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En su reunión con el consejero de Transportes del Cabildo advierten que han perdido una operatividad del hasta el 40% y que muchas de las 700 familias que viven del sector comienzan a tener serios problemas de endeudamientos
El creciente problema del intrusismo que está padeciendo el transporte público de viajeros en los últimos años ha mermado hasta en un 40% la operatividad del servicio del sector del taxi en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, según denunciaron los representantes de este sector al nuevo consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Trujillo Marrero.
“Llevamos años con la misma situación de retroceso y no se ven soluciones de las instituciones que tienen las competencias para salvar al sector y erradicar un problema que se está enquistando”, le dijo el presidente de la Cooperativa Taxista San Agustín, Raimundo Vega Castro, al consejero insular durante la reunión que éste y su director de gobierno mantuvieron en Maspalomas con los taxistas y a la que también asistieron el concejal de Transportes, Pablo González Quintana; el subcomisario jefe de la Policía Local, Arquímedes Martel, y el sargento de la Comandancia de Tráfico de Maspalomas, José Marrero Naranjo.
El sector del taxi en San Bartolomé de Tirajana, del que viven actualmente unas 700 familias, cuenta con 350 licencias de las que 343 pertenecen a la misma empresa cooperativa, que dispone de 66 empleados, y otras siete que forman parte de la Asociación insular de Taxistas del Sur, que también participó en la reunión defendiendo la misma petición de persecución al intrusismo.
Durante el encuentro de trabajo, que se alongó cerca de dos horas en las dependencias municipales de la Casa de Saturninita, los taxistas denunciaron la existencia de particulares extranjeros que realizan transportes vacacionales incluso de traslados al Aeropuerto; la actividad de guaguas que desplazan turistas hacia las playas y centros de ocio desde los centros hoteleros, y sobre todo la supuesta alegalidad permisiva con la que están trabajando en esta isla los microbuses y las limusinas (VTCs), sobre todo en el interior de la urbanización turística Maspalomas Costa Canaria.
Moratoria VTCs
Respecto a estos vehículos de lujo, los taxistas advirtieron al consejero Trujillo Marrero de la existencia de una supuesta red que al parecer estaría contratando servicios discrecionales a comisión de forma directa y fraudulenta con cadenas hoteleras y con la connivencia de los recepcionistas que, incluso, estarían ofreciendo a los turistas información tergiversada con el ánimo de denostar y desprestigiar la calidad del servicio de los taxistas municipales.
“Es necesario que se practique una moratoria a la expedición de licencias para las limusinas porque están llevando al sector del taxi a un empobrecimiento cada vez mayor. Nos sentimos arrinconados. Nuestros servicios han descendido hasta un 40% y eso está motivando un nivel de endeudamiento bastante alto, insostenible, para muchos de los miembros del colectivo”, le dijeron al consejero de Transportes.
Esta situación que atraviesa el sector del taxi en Maspalomas ha motivado que los socios de la principal Cooperativa, indignados e impotentes, hayan mantenido últimamente hasta cinco asambleas, rechazando en la última y sólo por 10 votos de diferencia emprender una huelga local para manifestar su desafuero.
Inspección y sanciones
En la misma reunión, los taxistas solicitaron una revisión de la Ley de Transportes y un endurecimiento de las sanciones económicas coercitivas e incluso la paralización y retirada de los vehículos de los infractores reincidentes. También pidieron agilización en la tramitación y cobro de los expedientes sancionadores, sobre los que plantearon dudas de que efectivamente se estén llevando a cabo.
Al respecto, el director de gobierno de Transportes del Cabildo, Francisco Rodríguez, aclaró que todas las denuncias instruidas por la Guardia Civil y la Policía Local se tramitan, aunque advirtió que el Cabildo sólo dispone de 4 inspectores que están supeditados a la inspección de empresas, pero no a realizar controles a pie de calle.
Rodríguez afirmó que durante el año 2014 el Cabildo tramitó expedientes sancionadores con una carga económica global de casi 3 millones de euros, de los que se cobraron cerca de 1,5 millones, y que sólo prescribieron sanciones por valor de 200.000 euros por falta de personal. Además aclaró que al menos el 15% de las denuncias abiertas por la Guardia Civil o la Policía Local se desestimaban por no cumplir rigurosamente con las tipificaciones y dictados de la Ley de Transportes de Canarias. También habló de un promotor de una docena de coches VTCs con sanciones pendientes de más de 150.000 euros “paralizadas por mandato judicial y pendientes de resolución”.
Sobre este mismo asunto, el sargento de la Benemérita, José Marrero Naranjo, puso en conocimiento del consejero insular de Transportes la dificultad y problemática que están teniendo los guardias civiles de Tráfico para instruir las denuncias sin temor a que sean desestimadas, debido precisamente a la falta de formación específica para afrontar los cambios constantes sufridos por dicha Ley.
“Si el Cabildo consigue ofrecer esa formación a la Guardia Civil que actúa como inspectores de tráfico sería un logro. No me explico cómo pareciendo eso un tema tan sencillo aún no se le ha dado una solución”, planteó uno de los representantes de los taxistas, que también demandó “una regulación urgente del transporte para que cada uno coma en su propio plato”, dijo
