¿Por qué han prohibido Uber en España?
Uber, la aplicación móvil competidora de los taxis cerrada por el juez en España el pasado mes de diciembre, volverá a la casilla de salida para hacerse un hueco, legal, en el mercado del transporte urbano de las grandes ciudades, donde otras empresas menos rupturistas como Cabify o Hailo ya se han ganado un espacio.
Uber sólo ofrecerá la posibilidad de cobrar a otras personas por llevarlas en el coche a quien disponga de vehículos con licencia de Vehículo de Turismo con Conductor (VTC), es decir, con una autorización administrativa para el transporte de personas.
Es un cambio muy relevante para la empresa que se ha propuesto trasladar al mundo del transporte la disrupción que internet móvil ha llevado a otros sectores. Veinte meses después de haber irrumpido en Barcelona sin ningún aviso con la idea de imponer la apertura de los servicios de transporte público a cualquier particular con coche, la empresa norteamericana da marcha atrás y se replantea su estrategia.
“Hemos cometido errores. Seguimos creyendo en nuestro modelo de negocio pero España quizás no está lo suficientemente madura para asumir que particulares ofrezcan estos servicios”, explica Carles Lloret, responsable de la empresa en España.
Ahora, la empresa se compromete a aceptar sólo conductores con licencia profesional, elevar su nivel de exigencia con los conductores, colaborar con la policía ofreciendo información, así como “trazabilidad” de los ingresos de los conductores. En estos veinte meses, Uber ha explotado como fenómeno social; ha sido perseguido por taxistas en toda Europa; la Administración ha buscado y advertido a sus responsables;el juez ha ordenado a los operadores y bancos el cierre de cualquier acceso a su aplicación en los móviles; ha tratado de mantenerse vivo con servicios de distribución de comidas a domicilio por particulares y, finalmente, ha replanteado su negocio.
Ahora, la empresa trata de tender puentes recomponiendo sus relaciones con la Administración. Hasta un mínimo de 12 meses no espera respuesta del Tribunal de Justicia europeo sobre los servicios de transporte realizados por particulares. Hace escasas semanas se reunió con Pablo Rodríguez, director general de Transportes de la Comunidad de Madrid para comprometerse con este golpe de timón, así como con responsables del Ministerio de Fomento, según otras fuentes.
El objetivo es comunicar su intención de promover cambios regulatorios en los requisitos de las licencias VTC que permitan a la empresa actuar a una escala superior a la que podría operar actualmente. En el tiempo que ha pasado echando un pulso abierto a taxistas y Administración por legalizar su servicio UberPop, otros competidores han ocupado el espacio de los servicios legales alternativos al taxi.
Y este marco legal alternativo es el que cada vez cuenta, contra los intereses de los taxistas, con más defensores. “La regulación española es una de las más restrictivas de Europa” , opina Lloret, que pone como ejemplo ciudades como Londres o París, donde los servicios con conductores profesionales ajenos al taxi son más comunes que en España. “La restricción artificial de licencias VTC y tiene consecuencias negativas: por un lado, quienes quieren trabajar como conductores no pueden, aunque exista demanda de estos servicios. en segundo lugar, no alivia la congestión de tráfico. Los precios de los trayectos son más caros, los tiempos de espera más largos y la disponibilidad de vehículos más limitada