Jorge Valero (Bruselas)
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La Comisión Europea prepara su posición política ante las nuevas variedades de la economía colaborativa y el potencial de unos negocios que amenaza con colisionar con los sectores tradicionales.
España se ha convertido en destacado campo de batalla entre Uber y las autoridades nacionales. El juego del gato y el ratón entre la empresa californiana y el juzgado de lo Mercantil numero 2 de Madrid, una vez que este prohibiera los servicios de la firma, evidencia los problemas que está teniendo la aplicación, y también sus agresivas tácticas, para encontrar encaje en los países europeos.
Pujante sector
Sin embargo, la suerte de Uber y sus correligionarias del sector de la economía colaborativa podría cambiar en 2015 si la Comisión Europea materializa en una cobertura legal los guiños que ha lanzado hacia este pujante sector.
La economía colaborativa se ha convertido en terreno abonado para el desarrollo de negocios digitales. Uber, Airbnb o la holandesa Shareyourmeal representan exitosos casos de nuevos modelos empresariales, aupados por unos ciudadanos que demandan servicios más competitivos y más ajustados a sus necesidades.
Pero también estas aplicaciones y páginas web suponen auténticos quebraderos de cabeza para los legisladores en todas las partes del mundo, que procuran encajar el florecimiento de estas empresas con los recelosos proveedores de servicios tradicionales, que velan por un statu quo y unos intereses creados que se dinamitan con las nuevas reglas de juego.
Servicios sin licencia
La agresiva estrategia de expansión de Uber ha terminado por tensar la situación. La aplicación, que pone en contacto a conductores particulares con viajeros, tiene problemas con las autoridades ya en cinco países europeos (España, Francia, Holanda, Alemania y Bélgica), además de en una treintena de ciudades estadounidenses, la India o en Corea del Sur. El argumento en casi todos los lugares se repite: Uber ofrece servicios de transporte sin la licencia correspondiente.
Por su parte, la compañía estadounidense insiste en su defensa: la aplicación debe ser tratada por los legisladores como una plataforma tecnológica, y no como una compañía de taxis o limusinas.
La compañía ha visto un resquicio a través de una directiva europea, que ampara a los servicios de la información a nivel europeo, para llevar la prohibición en el territorio francés hasta la Comisión Europea. Según la normativa comunitaria, apunta Uber, París debería haber comunicado la adopción de la nueva legislación francesa usada para la prohibición de su servicio, al trocear el mercado interior de servicios de la información.
En la Comisión Europea son conscientes de que su veredicto puede sentar un “precedente” no sólo para Uber en toda la UE, sino también en su aproximación a todos los servicios de economía colaborativa, con ecos que llegarán más allá de las fronteras comunitarias.
Bruselas quiere contar con una opinión fundamentada en este 2015 en un tema que corre paralelo a sus prioridades políticas. El fortalecimiento del mercado común digital es una de las consignas del nuevo Ejecutivo comunitario liderado por Jean Claude Juncker. Sin embargo, como reconoce la portavoz comunitaria, Lucía Caudet, el Ejecutivo comunitario no cuenta hasta ahora con una “línea política” en este tema tan sensible.
Para llegar a ello, la Comisión ha puesto a trabajar a varias direcciones generales para conseguir una posición “horizontal” sobre el asunto, involucrando el aspecto tecnológico, el potencial económico de estos nuevos negocios, y el impacto en el mundo del transporte, en el caso de Uber. Esta es también la posición que defiende la empresa, para ponderar aquellos factores más allá de los intereses de taxistas, hoteleros u otros grupos afectados.
Más aún, la portavoz comunitaria indica que también formará parte de esta reflexión si “proactivamente se puede hacer algo”. Aunque es pronto para saber en qué sentido pueden ir las acciones comunitarias, Bruselas ha mostrado simpatía por las oportunidades que traen las nuevas tecnologías en este terreno. Ya en el pasado, comisarios como la exresponsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, fueron muy críticos con aquellos que prohibieron Uber, como en el caso de las autoridades de Bruselas.
Falta marco regulatorio
La Comisión cuenta como punto de partida con un documento elaborado para sus servicios por PricewaterhouseCoopers (PwC) en septiembre de 2013. En el texto se reconoce que, ante la falta un marco regulatorio específico, las autoridades “podrían aplicar inapropiadamente estándares de la industria y legislación convencionales” a estas novedosas herramientas. El documento nota que el mercado colaborativo entre usuarios es “altamente diferente” al tradicional, ya que desaparece el poder de negociación más fuerte con el que cuentan las compañías en los mercados tradicionales, y que precisamente la legislación trata de compensar protegiendo al consumidor.
Como recomendaciones, el documento pone el acento en la creación de estándares de calidad y seguridad apropiados para estos servicios. Para ello, recomienda establecer “criterios estrictos” como barreras de entrada para las plataformas que quieran beneficiarse del jugoso mercado de la economía colaborativa.
Aunque aún queden meses para la opinión de la Comisión, el viento sopla a favor desde las instituciones europeas. Más aún, desde Bruselas se lanza un recordatorio a los legisladores nacionales en contra de estos nuevos servicios: las leyes no operan en un vacío, y tienen que cumplir los principios de libertad de establecimiento, proporcionalidad y no discriminación. Una llamada de atención que podría tener la clave para este novedoso sector en los meses venideros.
Publicado por el economista. Es