El consistorio anunció en marzo que ampliaría el preaviso a una hora en lugar de los 15 minutos que dictó la Generalitat, pero todavía no se ha articulado.
Una protesta de los taxistas en las calles de Valencia. JOSÉ CUÑELLAR
Entre ellas, la obligación de precontratar el servicio con un mínimo de antelación de 15 minutos o la imposibilidad de utilizar la geolocalización. Las restricciones impuestas por el Consell, sin embargo, fueron consideradas insuficientes por parte del Ayuntamiento de Valencia, que anunció inmediatamente a través de su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que extendería el tiempo mínimo de precontratación a una hora siguiendo la línea que había marcado previamente Barcelona.
La entrada en vigor del decreto ley provocó que Uber desistiese de implantarse en Valencia, pero no consiguió descabalgar a Cabify, que mantuvo su apuesta en la capital autonómica a la espera de la aplicación de las nuevas medidas dictadas por la administración de Joan Ribó.
Siete meses después, sin embargo, el anuncio de Grezzi todavía no se ha hecho efectivo y los VTC siguen operando bajo el marco regulatorio que estableció la Generalitat. Una situación que ha provocado el malestar en el sector del taxi, que urge al Ayuntamiento a comenzar las conversaciones para aplicar las nuevas restricciones.
Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos y portavoz en la Asociación Nacional del Taxi, aseguró que todavía no se han iniciado los contactos con la Concejalía de Movilidad para abordar las nuevas medidas, aunque sostuvo que hay prevista una mesa del taxi la semana que viene que, en principio, debería analizar las iniciativas previstas.
Fuentes municipales confirmaron que la voluntad de la administración local es implementar el preaviso de una hora para los VTC y que ésa es la hoja de ruta que mantiene el consistorio. La idea inicial era incluir las limitaciones en la Ordenanza de Movilidad, pero finalmente se descartó para no retrasar la entrada en vigor del texto normativo, que se aprobó definitivamente antes de que concluyera la legislatura.
El periodo electoral y las vacaciones dejaron en suspenso la modificación de la ordenanza y los taxistas reclaman ahora que no se demore de nuevo la regulación municipal para los VTC.
OTROS TRANSPORTES
La regulación de los VTC no es la única petición que pondrán encima de la mesa de la Concejalía de Movilidad los taxistas, que también quieren que se aprueben restricciones para otro tipo de vehículos que empieza a proliferar en las calles de Valencia principalmente para uso turístico: los Tuk tuk. Del Molino criticó que estos vehículos están prestando un servicio en Valencia sin ajustarse a ningún tipo de regulación ni en lo que se refiere a la circulación ni al régimen tarifario. «Hacen el mismo trabajo que un taxi, pero no tienen ninguna regulación. Transportan personas por la ciudad sin que se hayan fijado tarifas y se debería regular», explicó.
Entienden los taxistas que si continúan funcionando de la misma manera, sin unas normas que los regulen, que ejercen una competencia desleal hacia su sector y, por eso, exigen a la administración local que fije al menos unas normas básicas de funcionamiento.
Mientras en el caso de los VTC existe una absoluta sintonía con el taxi, con respecto a los tuk tuk, un nuevo modelo de movilidad existente en Valencia, todavía no está clara la postura del consistorio, aunque todo apunta, visto la decisión de ampliar los límites a las VTC, que el Ayuntamiento se mostrará favorable a establecer restricciones también en este campo.
Cualquier modificación de la ordenanza, no obstante, implicará un periodo que se prolongará durante meses. De hecho, las conversaciones sobre los VTC todavía tienen que abordarse en el seno de la mesa del taxi y establecer la vía de implementación de las restricciones. Y es que, en Barcelona, donde el gobierno de Ada Colau y dispuso este límite de preaviso de una hora en sus ordenanzas municipales, los tribunales lo han puesto en cuarentena tras la denuncia de los afectados.
El autor analiza la situación del taxi tras la propuesta de la app de liberalizar el sector.
Emilio Domínguez del Valle 16 octubre, 2019 14:47
La semana pasada la nueva cúpula de FreeNow (Daimler/BMW) se estrenaba presentando un estudio en el que aseguraba que la existencia de un número limitado de licencias de taxi supone una pérdida de 214 millones de euros para los bolsillos de los usuarios y, en consecuencia, abogaba por la completa liberalización de este servicio.
Hasta la fecha la plataforma había evitado entrar en conflicto con los taxistas. Es más, había aparentado ser su adalid, la cara amable del mundo de las plataformas digitales para los taxistas. Pero con este cambio de discurso FreeNow (indistinguible de Uber, Cabify o cualquier otra con vocación multimodal) asesta un golpe que la desenmascara en sus intenciones de monopolizar la movilidad multimodal en nuestro país.
La excusa es la tecnología, como si la sociedad tuviera que pagarla con la supresión de los servicios públicos y el paso al oligopolio de las plataformas digitales, bajo el principio de “el más grande se queda con todo el mercado”.
No obstante, la antigua Mytaxi tiene como principal inconveniente para que prospere su discurso que el citado estudio llega cinco años tarde en sus postulados. Uber, Cabify, la patronal Unauto VTC, la CNMC y el Ministerio de Economía, en época de Luis de Guindos, ya intentaron intensamente y durante cuatro años liberalizar las licencias de taxi, bien sea por vía directa o por la indirecta de liberalizar el mercado de las VTC.
Ya fueron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. 20.12.17)y el Tribunal Supremo (S.4.6.18) quienes les cerraron la puerta, ratificando el sistema de licencias limitadas. También el Consejo de Estado en varios dictámenes ofreció argumentos sobre las bondades de la gestión municipal y regulada del taxi como “servicio público de interés general” para la ciudadanía
Este sistema, además de estar amparado en las leyes vigentes y ratificado por la jurisprudencia, requeriría de un impagable proceso expropiatorio para ser revertido. Parece además que ha quedado claro que ningún taxista de España va a ceder sin contraprestación ni compensación económica el derecho legal y legítimo a su licencia municipal.
Sin embargo, para las plataformas digitales eliminar las garantías de servicio público que el sistema proporciona a los ciudadanos resulta un caramelo muy jugoso, y el dinero de FreeNow va moviendo hilos para ver si consigue reabrir el debate tanto en España como en Bruselas.
Para que triunfe el plan, de su particular “proces de liberalización”, primero deben eliminar el sistema de licencias que permanecen en manos de trabajadores autónomos en vez de en manos de sus multinacionales. Luego, arruinarlos para llevarlos a ser proveedores cautivos y en exclusiva de sus redes comerciales, fijando sus costes y los precios del servicio, para después, usurpar todos los márgenes económicos de la actividad.
Más tarde irán empaquetando sus servicios dentro de otros de carácter multimodal mediante los que el ciudadano -sí, a ese al que habían engañado diciendo que ahorraría millones si apoyaba sus plataformas- pase de usuario de servicio público a mero abonado por cuota recurrente de su oligopolio privado. Por último, no quedarían otros servicios en el mercado y la clientela cautiva sea derivada a sus futuras flotas de taxis autónomos y demás servicios enlazados.
Fin de un servicio público de interés general. Y todo esto con el impresentable aplauso y la inestimable colaboración la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que de este modo se auto-justifica y recuerda que fue quien irresponsablemente inició este discurso del presunto ahorro a los usuarios, descolgándose con un estudio de cuño propio en el que aseguraba, allá por 2016, que “la pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”. Que son 110 millones más de los 214 que ahora alega FreeNow, y prácticamente la mitad de los 603 millones de euros que aseguraba como ahorro el estudio que realizó en 2017 para Uber la consultora española AFI, sosteniendo aquel que “en un escenario de liberalización completa de las VTC, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería en un 35% sobre los precios actuales”.
El estudio que ahora presenta FreeNow, está confeccionado por aquella firma cuyo nombre se le atragantaba en la dicción a Pablo Iglesias. O sea, Price Waterhouse Coopers (PwC). La misma que tiene cuatro de sus principales directivos en España condenados por fraude fiscal, fue sancionada en la auditoría del Banco Popular, condenada por sus auditorías a AENA y al Grupo Torras, y tiene empleados condenados por filtración de los documentos del caso Luxleaks, sobre elusión fiscal.
A la vista de todo esto, que el público juzgue la última maniobra de FreeNow.
Emilio Domínguez del Valle. Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).
Las VTC deberán cumplir determinados requisitos para poder operar, como la distancia mínima respecto a aeropuertos o estaciones y una precontratación de 2 horas.
Podemos quiere que los autónomos del taxi sean servicio público de interés general
Unidas Podemos ha incluido en su ideario para las próximas elecciones una medida directamente relacionada con las licencias VTC y los autónomos del taxi. En concreto, en una propuesta visible en su página web, el partido liderado por Pablo Iglesias propone “declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas para precontratación de VTC”.
El titular no puede ser más claro, aunque después, en la redacción, no especifican cómo sería el procedimiento a seguir para convertir al colectivo en servicio público de interés general. En lo que sí hacen hincapié es recuperar autorizaciones administrativas para que se cumpla la regla de proporcionalidad 1/30 que se refleja en el Real Decreto Ley 13/2018.
Del mismo modo, proponen que las Administraciones Públicas creen aplicaciones en la que se recoja toda la información sobre la movilidad en su ciudad, así como los mecanismos de reserva y pago de los mismos. Por supuesto, en estas ‘apps’ deberán aparecer los taxis, además del os autobuses, trenes, metro, etc.
A su vez, critican que “ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado”. Por ello proponen que se establezcan determinados requisitos temporales, espaciales y de geoposicionamiento. Entre estas condiciones estarían las dos horas de precontratación; distancia mínima respecto al pasajero, las estaciones o aeropuertos; y la obligación de mostrar a las Administraciones su posición o deambular sin hoja de ruta ni pasajeros.
Desde Podemos también quiere implementar una serie de medidas para defender los derechos de los pequeños y medianos transportistas “frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución de los grandes puertos”.
Una de estas medidas será la prohibición las prácticas de competencia desleal “basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral”. También permitir una jubilación anticipada sin penalización o la imposibilidad de la emisión de pagarés a más de 30 días.
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
DEJADEZ O FALTA DE AGENTES DE LA GUARDIA URBANA PARA EL CONTROL DE LOS VTC
El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona entró en vigor en julio, agosto sirvió para informar a las empresas que a partir de septiembre se empezaría a multar.
Además, los datos que nos facilita el Instituto Metropolitano del Taxi, corresponden en la actualidad a más de 10 sanciones diarias a los vehículos VTC por inclumplimiento de la normativa vigente.
A pesar de que estos datos puedan parecer altos, la mayoría de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), sobre todo los pertenecientes a la flota de Cabify, incumplen sistemáticamente la Normativa del Área Metropolitana de Barcelona.
El equipo de investigación de Timis Local News ha podido comprobar como en las principales áreas de influencia, como son las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de Barcelona Josep Tarradellas, la Estación de Sants y los hoteles del centro de la ciudad, están estos vehículos estacionados sin que la Guardia Urbana actúe.
Y es que los taxistas nos advierten que hay una falta de agentes para estas cuestiones en particular, ya que aunque se hicieron en su día unos cursos de preparación a la Urbana, el número fue significativamente bajo.
LA OPERATIVA DE LOS VTC
En el video podemos comprobar los tremendos hechos ocurridos el dia 26 de septiembre en la Avenida de Vallcarca de Barcelona, cuando un vehículo de cabify estacionado en la via publica está siendo contratado con dinero en la mano por unos viandantes.
«Lo preocupante son las declaraciones que hace diciendo que lo que hace es legal por que la urbana no le dice nada, es la gota que a colmado el vaso, la administración tiene la norma en vigor desde mayo y la guardia urbana no aplica la norma dejando a las vtcs operar con total impunidad», indica un portavoz de Élite Taxi Barcelona.
«Creemos necesarias movilizaciones en los proximos dias para exigir que se cumplan las leyes que se consiguieron con el esfuerzo de muchas familias, damos la semana que viene a las administraciones de margen por si creen oportuno reunirse de urgencia con la Guardia Urbana, Mossos, Policia Local de El Prat y las asociaciones del sector».
Dejadez o falta de agentes de la Guardia Urbana para el control de los VTC
Nos llega la
noticia de que el Concejal del PSOE Ramón Vilar le recrimina al Concejal de
Compromís por regular a las VTC para favorecer a los taxistas.
Parece mentira
que un concejal progresista diga esto, que lo identifica mas con un político de
ultraderecha y porque demuestra no haber entendido nada del problema entre
taxis y VTC, problemática que se centra:
1º Es un
ataque claro desde los extremos más
duros de la ultra derecha económica de
las multinacionales (Uber y Cabify) a un Servicio Publico regulado para
convertirlo en un monopolio empresarial, a costa de la seguridad de
conductores, de la fiscalidad y de las garantías en el transporte.
2º La
liberalización del número de VTC viene del gobierno de Zapatero en un error en
la trasposición de una directiva europea (que excepcionaba al Transporte
urbano) a través de la modificación de la LOTT en 2009 (hay decenas de
intervenciones del PSOE en 2009 que aseguran que no iba a afectar al Taxi).
3º Solo tiene
que oír las manifestaciones del Ministro Avalos de su partido para entender que
lo que está sufriendo el Taxi es una injusticia y solo por atender las
indemnizaciones da un plazo de 4 años y no revoca miles de autorizaciones
concedidas por un vacío legal a cuatro especuladores.
4º Hay una
sentencia del Supremo (921/2018 de 4 de junio) que se debe leer para entender
por qué un Ayuntamiento progresista debe regular a las VTC y no utilizarlo como
arma arrojadiza contra un concejal que está regulando a una multinacional y su
modelo monopolista.
Lo que se
esperaría de una persona honesta y con formación es:
Que defienda un Servicio Publico regulado contra el ataque
de multinacionales que buscan un monopolio del Transporte a costa de la
seguridad, la fiscalidad y las garantías en el Transporte.
Que entienda que el
problema viene de un error del PSOE en 2009.
Que se lea la
Sentencia del Supremo de 4 de junio de 2018.
Que escuche al
Ministro Avalos decir entre otras cosas que el Taxi está sufriendo una
injusticia que hay que revertir regulando a las VTC.
Esperamos que
rectifique estas declaraciones y no utilice al Taxi y el difícil momento que
están sufriendo más de 4000 familias que viven del Taxi en Valencia como moneda
arrojadiza contra otro partido o cualquiera podría pensar que es otro político
que está en nómina del lobby de las multinacionales.
Fernando del Molino
Presidente de la Confederación Sindical del Taxi de Valencia
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales «dignas y acordes a la legislación vigente». La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar «una queja por las condiciones laborales abusivas».
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque «supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo».
Y prosigue: «A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia».
Por ello, añade la magistrada, «entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente», explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
Uber se va de Valencia: deja de operar por la nueva ley anti-VTC
El servicio de transporte estadounidense deja de operar en la capital valenciana después de que se aprobara una ley muy similar a la que hizo que se fueran de Barcelona
(Foto: Reuters)
TIEMPO DE LECTURA2′30/05/2019 10:41 – ACTUALIZADO: 30/05/2019 11:44
Tras el controvertido caso de Barcelona se abre un nuevo frente en la guerra de las VTC. La compañía estadounidense Uber, una de las ‘apps’ centrales de los servicios VTC, acaba de anunciar que deja Valenciatras la puesta en marcha de una nueva legislación que obliga a esperar 15 minutos para contratar una VTC.
El mensaje a las autoridades es claro ya que dejan claro que quieren ser un aliado de las ciudades en las que operan, pero «para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa. Una regulación que tenga en cuenta a los millones de usuarios que nos elegís cada día y a los miles de conductores que han encontrado en Uber una manera de ganarse la vida».
Por último piden calma a sus usuarios ya que su compromiso con España «permanece intacto». «Podrás seguir viajando con nosotros en Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Y esperamos que pronto otra vez en Valencia», aseguran al final del comunicado.
Una VTC rueda por Valencia. (Foto: EFE)
Una legislación clavada a la catalana
La guerra en Valencia lleva activa desde hace meses entre los líderes del sector de las VTC, el taxi, la Generalitat y el Ayuntamiento, y solo paró por los comicios electorales que se avecinaban. Ya en marzo, el gobierno comunitario aprobó el Decreto que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación y tanto la patronal de este servicio como las diferentes aplicaciones empezaron a amenzar con marcharse si el plan seguía adelante.
La continuidad de los mismos dirigentes tanto en la comunidad como en la ciudad parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en el adiós de Uber siguiendo con lo ocurrido en Barcelona con una ley casi clavada a la valenciana. La ley levantina entra en vigor justo este jueves (se dieron dos meses de margen tras la aprobación en las Cortes) así que ahora veremos qué pasa finalmente con Cabify y el resto de servicios, pero todo apunta a que la situación seguirá el mismo camino que en Cataluña.
Este 26 de mayo España vuelve a las urnas. Se celebran elecciones europeas y municipales en todo el país, así como elecciones autonómicas en todas las comunidades, excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana, además de en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Uno de los problemas que deberán afrontas los nuevos gobiernos autonómicos y municipales salidos de estos comicios será el conflicto abierto entre el sector de las VTC, con plataformas como Uber y Cabify a la cabeza, y el sector del taxi.
Un asunto en parte sobrevenido sobre estas administraciones después de que el actual Gobierno de España, en funciones tras la celebración de elecciones generales hace un mes, aprobase un real decreto que traslada la competencia sobre la regulación de las VTC a comunidades autónomas y, por posible cesión de estas, de los ayuntamientos. Los Ejecutivos autonómicos tienen cuatro años para asumir la competencia o no hacerlo, lo que supondría que servicios como Uber y Cabify solo podrán realizar trayectos interurbanos.Echamos un vistazo a los programas electorales de gran parte de los principales partidos políticos españoles en busca de medidas en torno a las VTC y las nuevas formas de movilidad
Sea como sea el desenlace de este traspaso competencial y de la regulación de las nuevas formas de movilidad, en Genbeta echamos un vistazo a lo que dicen sobre estos temas los programas electorales de los partidos políticos más importantes en diferentes comunidades y ciudades.
Empezamos por el PSOE y, concretamente, por el programa de la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid, una lista liderada por Ángel Gabilondo. En su programa electoral encontramos su postura respecto al sector VTC en el punto 451, en el que señalan lo siguiente:
«Promoveremos un Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible para integrar de manera justa al taxi y a las VTC en el sistema de transporte de las ciudades. El marco legal debe respetar las regulaciones sobre el equilibrio entre ambas modalidades, las obligaciones y características de servicio público, promover la digitalización del transporte, una competencia leal entre alternativas, una adecuada contribución fiscal de cada modalidad y la autonomía local para adaptar el marco regulatorio a la situación concreta de cada municipio».
Respecto a nuevas formas de movilidad, en el apartado que se dedica a la materia de forma general, no encontramos ninguna referencia. Tampoco encontramos referencias específicas a VTC o nueva movilidad en los programas marco para las elecciones autonómica y municipales que se toman como base para la confección de las propuestas concretas de cada territorio o ciudad.
Sí aborda la movilidad compartida, por ejemplo, el programa electoral del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de València, en el que no se habla específicamente de VTC. En los compromisos que adquiere la candidata socialista en la ciudad, Sandra Goméz, se contemplan los siguientes puntos:
«El Impulso al vehículo eléctrico y vehículos compartidos. Crearemos una red de puntos de carga que permita el uso de vehículos eléctricos en toda la ciudad. Además, facilitaremos la implantación del vehículo eléctrico compartido que permite reducir la contaminación acústica y atmosférica, así como el número de coches en la ciudad de una forma cómoda para los usuarios».
El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, también hace referencia en su programa a las nuevas formas de movilidad:
«Aprovecharemos la capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de movilidad personal y compartida (coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas y patinetes eléctricos».
Programa del PP
En el caso del PP de la Comunidad de Madrid, cuya candidatura lidera Isabel Día Ayuso, en su manifiesto-programa no aparece ninguna referencia a las VTC ni a la nueva movilidad.
Sí aparecen referencias, en cambio, en el programa electoral para el Ayuntamiento de Madrid del candidato José Luis Martínez-Almeida, para los nuevos modos de movilidad:
«Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible: el texto normativo será reformado de forma sustancial y urgente, con el fin de garantizar una revisión completa de todas aquellas medidas que dificultan la movilidad de los madrileños, así como aquellas que perjudican la seguridad vial y la convivencia de los peatones y nuevos vehículos de movilidad urbana.
[…]
Potenciaremos los nuevos modos de movilidad. Pondremos al alcance de los ciudadanos las nuevas alternativas de movilidad, como el carsharing, motosharing o los vehículos de movilidad personal, siempre teniendo en el centro de las políticas la protección del peatón y el respeto a su espacio».
«En los sectores del taxi y de los VTC, garantizaremos la libertad de elección del usuario incrementando las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. La regulación pondrá al ciudadano y su libertad de elección como eje».
Programa de Ciudadanos
Ciudadanos se ocupa de la convivencia de VTC con soluciones de movilidad tradicionales y equiparables como el taxi en el programa que defiende Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de Madrid:
«Vamos a apostar por un sistema justo y con oportunidades para todos que garantice la convivencia del taxi con otras alternativas de movilidad y accesibilidad. Promoveremos la eliminación de requisitos injustificados, la flexibilización del sistema de tarifa en precontratación y crearemos líneas de ayudas para la renovación de la flota del taxi».
En su programa electoral, la candidatura madrileña también dedica un punto a nuevas formas de movilidad:
«Vamos a favorecer el avance de los nuevos medios de movilidad y el transporte compartido de forma ordenada y coordinada con otros municipios de la Comunidad de Madrid. Profundizaremos en nuevas formas de movilidad eficiente a una escala metropolitana».
El programa electoral que Ciudadanos pone sobre la mesa en Sevilla, para cuyo consistorio es candidato Álvaro Pimentel, también hace referencia a la convivencia entre el sector de las VTC y el sector del taxi:
«Vamos a facilitar la integración del sector del taxi y de los servicios VTC con una regulación que garantice la competencia leal y la seguridad jurídica en el sector de la movilidad urbana. Debemos asegurar un mejor servicio para los usuarios, una competencia justa y el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse. En Cs creemos que el futuro de la movilidad pasa por la cooperación entre actores y no por las viejas recetas que nunca han entendido de innovación o progreso y que limitan las opciones a los ciudadanos».
Programa de Unidas Podemos
Entre las propuestas que podemos encontrar en el programa electoral para la Comunidad de Madrid presentado por Podemos, principal integrante de la candidatura Unidas Podemos liderada por Isabel Serra, hallamos un amplio apartado dedicado íntegramente a los taxis y vehículos de transporte con conductor, los VTC, con medidas muy concretas al respecto:
«58. Modificar la legislación autonómica de transportes terrestres de la Comunidad de Madrid, que regulan el transporte terrestre:
a. Establecer un requisito temporal entre la contratación y la prestación efectiva del servicio de las VTC que sea de al menos dos horas, para diferenciarlo del servicio del taxi.
b. Obligar a las VTC a comunicar a la Administración competente el geoposicionamiento de los vehículos que prestan los servicios, tanto respecto del momento de la formalización del contrato como de la recogida efectiva del cliente.
c. Establecer un requisito espacial (distancia mínima) entre la VTC y el pasajero en el momento de la precontratación, siempre y cuando esta medida vaya acompañada de las restricciones temporales antes descritas.
d. Prohibir a las VTC deambular libremente por las calles sin pasajeros u hoja de ruta, y obligación de retornar a base cuando hayan finalizado la prestación de sus servicios.
e. Prohibir estacionar sus vehículos en estaciones de trenes, autobuses, puertos, aeropuertos y otras paradas autorizadas, con la fijación de una distancia mínima de aproximación.
f. Regular los requisitos de formación de los conductores de VTC y su equiparamiento a las condiciones que se obliga al sector del taxi.
g. Fijar progresivamente condiciones técnicas para los autotaxis y VTC que obliguen a introducir las tecnologías (motorización, diseño, materiales, peso y similares) que permitan la máxima eficiencia energética, la utilización de combustibles renovables, la minimización del ruido y de las emisiones de CO2 y otros gases y partículas contaminantes.
h. Impulsar mecanismos legislativos para que las Entidades locales y las comunidades autónomas puedan investigar y sancionar posibles casos de incumplimiento de la normativa que se expida para la regulación de las VTC.
Articular mecanismos legislativos y administrativos para recuperar aquellas autorizaciones administrativas concedidas en exceso de esta ratio de proporcionalidad 1/30, cumpliendo con las disposiciones del régimen indemnizatorio establecido por el Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor».
Barcelona en Comú, formación política liderada por la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y apoyada por Unidas Podemos, también incide en su programa electoralen una regulación de los VTC frente al taxi y en las nuevas formas de movilidad:
«Regular los servicios de taxi y el VTC bajo criterios de interés públicos: es necesario regular los servicios de VTC de manera diferenciada del servicio urbano de taxi y debe mejorarse el servicio de taxi en su conjunto (transparencia, fiabilidad, sistemas de pago y tarifas, mejora de la flota de vehículos).
[…]
Mejorar y completar la regulación de las flotas de vehículos compartidos en el espacio público (coches, motos, bicis y patinetes) para minimizar su impacto sobre el espacio pública al mismo tiempo que se convierten en servicios complementarios al uso del transporte público y sustituyen de forma efectiva vehículos privados».
«Daremos solución al conflicto entre taxi y VTC. Exigiremos los mismos requisitos y superación de pruebas de acceso a los conductores de VTC que a los taxistas. Concederemos las siguientes licencias VTC a los actuales titulares de una licencia de taxi como método de compensación sin coste para el contribuyente».
Programas de Más Madrid, ERC, Compromís…
Seguimos analizando programas electorales y nos detenemos ahora en el de Más Madrid, grupo político creado por Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, e Íñigo Errejón. En su documento programático hablan, desde la óptica municipal, de la necesidad de regular las VTC y hacer más sostenible el sector del taxi:
«El Ayuntamiento seguirá impulsando las ayudas para la renovación de flotas a vehículos eco o cero emisiones y aprobará una modificación de la ordenanza del taxi para hacer un servicio más sostenible y competitivo. Por su parte, establecerá reglas para el funcionamiento de las VTC en Madrid atendiendo a las necesidades de la ciudad».
A nivel autonómico, la regulación de las licencias VTC pasa por una modificación legislativa según Más Madrid:
«Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid para regular la convivencia entre taxis y los vehículos de turismo con conductor (VTC), incluyéndose la definición de estos últimos, su carácter de servicio precontratado, así como el necesario establecimiento de bases para el desarrollo de su actividad y el régimen de infracciones. Igualmente, se reconocerá el carácter de servicio público del taxi».
Más Madrid también se ocupa de nuevas formas de movilidad a través de varias medidas adicionales tanto en el ámbito autonómico como en el municipal:
«Crear un soporte tecnológico único, que sirva como servicio monedero o servicio de postpago, para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de car sharing, de taxi y bicicletas.
Modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad De Madrid (Ley 20/1998) para incorporar la definición del servicio de ‘car sharing’.
Creación de una línea de subvención destinada a la compra de bicicletas eléctricas por particulares.
Apoyo a las administraciones locales en el establecimiento de cargadores de carga rápida para vehículos eléctricos».
«Combatiremos el intrusismo e impulsaremos el servicio de taxi teniendo en cuenta que es un servicio público metropolitano.
Desarrollaremos un reglamento definitivo que regule la proporción y las condiciones de explotación de taxis y vehículos de alquiler con conductor en el área metropolitana de Barcelona».
Compromís, partido político de ámbito valenciano cuyo candidato al Ayuntamiento de València es Joan Ribó, actual alcalde de la ciudad, defiende en su programa la regulación de los vehículos turismo con conductor:
«Regularemos de la manera más eficaz los servicios discrecionales de transporte que ofrecen las denominadas VTC».
Respecto a otras medidas relacionadas con nuevas formas de movilidad, plantean dos propuestas:
«Seguiremos impulsando la implantación de una red de puntos de carga de vehículos eléctricos, en la vía pública así como en aparcamiento subterráneos como los 40 puntos ya instalados en el remodelado aparcamiento Centre Històric-Mercat Central.
Estableceremos sistemas de vehículos en modalidad ‘sharing’ que ofrezcan las alternativas de calidad a las usuarias».
Los servicios de arrendamiento con conductor (VTC) deberán ser contratados con 15 minutos como mínimo de antelación en la Comunitat Valenciana tras la aprobación de un decreto aprobado por el Gobierno Regional que, sin embargo, resulta insuficiente para Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana.
El tiempo de precontratación, en virtud del nuevo texto regulador de las VTC, puede ser ampliable hasta una hora en el caso de los servicios urbanos y el Ayuntamiento de Valencia ya manifestó su intención de ampliar esa precontratación. Sin embargo, esa ampliación del tiempo mínimo de precontratación excluye a los servicios interurbanos, y esto supone que los múltiples servicios de costa que transcurren entre municipios solo podrán tener una contratación mínima de 15 minutos. Algo que para el sector del taxi supone un grave problema.
La Gaceta del Taxi.- La Delegación Permanente de las Cortes Valencianas finalmente convalidó el real decreto que regula las VTC y que introduce una precontratación de 15 minutos para estos vehículos. ¿Qué sensación le deja el texto a nivel personal? ¿Cree que refleja lo que demandaba el taxi o se ha quedado a medio camino?
Fernando del Molino.- Para la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, asociación mayoritaria en el sector, el texto aprobado por el Gobierno es totalmente insuficiente por muchos motivos. Porque aunque en un principio pueda ser beneficioso para el taxi que en una ciudad grande como puede ser Valencia se pueda ampliar el plazo de precontratación, para los municipios de costa y la zona de Alicante este texto no va a servir para regular y controlar las VTC.
G.T.- ¿No se puede ampliar en esa zona el tiempo de precontratación, o es que una hora sigue siendo insuficiente en esos municipios?
F.M.- El decreto otorga 15 minutos de precontratación para todo tipo de servicios, esto es, urbanos e inter urbanos dentro de la comunidad. Pero en la zona de la costa se desempeñan mayoritariamente servicios de carácter interurbano, y en esos servicios no se podrá ampliar la precontratación a una hora, ya que esa ampliación solo afecta a los de carácter urbano.
G.T.- Más allá de la precontratación, ¿qué otras carencias encuentra en el decreto?
F.M.- Encuentro muchas, la verdad. Se han sacado de la manga un artículo que estipula que para servicios contratados por la administración no tendrán que tener esa precontratación. Para esos contratos que hacen para los médicos, fiscalías, etc. Esos pueden ser de carácter inmediato. Ahí ya tenemos un coladero. También dice el decreto que los servicios de emergencia o urgencia tampoco deberán ser obligatoriamente precontratados, es decir, que no deberán respetar el tiempo de precontratación mínimo. Ahora vamos a ver qué es lo que se considera un servicio de urgencia o de emergencia.
G.T.- ¿En qué otros aspectos considera que podía haber regulado mucho más la administración y no lo ha hecho?
F.M.- Siempre hemos insistido en el asunto de la vuelta a la base. Insistimos en que no pueden aparcar si no tienen servicio contratado. El problema es dónde van esos vehículos una vez que finaliza el servicio, porque pueden incluso ponerse a dar vueltas. Si no se estipula que obligatoriamente tienen que ir a un sitio, al final la norma es muy difícil de hacerla cumplir. Hemos hecho hincapié mucho en la obligatoriedad de ir a la base, como se hace en otros países europeos como Alemania, pero no lo hemos conseguido.
El AMB aprobará el 21 de mayo la ampliación a los 60 minutos de precontratación para los VTC
El pleno del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)aprobará el martes que viene la ampliación hasta los 60 minutos de la precontratación para los servicios de los VTC. Así está previsto inicialmente en el orden del día del pleno, que de esta forma dará luz verde a la ampliación en 45 minutos del plazo actual de un cuarto de hora que estableció el decreto aprobado por la Generalitat a principios de año.
La nueva medida entrará en vigor una vez publicada en el BOP y sólo podrá ser impugnada mediante un recurso por la vía judicial. Fuentes del sector del taxi ya dan por hecho quela Agencia Catalana de la Competencia y las empresas que operan VTC presentarán un recurso y han anunciado que el próximo día 21 de mayo darán a conocer qué fuerzas han dado apoyo a la ampliación de la precontratación para que «se tenga en cuenta» en las elecciones del domingo siguiente.
En este sentido, el taxi ha reivindicado la fuerza del sector, ya que, según asegura, mueve «más de 80.000 votos» en Barcelona y las ciudades del ámbito metropolitano.
Por otro lado, Élite Taxi ha explicado que la semana que viene el abogado de la plataforma Taxi Project 2.0 presentará más de 2.000 querellas criminales contra las empresas VTC por ocho presuntos delitos penales y que en los últimos días ha mantenido reuniones con la Guardia Urbana de Barcelona sobre la implantación del registro electrónico.
Desde la plataforma han informado de que la Guardia Urbana ya tiene acceso «y están estudiando la mejor opción para aplicar la norma». Ahora bien, en Élite Taxi piden un poco más de «paciencia», ya que estas cosas «no son tan fáciles como pensamos y se sigue trabajando a nivel de despacho».
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