El cabreo del taxista y la devaluación del trabajo

13/04/2017 | 21:13 H.

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Los negocios basados en internet han dejado de ser simpáticos. Desde Airbnb a Uber, pasando por Cabify,  están generando tensiones urbanasTaxistas de toda la vida y conductores con nuevas licencias se apalean, insultan o se vigilan en las calles o aparcamientos de los aeropuertos.

Vecinos y vecinas de barriadas centrales de los puntos turísticos más relevantes delatan con marcas y señales a quienes alquilan su vivienda en la red a turistas, a través de Airbnb u otras plataformas.

Una parte de la reacción, sin duda, tiene que ver con el carácter disruptivo de las nuevas tecnologías y actividades económicas y su agresión comercial a viejos sectores, menos flexibles y acomodados a regulaciones tradicionalmente estrictas y basadas en licencia.

Hay razones, también,  para la ira en los mercados agredidos. Las licencias de toda la vida, sean de taxistas u hoteleras o de alquiler residencial, son en realidad patrimonio económico sometido a devaluación por las nuevas competencias, en no pocos casos basadas en economía irregular.

Hay algo de sorprendente en que la clase media y sus vástagos se irriten por la pérdida de valor de su patrimonio inmobiliario o su ahorro y consideren que las licencias de los taxistas sean un casposo privilegio de antaño.

Por el contrario, los profesionales del taxi consideran la licencia, devaluada por la competencia, como un fondo de pensiones, una jubilación de la que se les está privando. También es cierto que las licencias existen por fallos de mercado que hacen necesaria la regulación

Pero hay otras razones para que lo que hace unos años se veía con la simpatía de toda actividad nacida en internet sea hoy sospechosa. Ayer mismo, una directiva de comunicación de una compañía de taxis basada en las nuevas tecnologías  decía a este medio que su “modelo de negocio” era perjudicado por la información sobre las tensiones que se sufren en las calles de Madrid.

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Play againPLAY AGAIN

¿Hablamos de algún modelo de negocio innovador amenazado por la resistencia de lo viejo? En realidad, no. Uber o Cabify no han aportado tecnológicamente nada nuevo. Lo que han aportado es el mismo negocio de siempre pero externalizando costes al conductor.

El modelo de negocio de ambas es que el conductor se page la gasolina, los seguros, el mantenimiento, el coche y todos los gastos. En una palabra, los profetas de la nueva economía son comisionistas de los de toda la vida, eso sí, pasados por el glamur de internet. Naturalmente, devaluando las condiciones de vida del profesional se puede ser más barato y parecer que se ayuda al usuario.

Una redactora de Estrella estimó una reducción de un 30% el coste de viaje en un taxi bajo demanda de Cabify. La cuestión, sencillamente, es que la modernísima entidad no paga la seguridad social, el coche o el seguro del trabajador – que no es trabajador, sino autónomo-; autónomo que debiera ser dependiente (cobran más del 70% de sus ingresos por trabajar en la misma compañía) pero que está sujeto a contrato mercantil.

Uber o Cabify crean tensiones en los mercados tradicionales no solo porque devalúan los patrimonios de taxistas sino por que inducen una precarización agresiva de los mercados laborales.

No; no son simpáticos ni defienden modernísimos modelos de negocio de la muerte, es pura economía “gig”, basada en la devaluación del mercado de trabajo, por mucho que las dulces y simpáticas responsables de la comunicación corporativa de Cabify  se empeñen.

Es lo mismo que, como desvelaba Estrella Digital, se llame economía colaborativa a una señora que administra, probablemente en economía sumergida, 700 viviendas en la Isla de Mallorca.

Publicado por Estrella digital.

Los taxistas pararán el próximo 26 de abril en protesta por el «intrusismo»

La Federación Cántabra del Taxi anuncia cuatro jornadas de huelga y su presencia en la manifestación del 31 de julio en Madrid

 

 

MARÍA DE LAS CUEVAS SANTANDER11 APR 2017

No son años fáciles para los taxistas, que denuncian un «intrusismo desmedido», que «pone en juego la supervivencia del sector». La recién constituida Federación Cántabra del Taxi, que integra a 400 profesionales (del total de 500 taxis con licencia que operan en Cantabria) y nueve asociaciones de la comunidad autónoma, denuncia la «falta de regulación» ante la proliferación de empresas de transporte que operan bajo otros nombres y unas condiciones distintas a las que se exige al gremio de los taxistas. Ante esta situación, la agrupación anunció que secundará los cuatro días de paro acordados en el Congreso Nacional del Taxi de España, celebrado la semana pasada en Madrid.

La primera jornada de protesta, prevista el próximo 26 de abril, dejará sin servicio de taxi a la comunidad autónoma durante dos horas y media, tiempo en el que solo se mantendrá un servicio de vehículos adaptados. El paro irá acompañado de una manifestación de taxistas que saldrán desde el aeropuerto de Santander Seve-Ballesteros, a las 10.30 horas, hasta la Delegación de Gobierno, donde tienen previsto terminar la protesta, en torno a las 13.00 horas, para a continuación, leer un manifiesto con sus reivindicaciones, que trasladarán al delegado de Gobierno,Samuel Ruiz.

La manifestación de taxis atravesará las calles Marqués de la Hermida y Antonio López. Después, se bifurcará, de tal forma que una parte discurrirá por las calles Atilano Rodríguez, Cádiz (con parada y registro de un escrito en las dependencias de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria), Isabel II y Calvo Sotelo; y otra parte continuará por el Paseo Marítimo, Glorieta de Puertochico, Paseo de Pereda y Calvo Sotelo.

Reivindicaciones

La Federación Cántabra del Taxi señala que a este paro le seguirán tres más, programados para los meses de mayo, junio y julio. Este último será el más importante, conuna jornada completa sin servicio de taxi, durante 24 horas, y una manifestación multitudinaria hasta Madrid –prevista el 31 de julio–, para reclamar al Gobierno de España un conjunto de peticiones sectoriales.

Manu Andoni, presidente de la Federación en Cantabria, explicó que el gremio se siente «un sector muy castigado, obligado a cumplir una estricta regulación, que sin embargo no están cumpliendo otros vehículos turistas que se dedican al transporte de pasajeros. Con ello nos referimos al intrusismo de coches con conductor que no tienen licencia, como las grúas de asistencia en carreteras que hacen servicios de taxi. Queremos impedir la saturación sin control de transporte de pasajeros en vehículos de turismo».

La Federación Cántabra del Taxi está formalmente constituida desde el 29 de marzo, y se trata de una estructura organizativa integrada por nueve asociaciones de taxis de Cantabria, que representa los intereses de 400 taxis de los 500 que hay en la comunidad autónoma.

El propósito de esta unión es «tener una voz más fuerte y unitaria» en su lucha por sus intereses. Una de sus principales reivindicaciones es que se cumpla la contingentación de un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis, «proporción que no se está respetando actualmente, siendo Cantabria la comunidad que más sobrepasa esta proporción que marca la ley. En la región existe un vehículo de arrendamiento por cada tres taxis», aseguró Andoni. La sectorial solicita un control administrativo por parte de la Dirección de Transporte, que asigna estas autorizaciones.

Publicado por Google.

Uber y Cabify se juegan en el Supremo su negocio en España

El Alto Tribunal va a unificar el criterio de los jueces sobre la concesión de autorizaciones a las empresas de alquiler de vehículos con conductor

 La Comunidad de Madrid ya no concede autorizaciones a empresas de alquiler de vehículos con conductor como Uber o Cabify, pero el Tribunal Superior de Justicia está fallando a favor de las VTC, por lo que el número de permisos no para de ascender y alcanza ya la cifra de 2.100 autorizaciones. En otras comunidades ocurre lo contrario, por lo que será el Tribunal Supremo quien deba unificar el criterio.

Uber.Uber.

30 mar 201701:00

Todo se debe a la ley Ómnibus del año 2009 en la que el Gobierno del PSOEpresidido por José Luis Rodríguez Zapatero decidió liberalizar el sector del alquiler de vehículos con conductor.

Hasta entonces, solo se podía otorgar una autorización a empresas VTC por cada 30 licencias de taxi, ya que se trataba de limusinas y otros vehículos destinados a un público más rico a cambio de un servicio más caro.

En el año 2013, el Gobierno del PP deMariano Rajoy decidió modificar esta ley y en 2015 se introdujo el decreto que volvía a restringir el sector a una VTC por cada 30 taxis. El problema viene por las autorizaciones solicitadas entre ambos cambios de legislación.

Mientras en la Comunidad de Madrid la justicia da la razón a las empresas solicitantes, en otros territorios comoAsturias, Navarra o Cataluña, ésta se la da a la Administración y niega los permisos a las VTC.

Desde el Gobierno de Cristina Cifuentes, ya se han recurrido un total de 152 sentencias. Además, el martes se recibió una nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia que desestimaba el recurso a la concesión de 10 permisos más. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a El Confidencial Digital que dicha sentencia también será recurrida al Alto Tribunal

Publicado por el Confidencial.

Tengo una carta para ti

3 de abril, jornada mundial de Lucha Contra los Paraísos fiscales

    

Joan Josep Bosch | Rebelión | 03/04/2017

Tengo una carta para ti:

Estimado lector: Soy Joan Josep Bosch, economista y miembro de ATTAC Navarra-Nafarroa. Me gusta mi profesión y me encantan los números. Pero hoy necesito que me leas y procuraré utilizar muy pocos números, los mínimos necesarios. Utilizaré un lenguaje que me es menos habitual, el de los sentimientos y apelaré a tu corazón y a tu conciencia. Pero léeme, de verdad, es necesario. Tu vida, nuestra vida, la vida de quienes más quieres está en riesgo. No lo tomes a broma porque no lo es. No soy un chamán, solo intento ser franco.

Recuerdo bien cómo muchos amigos míos me llamaban loco cuando advertía que la burbuja inmobiliaria explotaría y dejaría víctimas. Recuerdo bien cuando a una amiga directora de oficina bancaria le hacía reflexionar sobre la venta de acciones preferentes que ofrecía a sus clientes (en muchas ocasiones, personas que confiaban en ella, una buena persona). Recuerdo bien cuando advertía a algunos amigos de las cláusulas suelo de sus hipotecas y recuerdo el abrazo que me di con un amigo de Barcelona de visita en Pamplona cuando estalló el caso Bankia y empezamos a pronosticar sus consecuencias. No soy un chamán. Sencillamente pienso en sencillo, leo, reflexiono, me hago preguntas.

Estimado lector, léeme y ayúdame.

El día 3 de Abril se celebra la jornada mundial de Lucha Contra los Paraísos Fiscales recordando la fecha en la que hace un año se publicaron en todo el mundo los denominados “Papeles de Panamá”, apenas una gota en el océano de desvergüenza, corrupción y delincuencia que representa su existencia y la tolerancia por parte de quienes gobiernan los destinos de la humanidad.

Cuando acabes esta carta, si tienes tiempo, métete en esta página web y verás nuestro destino:http://www.economist.com/content/global_debt_clock

Estoy hablando de la deuda pública de todos los países del mundo, que suma 58 Billones de $. Todos los países del mundo están endeudados. España debe 1 Billón, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia 2 billones cada uno. EEUU debe 16 Billones. Los países menos endeudados son los denominados países pobres (empobrecidos, saqueados, robados durante siglos por los países ricos) porque nadie les presta.

¿Si todos los países están endeudados, quiénes y dónde están los acreedores? ¿A quién se debe? A los prestamistas. ¿De verdad es posible que una parte de los habitantes del planeta disponga de 58 Billones de $ para prestar a todos los otros Estados del mundo, que representan el 98% de la población mundial? ¿Tanto han trabajado? ¿Tan listos son? ¿Tanta productividad genera su talento?

No. Por supuesto que no. Nos roban, nos roban a todos y esconden su botín en la cueva de Alí Babá, llamados paraísos fiscales. Nos roban a través de la evasión fiscal  (violando la Ley), a través de laelusión fiscal  (retorciendo la Ley y violando la ética), a través de estructuras fiscales “eficientes” (retorciendo la ética y violando el estado de bienestar).

Según Tax Justice Network, en los paraísos fiscales se alojan entre 21-32 Billones de $. Ese dinero no se ha generado allí ni responde a la producción de esos minipaíses. Es el dinero generado por nuestro esfuerzo, talento, recursos naturales. Allí se acumula.

Los Estados endeudados significan vidas endeudadas  de su ciudadanía. Vidas que tendrán que trabajar más años para pagar su deuda, que tendrán menores servicios públicos, peor sanidad y por tanto, peor salud, peor educación y por tanto, menos conocimiento y capacidad, menores recursos destinados a promover la cultura y por tanto, un corazón menos cultivado.

Los Estados endeudados significan que nuestra generación se irá a la tumba dejando una herencia de deuda a la generación siguiente, que tendrán que pagar con una vida precarizada. ¿Acaso no lo ves? Si tienes más de 70 años, ¿no ves que tus hijos van a vivir peor? Si tienes más de 40, ¿no ves que tus hijos tendrán que emigrar o vivir con sueldos “casimileuristas” sin poder construir una vida en condiciones dignas? Si tienes 30, ¿no te has dado cuenta ya que la generación anterior os ha dejado una deuda que no os pertenece y que os está condenando a vivir en casa de vuestros padres o a emigrar?

¡¡Reacciona!! La cueva de Alí Babá y los 40 ladrones se llama Paraísos Fiscales y no podremos cambiarlo si no somos muchos aporreando la puerta que los abra y retorne el botín.

El deterioro del llamado Estado del Bienestar no es un problema de crecimiento del PIB como a menudo puede oírse. La civilización ha conseguido multiplicar enormemente la productividad (producción por unidad de tiempo o esfuerzo) pero resulta que esa mejora de la productividad no se transforma en una mejora de la calidad de vida global. El problema se llama no distribución  de la riqueza generada y la realidad es que cada vez más, la riqueza planetaria se concentra en menos manos.

Cuando el G-20 se reunió en 2009 para promover soluciones a la crisis económica mundial prometieron acabar con los paraísos fiscales pero la realidad es que siguen operando. De las 200 mayores empresas mundiales, 180 tienen oficinas o sucursales en paraísos fiscales, la inversión española en las Islas Caimán es 64 veces mayor que en Alemania y el 52% de la inversión extranjera en España proviene de Holanda y Luxemburgo (¿te lo crees?, ¿necesitas más pistas?). En el año 2012, las empresas estadounidenses declararon en las Islas Bermudas más beneficios de los que obtuvieron en China + Japón + Alemania + Francia. Es ridículo. Losaben.

Esto solo cambiará si la ciudadanía presiona con fuerza y es por eso que te necesito. Tu vida, la mía y la de nuestros hijos están en juego. Quizá sobrevivamos, pero ¿en qué condiciones? La concentración de riqueza cada vez mayor en pocas manos ahoga la demandanecesaria para la supervivencia del capitalismo. El capitalismo se estásuicidando, de acuerdo, pero con nosotros dentro.

¡¡Ayúdame, toma conciencia, reacciona y empuja, cuéntalo, movilízate!!

Joan Josep Bosch. Economista. Miembro de ATTAC Navarra-Nafarroa

Publicado por noticia.

Protesta de taxistas ante una sede de VTC

Medio centenar de conductores denuncian la «competencia desleal» de los vehículos de alquiler con conductor

MARTES, 28 DE MARZO DEL 2017 – 17:10 CEST

Casi medio centenar de taxistas hanprotestado este mediodía enL’Hospitalet, en una de las sedes deCabify, una de las empresas devehículos de alquiler con donductor,conocidas como VTC, contra las que el colectivo ha desterrado el hacha de guerra al considerar que están asumiendo servicios que no le pertocany que colisionan contra sus derechos.

La manifestación se ha desarrollado en torno a las 13.45 horas en el polígono de Pedrosa, en L’Hospitalet, hasta donde ha llegado una flotilla de vehículos negros y amarillos, muchos del colectivo Elite, para hacer oír sus reivindicaciones. Los empleados de Cabify no han tardado en bajar la puerta del garage y blindarse en el interior ante una protesta que se ha saldado sin incidentes remarcables.

AGRESIONES

Entre consignas como ‘Si vais a amenazarnos, la vamos a liar’ y ‘La cucaracha ya no puede caminar’ (por el color oscuro de la flota de VTC) y una ensordecedora retahíla de tracas, los taxistas han querido hacer notar a Cabify que no piensan transigir ante lo que Álex ha calificado de «competencia desleal». «Trabajan con una aplicación para el móvil para coger clientes, cunadop solo deben transportar pasaje programado, y asumen servicios que solo deberían corresponder a nuestor gremio. No nos vamos a callar ni a quedarnos de brazos cruzados», ha dicho.

Mohamed ha denunciado que la prensa se ha hecho eco del coche de VTC que unos taxistas volcaron hace 10 días, «pero nadie ha dicho nada de las amenazas» que un compañero ha recibido «en su propio domicilio», señalando directamenter a «los trabajadores del sector del alquiler con conductor». «Y no es el único. Recibimos un montón de agresiones y roturas de lunas constantemente», ha añadido. Otro compañero ha afeado a las autoridades que estén «mirando para otra parte», sin asumir responsabilidades en este conflicto.

Juan ha puesto cifras y dimensión personal a la problemática por la que se movilizan. «Invertí 125.000 euros hace cuatro años, entre el coche, la licencia y los gastos de adminsitración. Entonces era un emprendedor. ¿Y ahora que soy? No sé qué dirán las autoridades, yo me veo como alguien que no sabe si podrá alimentar a su familia ni pagar la deuda si esto sigue así», expone. «Yo soy feliz con mi trabajo. Solo pedimos que nos dejen trabajar en unas condiciones dignas», zanja.

La manifestación ha comenzado a disolverse en torno a las 14.25 horas, ante la presencia de una decena de Mossos que han conversado con los convocantes de la protesta pero sin necesidad de intervenir.

Publicado por el periódico.

Presión contra la piratería en el taxi, con 42 multas en 2016

El Grupo Sigma se ha centrado en los locales de ocio nocturno y las estaciones de tren o autobús

J. P. | València 24.03.2017 | 04:15

El Grupo Sigma de la Policía Local de Valencia ha incrementado su presión sobre la piratería en el taxi y eso se ha notado en el número de sanciones impuestas, que han pasado de las 31 del año 2015 a las 42 del año 2016. La mitad de esas denuncias tienen que ver con el incumplimiento de las tarifas, 5 lo fueron por trabajar en día de descanso y 16 por no presentar o tener caducada la tarjeta de transportes. Desde hace años las asociaciones de taxistas vienen denunciando el intrusismo creciente que padece el sector. Vehículos privados, vehículos con conductor y taxistas que trabajan sin cumplir la legalidad están creando graves problemas en un sector muy castigado por la crisis y por las nuevas fórmulas de movilidad nacidas al amparo de internet.

Los aeropuertos, estaciones, hoteles y discotecas son algunas de los espacios donde se concentra la piratería, que trabaja igualmente con clientes fijos que se mueven periódicamente entre dos ciudades.

Recogiendo esa denuncia general de los taxistas, el grupo municipal de Ciudadanos presentó una pregunta a la Comisión de Seguridad Ciudadana para ver cuál era la política municipal en este sentido. Y la respuesta es que existe un contacto permanente con las asociaciones de taxistas y que se ha incrementado notablemente la presión sobre la piratería, investigando tanto el alquiler de vehículos con conductor, como a los particulares que ofrecen sus vehículos para trasladar a personas o a aquellos taxistas que tienen la tarjeta de transportes caducada o incumplen el régimen tarifario.
Si en el año 2015 se impusieron 31 sanciones por este motivo (24 por incumplir las tarifas y siete por carecer de tarjeta), el año pasado el número se disparó hasta las 42, de las cuales la mitad fueron por incumplir tarifas, 5 por trabajar en el día de descanso semanal y 16 por no presentar o tener la tarjeta de transportes caducada.

Denuncias en general
Puede decirse incluso que la presión ha sido general sobre el mundo del taxi. Si en el año 2015 se inspeccionaron 350 vehículos y se impusieron 140 denuncias, el año pasado las inspecciones llegaron a las 521 y el número de denuncias se elevó a 315, más del doble que el año anterior.

Sólo en lo que va de 2017 se han realizado 6o inspecciones y se han puesto 24 denuncias.

Por lo que se refiere a la piratería en sí misma, el informe de la Concejalía de Protección Ciudadana explica que ha mantenido contactos con la Federación del Taxi, la Unión Gremial, Elite Taxi y las tres asociaciones juntas para abordar el tema.

Y las inspecciones se han realizado concretamente en las zonas de ocio nocturno y en las estaciones de tren y autobús. En concreto, durante el año 2016 se inspeccionaron 15 turismos a las puertas de discotecas.

La concejalía recuerda que está también presente en la Mesa contra el Intrusismo y la Piratería en el Taxi de la Comunitat Valenciana, una entidad creada por la Conselleria de Transportes, que es, además, el organismo que tiene las competencias para conceder las licencias tanto en la ciudad de Valencia como en el resto del Área de Prestación Conjunta

Publicado por el  Levante.

Homeaway recurre la multa de 30.000 euros por los apartamentos ilegales

La firma alega que es un prestador pasivo de servicios y que está exenta de la responsabilidad de los contenidos que aloja

J. B.. | Valencia 24.03.2017 | 15:11

Homeaway recurre la multa de 30.000 euros por los apartamentos ilegales

Fotos de la noticia

La empresa Homeaway ha anunciado esta mañana que recurrirá la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Agència Valenciana de Turisme por los apartamentos ilegales. «Lamentamos la decisión adoptada por la Agència Valenciana de Turisme. A pesar del resultado, HomeAway se mantiene firme en su posición y cree en la legitimidad de su argumentación basada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la Directiva Europea de Comercio Electrónico». HomeAway inisiste en que es un prestador de servicios de la sociedad de la información neutro, automático y pasivo que, según recoge la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), está exento de la responsabilidad de los contenidos ajenos que aloja, copia temporalmente o enlaza. Según la compañía, no se le puede obligar a imponer un control previo de los contenidos que publiquen sus usuarios, igual que tampoco puede pretenderse que rastree dichos contenidos en busca de publicaciones que presuntamente infrinjan alguna norma.

La Agència Valenciana de Turisme ha resuelto los siete expedientes abiertos a diversas plataformas de alquiler de apartamentos en Internet y, en total, ha impuesto sanciones por valor de 120.000 euros a seis de ellas. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha remarcado que «como administración debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad».

De hecho, cabe recordar que, desde el inicio de esta legislatura, Colomer ha mantenido una posición contraria «al intrusismo y la competencia desleal, que se traduce en graves perjuicios económicos para el sector y que puede acarrear problemas a los consumidores que hacen uso de este tipo de ofertas», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que «no todo cabe en la denominada economía colaborativa».

En este sentido, ha destacado que «el modelo turístico que buscamos es el de la profesionalización, las garantías y el respeto a la ley y a los derechos de turistas y consumidores, por eso no se puede confundir la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio con otras prácticas». Así, ha hecho hincapié en que «sancionamos porque existen leyes que son para todos y que deben cumplirse, porque lo peor sería trasladar una sensación de impunidad que, bajo ningún concepto, nos podemos permitir».

En concreto, Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Estas tres plataformas han recibido la sanción máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la Agència Valenciana de Turisme. En este sentido, Colomer ha destacado que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».

Cabe recordar que se en 2016 se abrieron un total siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016 se abrió expediente sancionador a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro. En este caso, se ha comunicado una resolución de sanción de 30.000 euros dos de ellas. Por su parte, en otro caso se ha subsanado y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación

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Levante

Fomento mantendrá sin cambios la ley que protege a los taxistas

El ministerio comunica al sector que no está en su agenda abrir más la puerta a las aplicaciones. La CNMC ha denunciado la normativa actual ante la Audiencia Nacional por considerar que establece restricciones a la competencia

Estibadores, autopistas de peaje quebradas, liberalización del transporte ferroviario de pasajeros… la lista de asuntos que el Ministerio de Fomento tiene en cartera pendientes de resolución en el corto y medio plazo es amplia. Pero en esta extensa agenda no figura modificar la normativa que regula la actividad de aplicaciones dedicadas al transporte colaborativo como Uber, Cabify o BlaBlaCar. Así se lo transmitió el viernes de la semana pasada el director general de Transportes Terrestres, Joaquín del Moral, a los representantes de Fedetaxi.

Varios miembros de la comisión de gobierno de la patronal del taxi se reunieron con el alto cargo de Fomento para abordar el asunto de la posible modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). En los últimos días, se habían desatado rumores en el sector sobre un posible cambio en la norma que regula el servicio de transporte de viajeros en turismos de alquiler con conductor (VTC) por la que se rigen servicios como los ofrecidos por las plataformas digitales Uber y Cabify.

Los comentarios se habían originado a raíz de una consulta pública colgada en su web por el departamento que dirige Íñigo de la Serna en cumplimiento de la nueva ley de transparencia y buen gobierno. Pero según la patronal del taxi, Del Moral transmitió al colectivo que no está en la agenda del ministerio modificación alguna de una regulación que, además, está pendiente de lo que dictaminen los tribunales.

Desde que se aprobó en 2015, la ROTT ha suscitado el rechazo no sólo de las compañías directamente afectadas por su aplicación sino de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo que dirige José María Marín Quemada se ha posicionado abiertamente en contra de cualquier restricción a la competencia en el sector del transporte de viajeros por carretera. En abril del año pasado interpuso un recurso ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para remover las, a su juicio, «restricciones injustificadas a la competencia» que incluye la ROTT. Varios son los límites que la CNMC cree que se deberían eliminar. El más polémico, la obligatoriedad de que para conceder una licencia VTC deban existir al menos treinta de taxi, lo que «impide que ambos medios compitan entre sí y que los viajeros puedan beneficiarse de más disponibilidad de vehículos, menor tiempo de espera y mejores tiempos», según argumenta Competencia. El organismo también está en contra de que los VTC no puedan recoger clientes en la calle como lo hacen los taxis y sólo puedan transportar a aquellos que hayan contratado previamente sus servicios. Tampoco considera justificado que las licencias para este tipo de vehículos sólo puedan ser utilizadas en la comunidad autónoma en la que se solicitan y algunos requisitos técnicos que se piden a los coches como que tengan un máximo de diez años de antigüedad o que sean necesarios un mínimo de siete vehículos para operar en el mercado.

En opinión de la CNMC, todas esta «restricciones» van «en contra de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional y reducen el bienestar». En un informe posterior publicado en junio del año pasado, Competencia cifraba los perjuicios para la sociedad de estas restricciones en 324 millones de euros al año.

Frente a la posición de la CNMC, el sector del taxi argumenta de Uber y las aplicaciones similares no tienen «nada de colaborativas», «generan precariedad» y arruinan a miles de autónomos.

La denuncia de la CNMC ante la Audiencia Nacional no es el único procedimiento judicial pendiente de respuesta por parte de los tribunales. El Tribunal Supremo podría romper definitivamente la proporción de treinta taxis por cada licencia VTC que establece la ROTT si unifica doctrina a favor de las empresas como Uber y Cabify, lo que perjudicaría enormemente al sector del taxi. Aunque en julio de 2013 la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) estableció ya esa proporción de treinta a uno, algunos tribunales superiores de justicia autonómicos entienden que la limitación sólo es de aplicación desde la aprobación en 2015 de la ROTT. Por ese motivo, han dado la razón a algunos de los que solicitaron 3.000 nuevas licencias VTC en toda España en ese periodo de dos años transcurrido entre la aprobación de ambas normativas. Otros tribunales, sin embargo, consideran que la limitación rige desde 2013 y las han denegado. Para acabar con la dicotomía, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, está presentando recursos de casación ante el Supremo para que unifique doctrina.

Publicado por la Razón.

A Cabify la declaración de la Renta le sale a devolver: publica pérdidas y Hacienda le abona más de un millón

23 de Marzo de 2017 / 7:41

Cabify tiene su matriz en Delaware y la de Uber está en Bermudas

por Javier Romera

Jefe de Redacción

En pleno enfrentamiento con el colectivo de taxis por supuesta competencia desleal, a Cabify la declaración de Hacienda le sale a devolver. La sociedad Maxi Mobility Spain, que gestiona el servicio de conductores privados, suma desde su constitución en 2011 unos números rojos de 3,2 millones, lo que le ha permitido que, debido a los créditos fiscales acumulados, la Agencia Tributaria le haya abonado en los dos últimos años 1,07 millones de euros.

De acuerdo con las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Madrid, en 2014 la empresa logró una devolución de 622.125 euros y en 2015, de otros 448.964, lo que ha permitido reducir sustancialmente los resultados negativos.

La matriz de Maxi Mobility es una sociedad del mismo nombre domiciliada en el territorio offshore de Delaware (EEUU) y sus cuentas no son públicas. Fuentes próximas a la compañía justifican, sin embargo, la decisión de mantener esta sociedad porque, según dicen, «tras la constitución de la firma española, recibió su primera ronda de financiación en 2011 por parte de inversores americanos en Silicon Valley y uno de los requisitos para cumplimentar el acuerdo era tener una sede fiscal en Estados Unidos».

Ventajas fiscales

Cabify admite que la elección de Delaware se debe «a que es el Estado norteamericano con mejores ventajas fiscales», insistiendo en que esa es la razón por la que la mayoría de startups ubican allí su sede.

La empresa tiene a su vez una filial participada al cien por cien, Maxi Mobility Transporte de Viajeros, que en 2015, el año de su constitución, declaró unos ingresos de 2,38 millones. A falta todavía de las cuentas de 2016, esta firma, que tiene a su vez otras diez sociedades participadas, sí que obtuvo beneficios al cierre de ese ejercicio.

Fueron en concreto 207.396 euros antes de impuestos, pagando así al fisco un importe total de 51.849 euros. En una nota de prensa tras las últimas agresiones sufridas por sus conductores por parte de varios taxistas, la compañía reiteró que opera de «forma legal a través de las licencias de VTC (Autorización de arrendamiento de vehículos con conductor)».

El mayor competidor de Cabify, Uber, opera, por su parte, a través de la sociedad Uber Systems Spain, filial que se constituyó en marzo de 2014 y que aún no ha presentado cuentas. La sociedad española cuelga de un holding ubicado en Holanda, territorio con importantes ventajas fiscales para las empresas. A su par, el dueño último de la compañía de transporte privado es la sociedad Uber International CV, que está radicada en el paraíso fiscal de Islas Bermudas, según refleja el registro mercantil de Países Bajos.

El holding holandés sumó en 2015 unos activos totales de 37,3 millones de euros, frente a los 2,22 millones que tenía un año antes

Publicado por Google.

Contra Uber.

Las pretendidas bondades de Uber, esa página web valorada en 40.000 millones de dólares por los compradores de sus acciones, suelen ser defendidas por los entusiastas de su causa apelando a tres argumentos recurrentes.

De Uber se predica que abarata en grado sumo el coste del transporte urbano, lo que repercutiría en un beneficio innegable para la colectividad. Esa constituye su primera línea de defensa.

Pero a ella se le suelen añadir un par más con carácter complementario. Así, la segunda remite a la definitiva modernidad de la ingeniería virtual que ofrece soporte a su modelo de negocio; algo, su vínculo con las novísimas tecnologías de la información, que convertiría en inevitable su pronta implantación en todo el mundo, con independencia de la mayor o menor oposición que pudiera suscitar entre los retrógrados refractarios al progreso y la marcha inexorable de los tiempos.

Un tercer argumento, en fin, apela a la supuesta labor de Uber en defensa de los principios de la libre competencia, en la medida en que su irrupción en mercados locales antes regulados de forma monopolística operaría como un súbito catalizador que libera las fuerzas de la oferta y de la demanda en beneficio siempre del consumidor final. Se trata de tres argumentos distintos que, sin embargo, comparten una característica común, pues ocurre que los tres son falsos. Es falso que Uber abarate el precio del transporte de viajeros allí donde se instala. Es falso que Uber represente un ineludible abanderado tecnológico de la modernidad. Y es falso que la implantación de Uber suponga cortapisa alguna a la existencia de monopolios en el sector del transporte de viajeros.

Contra lo que pretenden sus hagiógrafos, el coste de un trayecto en un vehículo de Uber entre dos calles de Madrid o Barcelona no es más barato que si se utilizasen los servicios de un taxi para realizar idéntico trayecto. En realidad, el viaje en un vehículo privado asociado a Uber cuesta lo mismo o más que si se realizara en un taxi con licencia. La diferencia estriba en que el vehículo de Uber está siendo subvencionado por todos los contribuyentes españoles, usen o no sus servicios, y el taxi no.

Que Uber no cobre a los usuarios el coste real del servicio que presta no significa que ese coste deje de existir ni que nadie lo asuma. Bien al contrario, existe y cargamos con él el resto de los ciudadanos españoles. Al revés que Uber, un taxista de Madrid o Barcelona provisto de su correspondiente licencia de actividad no se convierte en un parásito para los contribuyentes. Con su vehículo sometido a constantes revisiones técnicas, sus seguros en regla, su capacitación profesional acreditada por las pruebas que dan acceso a un carnet específico, sus regulaciones horarias, sus tarifas oficiales, sus días de descanso obligatorio y sus turnos horarios, amén del valor económico de una licencia que le asegurará una indemnización generosa el día que le toque jubilarse y la traspase, un taxista de Madrid o Barcelona no solo puede mantener dignamente a una familia, sino que también ingresa lo suficiente como para contribuir con sus impuestos a lasostenibilidad de los servicios públicos del Estado que él y los suyos consumirán a lo largo de la vida, desde el colegio de los niños a la sanidad, las pensiones o los servicios sociales. Un conductor de Uber, en cambio, no aporta nada o casi nada a Hacienda por la triste razón de que el precario trabajillo ocasional que le proporciona esa web, una simple chapuza para ir tirando, produce ingresos insuficientes para pagar unos impuestos en concepto de IRPF cuyo importe se aproxime, siquiera de lejos, al coste de esos servicios públicos, de los que también él se beneficia. Un chófer ocasional de Uber que tenga un hijo a su cargo supone un coste anual para la sanidad pública madrileña de unos 820 euros.

Y si el hijo está en edad escolar, la factura que soportará la Comunidad de Madrid por su formación reglada en uno de sus centros subirá a otros 4.678 euros adicionales. Y, puesto que los clientes de Uber no pagan ese precio y los chóferes de Uber tampoco reciben ese dinero, es evidente quién sufraga médicos y colegios para la plantilla toda de Uber. Los paga usted, querido lector, con sus tributos.

En cuanto a lo imparable de su expansión, el segundo argumento, dado lo sofisticado de la tecnología que le sirve de soporte, conviene recordar que una tecnología pareja puede usarse para difundir pornografía infantil de pago por las redes. O para vender bombas atómicas a particulares con pagos a través de Pay Pal. Pero yo no conozco a nadie que asegure que eso también es imparable y que, en consecuencia, habría que autorizar cuanto antes tal tipo de comercio. Claro que se puede parar. Por supuesto que se puede parar. Desde Tomás Moro, las utopías todas que crearon los seres humanos estaban localizadas, sin excepción, en el mismo instante del tiempo: el futuro. En cambio, la distopía de Uber propugna un retorno al pasado: su horizonte ideal implicaría volver a principios del siglo XIX, a un mundo en el que el trabajo asalariado aún no conocía la más mínima protección legal. Ninguna. Uber es una máquina del tiempo que solo viaja hacia atrás. Y todo eso, ¿para qué? Obviamente, para tratar de alumbrar un nuevo monopolio, el suyo por más señas. Uber, como toda gran compañía con músculo financiero y poder de mercado, puede permitirse bajar los precios durante el periodo inicial de su implantación en un nuevo país o ciudad para, una vez eliminada la competencia, proceder a maximizar ese mismo precio al modo de todos los monopolios que en el mundo han sido. Si alguien ha confundido a Uber con la Unicef, que se lo haga mirar, como dicen los catalanes. La salida de España del pozo en el que aún está hundida no debe pasar por la uberizaciónde nuestra economía. Como tenemos muchos parados con una muy escasa capacitación académica y profesional, los gobiernos, igual los socialistas que los conservadores, alientan y favorecen por todas las vías a su alcance que se creen puestos de trabajo para personas con esas características. Y la consecuencia es el abandono escolar prematuro para ocupar esos empleos, además de la llamada a la inmigración extracomunitaria de ese mismo perfil socio-profesional. Un círculo vicioso cuya única posible salida exige que dejemos de una vez por todas de aventar la creación de subempleos. Uber forma parte del problema, no de la solución

Publicado por libre mercado.