa que ya está disponible este servicio en París y sus inmediaciones, la región de Lyon, Niza, Burdeos y Cannes.
Viendo la trayectoria de la compañía, y teniendo en cuenta que en España hace unas semanas la empresa comenzó a ofrecer servicios de motos, dejando así de ser exclusivamente un servicio de taxis, todo hace suponer que FREE NOW España, no tardando, podría ampliar su plataforma multimodal incorporando también VTCs.
La sombra de una compra
Además, conviene recordar que en los últimos meses se han sucedido los rumores que apuntaban a una posible operación de compra, por la cual Uber habría adquirido una parte de FREE NOW. Dada la trascendencia de estas filtraciones, La Gaceta del Taxi tomó la decisión de contactar con ambas compañías para averiguar lo que había de cierto. Miembros de la alta dirección de Uber España aseguraron a este medio que desconocían esa operación. Por su parte, el director general de FREE NOW España, Jaime Rodríguez de Santiago, a través de un correo electrónico remitido a la dirección del medio, aseguraba que este rumor “tampoco es nuevo, como ha sucedido en el pasado con otros”. Al respecto añadía claramente “nunca comentamos sobre ellos y esta vez no va a ser diferente porque afecta a la actividad de nuestros accionistas, que son empresas cotizadas”.
Los hechos contrariamente parecen indicar otra cosa. Sin ir más lejos, otro dato esclarecedor es que el pasado mayo se ha constituido la asociación europea de transporte intermodal Move EU, de la que son socios fundadores FREE NOW, Uber y Bolt. Teniendo en cuenta que, como hemos mencionado, en España FREE NOW acaba de incorporar a su aplicación el servicio de scooters, no resultaría descabellado deducir, en línea con el resto de asociados, que también en España la plataforma alemana acabe ofreciendo servicios de VTCs. ¿Cuándo? Esa es la incógnita
La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza del Taxi del Ayuntamiento de Madrid que fue publicada finalmente el pasado 22 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad. La asociación representativa de los taxistas ha solicitado, además, medidas cautelarísimas para que se suspendan temporalmente los artículos aprobados por el Consistorio hasta que se pronuncien los tribunales.
Una semana después de su entrada en vigor, la organización presidida por Julio Sanz, al igual que hiciese con el Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid que fue declarado nulo, ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el texto local por considerar que es “una chapuza y un bodrio” y un “desprestigio hacia un sector que no se merece esta Ordenanza”. Sanz, visiblemente enfadado, no ha dudado en afirmar que “el Ayuntamiento de Madrid es el enemigo del taxi y se ha pasado por el forro de los caprichos lo que ha dicho el TSJM con respecto al Reglamento”.
Precisamente el recurso ha sido interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJM, la misma que anuló el mencionado Reglamento. Con este acción, FPTM cumple su promesa de impugnar la normativa local, tal y como afirmó la semana pasada nada más conocerse el contenido del texto. Las medidas cautelarísimas, en palabras del propio Sanz, se han pedido para evitar que los taxistas madrileños se vean forzados a realizar algunos de los cambios a los que obligan los preceptos aprobados. /TAMBIÉN ES NOTICIA
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre cookies
La plataforma multimodal FREE NOW ya ofrece servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Francia. La compañía, tal y como hace en más de 100 ciudades europeas, amplía su oferta en el país galo para que los usuarios puedan elegir el tipo de vehículo que desean para realizar sus desplazamientos.