Una mujer de 47 años que circulaba con un patinete eléctrico y una joven ciclista resultaron heridas este mediodía al sufrir un accidente en el carril bici de la calle Colón en Valencia. Las dos mujeres se estrellaron con sus vehículos tras rozarse cuando el patinete adelantaba a la bicicleta, según informaron fuentes policiales.
Dos sanitarios se desplazaron al lugar con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para asistir a las víctimas. La conductora del patinete sufrió un traumatismo craneal y una fractura en el tabique nasal tras golpearse la cara contra el suelo en la caída. La mujer sangraba por los oídos y fue trasladada al Hospital La Fe, según informaron las mismas fuentes. La ciclista presentaba una contusión en la barbilla cuando los sanitarios la atendieron.PUBLICIDAD
La ambulancia durante las labores de atención a la víctima, en plena calle Colón. / LP
El accidente se registró pocos minutos después de las 14 horas cuando los dos vehículos circulaban en dirección a la calle Xàtiva. La Policía Local se hizo cargo de las investigaciones para determinar las causas de la colisión.
En un nuevo capítulo del conflicto que los peones de taxis porteños mantienen contra Uber, trabajadores nucleados en la agrupación Taxistas Unidos atacaron ferozmente a un chofer de la aplicación en pleno centro porteño.
Todo ocurrió el sábado a la noche a metros del Obelisco y terminó en un brutal enfrentamiento cuando el hombre, de origen venezolano, llamó a varios de sus compatriotas para que lo secundaran en la pelea.
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El auto que los taxistas reconocieron como un prestador de Uber circulaba por Carlos Pellegrini, cuando fue interceptado por el contingente de choferes de forma muy violenta. El conductor rápidamente se comunicó con sus pares que llegaron hasta el lugar y salieron, a los golpes, en defensa de su compañero.
Los testigos aseguran que eran más de 20 y que llegaron en motos y bicicletas que utilizan para trabajar como repartidores de las aplicaciones Rappi y Glovo.
Según puede observarse en las imágenes tomadas desde los vehículos que circulaban por el lugar, la pelea se sucedió a golpes de puño, patadas, empujones, e incluso los repartidores llegaron a usar sus cascos como arma contra los taxistas.
Durante el tiempo que demoró en llegar la Policía de la Ciudad todo fue un caos, con el tránsito cortado sobre Pellegrini, una caravana de autos que intentaba abrirse paso, y un espectáculo violento y sin freno que se cobró varios heridos leves.
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Del operativo para desarticular el ataque también participó personal de Gendarmería y fue necesario desplegar una gran cantidad de agentes.
El rechazo de los taxistas de la Ciudad de Buenos Aires contra la plataforma de gestión de viajes es una causa que unifica a las distintas agrupaciones sindicales en las que se enlistan los choferes. Todos quieren que tanto esta aplicación como otras similares dejen de funcionar en el país. Las consideran ilegales, las acusan de «operar en la informalidad en nombre de las tecnologías, que agudizan la precarización laboral y restan alto porcentaje de trabajo en una actividad totalmente formal y regulada».
No obstante, y más allá de una causa común, el grueso de los gremios se desprende de las prácticas violentas, la persecución y el hostigamiento que un núcleo menor despliega sobre conductores y vehículos cuando sospechan que presta servicio para Uber. Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2018 hubo al menos 750 ataques de los «caza Uber», y se radicaron 250 denuncias formales. También se retiraron licencias de conducir a choferes que fueron identificados como agresores.
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En paralelo, la aplicación sortea un conflicto con la AFIP, que le reclama una deuda de $ 358.700.000 por impuestos impagos correspondiente a los períodos fiscales 2016-2017. El fisco entiende que Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país.
Asimismo, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no independientes, como sostiene la empresa. Ésta, por su parte, refutó los dichos mediante un comunicado afirmando que «paga todos los impuestos» y que «no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores» ya que nos son «empleados de la plataforma».
Quiere saber qué hizo hasta ahora para cumplir una medida cautelar de hace tres años, que ordenó que el Ejecutivo impidiera la actividad de la empresa en Buenos Aires.
La Prohibición
El 13 de abril de 2016, al día siguiente de que Uber comenzara a operar en Buenos Aires, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad dictó una medida cautelar ordenándole al Gobierno porteño que impidiera su actividad.
Lo hizo tras una presentación del Sindicato de Peones de Taxi de la Capital.
Pero ni esa medida ni otros reveses judiciales alcanzaron para frenar a la empresa que conecta a sus «socios conductores» con personas que necesitan hacer un viaje.
Ya en 2018, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese fuero le pidió al juez a cargo de la causa que monitoreara el cumplimiento de la cautelar, en vista de «la inacción de las partes involucradas».
Ahora, el titular del Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo, Víctor Trionfetti resolvió ampliar esa medida cautelar de 2016.
Lo hizo a partir de las comunicaciones de la AFIP, que le reclaman impuestos impagos a Uber.
Para empezar, el juez le libró un oficio a la Agencia Gubernamental de Control para que informe en un plazo de 20 días si Uber o alguna empresa vinculada a Uber presentaron algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.
Y para que si eso ocurrió, informe en qué fecha y envíe los antecedentes administrativos.
También le libra un oficio al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, para que también en un plazo de 20 días informe de manera detallada «cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la cautelar dictada en fecha 13/4/2016, que se encuentra firme».
El juez recuerda que aquella medida le ordenó al Ejecutivo porteño que «arbitre medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber B.V. o Uber Technologies INC o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad hasta que se dicte sentencia definitiva».
Por eso, ahora Trionfetti le pide al Gobierno que precise «cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía» para garantizar el cumplimiento de esa cautelar.
En su fallo, el juez amplía esa cautelar para que alcance a las 14 empresas vinculadas con Uber mencionadas en las comunicaciones de la AFIP.
Por último, el juez Trionfetti ratifica que el Gobierno porteño «deberá adoptar de modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollen estas empresas en materia de transporte de pasajeros en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
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Trato hecho. La empresa conjunta entre los grupos BMW y Daimler para servicios de movilidad, incluido el uso compartido de automóviles de DriveNow y car2go, también ha superado el último obstáculo administrativo.
La autorización de las autoridades antimonopolio de EE.UU. dió luz verde prácticamente un mes después de la autorización de la Comisión Europea y 9 meses después del anuncio oficial de la operación, que tuvo lugar el pasado mes de marzo y fue precedido por una serie de rumores.
Con las respectivas plataformas, los dos fabricantes alemanes ya tienen 43 millones de clientes en el mundo y 20.000 automoviles compartidos distribuidos en 30 grandes ciudades.
Daimler AG y BMW Group acordaron oficialmente fusionar sus servicios de movilidad urbana en una sola compañía controladora en marzo de 2018 con una participación del 50 por ciento cada uno.
LA FUSIÓN
Ahora, quieren unificar sus servicios en cinco categorías creando cinco empresas conjuntas: Reach Now, Charge Now, Park Now, Free Now y Share Now.
Ambos fabricantes de automóviles planean invertir 1.000 millones para fomentar estos servicios de movilidad urbana en los próximos años. Ya hay 60 millones de personas que utilizan uno de los 14 servicios disponibles actualmente.
Vamos a repasar los detalles. Free Now es el nombre de la compañía de viajes, que incluye mytaxi, Kapten, Clever Taxi y Beat. Esos servicios combinados operan en 130 ciudades en 17 países. Hive, una nueva compañía de e-scooter, también es parte de Free Now.
MYTAXI
La empresa mytaxi ya envió un correo electrónico a sus clientes diciendo que la compañía cambiará el nombre de su servicio a Free Now.
También informó a los taxistas asociados a la app que encarecerá las comisiones de los servicios.
El problema de mytaxi radica principalmente en su base de datos. Los clientes afines al taxi que usan la app, serán captados por mytaxi.
Recordemos también que FACUA-Consumidores en Acción instó a la multinacional alemana a que corrijiese una serie de condiciones contractuales que considera contrarias a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios.
Asimismo, un tribunal de Frankfurt declaró ilegales por “competencia desleal” los agresivos descuentos de la aplicación.
DUMPING
Según denunció Elite Taxi, la empresa incurre en la práctica conocida como dumping, prohibida a nivel internacional en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio firmado en 1947. Consiste en “vender un producto por debajo de su precio, incluso por debajo de su coste de producción, con el fin de eliminar empresas competidoras y apoderarse del mercado”.
LAS OTRAS MARCAS
No está claro qué va a pasar con las otras marcas. Chauffeur-Privé recientemente cambió su nombre a Kapten, por lo que parece que las aplicaciones y los servicios no se fusionarán de la noche a la mañana.
Charge Now ya existe y es una red de puntos de carga públicos para automóviles eléctricos. También proporciona un servicio de etiqueta blanca para los fabricantes de automóviles. Así que nada está cambiando allí.
Park Now combina un servicio existente llamado ParkNow (lo sé, es confuso), ParkMobile, RingGo y Park-line. Como los nombres sugieren, todos ellos operan servicios de estacionamiento.
Share Now tiene que ver con servicios de flotas. Daimler y BMW tenían cada uno su propio servicio, DriveNow y Car2Go; ahora están bajo el mismo techo.
Responderá a la empresa que se comprometió en julio a trasladar su domicilio fiscal a España. La compañía acusó a Pablo Iglesias de mentir en el debate de Atresmedia
photo_cameraPablo Iglesias, en la plaza del Reina Sofía.
Hace una semana, Cabify emitió un inusual comunicado en el que acusaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mentir en el debate televisado por Atresmedia al atribuirle que no pagaba sus impuestos en España. Ahora, la formación morada prepara la respuesta a la multinacional.
“La empresa española cumple al 100% con sus obligaciones fiscales en España y paga el 100% de los impuestos que genera su actividad en nuestro país”, aseguró la multinacional en el comunicado.
La empresa llamó a Iglesias a la responsabilidad: “Cabify considera que sería un signo de responsabilidad pública e iría en beneficio del emprendimiento y la economía nacional evitar declaraciones que no se ajusten a la realidad de una empresa que es un referente en el ecosistema emprendedor español, como Cabify, ya que si se hace se estaría cuestionando al propio emprendimiento español y su imprescindible aportación a la sostenibilidad de la economía nacional”.
Cabify lamentó “las dudas generadas” por Iglesias y aseguró que “las aportaciones estimadas a las arcas públicas en 2018 por la actividad generada en España por Cabify fue de 40 millones de euros”. “A título individual, la aportación de Cabify para el mismo periodo asciende a 8 millones de euros (IVA, IRPF y cotizaciones)”, añadió.
Podemos prepara la respuesta
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la dirección de Podemos, Pablo Iglesias no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad para volver a cargar contra la compañía y reiterar el mensaje que ha mantenido en los últimos meses.
La cúpula de la formación prepara un contundente comunicado similar al que lanzó el pasado mes de julio, en plena guerra con el sector del taxi, y en respuesta a otra carta de uno de los fundadores de Cabify, Juan de Antonio.
“Vuestra sede sigue en Delaware”
Según las fuentes consultadas, el eje central del documento de respuesta que prepara Podemos será reprochar que, nueve meses después, la sede de Cabify siga en Delaware y de que utilice técnicas de elusión fiscal para pagar menos impuestos en España.
Le afeará también que intente “censurar” la opinión de Podemos sobre el negocio que desarrollan las empresas de VTC. Y mostrará su asombro porque una multinacional con sede en un paraíso fiscal considere que puede impedir expresar su postura a una fuerza política que representa a casi cuatro millones de personas.
Cabify se comprometió a trasladar su sede
Pese a las explicaciones ofrecidas por la compañía, lo cierto es que Cabify mantiene efectivamente su matriz en Delaware, un territorio en Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal de facto por su ventajoso sistema tributario.
El pasado mes de julio, en la primera gran batalla de la guerra del taxi, Cabify se comprometió a trasladar a España su sede fiscal, algo que todavía no ha sucedido. “Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal. Es algo que ya teníamos previsto, pero que hemos querido adelantar para cerrar de una vez esta discusión”, explicó entonces en una entrevista a El Independiente, Mariano Silveyra, country manager en España.
El directivo de Cabify ya advirtió de que este cambio es “complejo y lleva su tiempo”, pero el partido de Pablo Iglesias le recordará ahora que ya han pasado nueve meses desde aquellas palabras y todavía no se ha completado el traslado.
El principal atractivo de Delaware es que concede una exención de impuestos para todas las compañías que coloquen entre sus fronteras su residencia fiscal, sin importar su procedencia, siempre y cuando no operen dentro de su territorio. Es decir, una empresa española podría establecerse allí y ahorrarse los impuestos siempre y cuando su actividad se limite a nuestro país.
Un enfrentamiento que viene de lejos
Podemos y Cabify mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento a costa de la actividad de la empresa de coches de alquiler con conductor. La firma defiende que tributa en España y que cumple con todos los requisitos legales, mientras la formación política la acusa de elusión fiscal y explotación a sus trabajadores.
Tanto Iglesias como otros líderes de Podemos, entre ellos la portavoz y número dos, Irene Montero, el portavoz de la Comisión de Fomento, Rafa Mayoral, el secretario de Organización y Programa, Pablo Echenique, o el fundador y ex dirigente Juan Carlos Monedero, se han mostrado siempre públicamente a favor del sector del taxi.
Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) para transporte de viajeros con conductor, advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a «papel mojado», literalmente, dentro de cuatro años cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular al sector. El Pleno del Congreso decidirá el jueves si convalida o deroga el Real Decreto Ley.
El despacho considera que limitar la validez de estas autorizaciones para sacarlas de los trayectos urbanos -que quedarán limitados a los taxistas salvo que ayuntamientos y CCAA utilicen sus nuevas competencias para aprobar nuevas licencias- supone una «expropiación encubierta» por parte del Gobierno, ya que el 90% del uso de las actuales autorizaciones es utilizada hoy para realizar recorridos dentro de una misma ciudad bajo plataformas digitales como Uber y Cabify.PUBLICIDAD
En este sentido, el informe advierte del daño que genera esta medida sobre la seguridad jurídica del país. «Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio de las mismas para el que fueron solicitadas, éstas se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero», avisa el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Esta conclusión supone un auténtico mazazo para sus actuales propietarios que amenaza cualquier proyecto de futuro de las compañías. Algunas como Cabify, que combina la titularidad de autorizaciones con el desarrollo de su plataforma digital, estaban incluso sondeando su salida a Bolsa el próximo año.
Nueva normativa
La nueva normativa de Fomento supone hoy por hoy una gran victoria de los taxistas al poner fecha de caducidad a sus rivales sobre el asfalto. No obstante, el decreto deja a modo de «indemnización en especie» un plazo de cuatro años para que los actuales titulares de VTC recuperen sus inversiones.
El plan de estos grupos es aprovechar este tiempo para crecer y extenderse por nuevas ciudades de la geografía española, casi duplicando el número de vehículos que tienen ahora mismo en operación. Uber, por ejemplo, prepara su desembarco en Bilbao y Valencia de la mano de Moove, propietaria de miles de autorizaciones. No obstante, entes locales y autonómicos ya pueden regular sus condiciones de circulación y contratación para aproximarlas a la de los taxistas en lo que se refiere a horarios, características de los vehículos…
Las empresas ya están analizando las vías para hacer llegar al ministro José Luis Ábalos sus reclamaciones por vía administrativa, en las que se argumenta que el plazo dado es insuficiente y reclaman una prórroga adicional de dos años que viene estipulada en el decreto. Si Fomento rechaza el nuevo plazo o no se pronuncia, las empresas podrán acudir a la vía judicial.
Indemnizaciones
«El sistema indemnizatorio previsto parece muy alejado del poder establecer un verdadero equilibrio entre los daños provocados por la expropiación y la indemnización planteada. En ningún caso podrá alcanzar el valor real de los derechos expropiados», establece Garrigues.
Este informe se suma al realizado por el abogado especializado en transporte José Andrés Díez para la patronal Unauto dentro de la ofensiva legal que pretende activar el sector de las VTC si esta semana se convalida en sede parlamentaria el real decreto-ley. El Gobierno aún no ha logrado el apoyo a su texto normativo tras anunciar hace unos días el PDeCAT que genera «enormes incertidumbres» para la Generalitat. Las regiones han pedido a Fomento un compromiso por escrito de que la habilitación competencial no supondrá una oleada de reclamaciones contra las propias autonomías para exigir una indemnización próxima a los 3.750 millones.
Ambos textos jurídicos concluyen que la nueva normativa viola varios artículos de la Constitución al no estar justificada la «urgencia y necesidad» requerida para ser tramitado por la figura del real decreto-ley. Además, insisten, supone una «modificación encubierta» del régimen competencial de las autonomías, por lo que debería haber sido tramitado como ley orgánica.
El sector está buscando apoyos entre los grupos parlamentarias y las comunidades autónomas para lograr un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes del sector creen que la vía más favorable para tratar de torpedear la nueva regulación se producirá por la consulta de un tribunal ordinario al Constitucional.
La empresa norteamericana, conocida en todo el mundo por sus polémicas con el sector del taxi, tiene previsto salir a cotizar este mismo mes de mayo.
“Modelo de negocio peligroso”, “imposibilidad de ser rentable”, “evitar entrar en el valor hasta que las caídas de precios lo dejen en un nivel más aceptable”, “asediada por sus competidores”, “la conflictividad con los conductores crecerá”, “la ratio de viajes está decayendo en algunas ciudades”, “se frena el crecimiento de la facturación”, “no se parece a Amazon ni remotamente”, “una empresa que pierde la fascinante cifra de 3.000 millones al año”… los analistas bursátiles norteamericanos parecen tenerlo claro: meter dinero en la salida a bolsa de Uber es una jugada de alto riesgo con grandes posibilidades de pérdida, al menos en momentos iniciales.
La empresa californiana, conocida en todo el mundo por sus polémicas con el sector del taxi, que no son exclusivas de España, tiene previsto salir a cotizar este mismo mes de mayo en una OPV de alto riesgo. Desde Bloomberg se apunta a que podría captar 10.000 millones de dólares y ser valorada en 100.000 millones, quedando muy cerca de la salida a bolsa que protagonizó Facebook en 2014. Con una diferencia no irrelevante: la empresa de Mark Zuckerberg ya tenía cuando salió a bolsa un modelo de negocio publicitario rentable, mientras que la empresa fundada por Travis Kalanick, que tuvo que abandonar la dirección envuelto en un sinfín de polémicas, batalla por el momento en varios frentes sin conseguir ganar dinero con ninguno.
Parón en el crecimiento
El consenso de los analistas norteamericanos respecto a la posibilidad de rentabilizar la inversión en Uber es abrumador: la compañía depende de un crecimiento exponencial de sus ingresos y precisamente en los últimos trimestres este crecimiento se ha frenado: de enero a marzo facturó en su negocio principal (la competencia al taxi) entre 11.300 millones y 11.450 millones de dólares, lo que supondría un 1% menos que el último trimestre de 2018.
Aunque en Navidades siempre hay más demanda de casi todo que el resto del año, también de viajes bajo demanda, hay quienes piensan que un servicio emergente que depende de un alto crecimiento y en los meses previos a su salida a bolsa debería de crecer con gran fortaleza. Sin embargo Uber no lo está consiguiendo
Y es que la competencia es feroz en sus distintos segmentos, como Uber Eats. Guste más o menos su marca, lo cierto es que el transporte a través de apps se está convirtiendo prácticamente en una commodity que todas las empresas pueden realizar sin una especial inversión tecnológica. Esto hace que la posibilidad de Uber de generar valor es escas.
Recorte de costes
Otros expertos consideran que Uber está atrapado en un problema de costes que le deja por el momento muy lejos del break even. La compañía necesitaría recortar notablemente la retribución de cada uno de sus ‘partners’ conductores para obtener más beneficio por cada carrera. Pero esto, en un entorno de cada vez mayor conflictividad con sus conductores que reconoce la propia multinacional, no es tan fácil.
La empresa parece empeñada en buscar la rentabilidad eliminando uno de los actores de su negocio: el conductor, que pese a cobrar en ocasiones salarios bajos es un intermediario que impide el beneficio. Por ello, Uber necesita desesperadamente, apuntan los analistas, que llegue el coche autónomo, una tecnología donde compite con gigantes como Google. Sin embargo, ¿será implementada regulatoriamente esta tecnología a tiempo para salvar las peligrosas cuentas de la multinacional?
Problemas regulatorios
Mención aparte merecen los problemas regulatorios a los que se enfrenta la compañía por todo el mundo. Si alguna ventaja tiene Lyft respecto a Uber es que la compañía opera exclusivamente en Estados Unidos y Canadá y está especializada en estos dos mercados. Ello supone que el coste regulatorio está bastante descontado.
Sin embargo, Uber ha dado el salto a geografías muy diferentes y complejas como son las propias europeas (donde está teniendo sus principales problemas), India o Hispanoamérica, por poner ejemplos. En cada una de ellas, su esfuerzo para adaptarse a la regulación está costando muchos dolores de cabeza.
La empresa intenta a largo plazo laminar al conductor, un intermediario que impide el beneficio
En definitiva, la llegada de Uber al parqué está cosechando más críticas que elogios. Sin ir más lejos hasta columnistas del New York Times han criticado que la empresa “sea lo mejor que pueda ofrecer Silicon Valley, porque si esto es así, Estados Unidos necesita un camino para encontrar nuevas ideas que realmente merezcan la pena”
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