El regreso de Cabify a Barcelona ha sido tan rápido como inesperado. La sorpresa no llegó solo a los despachos de la conselleria de Territori de la Generalitat, impulsores del decreto que intentó tumbar su modelo de trabajo, sino también entre los suyos. Unauto, la patronal del sector y ente más representativo de las VTC, al que las empresas socias de Cabify y Uber están adheridas, tampoco esperaba el anuncio.
“No se sostiene y espero que no lo hagan. Hay reunión en Unauto. Están todos mosqueados”, explicó un cargo de la patronal a Economía Digitalminutos después de que Cabify hiciera oficial su anuncio: desde este jueves 7 de octubre sus serviciosvuelven a estar disponibles en la Ciudad Condal.
Cabify, que adelantó a Unauto su regreso a Barcelona casi al mismo tiempo que a la prensa, quiere utilizar una triquiñuela legal para conseguirlo. Se trata de dejar de ser una plataforma que pone en contacto a conductores VTC con viajeros y convertirse en una empresa que explota directamente el servicio.
El cambio en el esquema de trabajo consiste en que Cabify no opere a través de su su filial española, Maxi Mobility Spain —método utilizado hasta ahora—, sino a través de la empresa Prestige and Limousine, tenedora de licencias VTC (300 en Cataluña) y que hasta hace aproximadamente un mes estaba en manos del grupo Auro, perteneciente al ex líder del taxi, José Antonio Parrondo, y a los fundadores de la red social Tuenti.
Así, explican fuentes de Cabify, una vez se aceptan los términos y las condiciones de contratación —un contrato de un año y no uno por tantos viajes se realicen— y transcurra el periodo de antelación estipulado por la normativa (15 minutos) para el primer viaje, el usuario de Cabify habrá contratado un servicio de transporte del que puede hacer uso sin necesidad de ir contratando cada viaje.
“No hemos visto ese agujero legal”
Otras fuentes de Unauto se sorprenden por el agujero legal que ha encontrado Cabify. “Es cierto que el decreto del conseller Damià Calvet hace aguas por muchos lados — siempre han señalado la posibilidad de que la Generalitat termine indemnizando a los tenedores de licencias —, pero nosotros no hemos visto que sea viable lo que ellos proponen. No hemos visto ese agujero legal”.
¿Sobre la estrategia de Cabify? Ratifican que algunos miembros de la patronal “se han rasgado las vestiduras” cuando lo han visto, pero se muestran cautos: “No he consultado los informes jurídicos que habrán encargado, pero quiero pensar que están seguros de que lo que van a hacer es viable”.
El anuncio de Cabify provocó que miembros de Unauto se reunieran durante la tarde del miércoles, aproximadamente durante 45 minutos, para fijar una posición sobre la medida. Tal era la incertidumbre, que miraban de reojo a la Generalitat para saber qué postura tomar públicamente.
La cita, en la que algunos de los asistentes estuvieron presente vía videoconferencia y a la que asistió también un representante de Cabify, se cerró sin una decisión clara. El compromiso es tomar una decisión firme cuando Cabify enseñe el la documentación que le avala para saber que lo que está haciendo tiene una base legal. “Me gustaría entenderlo”, comenta un alto cargo de Unauto, porque, según añade, “si nadie ve ningún problema en esta nueva fórmula, otros harán lo mismo”.
Entre los miembros de Unauto están Uber —Juan Galiardo, director de la compañía en España, acostumbra a acompañar a la patronal en actos públicos— y otras empresas de VTC que trabajan para la compañía californiana en España. Entre ellas destaca Moove Cars, controlada mayoritaritariamente por el fondo americano King Street y cuyo volumen de autorizaciones VTC le convierte en el grupo más grande del sector.
El anuncio también pilló por sorpresa a los miembros del Govern, que pensaron que su decreto estaba blindado. Desde el departamento de Territori estudiaron desde el primer momento el anuncio de Cabify y reunieron a sus servicios jurídicos durante la tarde del miércoles. La previsión es que la Generalitat se pronuncie en las próximas horas de este jueves.
La «desagradable sorpresa» que la llegada de Cabify a Murcia ha supuesto para los taxistas de la Región desembocó en la mañana de este jueves en una reunión en la Consejería de Fomento Infraestructuras entre los principales representantes del sector y el titular del departamento, Patricio Valverde. «Estamos haciendo una vigilancia exhaustiva a raíz de los hechos de los últimos días», dejó claro el consejero.
Así, en la reunión se puso de manifiesto que la Consejería ha suspendido en los últimos días 30 autorizaciones VTC. La razón, según Valverde, es que los vehículos que se nutrían de esas licencias «no están matriculados en la Región ni la empresa tiene sede en Murcia», como exigen los requisitos. «La empresa, que no es de la Región, tenía esas licencias en un cajón y ahora es cuando ha decidido utilizarlas», señaló Valverde. Además, las inspecciones realizadas en los últimos días han dado como resultado tres sanciones a un mismo vehículo (de Cabify) por diferentes motivos, entre los que están no portar el distintivo obligatorio y ocupar una zona reservada a los taxis.
El secretario general de la Federación del Taxi de Murcia, José Corbalán, exigió a la Comunidad una regulación «urgente y específica» para proteger a un sector que «no puede competir en igualdad de condiciones» con plataformas como Cabify. Según Corbalán, «es muy difícil competir desde un sector archiregulado, como el taxi, con otro sector sin regular. No hay igualdad de condiciones». Dijo Corbalán que el sector lleva «llamando a la puerta de la Consejería desde hace mucho tiempo» para buscar una solución a la llegada de estas empresas. «Hemos convivido sin problema con las VTC. Lo que no podemos consentir es que la movilidad urbana sea suplantada por empresas gestionadas por fondos buitre. Hoy será el taxi, mañana será otra cosa», indicó.
No acepta la competencia para estudiar la denuncia que presentaron las empresas del sector en plena crisis de la ‘guerra del taxi’.JESÚS MARTÍNEZ, GEMA HUESCAJueves, 07 Marzo 2019, 14:10Actualizado: 07/03/2019, 14:49
Paro de taxistas en el Paseo de la Castellana/ EFE
La Audiencia Nacional no estudiará la querella interpuesta por las empresas del sector de la VTC contra los taxistas por organización criminal y otros delitos relacionados con las férreas protestas que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el país. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, no admite a trámite la denuncia al entender que este órgano carece de competencia para estudiar su contenido.
La presentación de la querella, adelantada por este diario, se trató del primer movimiento judicial que los empresarios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) tomaron contra el sector del taxi a principios de febrero. Los denunciantes consideraron que la actuación de dicho sector era constitutiva de los delitos de organización criminal, además de desórdenes públicos y coacciones, entre otros y así lo plasmaron en su escrito, que entró en dicho juzgado el pasado 1 de febrero.
No obstante, el magistrado instructor adopta el criterio de la Fiscalía y expone en un auto con fecha de este miércoles que no es procedente aceptar su competencia, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Cabe destacar que este juzgado es el mismo que instruye causas de gran calado en la Audiencia Nacional tales como el caso Tándem, relacionado con las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, o las tramas Lezo y Púnica, entre otros.
Pero no solo en Cataluña ha habido cambios legales en torno a esta cuestión. El Gobierno madrileño también modificó la normativa del taxi equiparando en cierto modo sus condiciones a las de la VTC. De esta manera, los taxistas de Madrid podrán realizar trayectos contratados previamente y con un precio cerrado, similares a los que ofrecen los vehículos de alquiler con conductor para plataformas como Uber y Cabify, y ofrecer también ‘carreras’ compartidas por varios viajeros.
El conflicto sigue vigente
Los términos de esta nueva regulación se conocieron apenas días después de que el sector pusiera fin al paro indefinido que secundaron durante 16 días tras el referéndum convocado por el sector que terminó con un un 53,9% a favor de desconvocar la huelga. Su decisión vino influida por la negativa de la Comunidad de Madrid a regular las VTC apelando a que la tramitación ordinaria podría tardar años en salir; movimiento que fue entendido como un “insulto” y un “desprecio” a los taxistas de la Comunidad.
Conviene recordar que la presentación de la querella por parte de las VTC ante la Audiencia Nacional se produjo el mismo día en que se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que descartaba que Cabify fuera competencia desleal frente al taxi, al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores. Se trata de un capítulo de la guerra que ganó la startup española aunque todavía cabe recurso contra el Tribunal Supremo.
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