El Ayuntamiento de Valencia ha procedido a abrir las playas de la Malvarrosa y la Devesa, desde la Gola de Pujol hasta la Gola del Perellonet, tras los buenos resultados obtenidos en los últimos análisis realizados en el agua.
Fuentes municipales informaron de que no hay constancia de problemas en las depuradoras de El Saler y Pinedo, y que la posible causa de la llegada de estas bacterias podría ser el aumento del caudal de agua de riego, que podría haber arrastrado aguas con estas bacterias de la zona de Sedaví-Alfafar que desembocan directamente en la gola de Pujol.
Desde el consistorio aseguran que los resultados obtenidos hoy son «muy buenos» y han justificado la decisión de cerrar al baño las playas «si las pruebas no muestran escrupulosamente los niveles óptimos de calidad».
A mediados de junio, los Ayuntamientos de Valencia y Alboraya restringieron el baño un día en las playas de la Malvarrosa, Cabanyal y Patacona debido al hallazgo de bacterias coliformes en un análisis del agua realizado por la Conselleria de Medio Ambiente.
Asimismo, a finales de junio las playas de la Patacona y Port Saplaya Nord de Alboraya (Valencia) se cerraron dos días al baño, al haber detectado niveles elevados de parámetros microbiológicos. EFE
Desde la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana manifiestan su descontento con la composición del Consejo
Ha sido publicada la Resolución por la que se nombran los nuevos vocales del Consejo del Taxi de la Comunidad Valenciana:
Por el sector del Taxi: • Unión de Asociaciones de Taxis de la Comunidad Valenciana (Gremial). • Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana. • Asociación Empresarial de Autotaxis de la Comunidad Valenciana (Empresarial). Como organización sindical, la Unión Sindical Obrera (U.S.O). Un representante de asociaciones de Consumidores y usuarios (AVACU), un representante de personas con discapacidad (CERMI) y un representante de cada Provincia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
“Por muchas veces que se repita que es un órgano consultivo, desde la Confederación queremos manifestar nuestro descontento con la composición del Consejo del Taxi por varios motivos”: 1- La Asociación Empresarial representa los intereses de unos pocos “floteros” de Valencia y las licencias que gestionan y hay asociaciones con mayor representación en muchos puntos de la Comunidad Valenciana.
2- En la Comunidad Valenciana hay más de un 90 % de taxistas titulares de una sola licencia de Taxi, y sin embargo en el Consejo del Taxi, de tres asociaciones que pueden entrar, dos de ellas representan al sector del Taxi empresarial de Valencia (un 66 % del Consejo) y solo la presencia del sindicato U.S.O que forma parte del Consejo como organización sindical, equilibra este dislate (menos mal que tenemos un gobierno progresista, porque viendo las decisiones que se toman nadie lo diría).
3- La Confederación a día de hoy representa más del doble de taxistas que la Unión y la Empresarial juntos, y solo tiene un representante en el Consejo, creemos que el sistema para decidir la representación es muy deficiente y se aprobó (en tiempos de Isabel Bonig) con la intención de mantener la hegemonía perdida por la Asociación Gremial en las mesas de representación a favor del modelo empresarial, y nadie comprueba si lo que se dice es cierto.
Es un compromiso de Ximo Puig, expresado posteriormente en la Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana que los órganos de representación tengan implantación real, incluso en su Artículo 6 Punto 5 dice que la Consellería debe confeccionar una base de datos (que no se ha realizado), para que los titulares de Licencia de Taxi faciliten la información sobre la asociación que les representa.
Creemos que la decisión de mantener los mismos miembros del Consejo del Taxi es un error grave de la Consellería de Transportes, ya que vemos tres posibles motivos de esta decisión, la distorsión existente entre la realidad y la información que llega a la Consellería, un intento de contentar a estos empresarios que llevan decenas de escraches al Presidente de la Generalitat, o lo que es peor, la poca importancia que se le da a la mesa de representación del sector.
valencia. El sector del taxi de Valencia organiza una recogida de alimentos para donar a la Casa Caridad. A partir de las 12 horas de hoy se podrá hacer entrega de productos no perecederos para poder atender las necesidades de esta entidad benéfica. Apuntan que también es urgente conseguir productos de higiene tanto para niños como para adultos. Entre otros objetos se requieren pañales, toallitas húmedas, gel, crema hidratante, colonia o papel higiénico.
Las playas de la Patacona y Port Saplaya Nord de Alboraya siguen cerradas al baño este sábado después de la prohibición decretada por el Ayuntamiento de Alboraya tras la orden del Servicio de Planificación y Recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas de la Generalitat que detectó niveles elevados de parámetros microbiológicos.
Así lo han confirmado fuentes municipales, después del cierre de este viernes al detectarse que los análisis realizados en día anterior superaban los límites legales. También el Ayuntamiento de Alboraya lo ha confirmado en su cuenta de Twitter, donde ha confirmado que hoy sábado permanecerán cerradas.
Estaba previsto hacer un nuevo análisis en la tarde del viernes para determinar si continúan cerradas al baño o se levanta la prohibición pero de momento no se ha informado de cambio en la situción.
Niveles.Los parámetros salieron más elevados de la cuenta, pero menos, dicen desde el Consistorio, que hace quince días.Enterococos.Una concentración muy elevada de enterococos puede provocar infecciones en las vías urinarias, endocarditis, heridas infectadas o abscesos abdominales.Valencia.En la capital los análisis dieron valores adecuados y las playas no cerraron.
La historia se repite, con apenas quince días de diferencia y por segunda vez en la temporada de baño. La Generalitat decidió este viernes por la tarde cerrar las playas de Patacona y Port Saplaya Norte en Alboraya al detectar en los análisis del jueves «niveles elevados de parámetros microbiológicos» que miden la concentración de dos tipos distintos de bacterias fecales. Los que superaban los niveles eran enterococos intestinales. Desde el Consistorio explicaron que los estudios dieron «valores superiores a los permitidos, menos que los que se registraron hace dos semanas», según la concejala Ana Bru. Hace quince días tuvieron que cerrarse al baño la Patacona y las dos playas del norte de Valencia, la de la Malvarrosa y la del Cabanyal, por encontrarse bacterias fecales en el agua. Estas dos, por cierto, no cerraron durante el viernes: los análisis arrojaron resultados aptos para su uso.
El pasado día 14 ya se especuló con que el vertido que provocó el cierre había de venir, por la dinámica de las corrientes, del norte de la capital. Se llegó a apuntar a Alboraya dado que el emisario de Vera no echa al mar aguas residuales sino pluviales. La concejalía de Ciclo Integral del Agua insiste en que la concentración de E. coli no fue provocada por un problema en el alcantarillado de Valencia. Lo mismo, por cierto, dicen desde Alboraya.
«Saben que vas a tragar lo indecible, éramos precarios con un trabajo semiesclavo, y además había una falta total de atención a nuestras demandas», denuncian los conductores de VTC despedidos
Los trabajadores, la mayoría provenientes del paro y mayores de 50 años, fueron despedidos tras denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo
«Quien reclame algo lo despedimos, que la bolsa del INEM está llena de gente de más de 50 años con necesidad de trabajar», respondía la operadora de Cabify a las demandas de los conductores, según una demanda
Algunos de los conductores despedidos por una operadora de Cabify en Valencia, en primera fila de izquierda a derecha, Javier Martínez, Víctor Martínez y Carlos Salcedo, detrás de éste, J. MARÍA MARTÍNEZ
Javier Martínez, 56 años, estaba en el paro cuando le llegó una oferta para trabajar de conductor para una operadora de Cabify en Valencia. «Nos hicieron firmar un contrato de 40 horas que nunca se ha cumplido, siempre nos indicaban verbalmente las horas a realizar. En teoría, eran 12 horas, con dos de descanso pero nunca podía ser al comienzo o al final de la jornada, no tenías tiempo de descansar esas dos horas», segura a eldiario.es. «Hemos llegado a trabajar seis días seguidos a la semana, 72 horas», denuncia el trabajador despedido. A su lado, Víctor Martínez, de 56 años también, recuerda que, en principio, «son horarios fijos pero nos los cambiaron muchas veces».
Víctor cerró una panadería y rellenó un formulario en Internet para trabajar en Cabify. Acudió a una sede en la calle de la Reina de Valencia para firmar el contrato. «Yo cuando relleno eso pensaba que trabajaba para Cabify, pero era Costa Fleming», una empresa operadora de VTC subcontratada. Empezó a trabajar el pasado octubre. «Cuando te habituabas a un horario, te lo cambiaban», cuenta Martínez, quien añade: «hubo una época en que acabando la madrugada del domingo a las siete de la mañana, empezabas a las cuatro de la tarde de ese mismo día y acababas a las diez. Y, a veces, el lunes siguiente volvías a trabajar a las cinco de la mañana». En ocasiones, recuerdan, se quedaban adormilados en los semáforos.
J., otro conductor de 61 años despedido, ha vuelto a trabajar intermitentemente para otra empresa de transporte de vehículo con conductor y por eso prefiere no revelar su identidad. «Es que estas empresas funcionan así, no quieren tenerte más de equis tiempo», sostiene. En un principio J. trabajó seis días a la semana más dos de descanso pero «luego pasamos a un día de descanso, los horarios cambiaron varias veces», asegura.
La demanda por despido contra la empresa Costa Fleming del conductor Carlos Salcedo, de 60 años, explica que hasta enero del 2019 trabajaba «60 horas semanales en seis días seguidos de trabajo» y que el 12 de febrero la operadora de Cabify «cambió unilateralmente los horarios incrementándolos a 72 horas en seis días ininterrumpidos de lunes a sábado, todo lo cual fue comunicado a la empresa en aras de buscar una solución para evitar los referidos abusos». Cuando les impusieron trabajar 72 horas a la semana denunciaron la situación ante la Inspección de Trabajo y cinco días después fueron despedidos «al no haber superado el periodo de prueba».
El conductor Javier Martínez asegura que les cambiaban el horario «a su antojo y sin previo aviso y además nos avisaban de un día para el otro». «No podías mantener una vida familiar digna o normal», coinciden todos los despedidos consultados por este diario. Algunos trabajadores «han tenido que ir al psicólogo por la tensión y el estrés», afirma Martínez quien también cree que «ha habido muchos despidos que no se han denunciado por falta de conocimiento de la posibilidad de actuar de otra manera».
Carlos Salcedo, el conductor con excelentes puntuaciones de los usuarios en la aplicación de Cabify, aseguró en la vista del juicio por su despido en el Juzgado de lo Social número 10 de Valencia que llegó a trabajar 16 horas seguidas. La letrada que representaba a Costa Fleming, la operadora de Cabify, sostuvo que la aplicación impedía conectarse más de diez horas. Sin embargo, varios de los conductores, antes de ser despedidos, fotografiaron los registros horarios que les proporcionaba la aplicación de Cabify y que detalla la duración de cada servicio así como la facturación correspondiente.
Fotografías de la aplicación de Cabify de uno de los conductores correspondiente al 22 de diciembre del 2018
Las fotografías que hizo de sus horarios Javier Martínez muestran, por ejemplo, que el pasado sábado 23 de diciembre, en plenas navidades, comenzó a trabajar a las 00.07 y acabó a las 06.17. A las 18.55 de ese mismo sábado comienza de nuevo hasta las 06.24 del domingo. A las 15.55 del mismo día se reincorpora de nuevo a conducir hasta las 21.55. «Lo que procuraba siempre nuestra empresa es tener las 24 horas del día cubiertas y para ello la mayoría teníamos un horario establecido pero lo variaban cuando les convenía», dice Javier Martínez.
Los trabajadores despedidos, todos con el mismo perfil (antiguos parados o precarios, mayores de 50 años, con familia y desesperados por obtener ingresos) quedaron asombrados desde el principio con el funcionamiento un tanto distópico de las operadoras de Cabify. «Todo era vía whatsapp», explica J. «No conoces a nadie y el coche estaba siempre geolocalizado», añade Víctor Martínez. El grupo de trabajadores planteó sus quejas por las condiciones laborales a la operadora de Cabify que, según la demanda de Salcedo, les respondió: «quien reclame algo lo despedimos, que la bolsa del INEM está llena de gente de más de 50 años con necesidad de trabajar».
La situación se volvió insostenible, cuentan los conductores. «Todo esto ha creado un clima de miedo en la plantilla al existir amenazas de despido por parte de la empresa hacia los conductores que reclaman algo», indica la demanda del conductor que finalmente alcanzó un pacto de conformidad por el que la empresa Costa Fleming reconoció que el despido es improcedente, aunque la abogada de la mercantil negó que fuera una represalia. Las condiciones que denunció Salcedo, asegura su escrito de demanda, forman parte del «proceder habitual y normal aplicado por la empleadora a la totalidad de la plantilla».
La operadora de VTC no contaba con una sede fija en la ciudad: «las reuniones las hacíamos en cualquier lugar, no teníamos despacho u oficina de la empresa que nos permitiera reunirnos», cuenta Javier Martínez, quien destaca que la empresa nunca respondió a sus demandas por escrito, «todo era a través del teléfono y cuando querían contestarte algo». En ciertas épocas debían entregar la recaudación en efectivo en aparcamientos públicos o «en una habitación sin identificación ni mesa donde entregabas el dinero y te daban un recibito de papel». «Antes de la habitación íbamos al parking del McDonald’s de la ronda norte, en la avenida Hermanos Machado», añade Martínez.
Cabify ofrece al usuario, entre otros aspectos, conductores mínimamente uniformados y agua. Víctor Martínez explica que «debes molestarte en ir a por el agua, te tienes que desconectar de la aplicación y eso cuenta como tiempo de descanso». Las dos horas de descanso, dicen los conductores, las usaban para limpiar y mantener los coches. En algunos casos tuvieron problemas, en el contexto del enfrentamiento entre el taxi y las operadoras de VTC, y sufrían ataques en los vehículos. A J., en un lavadero, le rajaron «las cuatro ruedas» y la empresa «me descontó el dinero de la nómina», denuncia visiblemente molesto. La operadora de Cabify tampoco les pagó, según denuncian, una suerte de comisiones pactadas (cuando la facturación era superior a los 3.300 euros en un principio y luego a partir de 3.700, obtenían un 35% de la recaudación).
La magistrada del Juzgado de lo Social número 12 de Valencia condenó a Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid a readmitir a uno de los trabajadores aunque no así a Cabify, que figuraba como codemandada, al no haber una relación directa con el trabajador. En el siguiente juicio, el conductor Carlos Salcedo alcanzó un pacto de conformidad. El letrado de Salcedo, del despacho Legem Abogados, sostuvo en la vista del juicio que las operadoras subcontratadas y Cabify constituyen un «grupo patológico» -es decir, que todas las mercantiles forman parte de un mismo entramado- ya que los controladores de los conductores eran los mismos y todos usaban la aplicación y la marca de Cabify.
El resto de demandas por despido, una decena, se resolverán en las próximas semanas. Algunos de los conductores ni siquiera han tenido derecho a paro. Es el caso de Víctor Martínez, que asegura haber firmado una baja voluntaria al creer que iban a cambiar de subcontrata. «Nos dijeron que era un formulismo y ahora no puedo cobrar el paro», apostilla Martínez. Su compañero Javier defiende que la operadora se ha aprovechado de la delicada situación de los conductores: «siempre buscan perfiles de mayores de 50 años, sabiendo la dificultad que tenemos la mayoría de obtener un trabajo».
Este diario ha intentado obtener la versión de Cabify pero la empresa ha preferido no hacer declaraciones. Fuentes conocedoras de su funcionamiento sostienen que «quien contrata a los trabajadores y toma las decisiones son los proveedores» y aseguran que Cabify, que dobló su facturación en 2018, tiene «sensibilidad con las condiciones de los trabajadores y por avanzar en mejorarlas». Así, las mismas fuentes recuerdan el pacto alcanzado con el sindicato UGT. Las operadoras de Cabify «saben que vas a tragar lo indecible», critica Javier Martínez.
Mientras Cabify se adapta a la nueva regulación en Valencia, los trabajadores despedidos sobreviven como pueden para mantener a sus familias. J. ha estado en paro, menos 21 días que trabajó en Uber. Javier Martínez ha hecho algún trabajo suelto de camarero y Víctor Martínez no ha podido trabajar desde entonces. Carlos Salcedo sigue en el paro. Al finalizar la entrevista con este diario, observan un grupo de turistas que espera en el barrio valenciano de Russafa un vehículo con conductor y se marchan a la Ciudad de la Justicia cargados con sus carpetas de demandas y pruebas.
«Éramos precarios con un trabajo semiesclavo», dice Javier Martínez al despedirse.
«Si te encuentras un smartphone y te lo quedas es delito. Acude a cualquier comisaría para documentar su localización e identificar al dueño. Le darás una alegría y te evitarás un disgusto.»
Con este mensaje corto y claro, el Cuerpo Nacional de Policía avisa en las redes sociales de un hecho prácticamente desconocido por los ciudadanos.PUBLICIDAD
¿Pero, cuál es el motivo? El blog ‘Somos policías’ lo aclara:
Según el Código Penal: Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.
El Código Civil establace lo siguiente: «El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo.»
«Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado.»
Lo correcto, por tanto, será entregar el teléfono a la Policía o en las oficinas municipales para que se localice al propietario.
El nuevo Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch empieza a ser ya una realidad. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, visitó este martes las instalaciones del remodelación servicio de Urgencias recayente a la calle Joaquín Ballester y ha anunciado que el próximo jueves entrará ya en servicio para dar cobertura a cerca de 200.000 vecinos del entorno.PUBLICIDAD
El recinto cuenta con una superficie de 650 metros cuadrados repartidos en dos plantas y estará atendido por 22 facultativos, 27 enfermeros, dos técnicos especialistas en radiodiagnóstico, seis celadores, siete auxiliares de enfermería y siete administrativos. Estos profesionales serán los encargados de atender las cerca de 47.000 urgencias que se registran al año en esta zona.
Paralelamente, según informó la consellera, se están terminando las obras de desamiantado del edificio de rehabilitación, que acabarán en julio, y en los próximos meses empezarán las del pabellón central y el de enfermería, Estos inmuebles se derribarán para poder construir las nuevas instalaciones, mientras que el antiguo edificio de investigación se rehabilitará para albergar el futuro servicio de emergencias sanitarias.
En esta línea, a finales de 2019 -al menos, durante el último trimestre- arrancarán las obras del centro de salud y especialidades, «el de mayor dimensión de toda la Comunitat, con más de 20 especialidades, resonancias magnéticas, TAC, rayos, etc. El 80% de las consultas podrán ser atendidas aquí sin necesidad de desplazarse al nuevo hospital», resumió.
Con todo ello «empieza la ordenación de los espacios, que estamos pendiente de presentarlo al Ayuntamiento de Valencia para que apruebe toda la ordenación», indicó Barceló, quien cree que «vamos a poder culminar todo este espacio, esperemos, esta legislatura».DAMIÁN TORRES
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales «dignas y acordes a la legislación vigente». La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar «una queja por las condiciones laborales abusivas».
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque «supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo».
Y prosigue: «A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia».
Por ello, añade la magistrada, «entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente», explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
Respecto a la ordenanza vigente, está el caso por ejemplo de que ya no se podrá circular por el carril EMT/TAXI. El anterior gobierno municipal del PP incluyó ese permiso, con el fin de favorecer este medio de transporte en situaciones de atascos, un beneficio que desaparecerá.PUBLICIDAD
«Existen estudios técnicos que no recomiendan que los ciclomotores y motocicletas hagan uso del carril bus por el riesgo de incrementar la accidentalidad en número y en gravedad. A su vez, la circulación de estos vehículos por el carril bus supone un perjuicio para el correcto servicio de la EMT y el taxi, por lo que se considera que debe desestimarse la alegación», respondió la concejalía de Movilidad a la enmienda presentada por el propio grupo popular antes de que la ordenanza pasara por el pleno.
Los motoristas no podrán dejar sus vehículos en zonas peatonales si tienen a 50 metros plazas señalizadas
No en vano, en los últimos años no se ha repintado la señal que permitía la circulación de las motos por este carril reservado. El PP denunció incluso que la pintura era borrada a propósito, lo que no fue confirmado por el gobierno municipal.
Esa circunstancia, la circulación por el carril EMT/TAXI será lo primero que cambie para los motoristas, aunque también sucederá algo parecido con los estacionamientos en las aceras. Sobre el papel cambio poco, pero ese matiz es decisivo. Hasta ahora, los motoristas puede dejar sus vehículos en las aceras de más de tres metros de anchura y bajo unas determinadas condiciones.
Las motos deben estar paralelas al bordillo, dejando una distancia mínima de 50 centímetros para permitir la apertura de puertas de los coches estacionados. La novedad menor es que el espacio hasta el paso de peatones más próximo pasa de dos a tres metros, mientras que con un carril ciclista, los usuarios tendrán que dejar un metro, lo que no ocurría hasta ahora.
Pero la incorporación más importante es que sólo estará permitido estacionar cuando no existan plazas de estacionamiento para hacerlo en calzada, ocupadas o no, a una distancia mínima de 50 metros y en «ningún caso si está expresamente prohibido mediante señalización». Para la portavoz de la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial, María José Alonso, se trata de un «artículo trampa», debido a que con la creación de estacionamientos los últimos años, sin ir más lejos los realizados para el anillo ciclista, inutiliza cualquier opción de dejar la moto en la acera en todo el recorrido.
Ya en febrero de 2017, el Consistorio anunció la puesta en marcha de aparcamientos para motos en la calle Colón, lo que «liberaría definitivamente del tráfico y el aparcamiento unas aceras por las que diariamente pasan miles de personas». Esa intención se ha traducido en la ordenanza de manera oficial, con lo que la Policía Local tendrá la potestad de sancionar a cualquiera que deje estacionado su vehículos en esas nuevas condiciones.
Otras novedades de la ordenanza que deberán tener en cuenta los motoristas es que no podrán estacionar en la acera, pese a que cumpla con todos los requisitos, si eso supone hacerlo junto a una zona de carga y descarga, para garantizar el acceso adecuado a las camionetas. Por último, las motos y ciclomotores no podrán acceder con el motor encendido, sino que desde el bordillo tendrán que arrastrarlas hasta el lugar de estacionamiento.
Se mantiene igual la prohibición de estacionar junto a las fachadas, lo que se agrava si obstruye el acceso a un edificio. Sigue también la imposibilidad de encadenar o amarrar vehículos en farolas, árboles o cualquier otro elementos del mobiliario urbano. Las bicicletas sí que podrán hacerlo en todos los casos salvo en el arbolado.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su «restrictivo decreto ‘antiVTC'».
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone «una restricción incompatible con la inmediatez» de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su «compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto» y sigue «a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos». «Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad», aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia «con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura». «Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional».
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa «no se adapta al decreto».
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana «altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios». Señaló que la regulación es «contraria al interés general» porque supone «una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía». «Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad», afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su «convencimiento» de que la situación será «transitoria» y «el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana». Asimismo, trasladó su deseo de «encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección».
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat «haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi» que «lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio».
«València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía», subrayó. A su juicio, «añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi».
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
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